Un asunto espinoso para el gobierno del estado y del cual ha guardado un ominoso silencio, pese a las observaciones que en su momento le hizo la Auditoría Superior de la Federación, es la compra sobrefacturada de 1,690 motocultores en 2012.

El sobreprecio de estos equipos agrícolas, incluyendo sus implementos, es de escándalo, pues la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado supuestamente los adquirió en 114 mil 994 pesos cada uno, pese a que su costo real fluctúa entre 21 mil 834 y 25 mil 475 pesos.

¿Qué funcionario o funcionarios de la Secretaría de Finanzas son responsables de este fraude y daño patrimonial?, es tema que la Secretaría de la Contraloría del estado aún no responde a más de nueve meses de que se hicieron públicas estas irregularidades.

La Contraloría tampoco ha dicho qué funcionarios fueron los responsables de alterar los expedientes y falsificar en las actas de entrega-recepción las firmas de los supuestos beneficiarios de estos motocultores, que fueron comprados a sobreprecio a dos proveedores pertenecientes a un mismo grupo empresarial, Comercom SA de CV, sin que los campesinos y agricultores pudieran elegir las características, marca o empresa fabricante.

Otra cuestión que no deja de resultar extraña, por no decir sospechosa, es por qué ninguno de los últimos titulares de la Contraloría estatal —Irma Patricia Leal Islas, Eukid Castañón Herrera, María Catalina Daza Hernández y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz— se haya tomado la molestia de investigar un posible tráfico de influencias o pago de facturas políticas de esas infladas compras de equipo agrícola.

O es normal, pregunto, que el principal proveedor de motocultores al gobierno del estado, el empresario Roberto Arandia Gutiérrez, sea el mismo que suministró el material propagandístico que Rafael Moreno Valle repartió en su campaña de gobernador a través de la misma empresa comercializadora.

A nueve meses que la Auditoría Superior de la Federación hizo del conocimiento del gobierno del estado un conjunto de anomalías en la aplicación de los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola, y por el cual se le emitió un pliego de observaciones por 107 millones 893 mil pesos, valdría la pena qué aclare varias cuestiones que a la fecha siguen en la opacidad, a saber:

¿Quién autorizó la adquisición de motocultores al cuádruple de su precio? ¿Qué funcionarios de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Rural no administraron con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola?

¿Quién autorizó el pagó a Grupo Comercom SA de CV, sin advertir el sobreprecio de los equipos que estaba suministrando al gobierno del estado?

¿Quién pagará el daño patrimonial de este fraude?

¿A quién se están comprando y a qué precios los nuevos motocultores que sigue repartiendo el gobernador Rafael Moreno Valle en sus giras de trabajo?

¿A poco al mismo Roberto Arandia Gutiérrez?

¿Esta información se hará pública o, como suele ocurrir con proveedores y empresas consentidas en este sexenio, se reservará por siete o doce años?

Conste que son preguntas.

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Este domingo estuvieron en Tehuacán echándose un molito de caderas la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el subsecretario de la dependencia, Juan Carlos Lastiri Quirós; la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes, y el actual delegado del INAES en el estado de Chiapas, Marco Antonio Balseca Romero.

El punto de encuentro fue el restaurante del hotel Villa Blanca.

Un día antes, la secretaria Rosario Robles y el subsecretario Juan Carlos Lastiri estuvieron en Oaxaca, en el cuarto informe de gobernador Gabino Cué Monteagudo.

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San Pedro Cholula, Puebla, 19 de noviembre de 2014

1. Rodolfo Ruiz Rodríguez

Autor de la columna La Corte de los Milagros

Presente

Sirva este medio para aclarar el tema al que se refiere hoy en su columna titulada «Motocultores, corrupción al descubierto» en la que se pretende confundir a sus lectores al hacer afirmaciones sin fundamento.

1. En primer lugar, debe usted saber que no existen las irregularidades que menciona, además de carecer de pruebas, las instancias correspondientes solventaron en tiempo y forma las observaciones que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Federación.

2. Es importante que sepa que las Reglas de Operación del programa que menciona, son emitidas por el Gobierno Federal a través de la SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) mismas que esta administración ha cumplido cabalmente en beneficio de los productores.

