¿Qué tan incómodo le resultará al gobierno estatal y a la coalición de partidos morenovallistas la presencia del presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) Luis Zamora Cobián, que este miércoles todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso del estado solicitaron su remoción?

Oficialmente los diputados locales aprobaron un punto de acuerdo dirigido al Consejo General del INE para que revise los antecedentes profesionales y académicos de Luis Zamora y la conveniencia de su permanencia al frente del Consejo Local del Instituto durante el proceso electoral federal en marcha.

La estrategia de remover a Luis Zamora comenzó esta semana con algunos columnistas. Primero pusieron en duda su honorabilidad al favorecer a un concursante en una subasta pública y luego lo acusaron de incurrir en una especie de fraude fiscal al no reportar a la Secretaría de Hacienda pagos por 350 mil pesos por concepto de retenciones del Impuesto sobre la Renta al personal que laboró en el IFE de Guerrero de 2006 a 2009.

Y concluyó este miércoles con un exhorto del legislador Marco Antonio Rodríguez Acosta, del partido Pacto Social de Integración (PSI), exhorto que no solo se aprobó fast track, sino con el voto de todos los diputados y de todas las fracciones parlamentarias representadas en la LIX Legislatura.

Varias cosas llaman la atención de la solicitud al Consejo General del INE para valorar la conveniencia de mantener a Zamora Cobián en la presidencia del Consejo Local.

Una es que los verdaderos promotores de la iniciativa no subieron a tribuna para presentarla, sino que mandaron a su idiota útil; segunda, que los diputados priístas otra vez se prestaron al juego sucio de Casa Puebla operado por el diputado Eukid Castañón; y tercera, que el golpeteo para remover a Zamora Cobián se produce luego de las críticas de éste en contra los diputados morenovallistas que ya teniendo amarrada una curul federal se rehúsan a dejar sus cargos o pedir licencia.

¿O le parece a usted casual que después de dos procesos electorales federales, en los que Luis Zamora Cobián ha participado como árbitro local, vengan a descubrirse sus supuestos fraudes fiscales como vocal ejecutivo de IFE en el estado de Guerrero?

¿O que la denuncia que aquí se hizo hace algunos meses sobre el favoritismo que mostró Luis Zamora para favorecer a un concursante en una subasta pública salga ahora a la luz?

¿O que un legislador tan gris e insignificante como el del PSI tenga la capacidad de unificar a todas las fracciones del Congreso del estado para demandar la remoción de Luis Zamora Cobián?

¿O de interrumpir la sesión ordinaria de la LIX Legislatura para que su exhorto fuera aprobado de manera urgente en asuntos generales, sin pasar siquiera por comisiones?

La verdad es que tantas casualidades sólo confirman una cosa: que en Casa Puebla ya no es bien visto Luis Zamora Cobián como presidente del Consejo Local del INE y que el Congreso del estado está siendo usado, ¡otra vez! –y con la complicidad de los legisladores del PRI– como garrote político electoral.

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Por cierto.

La única diputada local que se abstuvo de votar a favor del exhorto del legislador del PSI, pidiendo al Consejo General del INE la conveniencia de mantener a Luis Zamora Cobián, fue Geraldine González Cervantes, del Partido Verde Ecologista de México.

Cuestión que le mereció una andanada de críticas no solo de su coordinador parlamentario, Juan Carlos Natale López, sino de otros legisladores morenovallistas que ya anteriormente la han amenazado por no sumarse a la línea que desde Casa Puebla les dictan.

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La reforma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla, por la cual se reglamentan las candidaturas independientes es una auténtica vacilada, cuyo propósito en el fondo es impedirlas.

De otra manera no se entiende por qué los porcentajes que se fijaron para estas candidaturas están incluso por arriba de los que se requieren a los partidos estatales para mantener su registro.

La iniciativa original, que por cierto no redactó el diputado que supuestamente la presentó, establecía que los aspirantes independientes a la gubernatura tenían que acreditar para registrarse como candidatos una relación del 5% de los empadronados en el estado con nombre, domicilio, clave de elector y firma autógrafa.

A los candidatos independientes a una diputación de mayoría o una presidencia municipal se les requería el 15% de los empadronados en su distrito y municipio.

Porcentajes a todas luces absurdos, considerando que la legislación electoral vigente exige a los partidos estatales el 2% de la votación total para mantener su registro.

Al final la iniciativa se modificó y redujo estos porcentajes al 3%, que de cualquier manera siguen siendo altos y contrarios al espíritu de la reforma constitucional federal.

Pero lo más paradójico, por no decir incoherente, de esta reforma contra las candidaturas independientes es que su verdadero autor ni siquiera figuró, pues prefirió usar como tonto útil al diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, del partido estatal Pacto Social de Integración.

Los cambios al Código electoral del estado fueron aprobados con 34 votos a favor y uno en contra, del dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo Espinosa.

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Será esta semana cuando los 34 miembros del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN sean convocados a sesionar, y evaluar el escrito presentado por el senador Javier Lozano Alarcón apelando la amonestación que recibió de este órgano partidista a principios de marzo, por sus críticas a la gestión de Gustavo Madero Muñoz.

La sesión podría llevarse a cabo el jueves 3 o viernes 4 de abril, y trascendió que la mayoría de los integrantes de la dirigencia estatal panista ratificará la sanción impuesta al senador, aun cuando éste ha advertido su decisión de inconformarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Entre finales de junio y comienzos de julio se espera se publique la convocatoria que regulará la renovación del Comité Seccional de Puebla del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (STIRT), del que es secretario general Sergio Alfonso Pacheco Hernández.

Este buscará reelegirse para un segundo periodo de cuatro años con el apoyo de Laura Escalante Canto, secretaria de Comunicación Social del Comité Nacional del STIRT.

Sin embargo no le será fácil, pues además de que tendrá competencia de una o dos contendientes, entre ellos Francisco de los Santos, tiene el rechazo de algunos afiliados al Sindicato que lo califican de blandengue ante las empresas al permitir la cancelación de plazas y la sustitución de estas por puestos de confianza.

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