Ayer, durante la comida por el cumpleaños número 80 del periodista Enrique Montero Ponce, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se levantó para ir al tocador y estando en el baño sufrió un desvanecimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 16 horas en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Presidente Intercontinental, donde tuvo lugar dicho festejo.

Pero qué necesidad

Este jueves el Congreso del estado aprobará las reformas a la Ley de Transparencia.

Si las reformas y adiciones serán de avanzada o si éstas se ajustarán estrictamente a lo establecido por el 6º constiticional, es algo todavía incierto.

Hasta ahora, y gracias a la presión de académicos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el grupo mayoritario dentro del Poder Legislativo, el PRI, ha flexibilizado su posición, pero no al grado de aceptar la autonomía de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) o de tipificar dentro de la propia Ley de Transparencia sanciones para los funcionarios que oculten, nieguen o escamoten la información pública que se les requiera.

El gobernador Mario Marín y la fracción parlamentaria del PRI tienen la gran oportunidad de darle a Puebla un jalón en materia de transparencia y rendición de cuentas o de mantener a la entidad en el sótano de la opacidad, con cambios de forma, pero no de fondo, o con reformas de apertura sujetas a tortuosos candados legales.

La estrategia de Casa Aguayo y de los diputados del PRI de querer sacar la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres, a cambio de una reforma de avanzada a la Ley de Transparencia, no sólo es equivocada, sino torpe, pues deja al imaginario colectivo la sensación de que algo turbio y podrido se enconde el estado de origen y aplicación de recursos del ejecutivo del estado en el ejercicio 2007.

Usar la reforma a la Ley de Transparencia como moneda de cambio, no sólo es un despropósito, sino una transacción inmoral, que dejará mal parados al gobernador y a los diputados del PRI y la oposición que se presten a esta negociación.

Ambos procesos, la aprobación de la Ley de Transparencia y la aprobación de la cuenta pública del gobernador, deben seguir sus propios derroteros.

En el primero, Mario Marín puede ganar legitimidad —que mucha falta le hace, después del escándalo en que se vio envuelto por el litigio con la periodista Lydia Cacho— con una reforma de avanzada, que dote de autonomía operativa, de gestión y de decisión a la CAIP; que facilite a los ciudadanos la obtención de información pública, a través de instrumentos ya probados como el Infomex; que convierta a partidos políticos, fideicomisos y demás instituciones que reciben financiamiento público en sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que fije plazos a las dependencias para publicar sus indicadores de gestión.

Por lo que hace a la cuenta pública, creo que el PRI debería redefinir su estrategia, partiendo de que tiene la mayoría, y de que aun con los votos de la oposición en contra, no existe ningún riesgo de que dicha cuenta se quede sin aprobar.

Si el PRI se abre al debate y reta a la oposición a que documente y pruebe las acusaciones e inconstencias que seguramente denunciará, pondrá a sus críticos contra la pared, pues estos no tendrán más remedio que probar sus dichos —cosa que hasta el momento no han hecho— o quedarse callados, a riesgos de ser exhibidos como diarréicos verbales.

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Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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Aunque usted no lo crea, como diría Jack Palance en su célebre programa Ripley’s Believe It or Not!, entre el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, y el gobernador Mario Marín Torres, ha habido más de un pacto político electoral.

Uno, ya lo confesó el propio Manuel Espino la semana pasada, cuando a un grupo de periodistas de la ciudad de México le confió que después del segundo debate presidencial, se reunió con 10 gobernadores priístas, entre ellos Mario Marín Torres, para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006.

Hay que añadir, como información complementaria, que antes de que Manuel Espino hiciera públicos esos arreglos poco ortodoxos, dos personajes cercanísimos al entonces candidato presidencial del PAN, Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava Vázquez, ya habían dado el primer paso en las concertacesiones electorales con los gobernadores priístas.

El actual secretario de Gobernación, junto con el hoy secretario particular de Felipe Calderón tuvieron su primer acuerdo con los gobernadores priístas Nuevo León, Natividad González Parás, y del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Pero no nos distraigamos, y menos cuando del primer arreglo entre Manuel Espino y Mario Marín ya nos ocupamos el pasado 3 de julio, en este mismo blog.

