En el transcurso de hoy se darán a conocer algunos ajustes y enroques que involucran al Comité Directivo Estatal del PRI, a la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) y al Congreso del estado.

Estos cambios tienen un común denominador: el Proyecto “Z”, es decir, la estrategia del actual secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, de convertirse en el candidato del PRI a la gubernatura en el 2010, en sustitución de su principal promotor, el gobernador Mario Marín Torres.

Los cambios son los siguientes:

El periodista José Tomé Cabrera dejará la Dirección de Comunicación Social de la SDS, para incorporarse al Comité Directivo Estatal del PRI –que encabeza Alejandro Armenta Mier– como secretario de Prensa y Propaganda.

La vacante que deja en Desarrollo Social será cubierta por Óscar de la Vega Torres, quien actualmente se desempeña como subdirector de Comunicación Social del Congreso del estado, cargo en el que nunca estuvo subordinado al titular del área, José Abraham Vázquez Chávez.

En Comunicación Social, Óscar de la Vega volverá a hacer equipo con Erika Jaramillo González, quien continuará en la SDS como operadora de medios del secretario Javier López Zavala, quien ayer, por cierto, fue el orador oficial en la ceremonia conmemorativa del 198 Aniversario de la Proclamación de la Independencia de México.

En su mensaje, López Zavala apuntó que ya “es tiempo de terminar con los linchamientos mediáticos y las descalificaciones apriorísticas que enrarecen el ambiente político; es hora de acabar con los discursos exacerbados que nada aportan a la unidad de los mexicanos”.

A qué campañas o actores mediáticos hizo alusión el secretario en su discurso, francamente no lo sé. Lo que sí tengo claro es que la mala prensa que acompaña al gobernador Marín desde el escándalo Lydia Cacho tiene en él a uno de sus principales damnificados.

¿O no?

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Antonio Marín López, secretario de lujo en Salud
Letra muerta, las reformas al código electoral

¿En qué va a terminar el caso Juárez Acevedo?

A ciencia cierta no lo sé, aunque en estricto apego a derecho su caso debería terminar con su inmediata destitución como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), y el inicio de un procedimiento administrativo y penal por falsedad de declaraciones ante la autoridad.

Juárez Acevedo no sólo violentó la convocatoria y el artículo 27 de la Ley de Transparencia, al participar y ser nombrado comisionado de la CAIP, pese a no reunir los requisitos de elegibilidad, sino que ha mentido recurrentemente sobre ese pasaje de su vida.

Cuando en el 2006 el Congreso del estado emitió la convocatoria para el nombramiento de tres comisionados propietarios y tres comisionados suplentes, clara y explícitamente se estableció que nadie que se hubiese desempeñado como dirigente de algún partido o asociación política durante los últimos tres años, podía ser designado para tal cargo.

Adicionalmente, la fracción V del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública refiere de manera textual que “Para comisionado se requiere: No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación política durante los tres años previos al de su designación”.

Juárez Acevedo no puede argumentar demencia o ignorancia sobre este aspecto de la ley, y menos, como en su caso, tratándose de un abogado.

De ahí la conveniencia de que la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura, que esta semana revisará el expediente del presidente de la CAIP, no limite su acción al análisis de la procedencia o improcedencia de la remoción de Juárez Acevedo.

Que éste tiene que irse, es algo que se da por descontado.

Los diputados de la Comisión de Gobernación –que preside el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa– deben ir más allá de la destitución de aquel, una vez que el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han resuelto que Juárez Acevedo era miembro y directivo de Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP.

El gobernador Mario Marín Torres o –en su defecto– el contralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz también deberían pronunciarse por el inicio de un proceso administrativo y penal en contra de Juárez Acevedo, considerando que la CAIP era y sigue siendo un órgano del Poder Ejecutivo del estado.

Antes de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, la CAIP era un órgano auxiliar del Ejecutivo; hoy continúa como un órgano especializado de la administración pública estatal.

Dejar en la impunidad las falsedades, mentiras y violaciones legales cometidas por Juárez Acevedo, sería tanto como premiar a la opacidad y el cinismo de quien en la práctica ha sido el principal lastre de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, así como del descrédito de la CAIP como órgano garante del derecho a la información.

EN CORTO
La versión de que Antonio Marín López será el nuevo secretario de Salud de Puebla, en sustitución de Roberto Morales Flores es una magnífica noticia, que ojalá se confirme, no sólo porque se trata de un prestigiado hematólogo reconocido local y nacionalmente, sino porque se trata de un especialista en salud pública con amplia experiencia.

