LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘Magistrado del Poder Judicial del Estado’

Parientes de magistrados controlan el Poder Judicial del estado

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 * Parientes de magistrados controlan el Poder Judicial del estado

* Este mal podría corregirse con una Reforma Judicial que no llega

* O con la salida de 13 de magistrados que quieren su retiro dorado

* Negocia líder nacional del PVEM senaduría para Juan Carlos Natale

Una de las reformas más esperadas por el gobierno de Rafael Moreno Valle es la relativa al Poder Judicial del estado que, según diversas evaluaciones, es uno de los peores del país en cuanto a administración de justicia se refiere.

Y hoy como nunca existe una gran oportunidad de transformarlo, a partir de la decisión de 13 de sus 25 magistrados de retirarse obligatoria y voluntariamente —con el aval del pleno del Tribunal Superior de Justicia—, gozando de una cuestionada pensión de más de 75 mil pesos mensuales.

De esos 13 magistrados, cinco ya disfrutan de su jubilación: Elba Rojas Bruschetta, Carlos Enrique Hernández Ramírez, Fernando García Rosas, Leonardo Tecua Petla y Gerardo Manuel Villar Borja, quienes, por cierto, iniciaron sus trámites de retiro el año anterior, una vez que supieron que Rafael Moreno Valle sería el sustituto de Mario Marín Torres en la gubernatura del estado.

Los otros ocho magistrados  que también quieren disfrutar de un retiro dorado son: Alfredo Mendoza García, Álvaro David López Rubí, Juan José Barrientos Granda, María de los Ángeles Juárez Hernández, Saúl Acosta Hernández, Francisco Javier Vázquez Motolinia, Blanca Louvier Díaz y Manuel Nicolás Ríos Torres.

Esta situación —me refiero al retiro de los magistrados— coloca al gobernador Moreno Valle en una posición de privilegio para depurar el Tribunal y corregir los vicios que de muchos años arrastran sus principales integrantes, entre ellos el nepotismo.

El gobernador del estado es el único, en términos del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que puede proponer al Congreso ternas para el nombramiento de magistrados, siempre que éstos cumplan con los siguientes requisitos: Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno uso de sus derechos políticos y civiles; ser mayores de 35 años; ser profesionales del derecho con título legalmente expedido, con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito que merezca pena corporal de más de un año de prisión.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial no se establece que los magistrados deban poseer carrera judicial.

La condición de que debían ser ciudadanos poblanos se reformó en febrero de 2011 para que Víctor Manuel Carrancá Bourget fuera nombrado procurador de Justicia en el estado.

Nepotismo en el Poder Judicial

Uno de los males más engendrados dentro del Poder Judicial del estado es el nepotismo de los magistrados tanto en funciones como retirados.

Aquí algunos ejemplos:

El magistrado Álvaro López Rubí, quien tiene a su cargo la Primera Sala de lo Civil, tiene como parientes a su hija María Dolores López Rubí, que es secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar; a su sobrino, Alberto Miranda Guerra, que labora como Juez Cuarto Penal; y a su yerno Alejandro Hatuni Nekuzi, quien se desempeña como auxiliar administrativo del Departamento de Desarrollo Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

El magistrado Saúl Acosta Hernández, responsable de la Primera Sala Civil, tiene a dos sobrinos. A Saydi Tirado Hernández, como secretaria itinerante del Juzgado de lo Familiar; y a Arturo Tirado Hernández, como diligenciario del Juzgado Décimo Primero de lo Civil.

La magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández, titular de la Segunda Sala Civil, tiene a su hijo y dos recomendados dentro del Poder Judicial. Su hijo José Luis Arenas Juárez es secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala Civil. Sus recomendados son Manuel de Jesús López Ornelas, capturista del Departamento de Depósitos y Fianzas; y Jesús Reyes Patiño, mecanógrafo del Juzgado Décimo de lo Civil.

El magistrado Enrique Flores Ramos, de la Segunda Sala Civil, tiene como orgullo de su nepotismo a Gabriela Juárez Aragón, que labora en el Juzgado Primero de lo Civil; y a Patricia Aragón Mora, quien hace funciones de taquimecanógrafa en el Juzgado Segundo Familiar.