Ahora vayamos al segundo pacto.

Éste tuvo lugar el 5 de mayo de 2007. Sí, el mismo día del desfile cívico militar, con motivo del 145 aniversario de la gesta heroica de Puebla.

Ese sábado Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, no fueron los únicos que volaron a Puebla.

También lo hicieron, aunque por separado, Manuel Espino y Carlos Salomón Cámara, éste último en su rol de publirrelacionista. Ambos se entrevistaron con el gobernador, y el acuerdo que selló el primero y del que fue testigo privilegiado el segundo, fue también electoral.

Los priístas, en la persona de Marín, se comprometieron a no hacer escarnio de la figura presidencial en la campaña de diputados al Congreso del estado y de presidentes municipales, y los panistas, a su vez, a olvidarse del caso del góber precioso y la periodista Lydia Cacho.

De ahí que al inicio de la campaña electoral del 2007, Manuel Espino aprovechó el seminario de capacitación que el PAN ofreció a sus candidatos en el cristiano Colegio Intercanadiense de San Pedro Cholula para tirar línea a sus candidatos: “No necesitamos del escándalo Marín-Cacho para ganar las elecciones”.

Las declaraciones de Manuel Espino se produjeron el domingo 19 de agosto de 2007, y fueron seguidas al pie de la letra por el dirigente estatal panista, Rafael Micalco Méndez, quien ese día no se cansó de repetir que su partido no recurriría al caso Marín-Cacho como estrategia electoral, pues sus candidatos harían campañas de altura y con propuestas reales.

Y así les fue a los panistas.

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Si quiere consultar más información sobre el tema, revise la siguiente nota bajo la firma de Ignacio Juárez Galindo o la crónica publicada ese mismo día por Mario Martell en Intolerancia.

– Ni “guerra sucia” ni excesiva confianza, insta Manuel Espino a panistas
– Desconoce Espino su origen político

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Por si los documentos que en su edición de ayer publicó El Sol de Puebla no fuera suficientes para echar a Antonio Juárez Acevedo de la Comisión para el Acceso de la Información Pública (CAIP) este día e-consulta y este blog reproducen un directorio de agrupaciones políticas nacionales, de agosto de 2004, elaborado por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE).

En dicho directorio, que e-consulta ya había publicado en julio de 2007, se puede apreciar cómo todavía en agosto de 2004, Antonio Juárez Acevedo aparecía como secretario general de Plataforma Cuatro, y Marco Tulio Zárate Luna como presidente de esta agrupación política nacional.

Marco Tulio Zárate, para más datos, se inscribió en enero de 2007 como compañero de fórmula de Aischa Vallejo Utrilla para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Mantener al frente de la CAIP a Juárez Acevedo no sólo es un acto terquedad política por parte de los diputados priístas y el gobernador Mario Marín Torres, sino afrenta la legalidad y legitimidad del proceso donde aquel fue designado.

Y es que el presidente de la CAIP no sólo incumplía con uno de los requisitos de la convocatoria, no haber formado parte de un partido o agrupación política nacional, sino porque falseó su curriculum vitae al omitir ese importante dato a los diputados de la LV que revisaron y aprobaron su expendiente.

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De cómic las últimas declaraciones del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, en el sentido de que su homóloga Olga Lazcano Ponce podría ser relevada del máximo organismo electoral por andarlo acusando de corrupto, con sumas y restas que no cuadran, y por meterse a fiscalizar los recursos públicos asignados al IEE cuando, según él, esa no cuestión no forma parte de sus facultades y atribuciones.

Lo que a Jorge Sánchez se le olvida es que fue él mismo, quien después de presentar su polémico informe sobre el ejercicio presupuestal de 2007 y frente a las críticas y cuestionamientos que recibió de consejeros y representantes de partidos políticos, él mismo aceptó someterlo a glosa, cosa que a la fecha se ha negado a realizar.

El consejero presidente tampoco ha querido proporcionar a los consejeros, entre ellos a Olga Lazcano que forma parte de la Comisión Permante de Administración, los cinco informes de auditoría que dejó la anterior contralora interna, Dalhel Lara Gómez, y los resultados de la auditoría del despacho externo Freyssinier Morin, y tampoco a ofrecer una explicación del por qué no cuadran los informes financieros parciales que los consejeros han recibido con el que rindió en marzo del 2008.