Antonio Marín es médico egresado por la UAP, con posgrado en el Hospital Civil de Puebla y especialidad en Hematología por el Instituto Nacional de la Nutrición de la ciudad de México.

Ha sido catedrático en las facultades de Medicina y Ciencias Químicas de la UAP, coordinador de la División de Enseñanza del Hospital Universitario de Puebla y jefe del Departamento de Hematología y Banco de Sangre del mismo nosocomio; director del Hospital General de Puebla (1994-1995), jefe del Departamento de Investigación y Enseñanza de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1996-1998), director general de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Puebla (1998-1999), y director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (1999 a la fecha).

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Este fin de semana llegaron a mi buzón sendos correos electrónicos que documentan cómo las últimas reformas al código electoral del estado, plasmadas en el artículo 200 bis, tendientes a evitar las precampañas y el uso de recursos públicos con fines de posicionamiento político o clientelar, no sirvieron de nada.

En un primer mail, un lector de este espacio me envía tres fotos de bardas rotuladas con el apellido del ex presidente municipal de Puebla, Doger, en el municipio de Zaragoza, en la Sierra Norte de Puebla.

Las coloridas bardas llevan además de la palabra Doger la firma y logotipo de la asociación que el ex presidente municipal de Puebla utiliza para promoverse como aspirante a la gubernatura: el Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema).

El segundo mail contiene seis fotografías de anuncios espectaculares, tomadas en Ciudad Universitaria y en el campus de Tehuacán, en las cuales el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez aparece en obras, saludando a estudiantes y profesores, o dando la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la institución.

Este correo electrónico de un supuesto grupo de estudiantes rechazados de la UAP cuestiona: “¿Qué onda, no que no se puede usar la imagen de un funcionario público para promocionarse?

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El ex director y fundador de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, Ismael Ledesma Mateos, rendirá protesta el próximo jueves 11 de septiembre como presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología.

La ceremonia, prevista para las 17 horas, tendrá lugar en el Paraninfo del Palacio de Medicina (Antigua Escuela de Medicina y también Palacio de la Inquisición) de la ciudad de México.

Durante el acto, el doctor Antonio Lazcano-Araujo, profesor de la facultad de Ciencias de la UNAM y experto internacional en el tema del origen del universo, dictará la conferencia magistral “El Origen de la vida, de Oparin al experimento de Millar: Atmósferas primitivas, atmósferas políticas”.

El doctor Ismael Ledesma, quien actualmente presta sus servicios como profesor investigador de la UNAM, ha publicado a la fecha dos obras: Historia de la Biología, y De Balderas a la Casa del Lago: La institucionalizacion de la Biología en México.

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El director de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla, Pedro Valdez Martínez, sigue empeñado en ganarse el repudio de los principales académicos de la institución, al insistir en su intentona de desaparecer la Maestría en Formación Docente para el ámbito regional.

La semana pasada, Pedro Valdez no sólo aumentó de 2000 a 4,500 pesos la cuota de inscripción para el propedéutico de este posgrado de calidad, sino que amenazó a los alumnos y profesores con cerrarlo, si no se inscribían al menos 15 estudiantes.

Su amago no deja de resultar absurdo, pues la verdad es que los 2,500 pesos adicionales que mensualmente tendrán que aportar los nuevos alumnos de la maestría, no garantizan nada, ni la calidad del posgrado, ni la permanencia de los profesores que actualmente integran su planta académica, y menos con el clima de hostilidad que desde la dirección de la UPN Puebla se impulsa contra varios de ellos.

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A nadie le debe sorprender que en el transcurso de las próximas semanas, las relaciones —hasta ahora amistosas e institucionales— entre el gobierno del estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entren en un periodo de crisis y desgaste, en el marco de la sucesión de Casa Puebla.

De hecho, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, con el apoyo de sus comités seccionales, ha registrado cómo en los últimos días, maestros disidentes de Elba Esther Gordillo han sido cobijados en Puebla para crear un frente antielbista o alentados  para sumarse a marchas en contra del dirigente de la Sección 23, Erick Lara Martínez.

Desde la perspectiva del SNTE, estas acciones son alentadas por el llamado delfín del gobernador Mario Marín Torres, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y operadas por el secretario de Educación Pública, Darío Carmona García, y el secretario general del sector popular del PRI en Puebla, Gonzalo Amador Juárez Uribe.

¿Con qué propósito?

