¿Qué puede esperarse de un comisionado de transparencia que por encima de la Ley prolongó su gestión como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos de Puebla (CAIP) para seguir encubriendo la opacidad de la actual administración estatal?

Francamente nada o más de lo mismo.

Durante el mandato de Javier Fregoso Sánchez la CAIP ha dejado de ser un garante de la transparencia y la rendición de cuentas para convertirse en un órgano protector o encubridor de las peores prácticas en materia de opacidad de las dependencias y sujetos obligados a informar de los recursos públicos a su cargo.

El acuerdo de ampliar su encargo indefinidamente se tomó en la última sesión del año, el viernes 18 de diciembre. El pleno de la CAIP aprobó modificar el artículo 11 de su reglamento interior para que Fregoso Sánchez se mantuviera en la presidencia de la Comisión más allá del 31 de diciembre de este 2015.

Dicho acuerdo es, sin embargo, violatorio del artículo cuarto transitorio de la reforma de 2012, y de la Ley vigente, en los que se estableció que la presidencia de la CAIP debería recaer en el comisionado al que le restasen dos años para concluir su periodo.

Es decir, el presidente de la Comisión debería ser Federico González Magaña, quien renunció para ser nombrado consejero del Instituto Electoral del Estado (IEE), o su suplente Norma Estela Pimentel Méndez, a la que también le restan dos años como comisionada.

Pero ello no ocurrió. Fregoso decidió, al margen de la Ley modificar el reglamento interno de la CAIP para seguir siendo el presidente del organismo. Lo peor es que su maniobra fue avalada por la nueva comisionada, no obstante ser doctora en Derecho y, supuestamente, especialista en la materia y la comisionada María Gabriela Sierra Palacios.

No está de más advertir que varios organismos han expresado su preocupación por la continuidad de Javier Fregoso, entre ellos la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), cuyos directivos han dicho claramente que con éste la CAIP se ha convertido en un órgano protector del gobierno estatal, omiso ante los múltiples mecanismos por los que los sujetos obligados del Poder Ejecutivo impiden el acceso a información pública a los ciudadanos.

En el mismo sentido se ha pronunciado la organización Artículo 19, al referir que hoy la CAIP es “…un órgano que carece de autonomía, que es servil al poder público y que olvidó su obligación constitucional de publicar toda información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos”.

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La historia del saco rojo

Ocurrió hace unas cuatro semanas en el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz.

Al plantel educativo llegó el equipo de producción televisiva del gobierno del estado para grabar un promocional con motivo del quinto informe del gobernador Rafael Moreno Valle.

Los realizadores pidieron que los niños más limpiecitos y mejor vestidos fueran convocados.

Sólo un reducido grupo pasó los filtros.

Ya en la grabación los escolares tuvieron que repetir varias veces la frase: Gracias al gobernador Rafael Moreno Valle ahora tenemos uniformes y útiles escolares gratuitos.

En otra toma, los estudiantes debían salir con sus profesores, entre ellos una maestra de primaria que vestía un saco de color rojo.

Los del equipo de producción le dijeron a la docente que debía cambiarse el saco porque el color rojo no era representativo de la imagen institucional del gobierno.

La maestra se rehusó a usar otro blazer que no fuera el suyo, por lo que al final grabó el spot televisivo sin la incómoda prenda.

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Ya comenzó a salir el peine sobre la demora del Congreso de Puebla para llamar a la suplente de Federico González Magaña para que ocupe su lugar en la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP).

Y la razón es que el grupo morenovallista no quiere perder el control ni la presidencia del organismo con un comisionado o comisionada que no sea de su absoluta confianza.

En otras palabras quiere tener como presidente de la CAIP a un comisionado o comisionada a modo como lo es José Luis Javier Fregoso Sánchez, o como lo sería María Gabriela Sierra Palacios.

El problema es que la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información se los impide, pues en la reforma de 2012 se introdujo un artículo transitorio que establece que el comisionado que entró en funciones en 2013 (Federico González Magaña) será presidente por tres años, «a fin de garantizar que la Presidencia sea ejercida por el Comisionado al que le resten dos años para concluir su periodo».

