Trivia:

¿Quién es el político poblano propietario de un hotel en Playa del Carmen que fue objeto de fuerte operativo policiaco y militar ante la presunción de que funcionaba como base de operaciones de integrantes del crimen organizado y almacén de drogas?

Varios tips:

El operativo que estuvo coordinado y dirigido por marinos se realizó la madrugada del viernes 13 de junio, y en él participaron alrededor de 50 uniformados que llegaron a bordo de por lo menos 10 unidades de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y Policía Federal Ministerial.

La noticia se publicó en algunos medios de Quintana Roo, pero con especial despliegue en Por Esto! y Noticaribe destacando en sus titulares que el hotel el cuestión pertenece a políticos poblanos del sexenio de Mario Marín Torres.

Durante el operativo que duró casi 90 minutos —tras un reporte ciudadano— no se detectó la presencia de ningún delincuente y tampoco droga o algún otro enervante en las habitaciones, bodegas y almacenes del lujoso hotel ubicado en la emblemática Quinta Avenida de Playa del Carmen.

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A propósito.

Un nuevo escándalo está por sacudir al país, ahora que se documente que el predio donde el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, tenía sus joyerías dedicadas al lavado de dinero, en Plaza Tamarindos, fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de un centro recreativo.

Plaza Tamarindos se ubica frente a las instalaciones del 27 batallón de infantería, supuestamente especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas. La primera piedra del centro comercial la colocó en enero de 2008 el entonces senador Lázaro Mazón Alonso a invitación de su amigo José Luis Abarca, quien ofreció invertir 300 millones de pesos.

Las gestiones para que el terreno fuera donado por el secretario de la Defensa corrieron a cargo del ex diputado Rubén Figueroa Smutny, hijo y nieto de ex gobernadores de aquella entidad.

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Ahora que José Adalberto Melo Smith se aparezca por Puebla para refrendar su intención de convertirse en candidato del PRI a diputado federal por el distrito 4 con cabecera en Zacapoaxtla bien convendría que aclarara cuál es en realidad en su puesto y función en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues unos dicen que es el jefe de la oficina del titular de esa dependencia federal, Jorge Carlos Ramírez Marín, y otros que su coordinador de asesores, aunque en documentos oficiales figura como proveedor de servicios de asesoría jurídica y administración para la elaboración e implementación del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, los programas sectoriales, regionales y especiales, así como de la política de vivienda.

No vaya a ser que este futuro abanderado del PRI sea funcionario y asesor a la vez en la misma dependencia y que este escándalo lo alcance en plena campaña electoral.

Melo Smith aparece en diversos documentos de transparencia como asesor de la Sedatu, con contratos trimestrales y por diez meses por montos que fluctúan entre los 398 mil y un millón 96 mil pesos.

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Este lunes fueron vistos en Guadalajara, Jalisco, donde se lleva a cabo el Foro Internacional de Políticas del Bienestar y Desarrollo el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, quien acudió al acto con la representación de su jefa, Rosario Robles Berlanga, y el titular de la Sedeso en Puebla, Luis Banck Serrato.

El evento es impulsado por el gobierno de Jalisco debido a que es el primero en el país en asumir el bienestar y la calidad de vida en sus planes y políticas de desarrollo, a partir de indicadores que ponen el acento en la persona más que en las cifras macroeconómicas arrojadas por el PIB.

En el foro de tres días participarán 60 ponentes de 22 países, cuya misión será proponer alternativas para incorporar criterios de calidad de vida en individuos concretos de carne y hueso.

Durante la inauguración del evento se aparecieron jóvenes que exigieron la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa justo cuando el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz pronunciaba su discurso de bienvenida ante un auditorio abarrotado. El mandatario de aquella entidad lejos de recurrir al desalojo de las manifestantes, les abrió hasta un espacio para que pudieran expresarse libremente sin temor a ser desalojados del recinto, algo que en Puebla sería impensable.

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En las próximas semanas aparecerá un libro polémico, como los seis que antes ha escrito, sobre los secretarios de Gobierno y de Gobernación del estado de Puebla; la obra de más de 400 páginas no sólo se quedará en el plano biográfico o anecdótico, sino recreará las circunstancias políticas en las cuales estos personajes manejaron los hilos de la política interna.