Básicamente con dos objetivos: uno, debilitar al SNTE y a los dirigentes de su estructura conformada por comités seccionales, comités regionales, comités delegacionales y representantes de escuela y, dos, evitar que la estructura del Sindicato se vuelque a favor del senador Rafael Moreno Valle Rosas, como potencial candidato del PAN y el PANAL, a la gubernatura del estado en los comicios del 2010.

Para el secretario general de la Sección 23, las acciones que López Zavala ha emprendido para dividir y confrontar al SNTE, mediante la creación del Frente de Organizaciones Magisteriales y Ciudadanas (Fromac), son consecuencia del apoyo que en días pasados expresó la maestra Gordillo a las aspiraciones de Moreno Valle para convertirse en el sucesor de Mario Marín en Casa Puebla.

López Zavala no desconoce la capacidad de operación de algunos dirigentes del SNTE que antes trabajaron para el PRI, como el actual secretario general de la Sección 23.

En las elecciones federales de 2006, cuando López Zavala aún era secretario de Gobernación del estado le auguró a Erick Lara —entonces secretario de Conflictos de Primaria de la Sección 23— que el PANAL no obtendría en Puebla más de 10 mil votos.

El hoy dirigente de la Sección 23 tomó las palabras de López Zavala como un reto, y en los comicios presidenciales del 2006 logró que el PANAL alcanzara 108 mil sufragios, cifra que superó un año después, en las elecciones locales de presidentes municipales, con 152 mil votos.

Lo anterior explica por qué en las manifestaciones y protestas realizadas aquí en Puebla por maestros inconformes de las regiones de Teziutlán y Libres tengan como blanco de su crítica, además de la maestra Gordillo, las reformas a la Ley del ISSSTE y la Alianza para la Calidad de la Educación, al dirigente seccional de la 23 Erick Lara.

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Vienen más cambios en la Secretaría de Salud
Lilia Vélez Iglesias, al consejo editorial de Notimex

De las diferentes lecturas que pueden hacerse de la comida de Mario Montero Serrano con motivo de su cumpleaños número 54, una inequívoca es que el marinismo aún no define quién será su hombre fuerte para las elecciones de gobernador en el 2010.

Esta situación me lleva a concluir que el llamado “delfín” del marinismo, el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, podría estar perdiendo terreno frente a otros aspirantes o que el gobernador estaría abriéndose a otras alternativas que hasta hace poco parecían descartadas.

Uno de los primeros dilemas que los marinistas tendrán que resolver en el proceso de sucesión gubernamental es quién los representará en la contienda interna del tricolor, si el secretario de Gobernación o el secretario de Desarrollo Social.

Y es que no necesariamente el precandidato que surja del actual grupo gobernante tiene asegurada la nominación del PRI, pues lo más probable es que después de las elecciones federales de julio del 2009 otros priístas —ajenos a la burbuja marinista— se incorporen a la puja por Casa Puebla.

Entre éstos no habría que excluir a Blanca Alcalá Ruiz, con todo y que haya firmado ante notario público que sería presidenta municipal de tres años; al diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, y al ex diputado federal y líder cenecista Jesús Morales Flores.

Si Mario Marín tendrá, a diferencia de los últimos gobernadores de la entidad, desde Alfredo Toxqui  Fernández de Lara hasta Melquiades Morales Flores, la capacidad de dejar como sucesor al aspirante de su preferencia, es algo que aún está por verse.

Hasta ahora la constante es que gobernador no pone gobernador, y que Mario Marín tendrá que optar, como en su momento lo hicieron Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores, no por su favorito sino por el priísta que ofrezca las mayores garantías de triunfo en las elecciones del 2010.

EN CORTO

A sabiendas de que la remoción de Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud del estado podría interpretarse como un signo de ruptura con el melquiadismo, operadores del gobernador Mario Marín Torres se pusieron en contacto la semana pasada con el senador Melquiades Morales Flores para aclarar cualquier malentendido.

Melquiades Morales fue localizado en Singapur, y vía telefónica se le hizo saber que el gobernador Marín había tomado la decisión de aceptar la renuncia que en días pasados le presentó Roberto Morales como secretario de Salud.

La noticia, a decir de los enterados, no fue del agrado del ex gobernador.

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¿Quiénes más se irán con Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud?

Entre los probables funcionarios de la Secretaría de Salud que en el transcurso de los próximos días también dejarán la dependencia, una vez que se confirme la renuncia de su jefe, y la designación de un nuevo secretario o secretaria, anote usted los nombres de Javier Chávez Román, Javier Stefanoni Dossetti, Jorge Goerge Sánchez y Fortino Morales Pacheco.

