Adriana Lobo es una influyente consultora del gobierno federal, a través del Centro de Transporte Sustentable (CTS) EMBARQ México, una ONG que tiene como misión apoyar la implementación de proyectos y políticas públicas en materia de movilidad, transporte público, desarrollo urbano, cambio climático y calidad del aire.

Desde hace unos tres años Adriana logró convertirse en asesora técnica del Fondo Nacional de Infraestructura a través del Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo, cuyo coordinador es Carlos Mier y Terán, un funcionario dependiente de Banobras.

La labor de CTS EMBARQ México consiste en ayudar al gobierno federal a decidir cuáles de los proyectos que se presentan a Banobras son viables y pueden ser financiados incluso con recursos a fondo perdido.

El problema de Adriana Lobo radica en su doble rol de asesora y accionista oculta de la empresa Transconsult S.C., en la cual su marido Héctor Gabriel Sánchez Olmos participa como director general y dueño.

Sánchez Olmos es, por cierto, asesor del gobierno de Rafael Moreno Valle en la implementación del Metrobús en Puebla, mejor conocido como Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).

Esta pareja es tan influyente que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha logrado recomendar y colocar a no pocos funcionarios, entre ellos el director de Transporte Multimodal y Logística, Fernando Tehuintle Basáñez, quien antes de ese cargo fue director general de Movilidad en el municipio de León, Guanajuato, es decir, del sistema Metro de aquella ciudad: El Optibús.

Fernando Tehuintle Basáñez fue compañero de estudios universitarios del esposo de Adriana Lobo, y quien recomendó la contratación del nuevo director operativo del sistema RUTA de Puebla, Genaro Torres Cruz.

Torres Cruz también fue director general de Movilidad de León, Guanajuato y un personaje estrechamente vinculado a la firma Transconsult S.C., de la que fue director de Proyectos de 2012 a 2013, es decir, la empresa de Héctor Gabriel Sánchez y la directora de CTS EMBARQ México, quien ha recomendado a Banobras la entrega de casi 3,500 millones de pesos al gobierno de Moreno Valle para la Red de Transporte Público Articulado (RUTA).

¿Ahora entiende por qué el Metrobús de Puebla está lejos de funcionar como un sistema moderno de transporte de pasajeros, a pesar de los millonarios recursos destinados del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, incluso a fondo perdido?

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Sin diálogo, no habrá solución a la crisis Chalchihuapan

A estas alturas de su sexenio el gobernador Rafael Moreno Valle debe lamentar la ausencia de operadores políticos poblanos y de voces críticas al interior de su administración que le digan cómo resolver y atender las demandas sociales, y con qué actores políticos negociar y mantener siempre el diálogo, antes de optar por el camino de la fuerza pública, la llamada Ley Bala y la represión de los opositores e inconformes.

El exgobernador Melquiades Morales, su mentor político, bien podría asesorarlo en este terreno, con un consejo que solía repetir el exgobernador Alfredo Toxqui en los momentos de crisis o mayor tensión: los políticos deben aprender a ponerse una bolsa de hielo en la cabeza para no perder el piso ni el rumbo, o reaccionar por impulso.

Lo ocurrido el miércoles 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, donde policías y vecinos de algunas comunidades aledañas a San Bernardino Chalchihuapan se enfrentaron —con saldo de más de 70 lesionados de ambos bandos, entre ellos un menor de 13 años que en cualquier momento puede perder la vida por una herida de bala de goma en la cabeza— se veía venir. Al menos aquí lo anticipamos desde el 17 de abril después de las primeras detenciones de activistas y opositores a las obras del Gasoducto Morelos y el llamado Arco Poniente.

Al gobierno de Moreno Valle le está fallando la operación con los grupos, y estos al no encontrar canales de comunicación e interlocución con la autoridad han optado por las marchas, los bloqueos carreteros y la protesta social.  En la semana que transcurrió el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y algunos de sus más cercanos operadores y funcionarios, estuvieron más ocupados en la ceremonia del Día del Abogado en Los Pinos que en atender el conflicto de las juntas auxiliares con la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip).

Y en la semana anterior también estuvieron más ocupados en cerrar a tambor batiente el proceso de afiliación del PRD que en concertar un acuerdo con los grupos que exigen la reinstalación de los servicios del registro civil en las juntas auxiliares, y la liberación de activistas y pobladores presos por desafiar la autoridad del Estado con plantones, marchas y toma de carreteras.

La actual administración ha mostrado poca disposición para encontrar una salida negociada con los grupos y líderes contrarios al Gasoducto Morelos, la construcción del Arco Poniente, las hidroeléctricas y otros proyectos mineros en la Sierra Norte de Puebla, y el retiro de los servicios del registro civil a los presidentes de las juntas auxiliares.

En la capital del estado hay también brotes de inconformidad creciente por algunas acciones de gobierno que tarde o temprano se traducirán en protestas que llegarán a la calle, a los medios masivos de comunicación o las redes sociales, como las elevadísimas fotomultas que ahora se han extendido a 18 vialidades y autopistas y que sólo aplican para los automovilistas con placas del estado de Puebla; los desproporcionados aumentos en las tarifas de agua; el pésimo estado de los pavimentos de calles y avenidas no principales, sobre todo en colonias de la periferia.

