De los diez partidos políticos que a nivel nacional y local participan en las elecciones federales, sólo dos están en la lógica de ganar alguna de las 16 demarcaciones en que se divide la entidad poblana: el PAN y el PRI.

Los demás partidos políticos están en otra dinámica.

El PRD, por ejemplo, está en la lógica de mantenerse como la tercera fuerza política de la entidad, tratando de conservar su clientela electoral, incluso valiéndose de algunos desprendimientos del PRI en distritos como Zacatlán, Teziutlán, San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán y Tehuacán, en los que optó por nominar a ex militantes priístas.

A su vez, el PVEM quiere aprovechar el proceso electoral y su alianza con el PRI (por los cinco u ocho puntos que puede sumarle) para hacer estructura e irse perfilando en la cuarta posición, aunque para ello tuviera que ceder sus candidaturas a priístas jóvenes como Graciela Palomares; light como Geraldine González Cervantes o sui géneris como el antorchista Juan Manuel Celis Aguirre, que difícilmente habrían sido postulados por su partido de origen.

Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, también está la línea de encumbrarse a la cuarta posición en esta jornada, cachando a los decepcionados del PAN y PRD, y sacando raja de la figura caudillista de su fundador y dos veces candidato presidencial en las elecciones de 2006 y 2012.

Los restantes cinco partidos podemos agruparlos en dos bloques.

En el primero estarían Nueva Alianza (NA), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT), cuyo objetivo no es ganar un solo distrito en Puebla, sino garantizar su permanencia en futuras contiendas electorales, para lo cual necesitan conseguir, cada uno, al menos un millón de votos.

Dicha cifra representa el 3% de la votación nacional, considerando una participación del alrededor del 40% sobre un listado nominal de 83.5 millones electores, con corte al 27 de marzo del año en curso.

Este porcentaje del 3% equivale en Puebla a 50 mil votos.

A la luz de los resultados de la última elección federal de 2012, la meta no parece imposible, pues Nueva Alianza obtuvo más de 180 mil sufragios; Movimiento Ciudadano 40 mil 902, y el PT más de 104 mil.

En la elección intermedia de 2009, donde la participación electoral fue del 38.14%, NA logró más de 66 mil votos, MC 31 mil 776; y el PT más de 58 mil.

Por lo que hace al segundo y último bloque compuesto por el Partido Humanista y el partido Encuentro Social, ambos de nueva creación, su mayor y único objetivo es conservar el registro que el Instituto Nacional Electoral les otorgó el año pasado.

Ambos partidos también requieren de un millón de votos a nivel nacional o de 50 mil al menos en el estado de Puebla.

Conseguirlos localmente será toda una hazaña, considerando la escasa por no decir nula presencia que tienen en la entidad tanto sus dirigentes como sus candidatos a diputados federales, y que hay partidos como Movimiento Ciudadano con mayor trabajo y trayectoria política que en Puebla jamás han obtenido 50 mil sufragios.

MC, como ya se dijo, estuvo en 2009 a 19 mil votos de la meta, en 2012 a 10 mil.

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El otrora tranquilo partido Movimiento Ciudadano (MC) que por años giró en Puebla en torno al hoy presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, ya se dividió en dos bandos.

Uno lo encabeza José Juan Espinosa y tiene como principales integrantes a su papá Juan Espinosa Técuatl, a quien hace unos días se le retiró de la Tesorería del partido, a Jesús Zamora Torres y a José Mario Meza Pérez.

En el otro bloque están el resto de los seis integrantes de la Comisión Operativa de MC en el estado: el presidente del partido José Ángel Pérez García, el diputado Ignacio Alvízar Linares y el representante ante el IEE, Jorge Luis Blancarte Morales.

De estos últimos, los dos primeros mantienen, por cierto, una estrecha relación con el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, pues uno fue su funcionario en el ayuntamiento de Puebla y el otro su contratista de obra pública.

Los problemas para el grupo de José Juan Espinosa comenzaron hace más o menos tres meses, cuando concluyó su gestión de tres años en la Comisión Operativa Nacional, situación que la secretaria general de Acuerdos, la ex senadora María Elena Dorantes, quiso capitalizar para quitarle el control del partido en Puebla, aliándose con los dogeristas.

Otro integrante del ala de José Juan Espinosa que hace unos días también fue relevado de la coordinación de Productores y Trabajadores que ocupaba en la dirigencia estatal es Juan Daniel Padilla González, quien fue sustituido por Guillermo Espinosa Martínez, vinculado al grupo de los dogeristas.

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Si este jueves 18 de septiembre no tiene nada que hacer por la Avenida Juárez y el centro de la ciudad, es mejor que evite estas zonas de la capital ya que serán el escenario de una marcha de 5 mil personas convocadas por la 28 de Octubre, el movimiento Los de Abajo, el Movimiento de Alternativa Social (MAS) y la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP).

La marcha, que demandará la liberación de presos políticos, la restitución de los servicios del registro civil a los presidentes de las juntas auxiliares y castigo a los responsables de la violación de derechos humanos en  Chalchihuapan, saldrá de La Fuente de Los Frailes, recorrerá la avenida Juárez, para luego tomar la avenida 5 Poniente hasta llegar al Congreso del estado, y más tarde al zócalo capitalino.