3. Resulta imprescindible aclarar que el Gobierno del Estado no adquiere mototractores; la lógica de los programas en coejercicio con la Sagarpa, es atender a la demanda y la responsabilidad de la administración estatal es la recepción de los expedientes de los sujetos de apoyo para dictaminar la pertinencia de los mismos.

4. Es importante resaltar que las Reglas de Operación establecen que, una vez que los expedientes cumplen con los requisitos previstos en éstas, son los beneficiarios quienes eligen al proveedor, el cual, debe cumplir para el caso de maquinaria, con la certificación del OCIMA.

5. En este sentido, cabe señalar que durante 2012, sólo había una marca de motocultores que cumplía con dicha certificación, pues una empresa adicional que tenía el certificado, sólo vendía mototractores, que son equipos con características técnicas inferiores. Si los beneficiarios eligen una empresa que carezca de la certificación del OCIMA, no son susceptibles de apoyo para la adquisición de un mototractor.

6. Finalmente, reiteramos que esta administración cumplió en tiempo y forma con la solventación de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, y está en espera de que dicha Instancia emita las observaciones finales.

Sin más por el momento y en espera de que publique esta carta como corresponde al Derecho de Réplica, para que sus lectores estén correctamente informados, quedo de usted.

Atentamente

Avelino Hernández Vélez

Enlace de Comunicación Social

Eukid Castañón seguirá como el hombre fuerte del Congreso local

Moreno Valle festeja con su grupo compacto su cumpleaños 46

Con la novedad de que Eukid Castañón Herrera se quedará en el Congreso del estado, como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y su puesto en la Secretaría de la Contraloría será ocupado por Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, quien hasta hace unos días se desempeñaba como presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios del Consejo de la Judicatura Federal.

El viernes fue presentado al personal de la Contraloría por el propio Eukid Castañón, quien, de paso, comentó a sus allegados que se mantendrá como diputado local y en nuevas encomiendas de carácter político-partidista que le ha hecho el gobernador Rafael Moreno Valle.

Asimismo, trascendió que la actual encargada de Despacho de la Contraloría, María Catalina Daza Hernández, se quedará todavía unos días en la dependencia para el proceso de entrega-recepción, y que después podría ser reubicada en el Congreso del estado o en algún organismo público descentralizado.

Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz es egresado de la carrera de Administración de la Universidad La Salle, es maestro en Administración de la Universidad de Sonora, y maestro en Administración Pública y Comercio Exterior. En 2006 se desempeñó como director general adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y más tarde como oficial mayor de este organismo.

Durante su trayectoria profesional ha sido titular del área de Auditoría de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control de Pemex Refinación; secretario particular del subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública; coordinador de Auditoría Médica en la Unidad de Contraloría Interna en el IMSS; subgerente de Desarrollo Institucional de Fonatur, y administrador de Evaluación en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los enterados aseguran que el nombramiento de este nuevo fuereño en el gabinete estatal obedece a una recomendación del influyente secretario de Finanzas y Administración, Roberto Moya Clemente.

INTRAMUROS

Este sábado hubo comida en Casa Puebla con motivo del cumpleaños número 46 del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que es este lunes, a la que sólo fueron convidados unos cuantos personajes además de los miembros del gabinete.

Entre los invitados ajenos al gabinete estuvieron el alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad; los diputados Eukid Castañón Herrera, Jorge Aguilar Chedraui, Irma Patricia Leal Islas y Pablo Rodríguez Regordosa; el titular de la Auditoría Superior del Estado, David Villanueva Lomelí; Juan Pablo Piña Kurczyn, secretario general de la Fundación Colosio; el regidor Ángel Francisco Javier Trauwitz Echeguren, y el dirigente estatal de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, así como un par de amigos del mandatario estatal provenientes del Distrito Federal.

Al banquete no llegó el cuñado del gobernador y exsecretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.

Como se verá, se trató de una comida del grupo íntimo o compacto del Ejecutivo estatal.

EN CORTO

Jesús Morales Rodríguez, director de Protección Civil en el estado, se convirtió el viernes por la tarde en maestro en Seguridad Pública y Ciencias Policiales, al defender su trabajo de tesis: «La seguridad nacional en México, perspectiva de los mandos policiales 2000-2014».