Su autor es José Alarcón Hernández, el actual delegado de la Secretaría de Educación Pública, y quien además de haber sido operador electoral de distintos gobernadores, se ha desempeñado como diputado local, diputado federal, presidente de la Liga de Economistas y del Colegio de Economistas, así como líder del Congreso local y dirigente estatal del PRI.

El libro lleva por título “Los Encantos del Poder” y en él se podrán leer diferentes anécdotas y pasajes de algunos de los hombres más influyentes y poderosos de Puebla como Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres, que son los únicos que después de haber sido secretarios de Gobernación se convirtieron en gobernadores.

Otros personajes que merecieron del autor un tratamiento especial son Noé Lecona Soto y Gustavo Díaz Ordaz, secretarios de Gobierno de Máximo Ávila Camacho; Roberto Tránsito Bonilla y Carlos Trujillo Pérez, quienes son los únicos de los 57 que han ocupado la Secretaría de Gobernación que han durado todo un sexenio, en las gestiones de Rafael Ávila Camacho y Alfredo Toxqui Fernández de Lara.

El libro abarca casi un siglo, pues comienza en 1917 y concluye en 2010 con la elección del primer gobernador de oposición en la historia política de Puebla: Rafael Moreno Valle.

José Alarcón explica en el prólogo su decisión de no escribir sobre Fernando Manzanilla Prieto y Luis Maldonado Venegas, secretarios de Gobierno en la gestión de Moreno Valle, al señalar que ambos pertenecen a una época distinta que será motivo de un análisis más profundo y seguramente de otro libro sobre la alternancia del poder en Puebla.

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Ayer e-consulta hizo el 1-2 en la tercera emisión del premio estatal de periodismo Cuauhtémoc Moctezuma al ganar en primer y segundo lugar en el género de Noticia a través de Felipe Ponce Mecinas y Gerardo Rojas González.

Otros colegas que también fueron premiados son Carlos Pacheco Parra con el primer lugar en la categoría de fotografía y Jorge Machuca Luna, con el segundo lugar en el género de artículo de fondo. Pacheco es fotógrafo de la agencia Enfoque, que provee material gráfico a e-consulta, y Machuca es articulista del portal Con los ojos abiertos.

Felipe Ponce, quien funge en e-consulta como jefe de corresponsales y editor del portal Municipios Puebla, ganó el primer lugar con la noticia «Cobran diputados en Puebla por casas de gestión inexistentes» y Gerardo Rojas, el segundo lugar, con nota «Al descubierto fraude en Sedesol con recursos para familias pobres».

Vaya desde aquí una fuerte abrazo y una sincera felicitación a todos los ganadores de la tercera emisión del Premio de Periodismo Cuauhtémoc Moctezuma 2014.

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A pesar del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Carlos Antonio Moreno Sánchez, César Cansino Ortiz fue restituido en la Secretaría de Investigación y Postgrado de esa unidad académica, una de las más numerosas de la BUAP.

César Cansino contó con el apoyo, para regresar a ese cargo, del rector de la Benemérita, Alfonso Esparza Ortiz, y del secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval, con quien ha estrechado relaciones desde que fue invitado a impartir clases en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico.

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Vaya que el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Alejandro Santizo Méndez, es un funcionario que no conoce el rubor.

Y es que no cualquiera se atreve a donar una caja de papel periódico y todavía presumir la acción en las redes sociales.

Para muestra el mensaje que este miércoles redactó en su cuenta de Twitter.

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¿Le dice algo el nombre de Alberto Castañón Herrera?

Independientemente de cual sea su respuesta, le cuento que el susodicho está siendo valorado, al menos por la oposición, como el candidato que impulsaría la rectoría de la BUAP y la dirección de la Facultad de Economía para relevar al maestro Honorio Isidro Ojeda Lara en la dirección de esta unidad académica.

El asunto no tendría nada de especial —y menos tratándose de un profesor de la facultad que además de cumplir con todos los requisitos para ser candidato es coordinador de la maestría en Economía—, sino fuera por un pequeño pero muy significativo detalle: el susodicho es hermano de Eukid Castañón Herrera.