Chávez Román fungía como secretario particular de Roberto Morales, Javier Stefanoni como su asesor, Jorge George como director de Atención a la Salud, y Fortino Morales como su operador de medios de comunicación.

Éste último, por cierto, nunca salió de la nómina de la Secretaría de Salud, tras su remoción como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría, pues se le reubicó en el Centro de Atención de Enfermedades Infecciosas como auxiliar administrativo, con la venia de Roberto Morales y del director de Administración y Finanzas de la Secretaría, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.

A la lista habría que añadir los nombres de otros cinco o seis delegados de jurisdicciones sanitarias, plenamente identificados con Roberto Morales, y en abierta pugna con el coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y el director de Operación e Infraestrutura, Leopoldo Eusa Dubbie.

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Entre algunos de los organizadores de la marcha  “Iluminemos México” causó malestar el intento de algunas organizaciones y personajes que en Puebla quisieron darle un sesgo religioso o tomar el control de la manifestación ciudadana realizada el sábado para exigir de las autoridades mayor seguridad y eficacia contra el combate a la delincuencia.

Este intento, fallido al final, fue protagonizado por Francisco Javier del Castillo Guerrero, a través de dos agrupaciones, Sociedad en Movimiento y Red de Participación Social (Repaso), de escasa presencia en la entidad.

Javier del Castillo y algunos de sus seguidores llegaron al reloj del Gallito antes de las 18 horas y se pusieron al frente de la manifestación, llevando su propio sonido, pese a que los organizadores de la marcha —entre otros, Verónica Mastretta Guzmán, Javier Maldonado Moctezuma, Amy Camacho y Gabriel Hinojosa Rivero— habrían acordado que sólo habría un sonido, que se trataría de una protesta silenciosa y pacífica, y sin consignas políticas, partidistas o religiosas.

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Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la agencia de Notimex, la poblana Lilia María Vélez Iglesias fue designada como integrante de su consejo editorial consultivo, junto con otros 12 destacados intelectuales, académicos y periodistas del país como Ana Cecilia Terrazas Valdés, Dorangélica De la Rocha Almazán, Rubén Esaud Ocampo Castañares, Raúl Rodríguez Cortés, Héctor Moreno Valencia, Omar Raúl Martínez Sánchez, Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, José de Jesús Castellanos López, Ingrid Catalina Negrete Rosales, Patricia Montelongo y de la Parra, Carlos Enrique Orozco Martínez y Luis Enrique Mercado Sánchez.

Lilia Vélez se desempeña actualmente como coordinadora de la carrera de Periodismo de la UPAEP, coordinadora estatal de la organizacion México Abierto y defensora de los derechos del lector del periódico Síntesis.

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El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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Por seis meses los fondos del Procedes estuvieron inactivos
Embarcan a Mario Marín con obra sin expediente

Una prueba más de la ineficiencia, desorden y falta de control que priva en la Secretaría de Salud del estado es el reporte de auditoria elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal sobre 47 millones de pesos que no fueron ejercidos y estaban destinados a la construcción de un hospital en la Sierra Norte de Puebla.

La partida en cuestión, procedente del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes), fue liberada y depositada el 14 de diciembre de 2007 en una cuenta de la Secretaría de Salud, que a su vez transfirió esa cantidad, dos meses después, a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.

Sin embargo, como entre el 15 de diciembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008, dichos recursos jamás se ejercieron para el fin que habían sido solicitados —la construcción de un hospital integral de Cuetzalan—, la Secretaría de la Función Pública exigió hace casi dos meses su devolución inmediata, así como los rendimientos financieros que éstos generaron.

Así se hizo. El gobierno del estado reintegró a la Tesorería de la Federación los 47 millones de pesos del Procedes junto con 1.1 millones adicionales por concepto de intereses, para evitarse mayores complicaciones con la Secretaría de la Función Pública y, de paso, para que ésta se involucrara directamente en el proceso de fincar responsabilidades a los funcionarios de Puebla implicados en estas irregularidades.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, el gobierno de Puebla no aplicó los recursos del Procedes en el hospital de Cuetzalan —que contaría con 10 consultorios, dos quirófanos, sala de expulsión, 30 camas, laboratorio, Rayos X, fisiatría, urgencias y farmacia, sobre un terreno de 19 mil metros cuadrados— por dos causas:

1. “Falta de control interno por parte de las áreas que operan el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en el Estado”.

