En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

Hete aquí algunos datos adicionales —a los publicados este lunes por El Sol de Puebla— respecto a la última encuesta de Consulta Mitofsky sobre preferencia electoral para gobernador de Puebla.

La diferencia porcentual en intención de voto entre Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle de octubre a noviembre disminuyó en 8.5 puntos.

En octubre la diferencia entre uno y otro era de 20.4%, y en noviembre de sólo 11.9%.

Con Ana Teresa Aranda Orozco ocurrió lo mismo: la ventaja del secretario de Desarrollo Social del estado se acortó, aunque no en la medida que con el senador Moreno Valle.

En octubre López Zavala le sacaba a la panista 24.3 puntos de ventaja, y en noviembre 21.9 puntos.

Quien también perdió competitividad fue Enrique Doger con la señora Ana Teresa Aranda. El expresidente municipal le llevaba a la panista 13.2 puntos en octubre, y en noviembre sólo 11.9 puntos.

Este fenómeno se repitió con el senador Humberto Aguilar Coronado. A éste le sacaba en octubre una ventaja de 19.4 puntos, y en noviembre ésta se achicó a18 puntos.

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Que no son 6, sino 16 millones de pesos los faltantes en la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal del ayuntamiento de Puebla, y que hace unos días provocaron la renuncia de su titular Enrique Nacer Hernández, renuncia que, por cierto, aún no se hace oficial.

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Un extraño robo de documentación fue el que hace unos días se registró en las oficinas de Carreteras de Cuota Puebla, pues los delincuentes no fueron por dinero o cosas de valor, sino por documentación confidencial de las Direcciones de Operación y Planeación sobre contratos, aforos de las carreteras de este organismo, proyectos para construir nuevas vialidades, y costos por mantenimiento de la Vía Atlixcáyotl y otras autopistas.

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Sergio Espinoza Ramírez fue uno de los «espontáneos» porristas que este domingo acudió al Lienzo Charro para apoyar a Blanca Alcalá Ruiz y a Víctor Manuel Giorgana Jiménez como aspirantes a la gubernatura y a la presidencia municipal de Puebla, en el marco del 84 aniversario de la Asociación de Charros de Puebla.

Sergio Espinoza laboró con el Congreso del estado como policía auxiliar, y ahí fue donde se vinculó con Víctor Giorgana y su entonces secretario particular José Rocha Ramírez.

Hace unas semanas fue protagonista de un escándalo al denunciar tráfico de armas y otras anomalías en el penal de Tepexi de Rodríguez, luego de que sus superiores decidieran cambiarlo de adscripción al Cereso de Xicotepec de Juárez.

De acuerdo con reportes enviados al buzón de este blog, el ex policía auxiliar y ahora custodio es una gente identificada con Giorgana y el hoy director general de Política Social y Organización de la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio de Puebla.

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Simón dice:

«La ventaja se la lleva aquel que aprovecha el momento oportuno».

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán.

Así como las circunstancias la favorecieron en 2007, primero para lograr la nominación del PRI a la presidencia municipal, y luego para ganar las elecciones y convertirse en la primera alcaldesa de Puebla, hoy Blanca Alcalá Ruiz es víctima de las circunstancias de la sucesión gubernamental.

Trataré de explicarme:

Blanca Alcalá enfrenta el recelo del gobernador Mario Marín Torres y de algunos miembros de su burbuja, que creen ––y con sobrada razón–– que la presidenta municipal podría colarse a la puja por Casa Puebla en los comicios de noviembre de 2010, dado su posicionamiento electoral.

Aunque la alcaldesa se ha descartado una y otra vez para tal cargo, la verdad es que entre la clase política no son pocas las voces que sostienen que Blanca Alcalá podría ser una buena opción, en caso de un escenario complicado para el PRI, que hoy ––dicho sea con toda claridad–– no se vislumbra.

¿Qué tendría que ocurrir para que al PRI se le complicará la sucesión gubernamental?

Un escenario posible es que el gobernador Mario Marín se entercará en imponer a su secretario de Desarrollo Social, sin conseguir el consenso de los demás aspirantes priístas; que Javier López Zavala no lograra revertir algunas tendencias negativas, como el voto de rechazo de ciertos sectores; y que la contienda por la gubernatura se apretara por la nominación de Rafael Moreno Valle como candidato del PAN.

