Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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* Nadie entiende por qué no renuncia, ni lo renuncian
* Palafox Krayesvky… y la Durango blanca 2007, apá?

Nadie en la Secretaría de Salud entiende por qué el gobernador Mario Marín Torres mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores, cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, y por qué el hermano del ex gobernador Melquiades Morales tampoco renuncia, si en la Secretaría no es más que una figura decorativa.

Roberto Morales perdió desde hace meses el control de las dos principales áreas en que operativamente se divide la Secretaría de Salud: la Coordinación General de Servicios de Salud y la Coordinación General de Administración y Finanzas.

En la primera le clavaron, en agosto de 2007, al hermano del poderoso subsecretario de Egresos del estado, Ricardo Villa Issa, y éste a su vez, nombró como subordinados suyos a gente que se trajo del ISSSTEP. A Martha Vargas González la hizo jefa de Enlace y Seguimiento Operativo, y a Román de Ita, subdirector de Servicios Médicos, en sustitución de Armando Acevedo Méndez.

Paralelamente, Carlos Martínez Valeriano, brazo derecho del secretario al frente del Seguro Popular, se fue de la dependencia, lo mismo que su segundo de a bordo, Eduardo Hernández Martínez, quien fue reemplazado por Francisco Cajica.

Del área médica, el único funcionario de confianza que le dejaron al hermano del ex gobernador Mequiades Morales es Jorge George Sánchez, director de Atención a la Salud.

En la Coordinación de Administración y Finanzas, actualmente acéfala tras la remoción de Alejandro del Castillo Ávila, el panorama para Roberto Morales es aún más desolador.

Los directores adscritos a ella nunca han estado bajo las órdenes del secretario. Y de ello pueden dar constancia el ex director de Operación a Infraestructura, Marco Antonio Rivera Martínez, el recién removido director de Administración y Finanzas,  José Luis Palafox Krayevsky, y su sustituto en el cargo Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, así como el actual director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie.

En estas circunstancias, es obligado preguntar: ¿Quién es responsable de lo que pasa en la Secretaría de la Salud? ¿El secretario? ¿Los funcionarios que le fueron impuestos como cuña? ¿O el responsable de mantener a Roberto Morales como secretario de Salud, pero quitándole todo margen de maniobra?

EN CORTO

Hasta el jueves de la semana pasada el destituido director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, José Luis Palafox Krayevsky, seguía sin entregar la oficina que por casi dos años ocupó, al igual que la camioneta Durango 2007, color blanco, que tenía asignada como funcionario de la dependencia, mientras su sustituto en el cargo, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, anda como alma en pena por los pasillos de la Secretaría. Y eso, dicen, que se trata de un recomendado del contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz.

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A propósito.
Cuentan que en la auditoría que se le practica a José Luis Palafox le han descubierto una docena de cuentas bancarias y de inversión, pero cuyos fondos provienen de la Secretaría de Salud. En los próximos días le tendré más detalles.

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Un funcionario que en la Secretaría del Trabajo y Competitividad practica justamente lo contrario de lo que se supone debe combatir esta dependencia es Gabriel Herrera Cinto, subcoordinador del Programa Capacitación en la Práctica Laboral.

El servidor público en cuestión no sólo se vale de su cargo para hostigar –incluso sexualmente– a los instructores bajo su mando,  sino que los obliga, so pena de reportalos con malas notas, a que lo provean de refrescos, cigarros, botanas y hasta de alimentos después de los horarios de oficina.

Entre los inspectores hartos de esta situación y sus abusos figuran María del Carmen Lázaro Alarcón, Norma Patricia Corro Vázquez, Eda García Díaz y Marco Antonio Pérez.

Correos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com