En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

Pérez Salazar, ¿el contrapeso para Moreno Valle en la capital?

Un asunto del que hasta ahora poco o nada se ha comentado, es la lista de aspirantes del PRI a la presidencia municipal de Puebla, que el propio gobernador Mario Marín Torres dio a conocer en aquel polémico desayuno del miércoles en Casa Puebla.

Lo primero que habría que decir es que en esa relación hay nombres que no resistirán el mínimo análisis, a la luz de sus fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. Bastaría un simple análisis FODA para eliminar a personajes como Javier García Ramírez, titular de la SEDUOP estatal, por su estela de corrupción y magros resultados en materia de obra pública; y Carlos Meza Viveros, dirigente municipal del PRI, por su altanería y belicosidad.

En la lista hay nombres que automáticamente quedarían fuera, si el candidato del PRI a la gubernatura fuera Javier López Zavala o Alejandro Armenta Mier, marinistas químicamente puros.

Hace unos días, en su columna Serpientes y Escaleras el periodista Ricardo Morales puso en entredicho la conveniencia de que Valentín Meneses Rojas, secretario de Comunicaciones y Transportes del gabinete marinista, pudiera ser el candidato a la presidencia, recordándole aquella máxima que dice que en política no es posible tener perritos y gatitos al mismo tiempo.

Personalmente comparto esa opinión, y en ese sentido creo que si los marinistas se hicieran de la candidatura del PRI al gobierno del estado, lo más conveniente para ellos sería compartir el resto del pastel con otros grupos priístas.

En tal virtud, me parece que el “Proyecto Z” o el “Proyecto A” eliminarían por default a otros personajes de la burbuja marinista como el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y el ya citado Valentín Meneses.

Otros aspirantes mencionados por el gobernador Mario Marín fueron los diputados locales Pablo Fernández del Campo y Luis Alberto Arriaga Lila, el primero integrante de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, y el segundo presidente del Comité de Comunicación Social y vocero del grupo parlamentario del PRI.

Con ninguno de los dos, el gobernador tiene compromiso o facturas pendientes, lo que no significa que no le interesen. A ambos Marín los necesita, pero en la LVII Legislatura, para mantener el control de la bancada del PRI ante los desvaríos del presidente de la Gran Comisión, José Othón Baillleres, los berrinches de la presidenta de la Comisión Inspectora, Rocío García Olmedo, y para sacar adelante la cuenta pública de su sexto año de gobierno.

Los últimos de la lista son José Antonio López Malo Capellini, secretario de Desarrollo Económico, y Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas y Administración.

Más allá de sus buenas relaciones con distintos grupos dentro y fuera del PRI, las expectativas que López Malo podría generar como compañero de fórmula de Javier López Zavala parecen pobres.

Y es que el secretario de Desarrollo Económico no es percibido como un factor de poder, ni como un interlocutor de peso, sino como un funcionario de medio pelo cuya mejor carta de presentación es su buen trato.

Con Pérez Salazar la situación podría ser diferente. El secretario de Finanzas no sólo podría ser un buen contrapeso en la capital del estado del eventual candidato del PAN a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, sino el complemento que cubriría los sectores de clase media y alta que no encajan con el “Proyecto Z”.

Si bien Pérez Salazar forma parte de la actual administración estatal, lo cierto es que no se le percibe como un marinista de hueso colorado, pese a que en los hechos el gobernador le ha delegado la interlocución del gobierno con algunos inversionistas y grupos de la iniciativa privada.

Su participación el sábado como orador en la ceremonia cívica luctuosa de Benito Juárez es apenas el comienzo de su iniciación como precandidato priísta a la alcaldía poblana.

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Simón dice:

“Ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso las horas y el tiempo pasan”.
William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Las confidencias que este miércoles hizo el gobernador Mario Marín Torres a un grupo de columnistas políticos, invitados a desayunar a Casa Puebla, sobre su sucesión gubernamental, y sobre los aspirantes a la presidencia municipal de Puebla, no son más que resultado de un exceso de confianza.

