Con la novedad de que el nombramiento de Marko Cortés Mendoza como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara Baja, dejó sin efecto algunos acuerdos que ya se habían pactado con Gustavo Madero Muñoz, quien se supone llegaría a ese cargo en lugar de aquél.

Eso significa que el poblano Eukid Castañón Herrera podría ya no obtener la presidencia de la Comisión de Hacienda, que tradicionalmente corresponde a un diputado del PAN, sino ser considerado para otras opciones.

¿Como cuáles?

Trascendió que la prioridad será la vicecoordinación de la bancada, en función de los 40 diputados panistas de Puebla y otras entidades de la República Mexicana que supuestamente están alineados con el gobernador Rafael Moreno Valle.

Una segunda alternativa será insistir con el nuevo coordinador parlamentario Marko Cortés y con el presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya Cortés, en la presidencia de la Comisión de Hacienda.

Y la tercera opción sería una de las dos principales subcoordinaciones del Grupo Parlamentario: la de Proceso Legislativo y Agenda Pública, y la de Asuntos Internos.

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Otro diputado morenovallista que tampoco logrará la Comisión que andaba buscando, después de que Los Chuchos perdieron el control del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y ahora la coordinación de su fracción en San Lázaro, es Luis Maldonado Venegas.

El ex titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) del estado de Puebla se había propuesto obtener la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, pero por la rebantinga que existe al interior del PRD, las posibilidades se ven complicadas.

Sin embargo todavía se hará un último intento que, de no prosperar, traerá a Luis Maldonado de regreso a la SGG en la recta final del sexenio morenovallista.

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Quien posiblemente sí consiga la influyente Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados es el poblano oaxaqueño Jorge Estefan Chidiac.

Estefan Chidiac se desempeñaba como director general de Bansefi, pero por petición del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, tuvo que renunciar para ser postulado como candidato a diputado federal del PRI en el distrito 14 de Puebla con cabecera en Izúcar de Matamoros.

Cuando a Jorge Estefan se le instruyó renunciar a Bansefi se le planteó la posibilidad de presidir la Comisión de Presupuesto, dada su experiencia parlamentaria y el buen desempeño que tuvo como presidente de la Comisión de Hacienda en la LX Legislatura.

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Otro poblano que podría presidir una Comisión en la Cámara de Diputados, con el impulso del gobernador Moreno Valle, es Juan Pablo Piña Kurczyn.

El hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya se perfila, por lo pronto, para llevar la coordinación de los diputados federales del PAN de Puebla.

Juan Pablo Piña fue secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública al comienzo de la gestión morenovallista y antes de su postulación como candidato del PAN por el distrito 3 de Teziutlán, jefe de Oficina del gobernador Rafael Moreno Valle.

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La decisión de varios aspirantes priístas que de última hora declinaron a participar como candidatos a diputados federales tiene una explicación lógica: no perciben que la dirigencia nacional de su partido tenga el interés de confrontarse con el gobernador Rafael Moreno Valle.

De ahí que figuras como Nancy de la Sierra Aramburo, María Carmen Izaguirre Francos, Vanessa Barahona de la Rosa, y Juan Pablo Jiménez Concha entre otros, hayan optado por permanecer en sus cargos o delegaciones del gobierno federal antes que sufrir una derrota electoral.

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Cuentan que hasta el momento el único distrito, de los 16 en que se divide el estado, por el cual el gobernador Rafael Moreno Valle no dará gran batalla es el 14 con cabecera en Izúcar de Matamoros, por el cual será postulado el ex director general de Bansefi, Jorge Estefan Chidiac.

Los enterados aseguran que el mandatario estatal tiene claro que Jorge Estefan viene con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, para llegar a una de las comisiones importantes de la Cámara Baja como podrían ser la de Presupuesto o la de Hacienda.

Por esa demarcación, la más grande del estado y una de las más grandes del país, sí será candidato Gerardo Islas Maldonado, dirigente estatal del Partido Nueva Alianza.

Gerardo Islas no será un contendiente de peligro en Izúcar de Matamoros, aunque sí podría alcanzar la segunda votación más alta en el distrito para ayudar al PANAL a conservar su registro nacional y justificar su inclusión en la segunda posición de la cuarta circunscripción plurinominal del país.

