Si le dijera que la consultora electoral Gisela Rubach Lueters, coordinadora desde hace once años del diplomado en mercadotecnia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), es una férrea crítica de la alianza que el PAN y el PRD han decidido realizar en algunas entidades del país, Puebla incluida, para detener el avance del PRI de cara a los comicios presidenciales del 2012, quizás no le diga mucho.

Si le dijera además que la directora de la firma Consultores y Marketing Político SC ha escrito en su facebook que el matrimonio PAN-PRD ya jodió la reforma política enviada por el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, al grado que a partir de febrero no habrá acuerdos en el Congreso, ni reformas trascendentes, salvo aquellas que el PRI imponga con su mayoría, quizás siga sin decirle mucho.

Y si también le dijera que Gisela Rubach está convencida que la boda PAN-PRD sólo provocará que el PRI se despache con la cuchara grande en el Congreso de la Unión y en las elecciones federales de este año, seguramente tampoco le diré mucho.

Pero de lo que sí estoy seguro que será de su interés, y que mucho le dirá sobre el futuro de la coalición PAN-PRD en Puebla, es que la licenciada y maestra en Administración por el ITAM Gisela Rubach Lueters, es una de las consultoras de cabecera del precandidato del PAN a la gubernatura de la entidad, Rafael Moreno Valle Rosas.

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Este martes, el maestro Miguel Ángel Rodríguez participará, con la representación del Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), en un importante foro educativo, que congrega a especialistas en educación indígena de distintas universidades y organizaciones no gubernamentales del país, en torno al relator del derecho a la educación de la Organización de las Naciones Unidas. 

Durante el foro, que se efectuará los días 9, 10 y 17 de febrero en el Auditorio «Ricardo Pozas Horcasitas» de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Miguel Ángel Rodríguez y Sandra Aguilera Arriaga serán los encargados de analizar, ante el relator de la ONU, la calidad y vigencia del derecho a la educación básica en México para estudiantes indígenas y migrantes.

Lo paradójico de la situación es que el elegido para hablar ante la comitiva de la ONU de la situación de los niños y jóvenes indígenas de nuestro país, fue cesado hace ocho meses de la Universidad Pedagógica Nacional plantel Puebla (UPN) por el secretario de Educación Pública del estado, Darío Carmona García.

Darío Carmona comparece este martes —por cierto— ante los diputados de la LVII Legislatura del Congreso del estado, para hacer la glosa del 5º año de gobierno de la administración marinista en cuestiones de educativas.

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A continuación le presento un extracto de lo que serán los argumentos jurídicos de Javier López Zavala y los diputados locales priístas, para posponer hasta el año entrante la cancelación del impuesto sobre tenencia vehicular, tema que desde hace una semana mantiene en debate a los precandidatos del PRI y el PAN a la gubernatura de Puebla.

El texto fue elaborado por director del despacho Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C., Fernando Urbano Castillo Pacheco, a solicitud de Miguel Quiroz Corte, operador del coordinador general de la campaña zavalista, Jesús Morales Flores.

Aquí el extracto:

«Debemos de establecer en un primer término que el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos es un impuesto FEDERAL, creado por una ley surgida del Congreso de la Unión, que en 2007 fue abrogada pero surtiendo efectos hasta el día uno de enero del año dos mil doce, concediéndosele a las legislaturas de los estados la facultad de legislar en lo relativo a este impuesto.

«Es increíble que el actual precandidato de Acción Nacional cuando aún era senador de la república y le correspondió votar respecto al dictamen, aprobara que dicha derogación fuera a partir del último año de la gestión calderonista y no en el 2010 como ahora lo propone. Es decir, como legislador no dio muestras de apoyo, ni hizo manifestación alguna que impulsara que el impuesto federal fuera eliminado a partir de este 2010, con lo que su manifestación es únicamente con la intención de posicionarse electoralmente con lo que como legislador y cuando tuvo la oportunidad no se manifestó como lo hace ahora.