El magistrado Alfredo Mendoza García, que tiene a su cargo la Segunda Sala Civil, es el rey del nepotismo al seno del Tribunal Superior de Justicia. Su hijo Roberto Antonio Mendoza Salmorán es secretario de Estudio y Cuenta del Juzgado Octavo de lo Civil; su esposa Sandra Lucía Perea Iturriaga es Juez Décimo Civil; su suegra María de la Luz Iturriaga Trejo es mecanógrafa en el Juzgado Tercero de lo Civil; su cuñada Diana Renata Perea Iturriaga es taquimecanógrafa en el Juzgado Séptimo de lo Civil; y su otra cuñada Brenda Ivonne Perea Iturriaga es secretaria de Estudio y Cuenta del Juzgado Quinto de lo Civil.

A la lista hay que agregar los nombres de otros familiares como primos de él y de su esposa, concuños, comadres y demás recomendados, entre los que figuran los siguientes: Alejandro Edmundo Iturriaga Perea, primo de su actual esposa y contratista del Poder Judicial a través de diferentes empresas; Erick Enrique Iturriaga Perea, jefe del Departamento de Adquisiciones, y primo de su esposa; María Zuradelli Ruano, auxiliar administrativo de la presidencia del Tribunal y hermana del ex esposo de Ofelia del Carmen Nava Pérez, ex directora de la Comisión Administrativa y prima del magistrado Alfredo Mendoza; y Salvador Padilla Muñoz, empleado del Departamento de Informática y cuñado de Ofelia del Carmen Nava, que como ya se dijo líneas arriba es prima del magistrado.

Completan la relación su concuño José Antonio  Corona Ureña, comisario de la Segunda Sala Civil; su comadre Gloria Aguayo Reina, adscrita al Departamento de Intendencia de la Subdirección de Servicios General del TSJ; la hermana de su concuño María del Coral Corona Ureña, diligenciaria del Juzgado Cuarto Penal; el actual esposo de su prima Ofelia del Carmen Nava, Juan Manuel Abraham Fosado Cisneros, coordinador administrativo de la Subdirección de Servicios Generales; y la comadre y compadre de su prima María Antonia Cortés Valencia, analista adscrita a la Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros, y Luis Martín Hernández Vázquez, encargado del Departamento de Recursos Humanos del TSJ.

El actual presidente del Poder Judicial del estado, David López Muñoz, tampoco escapa al nepotismo por la vía de su cuñado Salomón López Gabriel, quien se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala Penal.

El magistrado retirado Leonardo Tecua Petla, quien tenía a su cargo la Primera Sala Penal, tiene metidos a su hija Vanessa Tecua Vázquez como secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala Civil; a su sobrino Pedro Romero Tecua como auxiliar de Oficial Mayor en el Juzgado Segundo Penal; a su yerno Jesús Palma Zenteno como mecanógrafo en el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil; y a una recomendada Martha Eugenia Huerta Cervantes como Oficial Mayor de la Secretaría de Acuerdos del TSJ, quien a su vez tiene a sus hermanas como mecanógrafas, Georgina Dolores, en la Segunda Sala Civil, y María del Consuelo, en la Primera Sala Penal.

La magistrada Elba Rojas Bruschetta, también retirada, dejó a su hijo César Pérez Rojas como auxiliar administrativo en el Centro de Mediación.

El magistrado Fernando García Rojas también dejó a su hijo Alejandro García León como secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil antes de retirarse.

El magistrado Gerardo Villar Borja también dejó a su hija Araceli Villar Ceballos como secretaria de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala Civil.

El magistrado Juan José Barrientos Granda, titular de la Segunda Sala Penal, tiene a su sobrina política Isela Ibáñez Meneses como taquimecanógrafa en el Juzgado Tercero Familiar.

El magistrado Manuel Nicolás Ríos Torres, encargado de la Tercera Sala Penal, a su sobrino político Roberto Carlos Díaz Amaro como secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Xicotepec.

Y el magistrado Federico González Tamayo, ya jubilado, a su hijo Leonardo González Romero como secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala Civil; y a su nuera Magally Escamilla Rodríguez como secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala Penal. Otro pariente suyo que también cobraba dentro del Poder Judicial era Enrique Romero Razo, quien se desempeñó como juez penal de Cholula y juez de Teziutlán hasta antes de su cese.

EN CORTO

Este viernes el líder nacional del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, se reunió a cenar en Casa Puebla con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, y una de las peticiones que le hizo fue ayudar al diputado federal Juan Carlos Natale López a que fuera nominado como candidato a senador por el estado de Puebla.

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Simón dice:

“Si no existieran hijos, yernos, hermanos y cuñados, cuántos disgustos se ahorrarían los jefes de gobierno.”

Álvaro de Figueroa y Torres (1863-1950) Político español.

CAIP, decisión polémica

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Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

CAIP

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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