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Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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Un bien informado reportero de la ciudad de México me comenta que off the record, el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, sí mencionó el nombre de Mario Marín Torres como uno de los 10 gobernadores priístas con los que se reunió para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales de julio de 2006.

En esa conversación de lunes por la tarde y fuera de grabadoras, Manuel Espino citó dos nombres más de gobernadores, los de Eduardo Bours Castelo, de Sonora, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz.

El ex dirigente nacional panista dijo que el pacto con los 10 gobernadores priístas se efectuó en distintos momentos, pero en todos los casos después del segundo debate presidencial, cuando ya era más que claro que el priísta Roberto Madrazo Pintado no tenía ninguna posibilidad de ganar en las elecciones del 2 de julio.

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¿Por qué el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, jura y perjura que sólo autorizó la construcción de 3,300 viviendas para el fraccionamiento Jardines de La Montaña, en el encinar del cerro de La Calera, y la empresa constructora Alteq, de la que son socios Vicente Bortoni y Federico Bautista, tiene un permiso para edificar 7,720 casas?

¿Si Enrique Doger no firmó, como dice esa autorización de enero de 2008, entonces quién lo hizo por él?

¿Acaso su fiel secretario en el ayuntamiento de Puebla, Ignacio Mier Velasco?

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¿Qué secretario de despacho del gabinete marinista, con fama de financiero, pretende malbaratar, perdón, concesionar, las autopistas Tlaxco-Tejocotal y la libre a Teziutlán, en menos de una cuarta parte de lo que costaron en el sexenio del gobernador Melquiades Morales Flores?

¿Será cierto, como dice, que esa es la mejor alternativa para financiar las obras de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan?

¿O será que quiere hacer su vaquita antes de salir del gabinete para buscar una diputación federal?

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¿A qué atribuir que la administración municipal de Enrique Doger Guerrero se haya gastado en el 2007 la friolera de 43 millones de pesos en pago de gasolina, y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz sólo se gastará 30 millones de pesos por el mismo concepto?

¿A poco de veras la gestión de Blanca Alcalá es muy eficiente y ahorradora?

¿No será que los gastos de aquél estaban también muy inflados, o sobrefacturados como tantas otras cosas, como los arrendamientos de inmuebles, los celulares y los equipos de radiocomunicación?

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¿Qué ex dirigente empresarial metido de asesor de Enrique Doger Guerrero en el ayuntamiento de Puebla se encargaba de agendarle algunas entrevistas con columnistas y corresponsales extranjeros acreditados en México?

¿Cómo se ganó este ex presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) el apoyo de Dolly Mascareñas, corresponsal de la revista Times y presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en México?

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¿A cuánto ascienden los millonarios contratos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado ha cubierto a la firma IQUIA para la modernización de las oficinas recaudadoras, los equipos y el sistema de cobro electrónico de impuestos?

¿Qué relación guarda esta empresa consultora con el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y con el subsecretario del ramo, Juan Alberto Armendáriz Martínez?

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Hace unos días la presidenta de Puebla Verde, Verónica Mastretta Guzmán, cuestionaba en un artículo aparecido en la sección Punto de Vista de e-consulta qué sentido tenía que un gobierno emitiera decretos de protección sobre ciertas reservas ecológicas, si el siguiente llegaba y modificaba todo, sin hacer pública esa información.

La crítica de Verónica Mastretta tiene mucho de fondo y de actualidad, pues varias de las áreas que en el sexenio de Manuel Bartlett fueron declaradas como de preservación ecológica, hoy están a punto de perderse por culpa de gobiernos y funcionarios abusivos, que han encontrado en los cambios de uso de suelo y en los desarrollos inmobiliarios un filón para enriquecerse a costa del medio ambiente.

En el Periódico Oficial del estado, fechado el 8 de abril de 1994, se publicó un decreto firmado por el entonces gobernador que declaraba como áreas protegidas algunas zonas boscosas de la periferia de la ciudad de Puebla, entre ellas el Parque Ixta-Popo, la zona arbolada del cerro de Amalucan y el Parque Flor del Bosque.