«Las leyes fiscales, se rigen por el principio de anualidad, esto es así, porque nuestros ordenamientos legales y constitucionales, establecen la obligación de que en determinadas fechas de noviembre o diciembre, según sea el caso, los órganos legislativos deberán de aprobar las leyes de ingresos de los estados o de la federación, en las que se deberán de establecer las contribuciones que se cobraran en el año siguiente.

«Estas leyes son anuales y si bien es posible el realizar modificaciones en el transcurso del año, no debemos olvidar que de los ingresos percibidos es como se elaboran las leyes de egresos y de ahí que se determinen los mecanismos de aplicación de los recursos captados.

«El señor Senador con licencia en su afán de alcanzar un posicionamiento electoral, pretende legislar en los medios y publicita una propuesta incompleta ya que no ha dicho que los ingresos que se espera captar por esta contribución se encuentran ya programados para su gasto, lo que implica necesariamente que dejar de percibir estos ingresos obligaría a recortar los recursos de algún programa social. Existe un principio en materia de leyes tributarias que es el principio de unidad, puesto la Ley de egresos del Estado contempla el gasto a realizarse de acuerdo a los ingresos que se perciben por diversos conceptos, entre ellos el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

«El señor senador con licencia se confunde y trata de confundir a los poblanos, el impuesto es federal y desde el día uno de enero de dos mil doce dejará de existir, lo que se hizo en Querétaro es legislar el impuesto a nivel estatal y con eso dejar de aplicarse la norma federal. Hasta el momento en que entre en vigor la legislación local que se pudiera realizar, en ese momento se suspendería la aplicación de la ley federal, por lo que en términos muy sencillos podemos decir que la devolución del impuesto pagado que propone el senador con licencia la tendría que hacer la federación, porque se reitera que es un impuesto federal. Moreno Valle Rosas o bien desconoce de leyes que el mismo votó, lo que representaría la poca dedicación a su trabajo legislativo o tal vez solo quiere ocultar la verdad a la sociedad. Las verdades a medias, son mentiras completas.

«El senador con licencia dio a entender que la mayoría de los legisladores del PRI deben sumarse a su propuesta de eliminar la tenencia vehicular como una muestra de voluntad política. En el fondo, el senador con licencia pretende delegar la responsabilidad a un partido opositor al suyo no solo forzando la aprobación de una ley al vapor sino que pretende que la legislatura local viole la constitución, invada atribuciones del congreso federal, porque solo de violando la ley se podría reintegrar el importe de las tenencias ya pagadas. Esto evidencia el total desconocimiento de Rafael Moreno Valle Rosas de las leyes de coordinación fiscal, de las leyes de ingresos y egresos y sobre todo del sistema federalista, lo cual es grave si consideramos que como secretario de finanzas del Estado y como legislador local y federal era el eje central de su trabajo».

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Simón dice:

«Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse.

François de la Rochefoucauld (1613-1680). Escritor francés.

El dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, hace mal en descalificar a los medios y reporteros, como el que esto escribe, por dar crédito a lo difundido en un video del portal You Tube, en el cual se le involucra como comprador de piezas robadas de arte sacro.

En lugar de desquitarse con los periodistas y medios que han dado cobertura noticiosa a ese video, e investigado la verosimilitud de lo que se  dice en los diálogos entre “El Costras” y “El Pollo”, mejor debería desenmascarar a los autores materiales e intelectuales de eso que califica como absurdo montaje, y que —según él— tiene plenamente identificados.

En e-consulta no nos hemos limitado a la difusión del video de marras. El tema lo seguimos investigando, y puedo adelantarle que el contenido central de las conversaciones que se escuchan en los referidos audios consta también en una averiguación previa en poder de la Procuraduría General de la República.

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Uno de los mayores problemas que tiene el delegado del DIF estatal en la región de San Pedro Cholula, Juan Pablo Jiménez Concha, para que el PRI lo haga su candidato a diputado federal por el distrito 10, además de la oposición del presidente municipal Francisco Covarrubias Pérez, es el rechazo de quienes laboran para él como servidor público.

