Aunque no tengo bola de cristal, puedo anticiparle que después de la reunión que este viernes sostendrán entre las 9 y las 10 de la mañana el secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López, y el secretario general de la Sección 25 Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Malcom Ramírez Martínez, se iniciará una cascada de protestas, marchas y paros, en los hospitales, clínicas y centros de salud de la entidad.

Las protestas podrían comenzar este viernes con la suspensión de labores en el Hospital General del Sur, de Agua Santa, y con un plantón permanente en las oficinas de la Secretaría de Salud, si el doctor Antonio Marín no recibe o deja plantados a los dirigentes del sindicato.

La inconformidad de los sindicalizados podría ser respaldada por algunos empleados de oficinas centrales y mandos medios de jurisdicciones sanitarias, después de que esta semana el secretario de Salud decidió relevar de sus funciones a la subdirectora de Epidemiología y Atención Preventiva, Diana Celia Carpio Díaz; al subdirector del Seguro Popular, Joaquín Bianchini Maldonado; al jefe del Departamento de Afiliación del Seguro Popular, Francisco Rafael Cajica Arenas; al jefe del Departamento de Trasplantes de Órganos, Miguel Ángel García Martínez; y a la jefa de la jurisdicción sanitaria número 6, Sonia Esther Aguirre Sandoval.

Unos y otros se quejan por la negativa de abrir nuevas plazas de médicos y enfermeras, por el despido injustificado de personal de base y de confianza, por el desabasto de medicamentos y material de curación, por la falta de mantenimiento a los equipos e instalaciones sanitarias, y por anomalías en el manejo de los recursos del Seguro Popular.

El movimiento sindical —que es alentado por algunas instancias gubernamentales— marcará el principio del fin de Antonio Marín como secretario de Salud del estado.

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Otro funcionario en problemas, pero éste del gobierno federal, es el delegado de la Procuraduría Federal de Proteción al Ambiente (Profepa), Rubén Pedro Rodríguez Torres, quien actualmente se encuentra suspendido.

Las razones se desconocen, pero se cree que esta amonestación tiene su origen en las protestas del gobierno del estado por el amago del delegado de clausurar las vías de acceso a la Célula, y sus declaraciones en el sentido de que tales obras de infraestructura habrían provocado un daño ecológico en la zona por la destrucción de cactáceas y otras especies vegetales protegidas.

Hasta donde se sabe, ésta es la segunda ocasión en que Rodríguez Torres es suspendido por faltas y errores administrativos.

La primera suspensión estuvo relacionada con la pérdida de cheques de nómina y otros documentos de la Profepa.

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Simón dice:

«El que sólo sabe medicina, ni medicina sabe»

José Letamendi De Manjarrés, médico y escritor español

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Si las elecciones para gobernador del 2010 se adelantan del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, puede dar por un hecho que ni Blanca Alcalá Ruiz, ni Enrique Agüera Ibáñez llegarán a la puja final por la nominación priísta a la gubernatura de Puebla.

La presidenta municipal tendría el inconveniente de faltar a su compromiso, suscrito ante notario público, de gobernar la capital del estado por tres años, y de pedir licencia para participar en el proceso interno del PRI casi inmediatamente después de rendir su segundo informe de labores, por ahí del 15 de febrero de 2010.

Es decir, Blanca Alcalá tendría que dejar el gobierno de la ciudad justo a los dos años de su toma de posesión.

En estas condiciones, muy difícilmente la primera alcaldesa de Puebla estaría en posibilidades ya no de ganar la gubernatura, sino de salir a convencer a los poblanos de ser la mejor opción para el estado, máxime cuando su legado en materia de obra pública para febrero de 2010 se vislumbra como muy modesto, por no usar otra palabra.

La situación para el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es igual o aún más complicada.

Enrique Agüera Ibáñez no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, algo en lo que ya trabaja y con ahínco, sino preparar a marchas forzadas al que sería su sucesor, y que necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto.

Y es que las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después, es decir en febrero o marzo de 2010, Agüera tendría que pedir licencia o renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador.

En ese escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

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A diferencia de las anteriores marchas y protestas realizadas por los maestros disidentes, la de ayer tuvo como centro al gobierno del estado y al secretario de Educación Pública, Darío Carmona García.

Los profesores que ayer salieron a la calle ya no sólo exigían la remoción de los secretarios de las secciones 23 y 51 del SNTE, y la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), sino que el gobierno de Marín defina su postura frente a la Alianza y que Darío Carmona sea relevado de la SEP o que al menos quede fuera de la mesa de negociaciones con los disidentes.

La posición de los inconformes que hoy también amenazan con tomar en cualquier momento las oficinas de la SEP, se explica por el doble discurso de Darío Carmona, que primero alentó el movimiento disidente y ahora, por las presiones del SNTE, los amaga con descuentos y otras sanciones económicas.

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Antonio Galy Fayad fue designado este martes como director regional Pacífico-Centro del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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