Sí, uno de los principales operadores políticos del gobernador Rafael Moreno Valle y quien, entre otras responsabilidades, es el encargado de garantizar el control político de la máxima casa de estudios y de que sus autoridades ya no usen a la Benemérita como trampolín político para acceder a cargos de elección popular.

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Con la novedad que a la comida del delegado de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, llegaron muchos más invitados de los que él mismo esperaba con motivo de su cumpleaños número 55.

Pero de los más de 650 convidados que acudieron al Salón Arcadia de la colonia Bugambilias, el que se llevó los reflectores —incluso por encima del propio festejado— fue el ex gobernador Mario Marín Torres, quien llegó al filo de las 20 horas cuando se servía la tercera ronda de carnitas.

La comida comenzó al filo de las 17 horas, y a ella acudieron alcaldes, legisladores, funcionarios federales y estatales, y líderes regionales, entre los ellos los ediles de Los Reyes de Juárez, Tepeaca, Santa Isabel Cholula, Tlachichuca, Nopalucan; los diputados locales Maritza Marín Marcelo y Sergio Salomón Céspedes; el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Víctor Gabriel Chedraui; y el delegado de Economía, Juan Pablo Jiménez Concha.

Y es que a la gorra ni quien le corra.

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A reserva de que el próximo lunes le de más detalles, es importante que no pase por alto las declaraciones del presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, Eukid Castañón, en el sentido de que la fracción panista no tiene en su agenda impulsar reformas constitucionales para echar abajo el tema de la minigubernatura de 22 meses.

Y es que sus declaraciones encierran una verdad a medias, pues no sería el PAN el que propusiera reformar la Constitución, pero tampoco el que rechazaría tal modificación para que el periodo del sucesor de Moreno Valle sea de cuatro años ocho meses.

¿O me equivoco?

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Este domingo la dirigente estatal del PRI, Isabel Allende Cano, tenía prevista una gira por Teziutlán para darle posesión a Erika León Vargas como presidenta del Comité Directivo Municipal, pero la gente del ex alcalde Carlos Peredo Grau que no está muy de acuerdo con el nombramiento de ésta le fue a pintarrajear las oficinas.

Ahora habrá que esperar la reacción de Isabel Allende ante esta primera prueba de fuego. Habrá que ver si el domingo llega a Teziutlán o si, ante las presiones, opta por recular y posponer la toma de posesión de aquella en espera de que las aguas vuelvan a su nivel.

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El subsecretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri Quirós, ha comenzado a preocupar a otros aspirantes priístas a la gubernatura de Puebla, a pesar de su bajo nivel de posicionamiento, conocimiento y confianza entre los electores de la entidad.

Tres son los factores de esta preocupación:

1) Su posición en el gobierno federal y las muestras de simpatía hacia su persona de figuras como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y otros funcionarios de la dependencia como el Oficial Mayor, Jorge Márquez Montes; el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quirós, y, por supuesto, de su jefa Rosario Robles Berlanga.

A los priístas poblanos que el domingo se concentraron en el Complejo Cutural Universitario, para atestiguar la unción de Isabel Allende y José Chedraui en la dirigencia estatal y municipal del PRI, no pasó inadvertido que César Camacho sólo mencionara en su discurso al subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri.

2) Los personajes que ha logrado acomodar en diferentes delegaciones del gobierno federal en la entidad, comenzado por la Sedesol con Juan Manuel Vega Rayet, y el número de presidentes municipales priístas adscritos a su grupo político, entre los que figuran los de Tepeaca, David Huerta Ruiz; Huejotzingo, Carlos Morales Álvarez; y Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes.

3) Su abierta alianza con el ex gobernador Mario Marín Torres y la estructura de éste en diferentes puntos de la entidad, y en la operación del Comité Directivo Estatal del PRI a través de figuras como el secretario general, Víctor Gabriel Chedraui; el secretario de Prensa y Propaganda, Ismael Ríos Delgadillo, y próximamente del secretario de Organización, Joe Hernández Corona.

La alianza de Juan Carlos Lastiri con Mario Marín es tal que un hermano del ex gobernador, Roberto para más señas, es el responsable de la operación de la delegación de la Sedesol en la zona centro de la entidad.