En ese mismo decreto también aparecían como áreas de preservación ecológica el Cerro Zapotecas, donde actualmente se construyen conjuntos residenciales de la familia Blanca García, el encinar del ex rancho La Calera, donde la empresa Alteq pretende levantar 7,720 viviendas de 3.70 metros de frente por 13 metros de fondo, y el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, sobre el que ya se talan ahuehuetes para dar paso a un fraccionamiento en el que estarían involucrados los empresarios Alfredo Miguel y Pedro Maccise.

La historia negra de cómo esos pulmones verdes de la zona metropolitana de Puebla están por perderse, es de lo más interesante.

En el caso de las 380 hectáreas del ex rancho La Calera, resulta que una parte de esas tierras de la familia Bautista O’Farril pasaron al Fobaproa, como dación en pago de un crédito bancario. Por tratarse de 165 hectáreas en breña y sin uso de suelo, que el banco en cuestión no pudo vender, el encinar llegó a manos del IPAB.

Y fue ahí donde se consumó un gran negocio, pues las tierras fueron adquiridas a precio de remate por Kamel Nacif Borge, y revendidas por éste –diez veces más caras– a la constructora Sare, para la edificación del complejo Galaxia La Calera.

Intermediario en esa fraudulenta operación fue el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, quien, con malas artes, obtuvo del alcalde Luis Paredes Moctezuma y su Cabildo, el 24 de diciembre de 2005, el cambio de uso y la autorización para construir vivienda intensiva.

Paredes Moctezuma había autorizado la construcción de 6 mil casas, sin embargo su sucesor, el priísta Enrique Doger Guerrero, sólo dio permiso para 3 mil.

Lo mismo sucedió con el predio de 5 hectáreas, conocido como el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, ubicado en la esquina que forman la avenida Zavaleta y el boulevard Forjadores de Puebla.

Dicho terreno también se entregó como dación en pago a un banco, que al no poder venderlo por tratarse de una reserva ecológica, lo entregó al Fobaproa (hoy IPAB).

En 1997 el ex vivero de Santa Cruz fue rematado a razón de 40 pesos el metro cuadrado, y hace un par de semanas sus propietarios, ya con permiso de uso de suelo, obtenido en la gestión de Enrique Doger Guerrero, y con autorización del delegado de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Beristáin Gómez, comenzaron a talar ahuehuetes y a trazar lo que sería un nuevo fraccionamiento.

En el pasado reciente hubo un intento del ayuntamiento capitalino por hacerse de ese predio, pero no pudo concretarse debido a que poseedor exige por él 80 millones de pesos o, si se prefiere, 1,600 pesos por metro cuadrado, no obstante que el mismo fue comprado, como ya se mencionó, en sólo 2 millones de pesos.

¿Hasta cuando las autoridades van a permitir estos abusos?

¿A poco el gobierno de Mario Marín y el ayuntamiento de Blanca Alcalá no pueden hacer algo para impedir la pérdida de estas reservas ecológicas?

¿No que la ciudad y la zona metropolitana de Puebla tienen un déficit terrible de áreas verdes?

¿O es que el discurso oficial sobre el cuidado y preservación del medio ambiente sólo es de dientes para fuera?

¡Ojalá y no!

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Ahora que si quiere mayor información sobre este tema, lo mejor es que revise las siguientes notas:

– Violaron Doger y Paredes decreto de preservación en La Calera

– Exigen vecinos expropiación del ex vivero de Santa Cruz por tala ilegal

– El encinar que se nos fue en el ex rancho La Calera: Verónica Mastretta

– Motosierras en el ex vivero de Santa Cruz

Los gastos destinados al pago de alimentos, comidas y restaurantes, son hoy una de las mayores inconsistencias que presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio 2007 del Instituto Electoral del Estado, al grado que ni los auditores del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local saben cómo cuadrar.

Y es que los gastos de comida están diseminados, por decir ocultos, en varias partidas presupuestales: Alimentación para el personal de las dependencias y entidades, Víáticos nacionales, Gastos Institucionales y Gastos de representación.

