El anuncio que esta mañana hicieron el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, la panista Ana Teresa Aranda Orozco y el ex perredista Jorge Méndez Spínola sobre la conformación de un bloque plural y multipartidista que luche para recuperar la normalidad democrática, la libertad de expresión, el respeto al Estado de derecho y el cese de la represión, no debiera minimizarse.

Y no por que estos tres críticos y opositores de la gestión morenovallista tengan la fuerza o la capacidad de poner a tambalear a la administración estatal, sino porque este grupo podría ser el germen de un movimiento mayor que aglutine a ciudadanos y organizaciones agraviados por un gobierno poco receptivo, intolerante y autoritario.

Moreno Valle, no hay que olvidarlo, derrotó al PRI y se convirtió en el primer gobernador de oposición en la entidad, no por popular o carismático, sino porque fue capaz de conformar un frente amplio partidista —la coalición Compromiso por Puebla—, y crear toda una corriente de opinión que supo capitalizar el voto anti PRI y el hartazgo ciudadano generado por un gobierno torpe y corrupto como el de Mario Marín Torres.

El que personajes tan disímbolos ideológicamente como José Juan Espinosa y Ana Teresa Aranda o Jorge Méndez y Miguel Ángel Mantilla Martínez se unan contra un tercero, invitando a otros actores y organizaciones a sumarse a un gran bloque plural y diverso que haga frente a los excesos del morenovallismo, no es un asunto menor.

Y menos cuando estos tres personajes ya plantean incorporar a este bloque a organizaciones como la 28 de Octubre, al Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOSYP), al Movimiento Los de Abajo, y otros actores políticos y líderes sociales que han sido marginados u hostigados por el gobierno del estado como la diputada federal Roxana Luna Porquillo; el ex líder sindical de los telefonistas Marco Antonio Mazatle Rojas; el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez; y los abogados Abelardo Cuellar Delgado y Luis Soriano Peregrina, entre otros.

E incluso discutir la posibilidad de presentar un candidato alternativo a la gubernatura en los comicios del año entrante, según lo platicado hace unos días por el edil cholulteca José Juan Espinosa y un connotado panista que tiene su residencia por los rumbos de Zavaleta y calle Cañada.

Para nadie que se precie de conocer Puebla es desconocido que en el ambiente político y social hay suficiente caldo de cultivo para la integración de un bloque plural opositor que encare política y electoralmente al morenovallismo, no en las elecciones federales que tendrán lugar en menos de tres semanas, sino en los comicios locales del año entrante para elegir gobernador.

En el último tramo de su sexenio, Moreno Valle no sólo tendrá que lidiar con los intereses y ambiciones de su grupo político, que intentará mantener la gubernatura más allá del 2018, sino con actores y figuras nacionales que también buscarán llegar a Los Pinos.

Localmente, el mandatario tendrá que enfrentar el año más difícil de su sexenio, en el que saldrán a relucir los despidos de burócratas, las deudas y hoyos financieros, y las promesas no cumplidas por su gestión, así como los actos de hostigamiento y represión cometidos en contra de organizaciones, críticos y disidentes del régimen.

Pero también el malestar ciudadano que existe por las fotomultas, los abusivos operativos nocturnos dizque para detectar conductores ebrios, las largas filas que pronto volverán hacerse en los insuficientes centros de verificación vehicular, las desproporcionadas alzas en las tarifas de agua y los aumentos en los derechos que cobra el gobierno estatal.

Como se verá, caldo de cultivo hay, solo que habrá que esperar quién o quiénes sean capaces de aprovecharlo no para incendiar la pradera sino para generar un ambiente de cambio que ponga fin al talante autoritario y antidemocrático del gobierno morenovallista.

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La resolución recaerá en el procurador Carrancá y Facundo Rosas

Asaltan (¿otra vez?) las oficinas de Enrique Doger Guerrero

El próximo martes 9 de septiembre dictará conferencia en la UPAEP el dr. Jon Elster

No será esta semana, sino hasta la siguiente cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rinda su informe sobre el desalojo violento de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y emita sus recomendaciones a las autoridades estatales por las violaciones graves en que incurrieron durante el operativo, y la posterior refriega entre manifestantes y policías.

Hasta donde se sabe, la CNDH sí emitirá sendas recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y al procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget. Al primero por uso excesivo de fuerza y empleo desproporcionado de armas no letales; por incumplir con los protocolos para disolver manifestaciones, y por violar diversas disposiciones de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala.

