Por Fernando Pérez Corona

Uno de los escenarios más analizados  por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Lydia Cacho fue el posible concierto de autoridades en contra de la autora de “Los demonios del edén”.

Con base en la conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge, la discusión entre los integrantes del máximo tribunal del país estuvo encauzada hacia la supuesta confabulación entre los poderes Ejecutivo y Judicial para violar los derechos de la periodista, y la nula posibilidad del Legislativo para sancionar esta acción ilegal.

El final, ya lo conocemos.

En esta semana, no está de más recordar el reclamo de Cacho Ribeiro.

¿Por qué?

Tan sólo reflexione conmigo:

¿Qué posibilidades tenemos los poblanos de que el Congreso local legisle en beneficio de nosotros, si la mayoría priísta se impone y acata la indicación del gobernador?

Así sucedió con la Ley de Transparencia.

Decidieron con base a los intereses del mandatario, ni siquiera en relación con sus propias ideas.

Los diputados del instituto tricolor no escucharon a la gente y tomaron la decisión de caminar hacia donde les ordenaron.

Y todo nos viene de golpe y porrazo.

El pasado fin de semana, una maniobra en el Poder Judicial ordenada desde el Poder Ejecutivo permitió al Fideicomiso Atlixcáyotl-Quetzalcoatl recuperar el Parque del Arte y desalojar a Puebla Verde, específicamente a Verónica Mastretta.

Los jueces habían partido de vacaciones a las 3 de la tarde y a las 6 todavía un diligenciario salió a cumplir con su deber.
Ajá.

Pero no fuera uno, porque padecemos las de Caín.

En breve, la elección (¿o designación?) del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

¿Hay posibilidades de proponer al mejor?
No.

La decisión está en manos del gobernador Mario Marín Torres.
Como siempre.

A merced del señor gobernador.
Indefensos.

En corto

¿Sabe usted algo acerca de la construcción del Libramiento Norte de la ciudad de México, el cual tendrá una longitud de 224 kilómetros, desde San Martín Texmelucan hasta Atlacomulco, estado de México? Si carece de esta información, le cuento que la vía terrestre atravesará las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro, así como las carreteras Texcoco-Apizaco y México-Tulancingo. Además formará parte del corredor del altiplano y enlazará cinco corredores troncales. La obra está a cargo del Grupo Carso, de Carlos Slim, y estaría terminada este año. Pero no. Falta mucho para terminar. Para empezar, no están resueltos los problemas con ejidatarios y comunidades que reclaman obras complementarias. ***** Otra sobre carreteras. Además del Libramiento Norte, la empresa española Obrascón-Huarte-Lain (OHL) tiene otras obras relacionadas con Puebla, aunque estas no fueron negociadas en el despacho del gobernador Mario Marín Torres. OHL construye el circuito exterior mexiquense, en un tramo de Huehuetoca al oriente del Distrito Federal; pero, además, tendrá a su cargo la segunda fase de la autopista Puebla-Chalco, con una longitud de 100 kilómetros. ¿Estará pensando en conectar esta autopista con el Libramiento Norte? ¿Será? ¿De ahí la necesidad de tener tres casetas de peaje? ¿Un punto de cobro servirá para unir las dos vías terrestres? Piensa mal y acertarás. ***** Por cierto, la tarde de este lunes me dio coraje encontrarme en internet con la orden del día de la sesión pública del Congreso local del pasado 3 de julio, pues el diputado José Manuel Benigno Pérez Vega, promovió el “Punto de Acuerdo” para exhortar “al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a informar a esta Soberanía sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico”. Ojalá y a estas alturas el célebre Pepe Momoxpan sepa que el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no tendrá conexión con el Periférico, que son dos vialidades distintas. ***** Y ya que hablamos de la ignorancia de nuestros legisladores, la semana pasada, navegando por las ondas hertzianas encontré una entrevista en vivo de la priísta Bárbara Ganime respecto al próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH). La sorpresa fue mayúscula cuando la integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura proponía, en lugar de un ombudsman, una “ombudswoman”. ¿¿¡¡ Quéeeee !!?? No es inglés. La palabra ombudsman es de origen sueco y significa «representante del ciudadano”. Así, pues, el femenino de ombudsman es ombudskvina u ombudsperson. Para evitar problemas, sería correcto tan sólo decir la ombudsman. Olviden eso de “ombudswoman” (ya dejen de ver las añejas series gringas de Wonderwoman y The Bionic Woman, o las historietas de Catwoman, e incrementen su acervo cultural). ***** Para festejar el 40 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México prepara una exposición de fotógrafo oriundo de Zacatlán, Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido como “Manachito”, cuando era fotógrafo de Luis Echeverría. Como se recordará, tras su muerte su familia heredó una colección de mil 268 fotografías, las cuales fueron vendidas por su hermana a la máxima casa de estudios, la cual realizó la digitalización del lote en 2002. Las fotografías serán expuestas junto con el archivo del ex gobernador de Veracruz (1962-68), Fernando López Arias.

Y hasta pronto.
Mañana vuelve Rodolfo Ruiz a este espacio.
Cualquier comentario: ferperezcorona@hotmail.com
Gracias

Ayer, durante la comida por el cumpleaños número 80 del periodista Enrique Montero Ponce, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se levantó para ir al tocador y estando en el baño sufrió un desvanecimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 16 horas en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Presidente Intercontinental, donde tuvo lugar dicho festejo.

Pero qué necesidad

Este jueves el Congreso del estado aprobará las reformas a la Ley de Transparencia.