En su trabajo de investigación hecho para el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales, el funcionario estatal abordó de los errores y aciertos que en materia de seguridad nacional han cometido las autoridades durante los últimos 14 años.

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Los despidos que viene haciendo el subdirector de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, Antonio Fernández Cortés, podrían provocarle un escándalo por la entrega de vales de gasolina con moche a inspectores que son enviados a operativos fuera de la capital, y por algunos acuerdos no muy ortodoxos con propietarios de empresas que son inspeccionadas o verificadas por la dependencia.

De los vales de gasolina se dice que la jefa de Recursos Materiales, Humanos y Financieros, María Herlinda Reyes Díaz, entrega en vales de gasolina por 600 pesos, pero que los inspectores deben firmar por mil, y que en las mordidas a dueños de negocios sujetos a inspección están involucradas Marcela Montealegre Villagrán, Jennifer Guevara Landa y el encargado del área de dictamen, Pedro Aquino Alvarado y la jefa de Seguimiento Operacional, Rebeca Lavalle  García.

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En el ayuntamiento de San Andrés Cholula es cada vez más evidente que la contralora municipal Nadia Hernández Acosta sólo está de adorno, y que el verdadero contralor del alcalde panista Leoncio Paisano Arias es José Héctor Huerta Calvario, no obstante haber sido inhabilitado del servicio público por la anterior administración municipal.

Huerta Calvario ni siquiera guarda las formas, pues en los últimos cuatro días ha sido visto en la oficina de la Contraloría de San Andrés, ocupando incluso el escritorio principal, en el que se supone debería sentarse su socia y subordinada.

Sin embargo, en el ayuntamiento sanandreseño todos se hacen de la vista gorda ante la burda simulación y suplantación, comenzando por el alcalde que juró por Dios gobernar con los valores que le inculcaron sus padres, el síndico Paulino Pedro Lozada Cuaya y el resto de los regidores del PAN y del PRI que, se supone, deben velar por el cumplimiento de la ley.

También la encargada de la Contraloría del estado, María Catalina Daza Hernández, a quien con fecha 14 de febrero se le notificó que José Héctor Huerta Calvario había sido inhabilitado del servicio público por 14 años seis meses, y sancionado con la cantidad de 546 mil pesos.

La contralora formal de San Andrés Cholula, Nadia Hernández, no puede fingir ignorancia, ni hacerse la desentendida de la inhabilitación de su socio y jefe, pues ella misma firmó de recibido la notificación en la que Huerta Calvario fue sancionado.

Y lo hizo en el despacho en el que ambos son socios, ubicado en la calle Diamante 2918-1 de la colonia Residencial Esmeralda de la ciudad de Puebla, como puede verse en el oficio que abajo se presenta, en el que aparece —en la parte inferior izquierda— el nombre y rúbrica de Nadia Hernández Acosta.

¿Qué espera Leoncio Paisano para darle gracias a Huerta Calvario y a su socia Hernández Acosta?, ¿Hasta cuándo el síndico y los regidores de San Andrés Cholula tomarán cartas en el asunto? ¿Por qué la encargada de la Contraloría del estado tampoco actúa? ¿Acaso espera que el verdadero contralor del estado, Eukid Castañón Herrera, también le dé línea para proceder?

Esta papa caliente del munícipe sanandreseño puede hacerse más grande, y afectarlo todavía más, antes de lo que se imagina.

Por lo pronto no estaría de más que Leoncio Paisano le preguntara a su colega de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, qué opinión tiene del desempeño de Huerta Calvario como contralor de Dolores Parra Jiménez, y qué está valorando hacer en caso de que algunos pendientes y pasivos que no le fueron reportados durante el proceso de entrega-recepción se aclaren o se solventen.

No vaya a ser que además de la inhabilitación de San Andrés Cholula, el ayuntamiento de San Pedro Cholula también vaya a iniciarle a Huerta Calvario y a su subordinada Nadia Hernández un proceso de determinación de responsabilidades, y entonces el escándalo lo achicharre.

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De última hora me informan que en la Contraloría del estado no existe ninguna inhabilitación como servidor público en contra de José Felipe Velázquez Gutiérrez, quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula y como secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el ayuntamiento de Puebla.