Cuando González Magaña fue nombrado por el Congreso de Puebla comisionado de la CAIP también designó como suplente a la doctora en derecho Norma Estela Pimentel Jiménez.

El periodo del actual comisionado presidente de la CAIP, Javier Fregoso, concluye el 31 de diciembre de este año, y su sucesor en el cargo tendría que ser —por Ley, según el artículo cuarto transitorio— González Magaña, pero como éste renunció para ser nombrado consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla, lo conducente es que su suplente sea llamada y designada presidente en cumplimiento de la normatividad vigente.

Y es aquí donde está atorado el asunto, pues el grupo morenovallista no quiere ceder la presidencia de la CAIP a una gente que no conoce y tampoco controla como Norma Estela Pimentel.

De ahí que el Congreso del estado no la haya convocado a cubrir la vacante que dejó González Magaña.

Antes de eso el grupo morenovallista quiere hacer valer su mayoría en la LIX Legislatura y modificar la Ley de Transparencia para que la presidencia de la CAIP quede en manos de la comisionada Gabriela Sierra o para que el periodo del actual presidente Javier Fregoso se prolongue uno o dos años más.

En suma: hacer una reforma con dedicatoria para cerrarle el paso a Norma Estela Pimentel y dejar en la presidencia del organismo a uno de sus incondicionales.

A ver si no les pasa lo mismo que con la secretaria ejecutiva del OPLE, Dalhel Lara Gómez, a la que quisieron imponer mediante una reforma a modo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo este lunes por anticonstitucional.

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Este martes se reunirán con los miembros del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, el exsenador Pablo Gómez Álvarez y el senador Luis Sánchez Jiménez, de la Comisión de Diálogo con las Izquierdas, para evaluar qué tantas condiciones hay en Puebla para una coalición de izquierda.

La reunión está programada para las siete de la noche en un conocido restaurante de comida española del Centro Histórico de Puebla.

Los integrantes de la Comisión de Diálogo también explorarán qué tan conveniente podría resultar para el PRD una alianza electoral con el PAN en los comicios locales del año entrante para elegir gobernador para un periodo de un año ocho meses.

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Aunque en estricto sentido la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) no incurre en actos ilegales al sesionar y resolver los recursos a su cargo con solo con dos comisionados, llama la atención la demora para convocar al suplente de Federico González Magaña.

En la sesión de ayer del Congreso del estado sólo se informó a los diputados de la renuncia del comisionado González Magaña, pero nada se dijo de cuándo será convocada su suplente, la doctora en Derecho Norma Estela Pimentel Méndez, para que rinda protesta y asuma el cargo.

Da la impresión que al Poder Legislativo no le corre ninguna prisa y que preferiría que la CAIP siguiera sólo con dos comisionados «cómodos», por no decir incondicionales, como los que ahora sacan a toda prisa las resoluciones del organismo: José Luis Javier Fregoso Sánchez y María Gabriela Sierra Palacios.

Y eso que el Ejecutivo estatal se comprometió a «entregar a los ciudadanos la CAIP para que el gobierno no pueda entorpecer el acceso a la información pública».

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Un indignante caso de acoso sexual ante el cual las autoridades educativas deberían actuar de inmediato es el que acaba de sufrir la profesora de primaria Paola Téllez Cerezo del Liceo Victoria AC.

Resulta que el 26 de octubre el director de la institución Rubén Torres Moreno la hizo pasar a su privado y ahí trató de besarla y propasarse.

En represalia el director de esta escuela particular, con clave de Fundación ABC, la despidió al día siguiente y dio de baja a su menor hijo Cristhian Jeshua Téllez Cerezo, quien ahora tiene problemas para ser inscrito en otro colegio, pues el ciclo escolar 2015-2016 comenzó el 24 de agosto.

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Tómenlo con reserva pero una fuente confiable me adelanta que el gobierno del estado estaría evaluando entregar uniformes escolares el próximo año de clases. Según esta especie los uniformes se entregarían en pleno proceso electoral.