2. “Que no se cuente con el expediente unitario de la obra, según lo señaló mediante oficio número COORGT-08/161, de fecha 13 de junio de 2008, el Lic. Ricardo Climent Flores, Coordinador General Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado”.

El caso no sólo exhibe el desorden que reina en la Secretaría de Salud, la negligencia de la SDUOP para elaborar un expediente unitario de obra y las diferencias entre los titulares de ambas dependencias (Roberto Morales Flores y Javier García Ramírez) por el control de la obra pública, sino incluso al gobernador Mario Marín Torres, que el domingo 7 de octubre colocó la primera piedra de lo que sería el hospital de Cuetzalan.

Según el boletín de prensa de ese día, el referido nosocomio beneficiaría a más de 90 mil habitantes de ese municipio de la Sierra Norte, de los cuales 72% son indígenas.

¿Cómo puede el gobernador Mario Marín poner en marcha un hospital cuya obra carece de proyecto ejecutivo y expediente unitario de obra?

¿Cómo el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez, puede decir que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, si 47 millones de pesos destinados a la construcción de un hospital en Cuetzalan tuvieron que devolverse a la Federación?

¿Que tan grave es la falta de coordinación entre las dependencias del ejecutivo o los pleitos entre los secretarios del gabinete, como para que tres de ellos —Finanzas, Salud y Obras Públicas— hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo durante seis meses en la ejecución de una obra?

Son preguntas, que conste.

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Este lunes, gracias a los buenos oficios del diputado federal Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se reunió a comer con el secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, Agustín Carstens Carstens.

Se sabe que después de esa comida, la primera alcaldesa de Puebla se entrevistó con su tesorero, Javier Ramírez Carranza, y que juntos acordaron el plan de reestructuración de la deuda de 570 millones de pesos que hoy tiene el ayuntamiento con diversas instituciones financieras.

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El senador Melquiades Morales Flores será quien dicte la cátedra inaugural de la escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla, el próximo martes 19 de agosto.

Después de la llamada prima lectio, los directivos de la universidad le entregarán al ex gobernador un reconocimiento “por su incansable apoyo y valiosa colaboración para el desarrollo de la cultura y la educación en Puebla”, acto al que han sido invitados sus ex secretarios y ex colaboradores.

La conferencia magistral de Melquiades Morales, que marcará el inicio de cursos del semestre otoño-invierno, tendrá lugar a las 10 horas en el auditorio de esta institución de los Legionarios de Cristo.

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Aunque el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad del ayuntamiento de Puebla, Fernando Ariza de la Fuente, ayer juró y perjuró que su presencia en la junta auxiliar de Azumiatla no debía tomarse como el inicio de su precampaña a la diputación federal por el distrito 11 de Puebla, la verdad es que los estrategas del PRI y su jefa, Blanca Alcalá Ruiz, a quien le cederán dos de las cuatro candidaturas de la capital del estado, no lo ven nada mal.

Quizás Fernando Ariza diga que no, como en su momento Blanca Alcalá decía que no cuando el PRI decidió incluirla en la lista de aspirantes a suceder a Enrique Doger Guerrero. La historia de lo que ocurrió después ya es de todos conocida.

En Azumiatla, el secretario de Desarrollo Económico puso en marcha el Programa de Articulación Productiva a Microempresarios, acto que contó con la presencia del gobernador Mario Marín Torres y de Blanca Alcalá.

¿Simple casualidad?

No lo creo.

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Hoy será un día de señales políticas de cara a la sucesión gubernamental, en el marco de la gira del presidente Felipe Calderón Hinojosa por la Sierra Norte de Puebla. Priístas y panistas deben mirar con atención con quién llega el mandatario federal, quién lo acompañará en sus trayectos, además del gobernador Mario Marín y los secretarios de su gabinete, y con quién tendrá pláticas amenas y a quién le mostrará indiferencia.

El personaje en cuestión es un senador y ha militado por igual en el PRI y en el PAN.

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“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, y eso es precisamente lo que pasa con el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien ayer, para variar, desestimó las denuncias que hizo el secretario de Salud Roberto Morales Flores, y las que se han hecho en contra de éste, atribuyéndolas a diferencias personales y no a cuestiones de corrupción.

En la Secretaría de Salud claro que hay corrupción, y claro que hay auditorías en proceso, aunque no para sancionar a los responsables, sino para encubrir los abusos y desvíos de quienes los han cometido.