O, si se prefiere, de falta de prudencia política.

Y es que, innecesariamente, provocó la molestia de los que ahora decidió excluir de su lista de favoritos, idóneos, o con méritos, para hacerse de la nominación del PRI a la gubernatura de la entidad.

Uno de lo más irritados con las declaraciones del Ejecutivo fue Enrique Doger, y quizás con razón, pues con qué calidad primero lo convoca a desayunar a Casa Puebla para sumarse a la campaña del PRI a diputados federales, y luego, en petit comité con columnistas, lo descalifica.

El gobernador descuidó las formas —que en política son fondo— y eso puede complicarle su sucesión, si los priístas que ayer marginó deciden unirse en un bloque anti-Zavala o aliarse con el principal aspirante del PAN a Casa Puebla, el senador Rafael Moreno Valle.

A estas alturas lo mejor que puede hacer Marín, en su calidad de primer priísta de la entidad, es construir consensos dentro y fuera del partido, sobre todo ahora que las circunstancias juegan a favor de su secretario de Desarrollo Social, después del aplastante triunfo del PRI poblano en las pasadas elecciones federales, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de adelantar cuatro meses los comicios locales del año entrante.

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Felipe Calderón Hinojosa estará el próximo lunes en el Congreso del estado. Sí, en el recinto que alguna vez pisó como candidato del PAN a la presidencia de la República para sacar tarjeta roja al gobernador Mario Marín en la vorágine del caso Lydia Cacho.

El presidente Calderón asistirá a la ceremonia solemne que la LVII Legislatura tributará a la extinta filántropa poblana Ángeles Espinosa Iglesias, al inscribir con letras de oro su nombre en el muro de honor del Congreso del estado.

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Simón dice:

“La confianza es madre del descuido”.
 Baltasar Gracián (1601-1658). Escritor español.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) podría convertirse en el talón de Aquiles de los próximos comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, por el desgaste de su presidente Jorge Sánchez Morales y la desconfianza que sobre él tienen consejeros electorales y representantes de partidos políticos.

No por nada en el proyecto de reformas electorales que este día harán llegar a la LVII Legislatura local los miembros del Consejo General del IEE hay varias propuestas con clara dedicatoria al presidente del Instituto, como aquella que plantea que éste debe integrar a sus informes anuales las auditorias internas y externas que se realicen a la presidencia y a las direcciones ejecutivas del organismo.

O aquella otra que lo hace responsable no sólo del ejercicio presupuestal y financiero del Instituto, sino de vigilar y velar por el patrimonio del organismo y los recursos humanos y materiales a su cargo.

Jorge Sánchez no es ninguna garantía para sacar adelante el proceso electoral del año entrante, pues no sólo carece de la confianza y estima de sus compañeros consejeros —en particular de Alicia Olga Lazcano Ponce, Fidencio Aguilar Víquez y Miguel David Jiménez López— sino de la menguada estructura operativa del Instituto, comandada por el director general José Antonio Bretón Betanzos, cuya ratificación o salida tendrá que analizarse en un par de meses.

Además, mantiene una abierta confrontación con dirigentes y representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE, entre los que destacan Rafael Guzmán Hernández, del PAN y Jorge Luis Blancarte Morales, de Convergencia.

Pero por si eso no fuera suficiente, hay que agregar que una buena parte de las direcciones ejecutivas y demás oficinas del aparato operativo del Instituto están desmanteladas o sin titular. En el mejor de los casos funcionan con un encargado de despacho.

A la fecha están vacantes la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Contraloría Interna, la Oficina del Área de Trámite de la Secretaría General, y la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General. Y otras como la Dirección Administrativa y la Unidad del Servicio Electoral Profesional operan desde hace más de dos años con encargados de despacho.

