Raúl Arandia Jiménez, va por la plurinominal
Busca la oposición responder el cuarto informe

Aun cuando dentro del Partido Acción Nacional existe la certeza de que el senador Rafael Moreno Valle Rosas es ––hoy por hoy–– el precandidato a Casa Puebla mejor posicionado y el que más posibilidades tendría de ganarle al PRI la gubernatura, en el transcurso de las próximas semanas destacadas figuras del panismo ––tanto de la capital del estado como de la región de Tehuacán–– se pronunciarán a favor de Felipe de Jesús Mojarro Arroyo.

La intención de estos panistas es construir desde ahora una opción diferente a la de Moreno Valle, con un cuadro conocido y reconocido por la membresía, y de más confianza al interior del PAN, como lo es el actual delegado del Infonavit.

A diferencia del ahijado político de Elba Esther Gordillo, de reciente incorporación a las filas panistas, Felipe Mojarro es desde hace 11 años miembro activo del PAN, lapso en el cual se ha desempeñado como presidente municipal de Tehuacán, secretario de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), consejero estatal y secretario del Comité Directivo Estatal del PAN.

La precandidatura del tehuacanero ––cuyo nivel de posicionamiento electoral entre los panistas y ciudadanos de la entidad es bajísimo, pues hasta ahora poco o nada se sabía acerca de sus aspiraciones–– podría encontrar un buen caldo de cultivo entre la militancia panista, que no termina de aceptar a Moreno Valle, pero que además está harta de aquellas figuras partidistas que elección tras elección se reciclan.

Felipe Mojarro es percibido por los panistas como una gente de casa, y por lo mismo los grupos que controlan el partido ­––entiéndase los yunquistas, en sus distintas ramificaciones–– no lo ven como una amenaza o peligro, como ocurre con el senador Moreno Valle.

Tiene a su favor, además, que no está enemistado con la dirigencia estatal, ni con las figuras históricas del partido como Francisco Fraile García, Ana Teresa Aranda Orozco o Jorge Ocejo Moreno, sino que por el contrario mantiene una buena relación con ellos, así como con empresarios y constructores tanto de la capital como de Tehuacán que bien podrían ayudarlo con recursos y financiamiento privado en su campaña.

Y algo no menos importante: es percibido como una figura nueva o fresca, a pesar de sus años y sus canas, pero con experiencia en la administración pública, pues fue presidente municipal de 1999 a 2002, y lleva más de seis años como delegado del Infonavit, siendo uno de los mejores ––por sus logros–– a nivel nacional.

EN CORTO
Otro tehuacanero que también quiere ser noticia en este naciente 2009 es Raúl “El Huracán” Arandia Jiménez, quien pretende ser diputado federal del PAN por la cuarta circunscripción política del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Arandia Jiménez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la gestión de Luis Paredes Moctezuma, y hasta hace poco como director de Reincorporación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal, buscará ser propuesto para esa posición por los comités municipales del PAN de Tehuacán ––donde  fue regidor y funcionario del ayuntamiento en el trienio de Felipe Mojarro Arroyo–– y de Puebla, donde actualmente reside.

Quien también quiere ser diputada federal, pero por la vía plurinominal, es la ex diputada local y actual dirigente del movimiento femenil del PAN en el estado, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández.

La convocatoria correspondiente será expedida por el Comité Directivo Estatal del PAN por ahí del 15 de enero.

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Ahora que se aproxima el cuarto informe de labores del gobernador Mario Marín Torres, los diputados del PAN en alianza con el perredista Melitón Lozano Pérez, el coordinador del PANAL Gustavo Espinosa Vázquez y el diputado “independiente” José Manuel Benigno Pérez Vega ––mejor conocido como Pepe Momoxpan––, le exigirán al presidente de la Gran Comisión y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del estado, José Othón Bailleres Carriles, cumpla con el acuerdo suscrito hace un año, por el cual se comprometió a que fuera rotatoria entre las diferentes fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura local la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Los legisladores de oposición insistirán en que uno de los suyos sea el que presida el Congreso durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura, y por tanto el que responda el cuarto informe de gobierno de Mario Marín.