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Las versiones que apuntan que el magistrado Ricardo Velázquez Cruz está siendo impulsado por el ex gobernador Mario Marín Torrescomo magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE) andan erradas.

Ricardo Velázquez fue efectivamente un cercano colaborador de Mario Marín y quien lo hizo magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pero en los últimos años se han distanciado sin que lleguen al rompimiento.

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Aunque la intención del presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, es terminar en paz el fin de año, y comenzar el siguiente con algunos secretarios y coordinadores nuevos, es muy probable que algunos cambios —que ya le había anticipado— tengan que adelantarse.

Dos son los objetivos que Gali Fayad pretende con los ajustes en su equipo de primer nivel. Por un lado, corregir aquello que no ha funcionado o donde los resultados entregados por sus titulares en 2014 no son los esperados. Y, por otro, reforzar su gabinete con gente no sólo de su absoluta confianza, sino que esté cien por ciento comprometida con su proyecto político: la gubernatura de Puebla.

En su primer año de gestión, el alcalde capitalino ha enfrentado problemas de gobernabilidad en algunas juntas auxiliares, como las de Azumiatla, La Resurrección y Canoa; de operación y concertación política con diversos grupos y organizaciones sociales; y de control y contención del ambulantaje y el comercio informal en el primer cuadro de la ciudad.

Hace unos días directivos de la Cámara de Comercio y otras organizaciones de comerciantes del Centro Histórico de Puebla se reunieron con Gali Fayad y le expresaron su malestar por la expansión de los ambulantes y la inseguridad, y lo emplazaron a resolver el problema antes de que este se desborde como en la década de los ochenta.

Por esta razón es que el secretario de Gobernación Municipal, José Guillermo Aréchiga Santamaría, podría irse antes de que concluya el año o terminar su encargo por ahí del 15 de diciembre o después del brindis de fin de año del día siguiente.

Su sustituto —si el gobernador Rafael Moreno Valle no dispone otra cosa— será Erich Ziehl Loera, quien actualmente se desempeña como secretario particular del alcalde José Antonio Gali.

Aréchiga Santamaría no será el único integrante del gabinete municipal que dejará su actual encargo para ser reubicado en otra dependencia de la administración estatal o municipal.

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Este día se reunirán a comer en un salón de fiestas del Circuito Juan Pablo II, el presidente municipal de Puebla y los integrantes de su Cabildo, para darse el abrazo con motivo de la Navidad y el fin de año.

El brindis fue organizado por los regidores y no por la oficina del alcalde, de manera que estos decidieron no convocar a todos los secretarios del gabinete municipal, sino sólo a aquellos que han sido atentos y receptivos a sus planteamientos, críticas y labores de gestoría y atención ciudadana.

Entre los no invitados figuran algunos secretarios que difícilmente llegarán al primer informe del presidente municipal de Puebla.

Debo aclarar que el secretario de Gobernación Municipal sí fue convocado a la comida que tendrá lugar en el salón jardín Árbol de Allegra.

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Este jueves en el Congreso del estado concluirá uno de los procesos más desaseados en materia de transparencia: la designación del nuevo integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP), que saldrá de la terna integrada por Alexandra Herrera Corona, Graciela Miranda Blumenkron y María Gabriela Sierra Palacios.

La elección de la nueva comisionada de la CAIP ha sido tan irregular, desde la emisión tardía de la convocatoria, que existe el riesgo de que su nombramiento sea impugnado en tribunales, tanto por alguno de los aspirantes que se registraron como por las organizaciones que los postularon, sobre todo si la decisión se inclina por la ex comisionada Alexandra Herrera y la directora de Procesos y Mejora Continua de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Gabriela Sierra.

En el primer caso por tratarse de una reelección, que no está permitida en la ley, y en el segundo por su dependencia y subordinación a la ex contralora y actual diputada Irma Patricia Leal Islas, presidente de la Comisión Inspectora de la ASE y vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

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