De ahí, la fundada preocupación de no pocos actores políticos sobre el riesgo de que Jorge Sánchez Morales se mantenga como organizador y árbitro del adelantado proceso electoral del año próximo.

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Simón dice:

“Mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo”.
Publio Terencio Afer (195 AC-159 AC). Autor cómico latino.

PAN, PRD y Convergencia podrían ganar controversia
Mario Montero, de Gobernación, ya valora ese escenario

En el transcurso de los próximos días, la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) podría emitir un fallo que sólo precipitará los tiempos de la sucesión gubernamental en Puebla, lo que dejará fuera de la carrera priísta a figuras como la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz y al rector de la BUAP Enrique Agüera Ibáñez —aunque este último ya estaba más afuera que adentro— sino que además metería a los principales partidos y actores políticos en un torbellino electoral.

El viernes por la noche, el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, se mostraba preocupado por lo que se avecina: un resolutivo adverso al gobernador Mario Marín Torres y a la mayoría priísta en el Congreso del estado, que desatendieron la reforma constitucional federal en materia electoral.

En concreto, en el punto relativo a la fecha en que deben celebrarse los próximos comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión y lo publicado por el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, en lo concerniente al inciso a) de la fracción IV del reformado artículo 116 constitucional, “las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda”, año que en el caso de Puebla corresponde al 2010.

Este aspecto de la reforma se quiso ignorar en Puebla, a partir de alargar el proceso local electoral de noviembre de 2007 hasta agosto de 2008, so pretexto de las elecciones extraordinarias en el municipio de Felipe Ángeles.

Mediante esta argucia, la mayoría priísta en la LVII Legislatura local se negó a modificar el Código de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad, y en particular el artículo 19 que fija como fecha de las elecciones el segundo domingo de noviembre.

Como ya es sabido, PAN, PRD y Convergencia se fueron a una controversia constitucional ante la Suprema Corte, juicio que está por resolverse en el transcurso de los siguientes días.

Si el fallo, como se prevé, es contrario al gobernador y al Congreso del estado, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro meses, para celebrarse el primer domingo de julio y no el segundo domingo de noviembre.

Este escenario no sólo alteraría el calendario electoral, sino que precipitaría los tiempos de la sucesión gubernamental, pues ahora los partidos tendrían que tener listos —o cuando menos perfilados— a  sus candidatos a la gubernatura en febrero o marzo del año entrante, y no en mayo o junio, como tradicionalmente ocurría.

Dicha circunstancia eliminaría por default a Blanca Alcalá Ruiz, pues la presidenta municipal tendría que dejar el ayuntamiento de Puebla —olvidándose de su compromiso ante notario público de concluir su gestión de tres años— casi a la par de rendir su segundo informe de labores.

Otro que también quedaría descartado es Enrique Agüera Ibáñez, pues no podría buscar la reelección en la rectoría de la BUAP, para luego renunciar cuatro o cinco meses después a fin de estar en condiciones de contender por la gubernatura de Puebla como candidato del PRI.

El secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, sería el más favorecido, no sólo por el posicionamiento electoral y mediático que hoy tiene, sino por la campaña paralela que a la par de los candidatos a diputados federales viene realizando a lo largo y ancho del territorio poblano.

El fallo de la SCJN adelantando cuatro meses los comicios locales del próximo año también beneficiaría al senador Rafael Moreno Valle Rosas, en el caso del PAN, debido a que hoy por hoy es el aspirante a la gubernatura mejor rankeado, en términos de conocimiento y potencial electoral.

Otro aspecto no menos importante en un escenario de sucesión gubernamental adelantada son las elecciones federales previstas para dentro de 35 días, por los resultados que podrían arrojar y la interpretación que éstos tendrían en la carrera por Casa Puebla.