Islas Maldonado es un político que lo mismo le sirve al gobernador Moreno Valle que al presidente Enrique Peña Nieto, a quien incluso apoyó en su campaña presidencial del 2012 junto con el hermano del cantante Luis Miguel, Alejandro Basteri.

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Aunque no lo crea este miércoles varios de los diputados designados por sus respectivas fracciones para fijar la posición de su grupo parlamentario en torno al cuarto informe del gobernador Rafael Moreno Valle le enviaron su discurso al coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Aguilar Chedraui.

De manera que el gobernador Moreno Valle ya conoce de primera mano qué dirán de él y su gobierno mañana jueves en el Congreso del estado.

El lunes le platico si algunos diputados que iban a decir una cosa terminan cambiándola o matizándola para no agraviar al Señor de los Cerros.

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Tómelo con reserva pero ante las críticas de la escasa convocatoria que tuvieron sus actos del fin de semana en la entidad, Andrés Manuel López Obrador regresará a Puebla y San Pedro Cholula el miércoles y jueves de la semana entrante.

López Obrador tiene previsto visitar los penales de ambos municipios para exigir la libertad de los presos políticos ahí detenidos en el último año por oponerse o criticar algunas de las obras y proyectos del mandatario estatal.

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Este miércoles estuvo en Puebla el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, quien encabezó una mañanera reunión con grupo de 40 candidatos y dirigentes de este partido en la entidad.

Ahí trascendió que serán candidatos a diputados federales de MC Irma Ramos Galindo por el distrito 4 de Zacapoaxtla, Noé Peñaloza por el distrito 5 de San Martín Texmelucan, Luis Alberto Arriaga Lila por el distrito 9 de Puebla, Rodolfo Huerta Espinosa por el distrito 12 de Puebla y Javier Daniel Vargas Bello por el distrito 14 de Izúcar de Matamoros, entre otros.

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¿Qué pasaría si la continuidad de los secretarios de Estado y la reelección de legisladores federales no dependiera de la voluntad presidencial, ni de los intereses de la partidocracia, sino del desempeño de unos y otros a partir lo que prometieron y los resultados en el ejercicio de su función?

Lo más probable, seguramente, es que muchos secretarios ya tendrían que haber renunciado a sus carteras, y que la lista de diputados y senadores que en el futuro buscarían reelegirse se reduciría de manera sensible. Pero no sólo eso. Si esa fuera la regla, el presidente seguramente estaría mejor armado, con un equipo de funcionarios más eficiente pero también más realista tanto en sus proyecciones como en sus alcances y logros.

¿En qué sistema democrático serio, sujeto al escrutinio público y la rendición de cuentas, un secretario o ministro de Hacienda puede hacer estimaciones de tasas de crecimiento anual que no se cumplen, ni se cumplirán, a pesar de haber aumentado la deuda pública del país en cuatro puntos del PIB, sin que nada le pase y sin que su futuro político como aspirante presidencial sufra mayor deterioro?

¿Con qué cara Luis Videgaray puede presumir reconocimientos internacionales como experto en finanzas públicas si la economía nacional se encuentra estancada o al borde de la recesión como consecuencia de la desaceleración mundial, pero también de la reforma fiscal que tiene paralizado el mercado y el flujo de inversiones?

Algo que en México debe cambiar y de manera urgente es el método y los criterios para asignar o distribuir el dinero público. La entrega de recursos debe hacerse contra resultados y metas concretas que los gobiernos federal, estatales y municipales puedan cumplir, y los diputados evaluar y cuantificar con indicadores técnicos y científicos, y no con base en intereses políticos o partidistas.

Si un secretario de Estado o candidato a presidente o gobernador ofrece en su discurso de toma de posesión o en su campaña electoral realizar 100 obras, en equis precio y en equis tiempo, y no cumple con el número, ni con los plazos ni con los costos, ese funcionario no tendría por qué seguir en el gabinete o en la administración pública.

Si un legislador o un conjunto de legisladores presenta una agenda de reformas constitucionales estructurales y de leyes secundarias y estas no se aprueban en el tiempo ofrecido o salen a medias o llenas de parches, éstos no tendrían por qué ser reelectos, ni ser premiados con onerosos viajes al extranjero y millonarias partidas que discrecionalmente se autoasignan sin rendir cuentas nadie de cómo se las gastan o en qué las emplean.