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Al que se le está complicando acomodar a su delfín en el Comité Directivo Estatal del PRI es al diputado federal Enrique Doger Guerrero.

Éste había pactado, en principio, la Secretaría General para quien fuera su tesorero en el ayuntamiento de Puebla, Jorge Alfonso Ruiz Romero, pero algo pasó y Juan Carlos Lastiri acomodó ahí a Víctor Gabriel Chedraui.

Fue entonces que se dijo que Ruiz Romero sería nombrado secretario de Administración y Finanzas de la dirigencia estatal, posición que ahora no quiere soltar la nueva presidenta del tricolor, Isabel Allende Cano, quien quiere esa Secretaría para una gente suya.

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Como aquí se lo había adelantado, el secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal será el ex regidor de Puebla y ex diputado local Gerardo Mejía Ramírez, quien llega con el aval de varios personajes, entre ellos la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Javier López Zavala.

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El ex gobernador Mario Marín Torres sigue recorriendo el estado, y reuniéndose con diferentes grupos, lo mismo para reencontrarse con sus viejos aliados y estructuras que para sellar acuerdos políticos de cara a las elecciones federales en puerta.

Para no ir muy lejos, este fin de semana se le vio en la Sierra Nororiental de Puebla, acompañado del notario Valentín Meneses Rojas, y algunos priístas de la región, entre ellos el ex diputado local Juan Antonio Martínez Martínez, quien aspira a ser diputado federal por esa demarcación.

El jueves 4 de septiembre, Marín Torres se juntó en el restaurante Los Señoríos, ubicado a pie de carretera en el municipio de Zaragoza, con algunos ex alcaldes y ex candidatos a presidentes municipales, para apuntalar las aspiraciones de quien fuera diputado en el Congreso del estado en la LVI Legislatura.

Ahí estuvieron Heriberto Márquez de la Rosa, ex diputado local suplente; Carlos Aguilar Muñoz, ex presidente municipal interino de Teziutlán; Carmen Hernández Parra, ex candidata a presidenta municipal de Acateno; y Sobeida de Ángel Bandala, ex secretaria general del ayuntamiento de Teziutlán.

Al día siguiente, la escena se repitió en otro lugar de la Sierra Nororiental y con otros actores, entre los que estuvieron los alcaldes Atempan, Mario Herrera Oropeza; de Chignautla, Arturo Córdova Ruiz; y de Ayotoxco de Guerrero, Miguel Ángel Castillo Pérez, y el ex diputado federal Jaime Olivares Pedro.

Otros priístas que al igual que Juan Antonio Martínez andan en busca de la nominación del PRI por el distrito de Teziutlán son la delegada del Programa Oportunidades, Nancy de la Sierra Arámburo y el consejero nacional del tricolor Juan Pablo Piña Kurczyn, quien actualmente se desempeña como jefe de la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

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Los ex diputados Humberto Vázquez Arroyo y Juan Manuel García Jiménez deberían ser más cuidadosos de lo que platican en lugares públicos como el Italian Coffee de Plaza Universidad, donde la pasada semana se encontraron.

En esa ocasión ambos priístas de la región de Ciudad Serdán platicaron sobre la manera de bajar recursos federales de la Cruzada Nacional contra el Hambre a los presidentes municipales de la zona, pero sacando provecho político y negociando con estos una comisión o un moche del 30%.

Humberto Vázquez, quien por cierto aspira a ser nominado por el PRI a diputado federal por el distrito de Ciudad Serdán, dijo textualmente: “el nego es el nego”.

A ver si no sus descuidos provocan que el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós y el delegado de la dependencia, Juan Manuel Vega Rayet, les cierren cualquier posibilidad de gestionar recursos, créditos o acciones del Programa Prospera.

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Otro que también debería cuidarse, sobre todo de su parentela, es el dirigente estatal del Partido Compromiso por Puebla, Germán Jiménez García, pues por el escándalo provocado por su sobrino y secretario particular, Jonathan Jiménez López en Chalchicomula, donde lesionó al director de Seguridad Pública municipal, otros familiares podrían ser exhibidos.