Y es que si el PRI pierde ocho o más distritos, sus probabilidades de ganar la gubernatura, y la mayoría de las presidencias municipales y diputaciones al Congreso del estado se irían a la baja, y las del PAN a la alza, sobre todo es un escenario donde el candidato del tricolor fuera Javier López Zavala y el del blanquiazul, Rafael Moreno Valle.

Así las cosas, habrá que estar muy pendientes del fallo de la Suprema Corte y de lo que ocurra en las elecciones del 5 de julio, pues una y otra circunstancia marcarán el derrotero de la lucha por Casa Puebla.

EN CORTO
Por diversas razones que no vale la pena enunciar aquí, mi cuenta anterior de rruiz@e-consulta.com.mx ha quedado inhabilitada. Dejó de operar hace un par de semanas. Ahora mi nueva dirección de correo electrónico es rruiz@e-consulta.com, sin el mx. La cuenta de periodistasoy@hotmail.com sigue activa y funcionando.

Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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La iniciativa de reformas electorales que el Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado el pasado 16 de octubre contempla empatar las elecciones federales con las locales, pero hasta julio de 2015.

Ello significa que el futuro gobernador, es decir, el sucesor de Mario Marín Torres, no tendría un periodo de seis años, sino sólo de cuatro años ocho meses, y que los futuros diputados y presidentes municipales no durarían en su encargo tres años, sino cuatro años ocho meses.

La intención de esta iniciativa panista, que fue turnada a la Comisión de Gobernación de la LVII Legislatura ––sin  que hasta el momento exista una fecha para su estudio y dictamen––, es homologar los comicios locales con las federales, siguiendo el espíritu de la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.

El proyecto que, de entrada resulta polémico, parte de una realidad innegable: el hartazgo de los poblanos que año tras año estamos metidos en procesos electorales, caracterizados por grillas y enfrentamientos entre militantes y partidos, ausencia de propuestas viables y plausibles, y despilfarro económico y publicitario de los actores involucrados en cada elección.

El calendario político electoral de la última década ha sido el siguiente: En 1998 hubo comicios para gobernador, diputados locales y presidentes municipales; en 1999, plebiscitos para elegir autoridades en juntas auxiliares; en 2000 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2001 hubo otra vez comicios para diputados al Congreso del estado y autoridades municipales en los 217 ayuntamientos; en 2002 elecciones para presidente de Juntas Auxiliares; en 2003 elecciones para diputados federales; en 2004 elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos; en 2005 elecciones en 644 Juntas Auxiliares; en 2006 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2007 nuevamente elecciones para diputados locales y presidentes municipales, y en 2008 elecciones para renovar autoridades en las Juntas Auxiliares de la entidad.

Esta situación, en verdad absurda, ya no debe continuar, no sólo por el enorme derroche de recursos humanos y materiales que se destinan en cada proceso, sino por el irrecuperable tiempo que se invierte en estas elecciones.

La iniciativa del PAN contempla, además, que los comicios locales del 2010 se adelanten cuatro meses, del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, sin afectar el periodo de gobierno de Mario Marín, cuya gestión concluiría hasta el 31 de enero de 2011.

Los cambios de fondo serían para las autoridades locales entrantes. El más afectado sería el futuro gobernador, quien en lugar de durar seis años, sólo estaría en el puesto cuatro años ocho meses.

En cambio, resultarían beneficiados los próximos alcaldes y diputados al Congreso del estado cuya gestión, por única vez, se prolongaría de tres años a cuatro años ocho meses.

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MMT y la mayoría priísta ignoran la Reforma Constitucional
Promueven a hijo de Piña Olaya para una diputación federal

Un tema que hasta ahora no queda claro para nadie es si en Puebla se adelantarán o no las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, del año 2010.

De acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión —y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007—, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro de meses, para llevarse a cabo en julio y no en noviembre.

En términos del artículo 116 constitucional fracción IV inciso a), las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda.