Esa intencionada dispersión tuvo el propósito, como ya se dijo, de esconder el escandaloso gasto en comidas del consejero presidente Jorge Sánchez Morales durante el año pasado, y que conservadoramente supera los 350 mil pesos, es decir, el equivalente a casi mil pesos diarios.

Ahora entiende por qué la inspección que en la segunda quincena de mayo realizaron auditores del Orfise en las oficinas de la Dirección Adminitrativa del IEE, y de las que se llevaron 14 cajas con todo el soporte documental de las partidas destinadas a combustible y alimentación.

La gran interrogante sigue siendo para qué, pues los auditores del Orfise se pudieron llevar la documentación lo mismo para coregirla o limpiarla, que para utilizarla como prueba contra Jorge Sánchez Morales para fincarle responsabilidades por desvío o malversación de recursos públicos.

Sobre este tema, mañana le ampliaré algunos detalles, a partir de la exposición que el viernes pasado hizo ante el Consejo General del IEE la consejera Olga Lazcano Ponce.

No se los pierda.

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A propósito.

Por instrucciones del consejero presidente del IEE, este blog y el portal digital donde se difunde fueron censurados, a través del servidor que da servicio a la red del máximo órgano electoral del estado.

El problema para Jorge Sánchez es que este bloqueo se le está revirtiendo, pues ahora son más consejeros y empleados del Instituto que están pendientes de lo que se publica en e-consulta, al que ingresan desde su casa o por la red inalámbrica que funciona dentro de las instalaciones del organismo.

¡Lástima Margarito!

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Este viernes el secretario particular del gobernador Mario Marín Torres, Guillermo Deloya Cobián, celebró su cumpleaños número 37 con una comida en el fraccionamiento Puerta de Hierro, a la que asistieron el ex dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado; Raúl Salinas de Gortari, los empresarios Ricardo Henaine Mezher y Emilio Maurer Espinosa; el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano y su señor padre, el periodista Enrique Montero Ponce; el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; el abogado Miguel Quirós Pérez; el director de Atención y Gestión Universitaria de la UAP, Damián Hernández Méndez, y el recién nombrado consejero del IFE, Francisco Javier Guerrero Aguirre.

Este último, por cierto, fue profesor de Guillermo Deloya y su asesor de tesis para el grado doctor en la Universidad Anáhuac.

El anfitrión de la comida fue el empresario Fernando Alonso González, compadre del festejado.

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Las maestras Lilia Vélez Iglesias y Eva Pérez Castrejón fueron seleccionadas, tras un largo proceso en el que tuvieron que competir con profesionistas de todo el país, como evaluadoras del Ceneval para las carreras de periodismo y comunicación organizacional en la República Mexicana.

Lilia Vélez es maestra responsable de la carrera de periodismo en la UPAEP, y Eva Pérez de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la misma institución.

Su nombramiento como evaluadoras del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) les llegó la semana pasada.

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Trivia electoral para iniciados.

¿Que aspirante a gobernador del PRI, que de manera recurrente ha dicho que no le interesa ese cargo de elección popular, anda construyendo en distintos municipios de la entidad sus redes de apoyo?

Pistas:

Ya es compadre del gobernador Mario Marín Torres.

Ya también cuenta con la ciudadanía poblana.

Y aunque en su corazón late fuerte y claro su sentimiento priísta, no quiere perder su perfil ciudadano y pluralista.

Ah. Su influencia también llega al PRD.

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¿Y si López Zavala no es el candidato?
Enoé González Cabrera, al PRI de Puebla

Aun cuando es de dominio público que el favorito del Mario Marín Torres para sucederlo en la gubernatura de Puebla es el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, la pregunta que flota en el ambiente es si éste le garantiza al PRI ya no una victoria contundente, sino al menos apretada en los comicios locales del 2010.

Más allá de las filias o fobias que el “Proyecto Zeta” levanta entre la clase política priísta, creo que la viabilidad de esta candidatura y otras no estará en función de los afectos del gobernador, sino de factores y circunstancias de coyuntura.

Un antecedente que no hay que perder de vista, para no errar sobre el desenlace de la sucesión gubernamental, es la manera en que en 2007 se decidió la candidatura de Blanca Alcalá Ruiz a la presidencia municipal de Puebla.