A ello hay que agregar los retenes y operativos alcoholímetro para desplumar a quienes los fines de semana se van de antro y en los cuales se permuta la detención de quienes conducen bajo los efectos del alcohol, durante 24 o 48 horas, a cambio de sanciones de miles de pesos que se pagan en efectivo, más las multas por arrastre y encierro de vehículos en improvisados corralones, y el descontento de empresarios locales que son marginados de las obras y servicios que contrata el gobierno, que pierden sus concesiones en beneficio de inversionistas foráneos o cercanos al grupo gobernante, o que están en riesgo de perder sus bienes por la llamada Ley del Despojo.

La administración de Moreno Valle debe entender que el bono democrático que la ciudadanía la extendió al comenzar su gestión ya se agotó, y que en la medida que se acerque el final de su sexenio las cosas serán más complicadas para él y sus colaboradores.

De entrada tendrá que sortear las elecciones federales del año entrante, y varios conflictos en puerta con transportistas que se opondrán al retiro de sus concesiones para las líneas 2 y 3 del Metrobús; con afectados por expropiaciones en Puebla, y en los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula por obras de infraestructura y desarrollo turístico; y con políticos de su propio partido político y el PRI que intentarán impedir que deje sucesor en las elecciones locales de 2016.

¿Podrá Moreno Valle y sus secretarios superar los retos que tiene por delante, sin el respaldo social que tuvo al asumir la gubernatura y en los primeros años de su gestión? ¿Cuántos de sus secretarios, con el desgaste que muestran, podrán sacar los proyectos que tienen a cuestas? ¿Quiénes de sus operadores políticos podrán apaciguar los ánimos y sentar a la mesa de las negociaciones a los grupos y actores políticos inconformes? ¿Quién de sus funcionarios cancelará odios y rencores? ¿Quién llevará las bolsas de hielo al cuarto de crisis de Casa Puebla? ¿De veras lo mejor para Puebla está por venir?

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¿Frente al deplorable estado en que se encuentran decenas de calles y avenidas en la ciudad, no sería mejor invertir los 270 millones de pesos que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, quiere gastarse en un «viaducto elevado» de 1.5 kilómetros, en tapar los baches que se multiplican por las principales vialidades de la capital?

¿O canalizar el crédito de 180 millones de pesos que el ayuntamiento de Puebla ya gestiona con Grupo Financiero Interacciones para mejorar el servicio de alumbrado público, que cada vez está peor, a juzgar por el número de colonias y avenidas donde las luminarias han dejado de funcionar, ya sea porque se fundieron o porque alguien se robó el cable eléctrico?

¿Qué tendría mayor impacto político, si es lo que busca la presidenta municipal de Puebla a estas altura de su administración, construir un segundo piso de 1.5 kilómetros sobre el boulevard Atlixco, o construir 7.5 kilómetros de metrobús?

¿Qué puede resultar más benéfico para la ciudad, una obra como el viaducto elevado, que agilizaría el flujo vehicular de 6.000 automóviles a horas pico de norte a sur y de sur a norte, o un metrobús que movilizaría a 30,000 personas, pero que además reduciría el número de unidades públicas y particulares que circulan por la capital?

¿Por qué entercarse en un proyecto como el segundo piso sobre el boulevard Atlixco, si es una obra que no tendrá ningún tipo de apoyo o financiamiento del gobierno estatal o federal?

¿Qué tanto de la prisa por arrancar los trabajos del «viaducto elevado» obedece al impacto político favorable que sus asesores le prometieron a la alcaldesa con dicha obra, en plena coyuntura electoral?

¿Hasta qué punto, Blanca Alcalá ha valorado las debilidades y amenazas que sobre el proyecto del Segundo Piso le advirtieron los técnicos de la BUAP y la UDLAP a quienes encargó la elaboración de este proyecto?

¿Recordará la alcaldesa, que entre las debilidades que le enunciaron, destacan el escepticismo social por el tiempo de construcción de otras vialidades; el elevado presupuesto destinado para el viaducto, en detrimento de nuevas pavimentaciones, particularmente en colonias carentes de vialidades dignas; los malos precedentes que hay por obras similares hechas en anteriores administraciones y el hecho de que la obra tendría que financiarse mediante más deuda pública?

¿O las cuatro amenazas, contempladas en el análisis FODA que le entregaron como parte del proyecto del «viaducto elevado»: Posible bloqueo de personajes políticos, incumplimiento en la entrega de las piezas, entorno económico desfavorable, y la temporada de lluvias y huracanes que podrían retrasar la ejecución de la obra?

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Este viernes comenzará a constituirse el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que a nivel nacional preside Raúl Trejo Delarbre.

Entre los impulsores de esta iniciativa figuran los académicos Rafael Hernández García, Roberto Alonso Muñoz y Claudia Magallanes Blanco, de la Ibero Puebla; Lilia Vélez Iglesias, de la UPAEP, y Josefina Buxadé Castelán, de la UDLAP; así como Jorge Calles Santillana y José Ramos Rodríguez, de la BUAP.

Por el gremio periodístico, la constitución de la AMEDI capítulo Puebla es apoyada por los reporteros Jorge Machuca, Ernesto Aroche, Patricia Estrada y Martín Hernández Alcántara, entre otros.

Los promotores locales de esta naciente organización de académicos y periodistas se reunirán este viernes, en la sala de juntas de las Direcciones Generales de la Universidad Iberoamericana de Puebla, a partir de las 9 horas.

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Simón dice:

«Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento».

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.