El incentivo de dotar a la burocracia dorada que vive de y para el servicio público de altísimos sueldos, privilegios extraordinarios y prestaciones que nada tienen de republicanas, en aras de evitar la corrupción, es un estímulo perverso sobre todo cuando su permanencia en las carteras y puestos que desempeña no depende de sus logros, sino de los afectos de su contratante, de la camarilla política a la que pertenece y de los dirigentes partidistas a los que sirve y de los que se sirve para mantenerse en el poder.

Si Peña Nieto no quiere pasar a la historia como un presidente que pudo hacer reformas estructurales pero que estas no se tradujeron en mejores condiciones de desarrollo, en tasas de crecimiento anual del 4% y en empleos mejor remunerados, entonces más le valdría comenzar a considerar dos opciones.

La primera sería relevar del gabinete a aquellos secretarios que lo han engañado y han engañado a la mayoría de los mexicanos con expectativas imposibles de cumplir o no realizables por el contexto internacional y las condiciones del mercado nacional.

Y la segunda a modificar su optimista y cada menos creíble discurso publicitario, sustituyéndolo por otro más realista, en el que sin demagogia nos diga cuáles serán las metas alcanzables de crecimiento económico, combate contra el hambre y la pobreza y de recaudación de corto, mediano y largo plazo, pues los mexicanos ya estamos hartos de cuentas alegres o de que nos den atole con el dedo.

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México: ilusiones y realidades

México es un país con una clase gobernante que hace de los mitos y la fantasía más de lo que Hollywood en el cine: crea realidades (o ficciones) que ni los más famosos directores del séptimo arte han logrado llevar a la pantalla grande.

De veras que hay que tener valor, cara dura o una gran capacidad histriónica para llamar —como lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente viaje a Cuba— “líder moral” al dictador Fidel Castro o para poner como ejemplo de modelo educativo “la formación integral que reciben los niños y niñas de este país hermano”.

O para presumir un premio como el recibido por Luis Videgaray Caso como “el mejor ministro de finanzas del mundo” y mandar a publicar una fotografía con el trofeo otorgado por la revista británica The Banker, a sabiendas que el 2013 fue uno de los peores años en términos económicos. Las autoridades hacendarias mexicanas estimaron que en 2013 la economía crecería 3.5%, pero al finalizar el año el crecimiento fue de apenas 1.8%.

O para mantener al aire una campaña propagandística que pregona que como consecuencia de la Reforma Energética bajarán los costos de las gasolinas, el gas y la luz, cuando mes con mes los precios de las primeras suben nueve y once centavos, y la Comisión Federal de Electricidad ha comenzado a reclasificar sus servicios y ajustar al alza sus tarifas por consumo doméstico e industrial.

O para alardear en toda reunión internacional a la que México es invitado, como el 44 Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, o la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada hace unos días en La Habana, las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión a finales del año pasado, aun cuando varias de éstas no pueden aplicarse por la ausencia de las leyes reglamentarias o secundarias.

O para que un partido como el PAN esté considerando reelegir a un político anodino como Gustavo Madero que ha sido exhibido por sus propios correligionarios como encubridor de la corrupción y la extorsión en que incurren diputados y senadores para cobrar el moche a presidentes municipales favorecidos con obras y partidas extraordinarias incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

O para creer que en 120 días el Congreso de la Unión podrá resolver el mazacote legislativo derivado de las reformas estructurales aprobadas fast track en diciembre pasado, lo que supone dejar claro los propósitos de la conversión de Pemex y la CFE de sectores estratégicos a “empresas productivas del Estado”, las modalidades de asociación, contratación y contraprestaciones que Pemex pagará a compañías privadas y las áreas que en definitiva quedarán fuera del alcance de inversionistas nacionales y extranjeros.

Además de cuáles serán las funciones y atribuciones del INE y cuáles las de los institutos estatales electorales, cómo se evitará la partidización de estos organismos supuestamente ciudadanos; qué pasará con el duopolio televisivo y cómo se garantizarán condiciones de equidad y competencia para la tercera cadena nacional de televisión.

Ojalá que en estos 120 días México no termine colapsado por la utopía provocada por el pactismo de Peña Nieto con el PAN y el PRD; la ilusión de que lo mejor está por venir, que en 2014 la economía crecerá a tasas del 3 ó 4%; que Elba Esther seguirá en prisión, el SNTE doblegado y la CNTE cooptada, y que la Reforma Educativa mejorará las habilidades matemáticas, lectoras y de compresión de los niños y adolescentes mexicanos.