La primera alcaldesa en la historia de Puebla no era la aspirante más conocida, ni la mejor posicionada en las encuestas, y tampoco la favorita del gobernador Marín.

Entre las circunstancias que inclinaron la balanza a su favor –y que hoy, sin proponérselo, la tienen en la antesala de la gubernatura– destacan que el gobernador no quiso arriesgar en ese proceso a su carta fuerte, Javier López Zavala, y que éste tampoco quiso aventurarse; que la figura del ex futbolista Roberto Ruiz Esparza, antes de ser vetada por la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, tuvo escaso eco entre los priístas, y que el PAN se equivocó con la nominación de Antonio Sánchez Díaz de Rivera.

Si bien ningún proceso electoral es igual a otro, me parece que tampoco se puede descartar del todo un escenario similar, y menos cuando muchos de los protagonistas de aquel proceso hoy aparecen otra vez en la escena pública como actores de primer orden.

Blanca Alcalá dice que no está en sus planes inmediatos la gubernatura del estado, como tampoco lo estaba en el 2007 la candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

López Zavala sigue siendo la carta fuerte del gobernador para heredarle el cargo, aunque no la única. En el escenario se vislumbran ya otras opciones, como el actual secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano; el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, y la actual presidenta municipal de Puebla.

El secretario de Desarrollo Social tiene como entonces amplias posibilidades, pues tanto la estructura del partido como la del gobierno están a su servicio. Quizá su mayor problema sea la percepción que los priístas y los ciudadanos tienen sobre su persona, como el candidato de la continuidad y las complicidades marinistas, cuestión que al final le suma más votos en contra o de rechazo que a favor.

En suma: creo que el derrotero de la sucesión priísta rumbo a Casa Puebla no estará marcado por aspectos afectivos o de oriundez, sino por factores y circunstancias de peso político y electoral.

Es decir, lo importante llegado el momento decisivo no será si López Zavala es o no el delfín del gobernador o si nació en Puebla o en Pijijiapan, Chiapas, sino si éste es garantía de triunfo y si su candidatura generará más consensos que disensos dentro y fuera del PRI.

Por lo pronto, le dejo aquí un test de 10 preguntas que le darán luz acerca de quién podría ser el nominado del tricolor a Casa Puebla en el 2010. Por cada interrogante, escriba dos nombres, y al final encierre en un círculo el que más veces haya sido mencionado, pues ése y no otro es el que lleva la delantera.

1.¿Quién de los priístas que se mencionan para la gubernatura –Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Agüera Ibáñez, Enrique Doger Guerrero, Jorge Estefan Chidiac, Javier López Zavala, Jesús Morales Flores y Mario Montero Serrano– genera los mayores consensos al interior del PRI?

2.¿Quién le parece más honesto o el menos corrupto?

3.¿Con quién el PRI corre menos riesgos de sufrir fracturas o divisiones internas?

4.¿Con qué aspirante cree que los ciudadanos radicados en la entidad y que no militan ni simpatizan en PRI se podrían identificar mejor?

5.¿Quién cree que pueda resolver mejor los problemas del estado?

6.¿A quiénes de ellos confiaría las llaves de su casa o el futuro de sus hijos?

7.¿Quién de los priístas vencería con mayor facilidad al hoy senador panista Rafael Moreno Valle Rosas?

8.¿Qué priístas son los mejor aceptados por los grupos de poder fáctico que operan en Puebla, dentro del marco institucional, como la Iglesia Católica, El Yunque y algunos corporativos empresariales?

9.¿Qué aspirantes del PRI tendrían todo el apoyo de su dirigencia nacional?

10. ¿Quién podría llevarse mejor con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa?

Nota: Para que su pronóstico sea certero, el nombre de su favorito debió haberlo escrito al menos siete veces.

EN CORTO

La ex diputada local y ex diputada federal Enoé González Cabrera formará parte del nuevo Comité Directivo Municipal del PRI de Puebla. Será nombrada, una vez que Carlos Meza Viveros asuma la dirigencia, como secretaria adjunta a la presidencia.