El malestar de estos se puede resumir en tres puntos: la delegación es dirigida en la práctica por dos ex colaboradores suyos en el ayuntamiento cholulteca, como Carlos Vega y Laura Aguilar, ésta última fue su contralora; usan y prestan los vehículos asignados al DIF —entre ellos la unidad 209, una camioneta Ranger, y un Pointer color blanco— a personas que no trabajan en él, como el ex candidato a presidente municipal de Cuautlancingo, José Luis Camela y, lo más grave, se clavan el 50% de sus viáticos, con el pretexto de que ese recurso no es liberado a tiempo por el DIF estatal.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se encerró ayer a piedra y lodo con sus principales funcionarios, para afinar los detalles de su primer informe de labores que, como ya se adelantó, tendrá el Palacio Municipal como escenario y la asistencia de sólo 150 personas.

Blanca Alcalá planea llevar a cabo otros dos informes ante cientos de colonos de la capital; uno en el Oriente de la ciudad, y otro en el Sur. Inicialmente, se proyectaban cuatro informes, pero ante la posibilidad de que el hecho fuera interpretado como acción electorera, la presidenta resolvió sólo hacer dos.

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Por correo electrónico me llegó un informe —que usted puede consultar en la sección de comentarios de este blog— de algunas anomalías y abusos, en que supuestamente estaría incurriendo el síndico municipal Román Lazcano Fernández, en complicidad con algunos colaboradores y socios.

En resumen el mail refiere que el síndico municipal —que no mantiene una buena relación con la alcaldesa, lo que de sobra se conoce— estaría aprovechando su cargo para hacer pingües negocios, en complicidad con funcionarios bajo su mando, ubicados en áreas estratégicas de la dependencia.

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Ayer por la tarde trascendió que Ricardo Toledo Núñez dejó la dirección del Hospital Regional del ISSSTE, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su relevo.

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Simón dice:
“Es muy difícil hacer compatibles la política y la moral”
Francis Bacon

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Édgar Enrique Bayardo del Villar no sólo fue un personaje que mantuvo estrecho contacto con los jefes policíacos de Puebla, como el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor, el actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto; el ex director de la judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán, y los ex secretarios de Seguridad Pública del municipio Puebla, Humberto Vázquez Arroyo y Omar Álvarez Arronte ––aunque muchos de ellos ahora lo nieguen––, sino también un policía que se movía a los más altos niveles.

Édgar Bayardo, por ejemplo, era uno de los asiduos asistentes a las comidas que cada 17 de enero se organizan por el cumpleaños del arzobispo de la iglesia ortodoxa antioqueña, Antonio Chedraoui Tannous, acontecimiento que suele reunir a secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados, dueños de medios de comunicación, jerarcas católicos y a los más encumbrados políticos y hombres de negocios de México.

Este año no fue la excepción. El hoy cómplice de los hermanos Zambada García ––Isamel “El Mayo” y Jesús “El Rey Zambada”–– estuvo en la comida por los 76 años de don Antonio Chedraoui, compartiendo el pan y sal con algunos poblanos como el diputado federal Jorge Estefan Chidiac; el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, y la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz.

Otros poblanos que este año también asistieron a la comida del arzobispo Antonio Chedraoui fueron el secretario particular del gobernador Marín, Guillermo Deloya Cobián; el ex consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velázquez Cruz; el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor; el ex director de la Judicial y ex delegado de la PGR en Tlaxcala, Adolfo Karam, y los empresarios Ricardo Henaine Mezher y Pepe Chedraui.

Hay que decir que muchos de ellos ni siquiera conocían a Édgar Bayardo, por lo que quizás hasta les pasó desapercibido, y más cuando nadie entonces sospechaba de sus vínculos con el Cártel del Pacífico.

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Otro personaje que hoy tampoco quiere saber nada de Édgar Bayardo, pero que en su momento trató de impulsar como subprocurador de Justicia del estado fue el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala.

Esta versión, que el propio Bayardo confió a algunos amigos suyos, en un antro de Plaza Loreto, puede ser confirmada por personajes como Carlos Talavera Pérez, presente en esa reunión.

La intención de López Zavala era que impulsar a Adolfo Karam como procurador de Justicia, en sustitución de Blanca Laura Villeda Martínez, y a Édgar Bayardo como subprocurador, cargo que ya había desempeñado en el gobierno perredista de Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala.

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