Dice que el exfuncionario municipal solicitó a la Contraloría del estado una constancia de no inhabilitación y que ésta se la extendieron sin ningún problema.

Mañana le tendré todos los detalles.

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El arribo de Eukid Castañon Herrera al Congreso del estado está dejando al descubierto un conjunto de circunstancias y debilidades del grupo gobernante.

La más lamentable es la poca asepsia que muestra hacia los electores que votaron por los candidatos de la Coalición Puebla Unida, que —sin el menor pudor— piden licencia para ocupar otra posición (Mario Rincón González y Cupertino Alejo Domínguez), se niegan a tomar posesión (Fernando Manzanilla Prieto) o se convierten en diputados de un partido diferente al que los postuló (Eukid Castañón Herrera).

Otra circunstancia que llama la atención sobre lo que sucede en el Poder Legislativo es la importancia que el Ejecutivo le ha dado, a juzgar por el número de secretarios que han salido de su gabinete para formar parte de él: cinco de quince.

A saber: el exsecretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla; la excontralora, Irma Patricia Leal Islas; el exsecretario de Salud, Jorge Aguilar; el extitular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa; y ahora el ex contralor Eukid Castañón.

A este grupo habría que añadir el nombre del exsecretario de Desarrollo Social, Mario Rincón, quien, sin embargo, regresó al gabinete después de haber sido electo como diputado por el distrito de Amozoc como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, la cuestión que más incertidumbre genera es cuál es el rol que Eukid Castañón desempeñará como miembro de la LIX Legislatura del Congreso del estado, pues es claro que el excontralor —y operador político del gobernador Rafael Moreno Valle— no será un diputado más.

La primera duda: ¿a qué bancada o grupo parlamentario se integrará? Eukid Castañón es militante del PAN desde 2012, a decir de él mismo, pero fue registrado como suplente de Fernando Manzanilla, en la lista de candidatos de representación proporcional, como posición del partido estatal Compromiso por Puebla.

¿Quién llevará la voz cantante del gobernador Moreno Valle en el Poder Legislativo? ¿El coordinador del grupo mayoritario, el panista Jorge Aguilar Chedraui, o el excontralor del estado que, pese a ser militante panista, fue registrado como candidato de Compromiso por Puebla?

¿Cuál fue la motivación del gobernador al decidir que Eukid pidiera licencia del gabinete, para integrarse al Congreso del estado? ¿Acaso impedir el arribo del exdirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana? ¿Reforzar la operación legislativa que, inicialmente, había encomendado a Jorge Aguilar Chedraui y Patricia Leal? ¿O acotarlos con su principal operador en asuntos de política interior? ¿Atender un consejo de su secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas? ¿Abrir el gabinete a una mujer como secretaria de la Contraloría? ¿Blindar con fuero a Eukid Castañón? ¿Despresurizar el gabinete? ¿Bajar la presión a que estaban sometidos varios secretarios de la administración estatal por auditorías o revisiones de la Contraloría?

¿O será que Eukid sólo estará unos días como diputado y luego regresará a la Contraloría en tanto se arregla la disputa entre el PAN y Compromiso por Puebla por esa curul plurinominal?

Conste que son preguntas.

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Ante las versiones de que María Catalina Daza Hernández pudiera ser nombrada como encargada de despacho de la Secretaría de la Contraloría ante la renuncia de Eukid Castañón, varios empleados de la dependencia recordaron el caso de Ruth Nieto Sanz, quien por presiones de aquella tuvo un derrame cerebral que más tarde le causó la muerte, en mayo de 2011, según lo publicó el portal Contraparte Informativa.

Daza Hernández fungía entonces como delegada de la Contraloría en el sector educativo, y la fallecida empleada tenía cargo de analista en la misma dependencia.

Por abril de año, Daza Hernández sometió a una fuerte presión a varios auditores y analistas de la Contraloría, a los que hacía laborar largas jornadas y hasta los días sábados y domingos, presión que no pudo soportar Ruth Nieto, quien después de una regañiza fue internada en el Hospital Universitario y más tarde en el hospital del Issstep donde jamás pudo recuperarse del derrame cerebral que le provocó la muerte.

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