Cuando Luis Ernesto Derbez Bautista fue designado rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) prometió, en clara alusión a su antecesor, que él llegaría a la institución con sólo dos personas. También prometió reinstalar a los profesores e investigadores despedidos durante la aciaga gestión de Pedro Ángel Palou García.

Sin embargo, a casi cinco meses de haber asumido la rectoría de la UDLAP, la situación es totalmente diferente.

Con Derbez han llegado a la Universidad el vicerrector académico José Loyola Trujillo; la coordinadora general de Administración, Mónica Ruiz Huerta; la jefa de la oficina de Rectoría, Mayra Ortiz Prida; el director general de Tecnología de la Información, Fernando Thompson de la Rosa; el director de Relaciones Públicas, Juan Carlos Mondragón; el director general de Mercadotecnia, Einar Moreno Quezada; el abogado general, José Luis Guerrero Villar, y la jefa del Jurídico, Karina N.

A estos personajes, casi todos venidos del Distrito Federal, hay que agregar los nombres de sus secretarias, administrativos y asistentes, que también son de reciente ingreso.

Pero la relación es aún más grande, pues el rector Derbez todavía tiene pendientes varios nombramientos, entre ellos los directores de Recursos Humanos, y Sorteos.

Otro compromiso de Luis Ernesto Derbez que tampoco ha cumplido es la reducción de la nómina y el aparato administrativo central de la UDLAP.

De entrada, el ex secretario de Economía y de Relaciones Exteriores del gobierno foxista gana más de los 180 mil pesos que cobraba mensualmente Pedro Ángel Palou, sin contar, por supuesto, el bono que se va a su fondo de retiro.

Y lo mismo sucede con la jefa de la oficina de Rectoría, Mayra Ortiz, que se quedó con las funciones que antes desempeñaba la secretaría general, y la coordinadora general de Administración, Mónica Ruiz, que ganan más cien mil pesos, sumando su sueldo y compensaciones por riesgos de trabajo.

Esta última, por cierto, es sujeta de una investigación y un litigio legal por su negativa a informar sobre una supuesta triangulación de 1,500 millones de pesos del erario federal para favorecer a grupos privados, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y a ex integrantes de Amigos de Fox, que actualmente se desempeñan en la cancillería con cargos de alto nivel.

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