Un programa que podría terminar en un rotundo fracaso, por sus magros resultados y la falta de disposición de los notarios públicos para implementarlo, es el de escrituración gratuita de casas con valor inferior a los 550 mil pesos.

Aunque el programa fue anunciado por el gobernador Rafael Moreno Valle hace 85 días, puedo asegurarle que a estas alturas éste sigue atorado y no tiene para cuándo avanzar, ni despegar.

El escollo más importante radica en los propios fedatarios, que nunca fueron consultados sobre el convenio de escrituración gratuita firmado por la presidenta del Colegio de Notarios, Luz Verónica Morales Alfaro, con el Ejecutivo del estado el 16 de noviembre del año pasado.

Estos, hay que decirlo, no quieren trabajar de gratis o ver atiborradas sus notarías de personas que requieran adquirir o vender una casa valuada en menos de medio millón de pesos, sin recibir a cambio ningún pago.

Los notarios más renuentes no son los asentados en la capital del estado o la zona metropolitana, sino aquellos que tienen sus notarías en municipios alejados a la ciudad de Puebla, donde las operaciones de compra venta de inmuebles con valor inferior a los 550 mil pesos son lo cotidiano.

Estos fedatarios son, como se imaginará, los que menos quieren impulsar el programa de escrituración gratuita y en esta tarea tienen como aliados al personal del Archivo de Notarías que debe expedir un número de folio gratuito en tres días y del Registro Público de la Propiedad, que supuestamente deben registrar las operaciones de compra-venta en cinco días.

Tal situación nunca sucede, ni siquiera cuando se trata de grandes enajenaciones con mucho dinero de por medio.

Frente al evidente fracaso o lentitud del programa, para que el que se fijó una meta de 30 mil escrituras gratuitas, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano ya no habla de gratuidad sino de escrituras de bajo costo.

Al menos así lo hizo el pasado 24 de enero en el marco del primer informe de actividades de la hija del ex gobernador Melquiades Morales Flores como presidenta del Colegio de Notarios.

Ese día Diódoro Carrasco convocó a los fedatarios a celebrar en breve una reunión para analizar el programa social de escrituración a bajo costo, que el gobernador Moreno Valle anunció hace 85 días y del que se tienen muy pocos avances, y ya le expliqué por qué.

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La decisión del gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla, en conjunción con el Colegio de Notarios, de eliminar todos los costos de escrituración, incluyendo el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) para quienes regularicen o adquieran una propiedad cuyo valor no exceda los 550 mil pesos, puede ser en apoyo de la economía familiar, ¿pero es legal?

Y es que la medida, que más bien parece electorera, contraviene el artículo 115 constitucional en su fracción IV inciso c) que dice que no puede haber exenciones sobre la propiedad inmobiliaria o subsidios en favor de persona o institución alguna.

«Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público».

El mismo precepto constitucional establece: «Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria«.

Como se ve la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en eso de señalar que no puede haber exenciones en materia de impuestos a la propiedad, y en establecer que cualquier bien inmueble debe ser gravado con un impuesto, sin hacer alguna distinción sobre su tamaño o valor.

En ese sentido, vale la pena preguntar ¿es constitucional el convenio suscrito por el Ejecutivo estatal con el Colegio de Notarios y el alcalde de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a través del cual se elimina el cobro del 2 por ciento por adquisición de bienes inmuebles?

¿No será que el referido convenio se firmó al vapor sin revisar a fondo la Carta Magna; o que el populismo y la desesperación por retener la gubernatura de Puebla en las elecciones del 2016 están llevando al grupo gobernante a cometer pifias de este tamaño?

¿Será por eso que la presidenta del Colegio de Notarios, Luz Verónica Morales Alfaro, no ha querido soltar el convenio firmado este lunes con el gobernador del estado y el alcalde capitalino?

¿O la razón por la que sólo informó a sus representados que firmaría un convenio con el gobernador Moreno Valle para la escrituración gratuita a favor de los sectores económicamente más vulnerables, sin enviar el documento a estos pese a que algunos se lo requirieron en su oportunidad?

Conste que son preguntas.

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