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Ayer recibí una llamada de una fuente confiable para hacerme saber de un secuestro, ocurrido el pasado fin de semana, en el Centro Comercial Angelópolis. Se trata, según la versión, de dos jovencitas, una de segundo de secundaria, y otra de primero de preparatoria; ambas del mismo colegio privado.

De acuerdo con esta fuente, ambas estudiantes habrían sido secuestradas y llevadas fuera del país por una banda dedicada la explotación sexual de menores, uno de cuyos miembros habría sido detenido el miércoles pasado, en el mismo centro comercial, por agentes de la Procuraduría General de la República.

Según la misma fuente, el joven detenido habría confesado que sus víctimas eran seleccionadas vía internet, a traves de la red social Hi5.

Debo aclarar que tal denuncia no me fue posible corroborarla ayer domingo, por lo que hoy lunes seguiré insistiendo.

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Como parte de la estrategia electoral de la cúpula nacional panista y el presidente Felipe Calderón Hinojosa de tomar el control de la Cámara y hacerse de la mayoría parlamentaria en la próxima legislatura, en el transcurso de las próximas semanas se darán una serie de ajustes en las delegaciones federales de todo el país.

En Puebla, los delegados que con mayor celeridad serán reemplazados son aquellos identificados abiertamente con El Yunque, con  el anterior dirigente nacional panista, Manuel Espino Barrientos, y con la secretaria de Educación Pública, la dizque paisana Josefina Vázquez Mota.

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Antes de partir a España para participar en la Expo Zaragoza 2008 Agua y Desarrollo Sostenible, el gobernador Mario Marín Torres se reunió con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, para comunicarles que estará fuera del país una semana, conminarlos a redoblar esfuerzos en áreas de protección civil y seguridad pública, y pedirles estén alertas frente a posibles contingencias naturales como inundaciones, desbordamientos de ríos o deslaves de cerros.

En la reunión, efectuada a puerta cerrada en el Salón de Gobernadores, Marín expresó que en su ausencia el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, será quien jefature al gabinete y quien asuma su representación.

El gobernador les aclaró a sus funcionarios que sí fue invitado por el presidente Felipe Calderón, junto con otros cinco mandatarios estatales, de los cuales sólo tres –uno del PRI, Enrique Peña Nieto; uno del PAN, José Guadalupe Osuna Millán, y uno del PRD, Juan Sabines Guerrero– volaron en la comitiva presidencial. Los otros dos, además de él, son Juan Manuel Oliva Ramírez, del PAN y Zeferino Torreblanca Galindo, del PRD.

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A pesar de los esfuerzos del secretario de Salud del estado, Roberto Morales Flores, por mantenerse en el cargo, así sea como figura decorativa, éste podría tener los días contados, lo mismo que algunos de sus más cercanos colaboradores en la dependencia.

Entre ellos anote usted al jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social, Fortino Morales Pacheco, cuya remoción es exigida con urgencia por algunos de los nuevos funcionarios llegados a la Secretaría para acotar al hermano del ex gobernador Melquiades Morales.

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Donde Roberto Morales Flores sí logró salirse con la suya, y de paso dejar contentos a los médicos y enfermeras de la región de El Seco, fue en la jurisdicción sanitaria número 4, en la que hace unos días se efectuó un paro de labores en demanda de la remoción de la doctora Lisseth Violeta Aguilar.

El secretario de Salud logró reacomodar a su protegida en la jurisdicción número 1 con sede en Huauchinango, y mandar al jefe de ésta, José Luis Hernández, a la jurisdicción de El Seco, lo que es bien recibido por el personal que presta sus servicios en esta demarcación de la dependencia.

Los detalles de este pírrico triunfo de Roberto Morales, chéquelos en los comentarios enviados a este blog.

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Humberto Aguilar Coronado fue ratificado ayer como vicecoordinador de la fracción del PAN en el Senado de la República, y como miembro de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta.

Su ratificación le fue confirmada por el nuevo coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Enrique Madero Muñoz.

Aguilar Coronado se mantendrá además como responsable de la coordinación de debate parlamentario, es decir, como el personaje clave que decide dentro de la Cámara Alta que senador del PAN sube a tribuna y cuándo.