Ojalá.

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A pesar de las notables ausencias del gobernador Rafael Moreno Valle y el alcalde electo José Antonio Gali, el tercer y último informe de Eduardo Rivera Pérez fue bien recibido por los diferentes actores que abarrotaron el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

El munícipe capitalino dijo en su mensaje de despedida que a pesar de las piedras en el camino, su gestión termina plena y en paz al haber cumplido lo que ofreció en campaña. “Dejo la casa en orden”, enfatizó al destacar que deja una deuda menor en 100 millones de pesos a la que heredó.

Rivera Pérez dijo que en los próximos días estará muy pendiente de las evaluaciones y cuestionamientos que se hagan a su administración, a los que dará puntual respuesta, convencido de que Puebla hoy es mejor y que su gobierno actuó con transparencia, legalidad y honestidad.

El último informe de Rivera Pérez destacó por la emotividad de su mensaje, y por el reconocimiento que en persona y en video le hicieron prominentes figuras empresariales, académicas, políticas y religiosas de la entidad.

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Este miércoles con una transmisión a control remoto desde la Casona de San Antonio, en el corazón de la ciudad, el programa radiofónico Encuentro Cultural que conduce Mariana González cumplirá su décimo aniversario.

El programa, dedicado a la difusión de eventos y actividades culturales, tradiciones y música popular, se transmitirá en punto de las 6 de la tarde por el 105.9 del cuadrante de Frecuencia Modulada.

Mariana González es sobrina del párroco Froylán González, quien no hace mucho fue nombrado por el Vaticano como prelado de honor con grado de monseñor.

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El expresidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, promovió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano (JDC), con el propósito de anular el nombramiento de Eukid Castañón Herrera como diputado en el Congreso del estado.

Los enterados aseguran que Mondragón señala en su demanda que Eukid Castañón no se separó del cargo que tenía en la Secretaría General de Gobierno (SGG) 90 días de la elección de julio de 2013, por lo que su arribo al Poder Legislativo como suplente de Fernando Manzanilla Prieto sería ilegal.

Dicha tesis, aunque cierta, parece extemporánea, toda vez que Eukid Castañón no fue impugnado al momento de su registro como compañero de fórmula de Manzanilla, ni como diputado suplente tras la entrega de su constancia de asignación como diputado de representación proporcional.

Ahora entiende por qué Eukid sigue en el Congreso del estado, y hasta se perfila para presidir la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LIX Legislatura.

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El próximo 7 de febrero estará en Tehuacán, Puebla, el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, para inaugurar junto con el gobernador Rafael Moreno Valle, el segundo Centro Integral de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a través de los cuales las autoridades estatales y federales pretenden involucrar a la sociedad en el combate a la inseguridad y la delincuencia. Al acto acudirá también el coordinador de la fracción del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Otro secretario que también estará en Puebla la próxima semana, para colocar la primera piedra de lo que será el Museo Internacional de Arte Barroco, en el Parque Metropolitano de la zona de Angelópolis, es Luis Videgaray Caso, de Hacienda y Crédito Público.

La construcción de dicho museo, que costará alrededor de 1 mil 390 millones de pesos, estará cargo del afamado e innovador arquitecto japonés Toyoo Itō, quien en marzo del año pasado fue galardonado con el premio Pritzker, considerado la distinción más importante en el mundo de la arquitectura.

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Si conoce Usted a Pepe de Ita bien valdría la pena que lo felicitara, pues será quien se encargue en la próxima administración municipal de la peleada Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, es decir, la instancia encargada de los giros negros y el comercio informal en la capital del estado.

De Ita es un personaje con varios años en el servicio público, y que goza de la confianza plena del presidente municipal electo de Puebla.

Esta oficina, por cierto, ya no dependerá de la Tesorería Municipal, sino que volverá a ser parte de la Secretaría de Gobernación en la que estará al frente Guillermo Aréchiga Santamaría.

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Las penurias de la directiva del Club de futbol Puebla podrían comenzar a ser menores, ahora que en las próximas semanas se dicte la sentencia definitiva sobre un juicio mercantil que Francisco Bernat Cid promovió en contra de Ricardo Henaine Mezher, por supuestamente presionarlo a venderle el equipo camotero en agosto de 2010.