En este punto los organizadores de la marcha tratarán de constituir un frente contra la represión, una de cuyas primeras acciones será exigir la libertad de los activistas opositores al Gasoducto Morelos y el Arco Poniente que conectará por las faldas del volcán la autopista México-Puebla con la autopista Puebla-Atlixco.

Los organizadores prevén que en la marcha participarán más de cinco mil manifestantes.

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La crisis de Chalchihuapan lo evidencia como un político solitario

Un excolaborador de Luis Maldonado llega a la dirigencia de MC

Es difícil atisbar en qué terminará la crisis política, de imagen y credibilidad en que se encuentra metido el gobierno del estado por el caso Chalchihuapan, sobre todo después de la trágica muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo ocurrida este sábado por la tarde.

Algunas consecuencias están a la vista, entre ellas el repudio que la opinión pública —alentada por los comentócratas— ha mostrado hacia el gobernador Rafael Moreno Valle en la aplicación de la llamada Ley Bala y en la versión que tanto él como sus funcionarios han salido a dar sobre el desalojo, el uso excesivo de violencia y la herida que finalmente ocasionó el fallecimiento del hijo de Elia Tamayo.

Pero otras consecuencias no. ¿Qué pasará cuando se confirme que la lesión cerebral a José Luis Tehuatlie no la causó un cohetón, como ha dicho el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas? ¿O cuando las investigaciones corroboren que los granaderos que desalojaron a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras juntas auxiliares iban con algo más que cascos, escudos, tonfas o toletes? ¿Renunciará Luis Maldonado?

¿Cómo reaccionará Moreno Valle cuando se acredite el uso de armas y balas de goma en el operativo de la autopista Puebla-Atlixco, situación que su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, ha rechazado de manera reiterada? ¿O cuando se sepa que algunos jefes policiacos acudieron al desalojo con sus armas de cargo, como la mujer policía de apellido Sumiko que estuvo retenida por los pobladores en el centro de Chalchihuapan, y que perdió su pistola Pietro Beretta 9 milímetros? ¿Le pedirá su renuncia a Facundo Rosas?

¿Cómo parará el gobernador las voces críticas de las redes sociales que exigen su renuncia o juicio político, o de figuras nacionales que lo tachan de autoritario y represor? ¿Cederá a la presión política, social y mediática, sacrificando a uno o dos secretarios de su gabinete? ¿Tales remociones serán suficientes para contener la crisis? ¿Moreno Valle mantendrá su posición de culpar a los pobladores por llevar a niños como escudo? ¿O de responsabilizar a la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, al presidente  auxiliar de Chalchihuapan Javier Montes Bautista, y a otros dirigentes de la comunidad, de ser los causantes de la violencia y de estar involucrados en actos delictivos graves como el tráfico de personas y el narcotráfico?

No es fácil hacer un pronóstico sobre el desenlace de esta crisis, la peor en lo que va de su gestión. De lo que sí estamos seguros es que el deterioro de su imagen y la credibilidad de su gobierno son muy altos, y que la ola creciente de inconformidad social, por la insensibilidad que ha mostrado frente a la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo y el dolor de su madre, podrían arruinarle su proyecto político transexenal.

Lo más sintomático hasta el momento es que nadie fuera de su compacto grupo político ha salido a defenderlo o a reivindicarlo, ni siquiera los dirigentes locales o nacionales de sus partidos aliados. Tampoco los representantes de la Iniciativa Privada que supuestamente deberían estar contentos con las obras y proyectos que realiza su gestión. Y ya no digamos la comunidad académica o los líderes religiosos.

La respuesta a esta falta de solidaridad es significativa, y reveladora de que algo no está funcionando en su gobierno, pero también de que algunos de sus secretarios y colaboradores más cercanos no están siendo un canal de comunicación efectiva con la sociedad, ya sea porque se han encerrado en su propia burbuja o porque tampoco le informan de todo por temor a represalias.

Con Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno al menos había alguien que escuchaba y atendía a los inconformes, y hacía que estas quejas llegaran al gobernador, pero con su salida esta puerta se cerró y con ella la posibilidad de que los conflictos o desavenencias con la autoridad se resuelvan por la vía del diálogo y la negociación.

EN CORTO

A partir de este lunes Fernando Cortés Betanzos se integra a trabajar como coordinador de comunicación social de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) que preside el munícipe de Mérida, Yucatán, el panista Renán Alberto Barrera Concha.

Fernando Cortés se desempeñó como coordinador de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla, en el último tercio de la gestión de Eduardo Rivera Pérez, cuando éste también fue presidente nacional de esta organización de alcaldes panistas.

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José Manuel del Río Virgen fue electo este domingo presidente del Consejo Ciudadano Nacional del partido Movimiento Ciudadano.  Su nombramiento no deja de resultar interesante para Puebla, pues el político veracruzano se desempeñó al comienzo de la gestión morenovallista como director general del Colegio de Bachilleres, cargo al que renunció por diferencias con el entonces titular de la SEP en la entidad, Luis Maldonado Venegas.

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