Entre ellos su cuñado que cobra como director del plantel 22 Colegio de Bachilleres y su hermano mayor que funge como enlace de la Sedeso, sin contar a su esposa y otros consanguíneos.

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No lo cuente en voz alta, pero el presidente municipal de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, está siendo amenazado por la delincuencia organizada, que en dos ocasiones ha intentado levantarlo en la Sierra Norte de Puebla.

De su situación están enteradas las autoridades estatales, quienes le han recomendado extreme precauciones, refuerce su seguridad y salga lo menos posible de su casa.

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A quien corresponda:

Respecto a lo publicado el día de ayer 10 de septiembre de 2014 en el portal e-consulta en la columna La Corte de los Milagros de Rodolfo Ruiz R.  solicito se hagan públicas las siguientes aclaraciones:

Efectivamente sostuve una reunión en el Italian Coffee de Plaza Universidad con Juan Manuel Jiménez García y tratamos temas de negocios, toda vez que somos socios en un proyecto de producción y comercialización de vino en Ensenada, Baja California. Sin embargo, en ningún momento tratamos temas referentes a programas sociales, recursos públicos o asuntos relacionados con presidencias municipales de cualquier zona de este país.

Por otra parte, para su acervo cultural no omito señalar que PROGRESA desapareció en el año 2002.

Sin más por el momento,  y como en esta segunda ocasión me queda claro su interés por mi actividad comercial, mucho agradeceré se haga pública esta información lo antes posible, con la finalidad de que las ficciones señaladas no causen perjuicio a mi actividad empresarial.

Humberto Vazquez.

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Para no dejar dudas sobre el regreso de Mario Marín Torres a la política poblana y su influencia en la conducción del PRI, anote el nombre de Joé Hernández Corona como futuro integrante del Comité Directivo Estatal.

El ex director General de Gobierno y ex subsecretario de Asuntos Políticos en el sexenio marinista se perfila para ocupar la Secretaría de Organización, nombramiento que en teoría fue impulsado por el grupo del subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Y digo que en teoría porque en realidad el promotor de Joé Hernández es el ex gobernador Mario Marín.

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Quien también se perfila para ser miembro de la dirigencia del PRI en la entidad, una vez que la fórmula compuesta por Isabel Allende Cano y Víctor Gabriel Chedraui asuma la presidencia y la secretaría general del Comité Directivo Estatal, es el ex regidor y ex diputado Gerardo Mejía Ramírez.

Gerardo Mejía podría convertirse, con el impulso de la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Javier López Zavala, en secretario de Acción Electoral.

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La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan no sólo traerá malas noticias al gobernador Rafael Moreno Valle, al procurador del estado Víctor Carrancá Bourget y al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo del ombudsman nacional también será adverso al presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, por haber mentido sobre su participación en el enfrentamiento que el 9 de julio se dio entre policías y pobladores en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

De acuerdo con las investigaciones y evidencias que posee la CNDH, algunas de las cuales fueron entregadas en propia mano a su presidente Raúl Plascencia Villanueva por el senador Javier Lozano Alarcón, el edil auxiliar de Chalchihuapan no sólo estuvo presente durante la reyerta, sino que agredió a policías junto con otros pobladores del lugar.

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No lo cuente en voz alta, pero el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ha sido visto y oído en algunos comederos políticos de la Ciudad de México tratando de salvar su prestigio y reputación antes de que le pidan su renuncia o lo obliguen a dejar la dependencia.

Los enterados aseguran que Maldonado ha recurrido a sus viejas amistades y contactos del Distrito Federal, así como las decenas de personalidades que han recibido alguna recomendación o condecoración de la Legión de Honor Nacional de México, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la Academia Nacional de Historia para que lo rescaten y lo saquen de Puebla.

Por cierto. Quien podría reemplazarlo en la Secretaría General de Gobierno es un paisano suyo, que actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Sí, me refiero a Mario Rincón González, que en lo que va del sexenio morenovallista ha sido subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y secretario de Desarrollo Social, además de candidato y diputado local por el distrito de Amozoc.

Su avanzada en la Secretaría General de Gobierno es Omar Álvarez Arronte.

