Ahora que regresen de su megapuente, el presidente del Instituto Electoral del Estado y algunos consejeros y funcionarios electorales —que han hecho de la opacidad su mejor divisa— tendrán que aclarar a cuánto por fin ascendieron los gastos de la organización y de transmisión del debate de candidatos a la gubernatura, efectuado el pasado 16 de junio.

Originalmente se dijo que el presupuesto destinado al debate entre Rafael Moreno Valle Rosas, Javier López Zavala y Armando Etcheverry Beltrán, en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario, no rebasaría los 530 mil pesos.

Sin embargo, de acuerdo con algunos documentos en poder de la consejera Olga Lazcano Ponce, los costos al parecer fueron muy superiores, al grado que ni el presidente del Instituto Jorge Sánchez Morales, ni la directora general Marcelina Sánchez Muñoz, ni el director administrativo Francisco Rivera Morán han querido entregar copias de las facturas.

En el colmo de la opacidad hace un par de semanas el consejero Paul Monterrosas Román defendió la secrecía de esa información escudándose en el auditor externo, asegurando que si el contador Jerónimo Omaña de la Cuadra entregaba la documentación requerida por la consejera Olga Lazcano el proceso de fiscalización del IEE se interrumpiría.

Para su desdicha, el propio auditor externo respondió que su despacho no tenía ningún inconveniente en entregar copias de las facturas proporcionadas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la empresa encargada de la organización y logística del debate.

Frente a esta situación, los pretextos del director Administrativo, el contralor interno Paul Rodríguez Barragán y el consejero Paul Monterrosas para mantener en la opacidad los costos del debate de candidatos a la gubernatura se acabaron, por lo que la próxima semana tendrán que informar a cuánto en realidad ascendieron estos gastos.

El tema es relevante pues entonces se conocerá si de veras el Instituto Electoral del Estado carecía de dinero para costear un segundo debate de candidatos a la gubernatura.

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Este miércoles en su leída columna Estrictamente Personal, el periodista Raymundo Rivapalacio cuestionó la trayectoria del galardonado de Iniciativa México, Raúl Hernández Garciadiego, con los mismos argumentos que hace unos días expuso el subsecretario de Egresos del gobierno del estado, David Villa Issa.

En resumen: que la asociación civil presidida por el ganador de IMx Alternativas y Procesos de Participación Social recibió en el gobierno de Melquiades Morales 16 millones de pesos, de los cuales sólo pudo reportar la aplicación de 11 millones 316 mil pesos.

Lo que Rivapalacio no explica en su columna, como tampoco lo hizo el subsecretario de Egresos, es por qué el gobierno del estado nunca abrió un proceso administrativo en contra de Hernández Garciadiego, por un supuesto faltante de 4.75 millones de pesos, y por qué esa información se mantuvo en secreto hasta que el ganador del importante concurso impulsado por los principales medios de comunicación del país acusó a Villa Issa de pedirle una mordida de 20% sobre un pago de 8 millones de pesos.

La verdad es que esa terrible omisión de Villa Issa en un columnista tan reconocido como Raymundo Rivapalacio da mucho qué pensar, sobre todo cuando se sabe que desde el gobierno del estado se planeó hacer llegar esa información a Proceso y Reforma, como una manera de golpear a Televisa y descalificar al galardonado de Iniciativa México.

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Simón dice:

«Nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos han cometido.»

Sándor Márai (1900-1989) escritor Húngaro.