En los días por venir podría reactivarse la polémica por la venta de predios destinados a áreas verdes o de preservación ecológica en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, por parte del fideicomiso responsable de administrarla, a cargo de Rafael Moreno Valle Buitrón.

La nueva controversia tendrá como punto de partida una investigación realizada por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) sobre el cumplimiento de la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios de 1992, y el surgimiento de una nueva organización conformada por hijos de ejidatarios que exigirá la devolución de aquellos predios de la reserva territorial que están ociosos o convertidos en lotes baldíos.

Sobre el primer punto, vale la pena comentar que hace unos días el Fifonafe le hizo llegar al diputado panista Manuel Janeiro Fernández, y a la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol federal, Sara Topelson de Grinbelg, un informe sobre qué tanto se han cumplido los propósitos de los decretos expropiatorios de 1992 para crear una reserva que contribuyera al ordenamiento de la zona metropolitana de Puebla.

Según dicho informe, la causa de utilidad pública se ha cumplido en lo general, pues en el 8.69% de los predios de la reserva —que actualmente se encuentran baldíos— “se observan variaciones” que se apartan de lo establecido en el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los municipios de Cuatlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Los cambios más relevantes se presentan en las áreas y usos de suelo destinados a vivienda, comercio y vialidades. Para la construcción de vivienda se habían considerado 520.26 hectáreas y finalmente se asignaron 429.22 hectáreas; lo mismo pasó con la superficie para vialidades, originalmente las avenidas, calles y demás caminos de la reserva abarcarían 263.36 hectáreas y al final sólo se construyeron 111.08 hectáreas.

En cambio, el fideicomiso que administra la reserva privilegió la actividad comercial y los servicios, pues la superficie pasó de 69.70 a 155.52 hectáreas.

En este contexto llaman la atención las acciones que un grupo de hijos o descendientes de ejidatarios de Santiago Momoxpan, La Trinidad Chiautenco y San Bernardino Tlaxcalancingo han comenzado a realizar para constituir una organización que por la vía legal exija la devolución de los predios ociosos, baldíos o sujetos a especulación en la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.

Entre los argumentos que los descendientes de los ejidatarios afectados piensan llevar a los tribunales destacan dos que no carecen de lógica jurídica. Por un lado, está el incumplimiento a cabalidad de la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios de 1992 y, por otro, la cláusula quinta de los convenios de transferencia firmados por el gobierno del estado, por la cual acepta devolver a la Federación los predios afectados si en un plazo de cinco años éstos no se hubiesen utilizado o tuviesen un uso distinto del propósito con que fueron expropiados.

Esto que se enuncia fácil, en realidad podría ser de grandes consecuencias, pues los ejidatarios —o mejor dicho, sus asesores— no ignoran que entre estos predios figuran entre 21 y 59 hectáreas que hoy están en manos de personajes y organizaciones como Ricardo Henaine Mezher, el Consejo Coordinador Empresarial, el Hospital Ángeles y el Fideicomiso de la Reserva Territorial.

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Simón dice:

“Para amasar una fortuna no se requiere ingenio, lo preciso es carecer de delicadeza”.
Caballero de Bruix (1728-1780). Escritor francés.

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Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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