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A estas alturas de su sexenio, el gobernador Rafael Moreno Valle y sus principales operadores políticos deben estar lamentándose no haber aniquilado al exgobernador Mario Marín Torres, y sólo haber usado el desprestigio de su gobierno y de algunos de sus más conspicuos colaboradores como arma político electoral.

Moreno Valle tuvo la oportunidad de eliminar al grupo priísta mejor organizado de la entidad, pero optó por pactar con él, olvidándose de una de las promesas de campaña que más votos le dio en las urnas: “combatir frontalmente la corrupción, hasta alcanzar niveles de transparencia y honestidad similares a los de los países mejor calificados del mundo”.

En aquel famoso discurso de “Cumplo mis compromisos o me voy”, el gobernador panista ofreció iniciar procesos judiciales a los funcionarios marinistas objeto de acusaciones recurrentes de corrupción.

A más de tres años y medio de distancia, estas palabras no sólo son letra muerta sino corolario de impunidad y complicidad. De otra manera resulta inexplicable entender por qué nunca fueron detenidos o al menos sancionados el ex secretario de Obras, Javier García Ramírez; el ex secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, el ex subsecretario de Administración, Jorge Mendoza Velarde; el ex secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, etcétera, etcétera.

O por qué el ex secretario de Salud, José Alfredo Arango García, quien fue detenido y acusado de enriquecimiento inexplicable, al no poder justificar el origen de 28 propiedades y ocho cuentas bancarias a nombre suyo y de otros integrantes de su familia, y de peculado y daño patrimonial por casi ¡8 mil 500 millones de pesos!, fue liberado a escasos dos años de haber ido a prisión.

O por qué exfuncionarios marinistas con señalamientos recurrentes de corrupción como el exsecretario de Educación Pública, Darío Carmona García, fue incluso hasta reclutado en las filas morenovallistas.

Mario Marín está de regreso, y con él algunos de los que ocuparon posiciones importantes en el gobierno del estado, el Congreso local y el Congreso de la Unión, así como en el PRI y el Poder Judicial. Sólo hay que voltear a las delegaciones del gobierno federal, observar quiénes se perfilan como candidatos en los comicios federales de 2015, quiénes se están empoderando con miras al 2016 y 2018, y detenerse en quiénes están llegando y van a llegar a la dirigencia estatal y municipal del tricolor.

Nos guste o no, Mario Marín está de regreso, erigiéndose como el grupo político priísta mejor organizado y estructurado, por encima de otros que giran en torno al ex gobernador Melquiades Morales Flores, la senadora Blanca Alcalá Ruiz y los diputados federales Enrique Doger Guerrero y Javier López Zavala.

Y todo gracias al morenovallismo y su soberbia, al morenovallismo y sus pactos de impunidad, al morenovallismo y sus incumplidas promesas de combatir frontalmente la corrupción.

Bien dice el dicho: lo que no te mata, te fortalece.

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En la sombra, el exgobernador Mario Marín Torres ha comenzado a operar, a reunirse con distintos actores políticos de Puebla y la capital del país e incluso a construir puentes con quienes en el pasado reciente fueron de sus más severos críticos. Y no me refiero sólo al exrector de la BUAP, y expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

Los que lo conocen y han estado cerca de él en los últimos años, sostienen que Marín Torres mantiene una red de relaciones a lo largo y ancho de la entidad que importantes figuras nacionales y estatales quisieran aprovechar, para incidir de manera significativa en las elecciones federales de 2015 y en las locales de 2016.

Entre ellos el fundador y presidente del Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, a través de algunos operadores suyos en la entidad, como Jorge Eduardo Vázquez González, quien en la gestión gubernamental de Marín Torres se desempeñó como titular del extinto Instituto Poblano de la Juventud, y en las elecciones presidenciales de 2012 como coordinador de Defensa del Voto del excandidato perredista en el área metropolitana de Puebla.

Los enterados dicen que incluso hace un par de meses el exgobernador Marín se reunió en la Ciudad de México con algunos dirigentes de Morena, y que entre los operadores  del encuentro habría participado otro exgobernador de Puebla.

¿Será?

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Un dirigente del Partido Verde Ecologista de México que también anda en busca de una diputación en las elecciones federales del año entrante es Elieser Popocatl Castillo, quien en poco más de seis meses ha logrado afiliar a esta organización a más de 6 mil ciudadanos de la región de Atlixco.