Y al procurador Víctor Carrancá por la detención y criminalización de cuatro de los pobladores de Chalchihuapan enviados al penal de Cholula, por solapar la falsedad de declaraciones de policías que acusaron por órdenes superiores a los detenidos, y por consignar a estos últimos por delitos excesivos y que jamás cometieron.

Inicialmente los detenidos de Chalchihuapan Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero habían sido acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales se desvanecieron.

De todos los delitos por los fueron encarcelados, al final sólo dos quedaron en firme: ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por los cuales tuvieron que pagar una fianza para obtener su libertad caucional.

Los trascendidos que el viernes y sábado se publicaron en los periódicos La Razón y Milenio, en el sentido de que la CNDH daría por cierta la versión gubernamental de que al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, lo mató un cohetón lanzado por alguna persona que formaba parte del grupo que se enfrentó a policías el pasado 9 de julio, o que el dictamen de la Comisión será exculpatorio del gobierno de Moreno Valle, son sólo eso: trascendidos sin ningún fundamento.

De hecho, puedo asegurarle que en la administración estatal ya se preparan para una resolución negativa del ombudsman nacional dirigida al gobernador Rafael Moreno Valle; al secretario de Seguridad, Facundo Rosas y al procurador  Víctor Carrancá.

En dicha recomendación, lo más probable es que el gobierno sea instruido a indemnizar a las víctimas del desalojo, entre ellas la madre del menor muerto, Elia Tamayo Montes.

Para dar la impresión de que el gobierno acatará las recomendaciones de la CNDH, que posiblemente se hagan públicas entre el 8 y el 12 de septiembre, el gobierno morenovallista podría relevar a ciertos mandos policíacos, como a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, y suspender a otros uniformados que participaron en el operativo; así como remover a algunos agentes ministeriales que se prestaron o manipularon declaraciones de policías para inculpar a manifestantes de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

EN CORTO

Este fin de semana se registró otro asalto con tintes políticos. La víctima fue el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, de cuyas oficinas en la colonia Chula Vista de la capital poblana se llevaron dos computadoras de escritorio, la suya y la de su secretaria y asistente personal, dinero y diversos documentos, entre ellos su padrón de seguidores.

De acuerdo con algunas fuentes, este sería el segundo asalto cometido a oficinas o propiedades del también aspirante a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger, ya que uno anterior se había registrado en un inmueble que antes albergó una sucursal bancaria en las inmediaciones del Circuito Juan Pablo II y la 11 Sur.

En lo que va de la actual administración estatal se han registrado por lo menos ocho robos similares a oficinas o domicilios de figuras públicas locales, en donde los delincuentes sólo han sustraído computadoras y documentos personales.

Las víctimas han sido periodistas, personalidades políticas y activistas. La madrugada del 25 de julio de 2013 fueron asaltadas las oficinas del periódico digital e-consulta, de las cuales se llevaron dos laptops, la de un servidor, y la de mi socia Blanca Patricia Galindo. El 23 de junio, también en la madrugada, fueron robadas las oficinas del líder sindical de los telefonistas, Marco Antonio Mazatle Rojas, ubicadas en el boulevard 5 de Mayo y 13 Oriente, en pleno Centro Histórico. Este mismo dirigente sufrió antes tres robos similares en su domicilio particular.

A la lista se suman la panista Ana Teresa Aranda, a quien le robaron su computadora y documentos el 25 de julio; el director del portal Poblanerías, Luis Enrique Sánchez Fernández, que fu visitado por los amigos de los ajeno el 27 de julio; el caricaturista del periódico Cambio, Elmer Sosa, a quien el 17 de agosto le robaron en su domicilio dos computadoras portátiles, memorias USB y un iPad, y el ex juez Enrique Romero Razo, la noche del 23 de agosto en su casa del fraccionamiento El Ángel.

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El próximo martes 9 de septiembre el doctor en Ciencias Sociales Jon Elster dictará una conferencia magistral en la UPAEP, con motivo del 41 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas.

¿Qué son y para qué sirven las constituciones? es el título de la conferencia de este profesor de la Universidad de Columbia, autor de diferentes libros entre los que destacan «Tuercas y tornillos», «Explicando el comportamiento social» y «El cemento de la sociedad».

Su conferencia se realizará en el Aula Magna del edificio central de la UPAEP a partir de las 17 horas. La entrada será libre a todo el público.

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