Sin embargo, localmente se ha dicho que por las elecciones extraordinarias celebradas en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla quedará al margen de esa reforma, de suerte que la renovación de sus autoridades en la gubernatura, los 217 ayuntamientos y el Poder Legislativo, se efectuará en la fecha prevista por el artículo 19 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es decir, el segundo domingo de noviembre.

Un detalle que confirma la hipótesis de que las autoridades estatales —entiéndase el gobernador Mario Marín Torres y la mayoría priísta en la LVII Legislatura— no quieren que los comicios locales del 2010 se adelanten de noviembre a julio, es la omisión del Congreso del estado para adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El Congreso del estado tenía un año, a partir del día siguiente que se publicó el decreto de la Reforma Constitucional, lo cual ocurrió el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar su legislación electoral a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

De más está decir que ello no sólo no ocurrió, sino que a estas alturas ni siquiera existe en la LVII Legislatura local una iniciativa de reforma encaminada a ese propósito.

La razón no es difícil de deducir. Es lógica: Mario Marín no quiere, ni está dispuesto a entregar el poder antes de tiempo.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano el poder de un gobernante —llámese presidente de la República o gobernador— comienza a menguar con el inicio del último año del periodo sexenal o después del quinto informe de gobierno, y llega su nivel más bajo cuando se conoce el nombre de quien lo sustituirá.

En la cultura política priísta esta regla es inexorable.

Si en Puebla la Reforma Constitucional en materia electoral se aplicara, el nombre del candidato del PRI a suceder a Mario Marín en la gubernatura del estado se sabría no hasta mediados del 2010, sino a principios de ese año.

Y es que todas las fechas y plazos del proceso electoral tendrían que adelantarse si las elecciones locales se llevaran a cabo el primer domingo de julio.

Los partidos tendrían que registrar candidatos al cargo de gobernador ya no en la última semana de agosto de 2010, sino a finales de abril o principios de mayo.

Lo anterior significa, considerando los procesos internos y las precampañas de cada partido, que los precandidatos estarían en plena actividad por ahí de febrero, y que el nombre del elegido del PRI se conocería a más tardar en abril o mayo del 2010, cuando a Mario Marín aún le restan ocho meses de su periodo sexenal.

¿Usted creee que Mario Marín está dispuesto a que con la Reforma Constiucional su sexenio se acorte y se acote, con todo y que él concluiría su sexenio hasta el 31 de enero del 2011?

Ahora entiende por qué los priístas y en especial el Ejecutivo estatal no quieren adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El problema para el gobernador y los diputados locales del PRI, es que otros destacados priístas como el diputado federal Alberto Amador Leal, creen que detrás de esa negativa hay una intención de desacato y de violentar lo que en el Congreso de la Unión se aprobó.

Y si no me cree, lo invito a que escuche la entrevista que hace unas semanas concedió Alberto Amador a los directivos del periódico Puebla Sin Fronteras.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

EN CORTO

Este sábado el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn, se reunió a desayunar con un grupo de jóvenes y simpatizantes del PRI, algunos de ellos egresados de la Escuela Libre de Derecho, para anunciar su intención de buscar la diputación federal por el noveno distrito con cabecera en el municipio de Puebla.

La reunión convocada por el menor de los vástagos de Mariano Piña y su esposa Patricia Kurczyn tuvo lugar en Las Acamayas del boulevard Hermanos Serdán, restaurante propiedad de Alejandro Pasos y de los favoritos del ex gobernador.

Juan Pablo Piña tiene como rival en ese distrito al empresario Julián Haddad Férez, ex director del Instituto Poblano del Deporte en el sexenio piñaolayista.

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Otro aspirante priísta a diputado federal que el sábado organizó una gran comilona en su rancho Ciénega Larga, allá entre Chignahuapan y Tlaxco, fue Saúl Rivera Sosa.

Al banquete para 3 mil personas acudieron presidentes y ex presidentes municipales, así como políticos de esa región de la Sierra Norte.