Si las reformas y adiciones serán de avanzada o si éstas se ajustarán estrictamente a lo establecido por el 6º constiticional, es algo todavía incierto.

Hasta ahora, y gracias a la presión de académicos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el grupo mayoritario dentro del Poder Legislativo, el PRI, ha flexibilizado su posición, pero no al grado de aceptar la autonomía de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) o de tipificar dentro de la propia Ley de Transparencia sanciones para los funcionarios que oculten, nieguen o escamoten la información pública que se les requiera.

El gobernador Mario Marín y la fracción parlamentaria del PRI tienen la gran oportunidad de darle a Puebla un jalón en materia de transparencia y rendición de cuentas o de mantener a la entidad en el sótano de la opacidad, con cambios de forma, pero no de fondo, o con reformas de apertura sujetas a tortuosos candados legales.

La estrategia de Casa Aguayo y de los diputados del PRI de querer sacar la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres, a cambio de una reforma de avanzada a la Ley de Transparencia, no sólo es equivocada, sino torpe, pues deja al imaginario colectivo la sensación de que algo turbio y podrido se enconde el estado de origen y aplicación de recursos del ejecutivo del estado en el ejercicio 2007.

Usar la reforma a la Ley de Transparencia como moneda de cambio, no sólo es un despropósito, sino una transacción inmoral, que dejará mal parados al gobernador y a los diputados del PRI y la oposición que se presten a esta negociación.

Ambos procesos, la aprobación de la Ley de Transparencia y la aprobación de la cuenta pública del gobernador, deben seguir sus propios derroteros.

En el primero, Mario Marín puede ganar legitimidad —que mucha falta le hace, después del escándalo en que se vio envuelto por el litigio con la periodista Lydia Cacho— con una reforma de avanzada, que dote de autonomía operativa, de gestión y de decisión a la CAIP; que facilite a los ciudadanos la obtención de información pública, a través de instrumentos ya probados como el Infomex; que convierta a partidos políticos, fideicomisos y demás instituciones que reciben financiamiento público en sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que fije plazos a las dependencias para publicar sus indicadores de gestión.

Por lo que hace a la cuenta pública, creo que el PRI debería redefinir su estrategia, partiendo de que tiene la mayoría, y de que aun con los votos de la oposición en contra, no existe ningún riesgo de que dicha cuenta se quede sin aprobar.

Si el PRI se abre al debate y reta a la oposición a que documente y pruebe las acusaciones e inconstencias que seguramente denunciará, pondrá a sus críticos contra la pared, pues estos no tendrán más remedio que probar sus dichos —cosa que hasta el momento no han hecho— o quedarse callados, a riesgos de ser exhibidos como diarréicos verbales.

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Aunque usted no lo crea, como diría Jack Palance en su célebre programa Ripley’s Believe It or Not!, entre el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, y el gobernador Mario Marín Torres, ha habido más de un pacto político electoral.

Uno, ya lo confesó el propio Manuel Espino la semana pasada, cuando a un grupo de periodistas de la ciudad de México le confió que después del segundo debate presidencial, se reunió con 10 gobernadores priístas, entre ellos Mario Marín Torres, para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006.

Hay que añadir, como información complementaria, que antes de que Manuel Espino hiciera públicos esos arreglos poco ortodoxos, dos personajes cercanísimos al entonces candidato presidencial del PAN, Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava Vázquez, ya habían dado el primer paso en las concertacesiones electorales con los gobernadores priístas.

El actual secretario de Gobernación, junto con el hoy secretario particular de Felipe Calderón tuvieron su primer acuerdo con los gobernadores priístas Nuevo León, Natividad González Parás, y del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Pero no nos distraigamos, y menos cuando del primer arreglo entre Manuel Espino y Mario Marín ya nos ocupamos el pasado 3 de julio, en este mismo blog.

Ahora vayamos al segundo pacto.

Éste tuvo lugar el 5 de mayo de 2007. Sí, el mismo día del desfile cívico militar, con motivo del 145 aniversario de la gesta heroica de Puebla.

Ese sábado Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, no fueron los únicos que volaron a Puebla.

También lo hicieron, aunque por separado, Manuel Espino y Carlos Salomón Cámara, éste último en su rol de publirrelacionista. Ambos se entrevistaron con el gobernador, y el acuerdo que selló el primero y del que fue testigo privilegiado el segundo, fue también electoral.

Los priístas, en la persona de Marín, se comprometieron a no hacer escarnio de la figura presidencial en la campaña de diputados al Congreso del estado y de presidentes municipales, y los panistas, a su vez, a olvidarse del caso del góber precioso y la periodista Lydia Cacho.

De ahí que al inicio de la campaña electoral del 2007, Manuel Espino aprovechó el seminario de capacitación que el PAN ofreció a sus candidatos en el cristiano Colegio Intercanadiense de San Pedro Cholula para tirar línea a sus candidatos: “No necesitamos del escándalo Marín-Cacho para ganar las elecciones”.

Las declaraciones de Manuel Espino se produjeron el domingo 19 de agosto de 2007, y fueron seguidas al pie de la letra por el dirigente estatal panista, Rafael Micalco Méndez, quien ese día no se cansó de repetir que su partido no recurriría al caso Marín-Cacho como estrategia electoral, pues sus candidatos harían campañas de altura y con propuestas reales.

Y así les fue a los panistas.

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Si quiere consultar más información sobre el tema, revise la siguiente nota bajo la firma de Ignacio Juárez Galindo o la crónica publicada ese mismo día por Mario Martell en Intolerancia.

– Ni “guerra sucia” ni excesiva confianza, insta Manuel Espino a panistas
– Desconoce Espino su origen político

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