Esta situación que, ya adelantó Pepe Hanan en su programa radiofónico En Línea Deportiva, es la causa principal por la que los hermanos López Chargoy no pueden comercializar —como quisieran— el Puebla de la Franja, ni hacer más competitivo al equipo ni contratar a los refuerzos solicitados por el director técnico, Rubén Omar Romano.

En otras palabras: hacer del Puebla un equipo de primera.

Y es que el juez que conoce del asunto estableció que mientras el juicio durara el equipo no podría recibir ningún ingreso por concepto de patrocinadores, lo que tiene atados de manos a los hermanos López Chargoy que sostienen al club con lo que se recauda en la taquilla del estadio Cuauhtémoc.

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Varias son las promesas que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, han formulado para convencernos de las bondades de la iniciativa de Reforma Hacendaria entregada a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.

Nos han dicho que si los legisladores federales la aprueban sin grandes modificaciones, el gobierno podría obtener ingresos adicionales por 240 mil millones de pesos, que entre otras cosas se emplearían para crear un sistema de seguridad social que incluiría un seguro de desempleo y una pensión universal para adultos mayores de 65 años.

Pregunto: ¿Puede darse el país estos lujos sociales cuando la economía nacional está en recesión —o desaceleración para que no se lea feo—, con expectativas o metas de crecimiento a la baja y con recursos insuficientes para cubrir las necesidades del sector público en 2014, a tal grado que la administración peñista echará mano del endeudamiento público?

¿A poco de verdad el gobierno federal está dispuesto a que todo aquel que pierda su empleo, como resultado de la crisis, reciba el equivalente a un salario mínimo mensual durante seis meses como máximo —además de capacitación—, mientras encuentra un nuevo trabajo? ¿O a pagar 1,092 pesos al mes a toda persona mayor de 65 años de edad que no tenga pensión del IMSS o el Issste y sus ingresos sean menores a 15 salarios mínimos?

Tales ofertas me parecen inverosímiles y tan vacuas como aquellas que aseguraban que con la privatización de Telmex bajarían las tarifas telefónicas; o las más recientes que se escuchan en la radio y la televisión en el sentido de que, si la Reforma Energética se aprueba, no sólo bajarán los precios de las gasolinas sino también las tarifas de luz que cobra la monopólica Comisión Federal de Electricidad.

Con la Reforma Educativa se publicitó que los profesores que no aprobaran las evaluaciones de desempeño dejarían de dar clases y serían reemplazados por otros que se ganarían su plaza en examen de oposición. Hoy sabemos que la Reforma no dio para tanto y que los maestros tendrán hasta tres oportunidades para acreditar sus conocimientos; y que si en la última tampoco lo consiguen, no serán despedidos sino reasignados a tareas administrativas.

También se prometió que con la Reforma Educativa —y la iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual se pretende sustituir el Fondo de Aportaciones de Educación Básica (FAEB) por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)— se acabaría la doble negociación salarial del SNTE con el gobierno federal y los gobiernos de los estados.

A decir de los gobernadores, que no están de acuerdo con esta reforma, eso no ocurrirá porque el gobierno federal sí negociará con el SNTE el aumento salarial, pero no las prestaciones adicionales, que los gobiernos estatales ya pagan a los profesores de este sindicato por concepto de aguinaldo y bonos.

El gobierno de Puebla, por citar un caso, paga 90 días de aguinaldo a los maestros, de los cuales la Federación sólo aporta 50 días y los restantes 40 salen de las arcas estatales.

Con esos antecedentes, tengo mis serias dudas de que la administración peñista vaya a cumplir su compromiso de crear un sistema de seguridad social similar al de las naciones desarrolladas o del primer mundo.

Tomando en consideración los desastres y daños que han dejado los torrenciales lluvias de los últimos días, y que han afectado de manera severa a 77 municipios de los estados más pobres del país que tienen salidas al Océano Pacífico o al Golfo de México —y cuyas economías locales además están destrozadas por la inseguridad y la presencia del narco—, como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, ¿los ingresos adicionales de la Reforma Hacendaria de veras alcanzarán para un seguro de desempleo y una pensión universal para mayores de 65 años?

¿No sería mejor que éstos se canalizaran a obras de infraestructura y desarrollo social, que tanta falta hacen en estas entidades, en lugar de crear un sistema de seguridad social como el de los países ricos, que tienen resueltas sus necesidades básicas?

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