Elieser Popocatl fue presidente del Comité Municipal Electoral de Puebla de la extinta Comisión Estatal Electoral, director general del Instituto Electoral del Estado, promotor e impulsor del Partido Ciudadano Anticorrupción que en 2012 tramitó su registro como partido estatal, y excandidato a diputado local del Partido del Trabajo en el distrito de Atlixco.

Actualmente es uno de los principales dirigentes regionales del PVEM, junto con la diputada local Geraldine González Cervantes, quien, como le comenté aquí hace unos días, podría ser la candidata en la que se materialice la coalición de su partido con el PRI en las elecciones federales de 2015.

En mi columna del pasado 15 de agosto, le informé que el PVEM iba a negociar con el PRI no uno sino dos distritos en el estado de Puebla. Ahora le puedo confirmar que estas demarcaciones serán la 13 con cabecera en Atlixco, y la 15 con cabecera en Tehuacán, y que las cartas del partido  verde serían Elieser Popocatl y Geraldine González.

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Si el gobernador Rafael Moreno Valle no sale ya a ofrecer una disculpa pública, y destituye por lo menos a un secretario de su gabinete, la crisis que enfrenta por el caso Chalchihuapan, la Ley Bala y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, puede tornarse en un escándalo que arruine no sólo su proyecto presidencial, sino a toda su administración en lo que resta de su sexenio.

A juzgar por las acciones y el discurso de sus operadores políticos, de medios de comunicación y redes sociales, da la impresión que el Ejecutivo estatal no ha dimensionado el tamaño de la crisis, ni identificado las causas que la originaron, ni los costos políticos y sociales que tendrá en el mediano y largo plazos en términos de su credibilidad e imagen pública.

Mientras más tarde el gobernador Moreno Valle en disculparse y atender las causas reales que la originaron —su intolerancia y modo autocrático de gobernar— sus márgenes de maniobra y operación se harán cada vez más estrechos.

La crisis de la Ley Bala ya pasó de una fase aguda, caracterizada por la presión de los medios, las redes sociales y la espectacularización de la información, a una fase crónica en la cual los acontecimientos y el repudio de la opinión pública y publicada lo están obligando a pagar los efectos políticos, jurídicos y administrativos que propiciaron el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, con un saldo de 40 policías lesionados, un número similar de pobladores y la muerte de un niño de escasos 13 años de edad.

La abrogación de la Ley Bala es apenas el principio. Sin embargo esta acción resulta insuficiente dada la evolución de la crisis y los actores que se han involucrado en el conflicto que, dicho sea de paso, no se resolverá con millonarias gacetillas en medios nacionales, cuantiosas campañas o videos patrocinados en redes sociales, y la propagación de la insostenible versión oficial en medios locales carentes no sólo de lectores, radioescuchas o televidentes, sino de credibilidad y legitimidad.

Moreno Valle debe verse en el espejo de Mario Marín y el escándalo propiciado por la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho por presiones del empresario Kamel Nacif.

Los errores que cometió el llamado Góber Precioso, los está repitiendo Moreno Valle y su equipo de asesores y operadores pero sin dimensionar que en ese caso hay una víctima en extremo sensible: un niño pobre, indígena y de apenas 13 años de edad, cuyo único pecado fue acompañar a su madre a una manifestación para reclamar la restitución de los servicios del registro civil a la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Otro factor fundamental que el gobernador no está valorando, y que es el mayor detonante del escándalo en que se encuentra inmerso, son los agraviados que ha dejado su administración: miles de burócratas despedidos; decenas de empresarios excluidos de los contratos de obra pública y prestación de servicios, o de concesiones de transporte público o centros de verificación vehicular;  decenas de activistas presos y periodistas amenazados; y millones de ciudadanos afectados por las elevadísimas fotomultas, las nuevas tarifas de agua, los retenes viales y los operativos alcoholímetro del fin de semana, el pésimo estado de los pavimentos y la realización de obras faraónicas carentes de sentido social.

Estas son las verdaderas causas de la crisis. La lamentable y trágica muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue sólo el detonante.