Entre los invitados destacó la presencia de Jesús Morales Flores, quien aprovechó el evento para promoverse como aspirante a Casa Puebla, mientras Saúl Rivera hacía lo propio para la diputación por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.

Saúl Rivera tiene como contricantes en ese distrito al líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leonardo Soto Martínez, y al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.

La familia de Sául Rivera ejerce un fuerte cacicazgo en la región, desde los tiempos de su papá don Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan al igual que él. Su hermano Lorenzo Rivera Sosa es diputado local en la LVII Legislatura, cargo que él también ostentó en la LV Legislatura.

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Y hasta la próxima.

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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Aunque la LVII Legislatura aún no entra en funciones y sus 41 diputados ni siquiera han rendido protesta, ya la Secretaría de Finanzas y Administración o algún burócrata de mediano pelo, de esos que nunca faltan y que son felices haciendo llenar a la gente formularios, tablas de objetivos y hojas programáticas, sabe no sólo qué metas alcanzará, sino también cuántos dictámenes de leyes, decretos y acuerdos emitirá, así como cuántos foros de consulta popular llevará a cabo.

Sí, se lo juro.

Es más, le transcribo lo que —según la Secretaría de Finanzas, en el tomo 1, página 1 de los anexos de la Ley de Egresos del estado— tendrá que realizar el año entrante el Poder Legislativo para justificar el presupuesto de 131 millones 889 mil pesos que se le asignó para el 2008.

“Emitir 1,800 dictámenes sobre leyes, decretos y acuerdos, a fin de poder crear y modificar las mismas, en beneficio de la sociedad y el estado”. (sic)

“Llevar a cabo 40 foros de consulta popular con la finalidad de obtener la opinión ciudadana sobre los beneficios recibidos en materia legislativa”. (sic)

“Formular 200 estudios técnicos, jurídicos y legislativos, para fortalecer la función legislativa”. (resic)

“Substanciar 1,650 juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que son promovidos por ciudadanos y diversas autoridades de los distintos niveles de gobierno en contra del Congreso del estado de Puebla, a fin de defender la constitucionalidad y legalidad de los actos emanados del Poder Legislativo local”. (recontrasic)

“Realizar 400 reuniones de comisiones y comités para conjugar los resultados, evaluarlos y en su caso, proceder a la elaboración de leyes”. (archirrecontrasic)

¿Cómo la Secretaría de Finanzas puede saber (o es que acaso es un cálculo) lo que hará la entrante Legislatura local?

¿Qué burócrata de esa dependencia tiene bola de cristal o poderes de adivino o clarividente para conocer no sólo cuántas leyes aprobará la LVII Legislatura, sino para saber cuántas de esas leyes y decretos serán objeto de juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad?

¿Qué tan certeras pueden ser sus metas, cuando ni siquiera se sabe quién será el presidente de la Gran Comisión y cómo y quiénes se integrarán las principales comisiones de la próxima legislatura?

¿Es así como se programa el presupuesto del gobierno, dependencia por dependencia y entidad por entidad?

¿Qué va a pasar si el Congreso del estado no cumple en 2008 con las metas que alguien le fijó, en abierta flagrancia a la división de poderes y en clara violación a la autonomía del Poder Legislativo?

¿O es que acaso los anexos programáticos del Poder Legislativo y de los otros dos poderes son pura vacilada, como eso del gobierno de nueva generación?

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Trivia:

¿De cuánto fue el cheque que el gobernador Mario Marín entregó a los diputados de la LVI Legislatura?

Una aclaración. Dicho cheque es independiente del aguinaldo y bono de retiro que ayer cobraron los diputados de la legislatura local saliente.

-¿De 150 mil pesos?

-¿De 200 mil pesos?

-¿De 250 mil pesos?

Una aclaración más: Todos los diputados lo recibieron. Y cuando digo todos son todos.

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