En esas circunstancias, que tampoco pueden descartarse, Blanca Alcalá podría colarse a la sucesión gubernamental, dado el nivel de conocimiento, confianza y potencial de voto que le conceden diversas encuestas, que la ubican como la aspirante de más confianza y como la tercera con mayor potencial de voto, por abajo de Moreno Valle y López Zavala.

Esta realidad no es desconocida por el gobernador Marín y tampoco por algunos de sus operadores. De ahí el recelo.

A manera de anécdota, le cuento que hacia finales del año pasado Blanca Alcalá y el gobernador Mario Marín realizaron una gira por la capital del estado, y en el evento ––una ceremonia donde se entregaron recursos a productores––, el maestro de ceremonias anunció la intervención de la presidenta municipal. Cuando ésta se levantó del presidium para dirigirse al micrófono, el gobernador se acercó al secretario de despacho, cuya dependencia había organizado el acto, para decirle en tono de reclamo: “para qué la invitan a hablar … la gente va a pensar que le estoy dando juego”.

Pero la evidencia más elocuente de que Alcalá no está en el ánimo del gobernador, y de que Marín quiere dejarla fuera de la contienda priísta por la sucesión está en los recursos que su gobierno ha canalizado al ayuntamiento de Puebla para obra pública.

De los 609 millones que la gestión de Blanca Alcalá aplicó en su primer año para pública, 450 millones corresponden a fondos federales y a recursos propios, 125 millones a recursos extraordinarios de la Federación, por gestiones directas de la presidenta municipal, y el resto, es decir, alrededor de 30 millones, a recursos del gobierno del estado.

En otras palabras: de los 2 mil millones de pesos que, según el gobernador su administración invierte de manera coordinada con el ayuntamiento de Puebla en obras como el Centro de Convenciones, la ampliación del Periférico, la vía Atlixcáyotl, y otras vialidades en juntas auxiliares como la carretera a Canoa, La Resurrección y la Puebla-Valsequillo, sólo 30 millones de pesos son ejercidos directamente por Blanca Alcalá.

EN CORTO
Este sábado el presidente municipal de Xicotepec de Juárez, el panista Juan Carlos Valderrábano Vázquez, se dio el lujo de reunir en su primer informe de labores, al senador Rafael Moreno Valle Rosas, y al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala. Este último acudió no sólo con la representación del gobernador Mario Marín Torres, sino también con su helicóptero.

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Entre los prospectos que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ha comenzado a analizar como probables sustitutos de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal figuran Isidro González Blanco y Fernando Fierro Aldana.

Isidro González fue secretario de Seguridad Pública en Pachuca, Hidalgo, dependencia en la cual también se desempeñó como director de la Unidad de Inteligencia para la Prevención del Delito. Es licenciado en Derecho por la UNAM, y ha laborado como asesor de seguridad de Pemex, como director de Seguridad y Protección Civil en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y como agente de inteligencia en el CISEN. También ha prestado sus servicios para la PGR y ha recibido cursos del Servicio de Inteligencia Israelí y el gobierno de los Estados Unidos.

Fernando Fierro fue jefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Puebla y Yucatán. Ha laborado para la PGR  y en  la Academia de Altos Mandos de San Luis Potosí. Durante su paso por Puebla, en la gestión de Rolando López Villaseñor como delegado de la PGR, estuvo involucrado en los pitazos a comerciantes de piratería en la zona de la CAPU y La Cuchilla.

Ambos, por cierto, son recomendados del ex diputado federal Víctor Díaz Palacios.

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Este lunes podrían darse una serie de paros y protestas en diferentes clínicas y centros hospitalarios, con el apoyo de personal de base y homologados, para reventar al secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López.

La inconformidad es alentada por el líder sindical Malcom Ramírez Martínez y Sandra González de Ita, directora o ex directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular.

La suspensión de actividades se extenderá también al interior del estado, con la complicidad de los coordinadores de las Jurisdicciones Sanitarias 4 de El Seco, 7 de Izúcar de Matamoros y 8 de Acatlán de Osorio, Óscar Antonio de la O, Alberto Gómez Orta y Lisseth Violeta Aguilar Rodríguez, respectivamente.

No está de más apuntar que tanto el líder sindical, Malcom Ramírez, como la ex directora del Seguro Popular y algunos de los coordinadores jurisdiccionales, tienen como padrinos políticos de este movimiento a secretarios de despacho del gabinete marinista.

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Simón dice:

“Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber buen gobierno, ni reinará la concordia”
Platón, filósofo griego.

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