Si el contralor dice que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, sería bueno que explicara entonces por qué hay desabasto de medicinas en las jurisdicciones sanitarias, y al mismo tiempo se sacan de ahí 52 toneladas de medicamentos y material de curación caducados, contaminados o echados a perder.

Por qué la Tesorería de la Federación está exigiendo a la Secretaría de Salud la devolución de 47 millones de pesos de recursos no ejercidos en 2007 más 1 millón 102 mil pesos por concepto de intereses.

O cómo van las auditorías que lleva a cabo su dependencia sobre los pedidos y pagos que se hicieron a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., y José Arturo Cedeño Díaz, por los contratos GESFAC-192/2007 y GESFAC 158/2007 sobre el suministro de papelería y ropa desechable por montos de 21 millones 187 mil pesos y 29 millones 509 mil pesos, respectivamente.

Y por qué su coordinador de delegados, Vicente Gil Díaz, acepta invitaciones a comer, en horas de oficina, con los principales proveedores de la Secretaría de Salud como Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez.

¿No será que la corrupción también lo salpica?

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Aunque finalmente Luis Paredes Moctezuma ya no se presentó el martes a denunciar ante la Procuraduría General de la República al ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por traición, sedición, rebelión, sabotaje, terrorismo y conspiración en perjuicio del Estado mexicano, de buena fuente le puedo confiar que el ex alcalde de Puebla está siendo alentado por la actual dirigencia nacional panista –entiéndase Germán Martínez Cázares– para golpear a Espino y sus aliados yunquistas.

Y en ese contexto no le extrañe que el mismo Paredes sea el medio para terminar con el vergonzoso amasiato que mantienen el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Mario Marín Torres, ahora que se acercan las elecciones federales y la sucesión gubernamental.

Un dato que me permite arribar a esta conclusión es la demanda que, finalmente, ya no presentó Luis Paredes en contra Manuel Espino, en la que también incluía al gobernador Mario Marín como cómplice del ex dirigente nacional del PAN, en las elecciones del 2006, y como aliado de algunos jefes locales de El Yunque, que pretendían enviarlo a la cárcel por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde de la capital poblana.

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Para denunciar y hacer del conocimiento de las autoridades federales la forma en que la Dirección Regional del INEGI, a cargo de Jorge Valdovinos Espinosa, viene contratando a personal directivo de este Instituto, la semana pasada se hizo llegar a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Función Pública esta queja, que ya se investiga:

“Con el pretexto de la autonomía del INEGI, la Dirección Regional con sede en Puebla, ha empezado a realizar nombramientos de funcionarios en puestos que de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tendrían que haber  sido concursados y fueron realizados por designación de las autoridades del INEGI.

“La semana pasada el M.V.Z. Jorge Valdovinos Espinosa, Director Regional (Calle Italia 75 Centro Comercial Plaza San Pedro, Puebla, Puebla, tel  01 22 23 00 41,  e-Mail jorge.valdovinos@inego.org.mx), presentó como la nueva Directora de Estadística (nivel directora de área) a la Mtra. Margarita Romero Centeno ( margarita romero@ inegi.org.mx), y a la Subdirectora  María Agustina Costa Genazzi ( maria.costa@ inegi,org.mx) y a un nuevo Jefe de Departamento, nombramientos que de acuerdo a lo mencionado en la Ley arriba mencionada, deben ser concursados.

“De acuerdo a la Ley que establece la autonomía al INEGI, menciona que debe nombrarse una Junta de Gobierno, misma que establecerá la normatividad interna, entre otras, la de recursos humanos, a no haberse nombrado esta Junta, la Casta Dorada de la burocracia del INEGI, realiza el acomodo de sus piezas, para seguir manteniéndose con el control del INEGI.

“Uno de los principales cuestionamientos del personal del INEGI, ante estos nombramientos es el de que la nueva Subdirectora no pasa un examen de capacidad mínimo para ocupar este puesto, ya que, del manejo de la computadora solo sabe el de los juegos especialmente el del solitario”.

La denuncia en cuestión no sólo quedó registrada bajo el folio 36422, sino que su autora recibió, con fecha viernes 25 de julio, el acuse correspondiente por parte de la Oficina del Presidente Calderón.

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Para mayor información sobre el tema principal de hoy, le recomiendo se remita a las siguientes columnas:

Roberto Morales Flores, acotado, pero sigue en Salud

Dudas metódicas

Salud, mafia de proveedores

¡Ay Dionisio!

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