Por Felipe Ponce

No es casualidad que los diputados federales poblanos guardaran silencio ante la exposición hecha en tribuna por la chiapaneca Lourdes Adriana López Mateos sobre los proyectos mineros en Puebla, ni mucho menos que haya tenido que ser alguien externo quien hablara sobre el grave problema que se avecina en la sierra norte del estado ante los permisos mineros entregados a empresas nacionales y extranjeras.

Tampoco es casualidad que el gobierno del estado haya evitado hasta ahora a toda costa dialogar con las organizaciones opositoras a los proyectos mineros, hidroeléctricos y gaseros que se pretenden instalar en prácticamente la mitad del territorio poblano.

Y es que éstos representan para la administración de Rafael Moreno Valle Rosas el puntal del desarrollo económico y detonante de inversión, mediante el cual al final del sexenio dejaría consolidado en la entidad el mayor yacimiento de minerales del país, con la entrega de al menos la mitad de la zona norte del estado a capitales privados. Tema que ya habría sido cabildeado con los legisladores desde el 2012.

El proyecto fue evidenciado por el entonces encargado de despacho de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), Michel Chaín Carillo, quien a mediados de enero reveló que el gobierno del estado trabaja ya desde hace dos años con las empresas mineras beneficiarías de los bienes naturales de Puebla, a fin de que puedan tomar «las mejores decisiones de negocios».

Por ello, aunque organizaciones como Tetela hacia el Futuro, Tiyat Tlali y Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), entre otros, han querido entablar el diálogo con la administración estatal, incluso con el propio gobernador, sólo los han recibido subsecretarios y encargados de oficina, quienes les han dicho que analizarán el caso e incluso, que desconocen la problemática que se vive en los municipios afectados.

El problema que enfrentan las comunidades serranas deriva de concesiones entregadas desde la administración del ex presidente Vicente Fox, cuando se aprobaron 133 títulos de exploración y 164 de explotación; cifra que aumentó a 312 licencias mineras en la entidad, durante el sexenio de Felipe Calderón, afectando principalmente la zona norte de Puebla, abriendo la puerta a la canadiense Almaden Minerals.

Aunque la minera inició en 2010 sus trabajos formales de exploración en la zona de Ixtacamaxtitlán, ya tenía presencia en la región desde el 2001, cuando advirtió amplios yacimientos de oro y plata, por lo que tras recibir autorización federal aumentó la perforación, hasta alcanzar los 95 orificios en sólo un año.

La atención de los inversionistas se centró en Puebla, luego de los resultados publicados en la Cartografía Geológico-Minera, Geoquímica y Geofísica elaborada por el gobierno federal, en la que se sitúa a la entidad como primer lugar a nivel nacional por su potencia extractivo.

A la fecha, se han entregado 98 concesiones mineras y nueve permisos para hidroeléctricas, sobre 31 de los 65 municipios que conforman las sierras norte y nororiental.

De acuerdo con los datos oficiales dados a conocer en la cartografía del 2011, las empresas que se encuentran desarrollando actividades en el estado son Minera Frío Za, S.A. de C.V., Consorcio Impulso S.A. de C.V., Almaden Minerals LTD, Minera Pinnacle de México S.A. de C.V., Minera Meteoro S.A. de C.V., Gold Corp Inc, Starcore International Lentures LTD y Cía. Minera Plata Real.

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Además de los proyectos mineros e hidroeléctricos el gobierno del estado gestiona y cabildea la consolidación del Proyecto Integral Morelos, que contempla la instalación de un gasoducto que iría de Tlaxcala hasta Morelos y dos termoeléctricas, atravesando 11 municipios de Puebla, ubicados en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Pese a que el proyecto se trató de implementar desde hace 12 años, pobladores de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, principalmente, impidieron los trabajos por considerar que representaría un riesgo muy alto.

La obra está concesionada desde hace años a la empresa española Elecnor, con una inversión de 1 mil 600 millones de dólares, sin embargo, a falta de consensos ha tenido que aplazarse de manera indefinida.

Con la reunión sostenida el viernes pasado entre representantes de la Secretaría General de Gobierno y los municipios involucrados, la administración intenta reencausar el proyecto y de paso, calmar los ánimos de las comunidades que durante los últimos años han sido amedrentados e intimidados para que vendan sus tierras.

Algo similar ocurre en el extremo norte del estado, donde pobladores de Cuacuila, en Huauchinango, se han opuesto decididamente a evitar el paso del ducto Tuxpan-Atotonilco por sus tierras, sin obtener mayores resultados que una suspensión de obras dictada por un juez primero de distrito que no ha sido acatada, ni apoyada por autoridad alguna.

A mediados del mes, del 14 al 16 de marzo, se realizará en el municipio de Zautla, el Encuentro Nacional de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, donde se espera la participaron de todos los pueblos opositores a los llamados «proyectos de muerte» de todo el país, a fin de definir las estrategias para la defensa de los territorios.

* “El Gobierno piensa que los pueblos no tienen memoria, pero son los pueblos los que se están cansando de no ser escuchados»: pobladores de San Lucas Tulcingo.

 

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