Columna Invitada / Diana Jiménez

 

El pasado fin de semana, un conductor de la ruta 68 tuvo un incidente con «El Narizón», uno de los asaltantes de transeúntes más conocidos de la zona de la 8 y 10 Poniente del Centro Histórico. 

Circulaba sobre esta última vialidad y por accidente lo empujó con su unidad.

No le causó ningún daño, pero provocó la ira del delincuente que no se quedó conforme con reclamarle, sino que pidió apoyo a sus familiares y en seguida le cayó un grupo numeroso de ambulantes que agredió al operador hasta causarle algunas lesiones y daños a su vehículo.

El trabajador del volante acudió al Ministerio Público (MP) para presentar su denuncia; sin embargo ahí le dijeron que el trámite no procedía porque tenía que proporcionar los nombres de sus agresores, los cuales desconocía en esos momentos.

Al indagar sus identidades -para regresar al MP y volver a denunciar-, descubrió que éstos son familiares directos de Martín Juárez Sánchez, líder de la organización de comerciantes informales «11 de Marzo».

Al averiguar un poco más, supo que algunos miembros de esa familia forman parte de una de las bandas de asaltantes de transeúntes que operan en el centro de la ciudad, cuyos atracos al parecer son solapados por el mismo dirigente que en 2008 fue detenido y encarcelado por el delito de robo calificado. 

Las víctimas de estos sujetos aseguran que «El Narizón» y su papá apodado «El Chespiro» (uno nieto y el segundo hijo de Martín Juárez), tienen pendientes denuncias y órdenes de aprehensión en su contra, las cuáles no se han cumplimentado porque ambos están amparados por la justicia federal. 

Mientras ellos siguen delinquiendo, las actuales autoridades locales parecen no tener intenciones de limpiar esa zona de los rateros que, por cierto, según comentan las víctimas, fueron los mismos que colocaron cartulinas hace unos meses sobre la 10 Poniente para prevenir a los transeúntes de los cadeneros.

Este asunto no es nuevo o desconocido para las autoridades y corporaciones policiacas. Todas tienen pleno conocimiento de la complicidad entre ladrones y ambulantes, a quienes ya tienen identificados. Incluso, en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) existe un mapa de la estructura de estos grupos, con fotografías, apodos y/o nombres de sus integrantes.

La pregunta que surge entonces es: ¿por qué no los detienen? Los policías sostienen que aunque los capturen, quedan en libertad en unas horas con el pago de una multa o bien porque los agraviados ya no quisieron proceder.

El problema radica en que no existen operativos eficaces para brindar mayor vigilancia y combatir el asalto a transeúnte que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, es el de mayor incidencia en el municipio, sobre todo en el Centro Histórico donde hay más presencia policiaca.

A esto se suma que, a pesar de las denuncias, la Procuraduría General de Justicia tampoco interviene ni investiga ni desmantela estas organizaciones de ladrones.

¿Por qué las corporaciones de seguridad a cargo del alcalde Antonio Gali y del gobernador Rafael Moreno Valle tienen tanta tolerancia con estas bandas delictivas y/o a agrupaciones de ambulantes vinculadas con asaltantes?

¿Acaso les brindan protección o reciben algún pago para que les permitan operar? ¿O sinceramente les vale y no les interesa la seguridad de los poblanos?