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Cutberto Cantorán Espinosa quiere sacar provecho de un acuerdo que el PRI no le cumplió, y por el cual hoy estaría sentado en una curul de San Lázaro, en lugar de Javier Filiberto Guevara González.

Dicho acuerdo político —celebrado en 2012 entre Cutberto Cantorán y Filiberto Guevara, por intermediación del entonces dirigente estatal del PRI, Fernando Morales Martínez— establecía que ambos personajes serían diputados en la LXII Legislatura y por el mismo distrito electoral federal con cabecera en Izúcar de Matamoros.

Filiberto Guevara sería diputado propietario, y al año medio pediría licencia para que su curul la ocupara su suplente Cutberto Cantorán.

Cumplido el plazo, el expresidente municipal de Izúcar no cumplió su promesa de pedir licencia, y el exdirigente de la Sección 23 tampoco se inconformó, ya que por esos días fue nombrado delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Puebla.

Sin embargo, hoy que se aproxima el proceso de selección de candidatos, Cutberto Cantorán quiere aprovechar esta circunstancia para que el PRI no sólo le despeje el camino de posibles contendientes, sino para que ahora sí lo nomine a una diputación federal por ese distrito, puerta de la Mixteca poblana.

Habrá que ver qué dice la delegada de la Procuraduría Agraria y expresidenta municipal de Huaquechula, Isabel Merlo Talavera, quien también aspira a ser diputada por esa demarcación en los comicios federales del año entrante.

De las elecciones extraordinarias en Acajete

Aunque las elecciones extraordinarias en Acajete y Cuapiaxtla han merecido poca atención de los medios de comunicación, por el insignificante peso electoral que tienen, en ambos municipios vienen dándose acontecimientos que vale la pena mencionar.

Entre estos habría que destacar el inusual y atípico incremento habido en el padrón electoral registrado en los meses previos al inicio del proceso, un derroche de recursos que rebasa por mucho los ridículos topes de gasto de campaña fijados por el IEE, y la utilización y manipulación de programas sociales con fines clientelares.

En Acajete, municipio localizado en la parte central del estado, perteneciente al distrito de Amozoc y de escasos 53 mil habitantes, lo más relevante es que el PRI se enfrenta a sus otrora operadores Mario Rincón González y Omar Álvarez Arronte, hoy al servicio del gobierno de Moreno Valle.

A sabiendas de eso, el PRI tuvo que nominar a un candidato diferente a la que postuló en las elecciones ordinarias de julio de 2013. Sustituyó a Carolina Martínez de Jesús, quien quedó en cuarto lugar, pero sin dejarla fuera de planilla de regidores que hoy encabeza Víctor Hugo Domínguez Amado.

A su vez, la coalición morenovallista decidió mantener al mismo candidato, el perredista Antonio Aguilar Reyes, pero sumando —bajo la figura de candidatura común— a quien quedó en tercer lugar en aquellos comicios que fueron anulados por el Instituto Electoral del Estado: Braulio Martínez López, del partido estatal Pacto Social de Integración.

El mecanismo para lograrlo fue un sui géneris acuerdo político entre Antonio Aguilar y Braulio Martínez, para que el primero gobierne el ayuntamiento de Acajete los dos primeros años y el segundo los siguientes dos.

Un tercer candidato que completa el abigarrado proceso electoral extraordinario de Acajete es Roberto Ramírez Cervantes, quien obtuvo la segunda mejor votación y ahora repite como abanderado de Movimiento Ciudadano, y quien optó por no hacer alianzas con ningún partido, aunque sí con un influyente personaje de la región y del cual es familiar, el magistrado Carlos Loranca Muñoz, director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial en los estados de Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz.

Los enterados aseguran que el magistrado Loranca, quien hace un mes organizó una comilona para más de 300 personas en su casa de Acajete, a la que incluso llegó el exgobernador Mario Marín Torres, podría convertirse en el fiel de la balanza de esta elección extraordinaria, en caso de que las posibilidades de triunfo de su pariente se complicaran.

Y es que los votos de Roberto Ramírez podrían arrebatarle el triunfo al perredista morenovallista Antonio Aguilar o dárselo al priísta Víctor Hugo Domínguez.

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