A Othón Bailleres le recordarán el acuerdo que el pasado 10 de enero de 2008 firmó, junto con el resto de las fracciones parlamentarias, aceptando la rotación de la presidencia de la LVII Legislatura entre los distintos grupos parlamentarios, lo que a la fecha no ha ocurrido, ya no solo en los periodos ordinarios, sino durante los recesos.

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A la lista de legisladores locales del PRI que andan tras una diputación federal agregue el nombre de Josefina García Hernández, quien jura y perjura que ella es la figura de más peso para derrotar al PAN en esa región de la entidad.

Josefina García es diputada por el distrito local 22 con cabecera en Zacapoaxtla.

Otras dos diputadas locales que también quieren llegar al Congreso de la Unión, vía las elecciones del primer domingo de julio de 2009, son Janeth González Tostado, del distrito de San Martín Texmelucan, Gudelia Tapia Vargas por Teziutlán.

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A pesar de la crisis económica y supuestas bajas ventas del comercio local, el Palacio de Hierro del Centro Comercial Angelópolis registró en diciembre pasado ventas millonarias.

En la Venta Palacio de diciembre de 2007, la tienda de Puebla vendió 12.5 millones de dólares en mercancía, y en las dos Noches de Gala de Palacio de diciembre de 2008 vendió 18 millones de dólares.

Como dato curioso, sólo en El Palacio de Hierro de Puebla y de Santa Fe, en el Distrito Federal, la Noche de Gala Palacio no fue de un día, como en el resto de las tiendas de esta firma en la República Mexicana, sino de dos.

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Quién sabe por qué, pero el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Gerardo María Pérez Salazar, anda buscando un acercamiento con el senador del PAN, Rafael Moreno Valle Rosas.

El conducto para ese acercamiento es Adolfo Acevedo García, director de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas, cargo al que llegó en sustitución de Marcelo García Almaguer, a instancias de Moreno Valle cuando éste era titular de la dependencia en el sexenio melquiadista.

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Me adelantan que si bien Sergio de la Luz Vergara Berdejo será separado de la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, éste no dejará la administración pública municipal, pues será reubicado en una nueva área que tendrá bajo su responsabilidad las obras de restauración y rescate del Centro Histórico de la Ciudad.

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Feliz año nuevo.

Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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Bullen Navarro promueve acción de anticonstitucionalidad
Compras irregulares en el Organismo Operador de Limpia

Cuando me lo dijeron no lo creí.

Pero así es.

La impugnada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso del estado –en su sesión del 17 de julio– a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 7 de agosto la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán –junto con un grupo de colegas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), algunos diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles– solicitó la intervención de la CDH para que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Transparencia de Puebla fueran declaradas insconstitucionales.

Lo mismo hizo el día anterior, pero con la Procuraduría General de la República.

El caso es que la semana pasada la presidenta de la CDH de Puebla promovió ante el máximo tribunal del país un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que los priístas decidieron hacer a la Ley de Transparencia, lo que tiene sorprendidos a sus críticos que no esperaban que Bullen Navarro asumiera esa posición.

¿Por qué lo hizo?

En el fondo no se sabe, como tampoco se sabe si Bullen Navarro está convencida de la inconstitucionalidad de las reformas o si con esta iniciativa lo que pretende en realidad es ganar legitimidad, ahora que su nombramiento como presidenta de la CDH ha sido puesto en entredicho por su origen panameño.

Pero cualquiera que sea el caso, pronto lo sabremos, pues lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse en uno u otro sentido antes de que termine el año.

EN CORTO

No estaría mal que en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal que impulsa el ayuntamiento de Puebla, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la UAP, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, el coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, explique algunas compras y asignaciones al margen de la Ley de Adquisiciones.

Por ejemplo, la compra sin licitación de por medio de cuatro barredoras Karcher por 1 millón 800 mil pesos; la adjudicación directa de los seguros del parque vehicular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por un monto de 800 mil pesos, y la adquisición –también sin licitación– de 4 millones de pesos de 4 mil papeleras urbanas a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.

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La Primera Semana de la Transparencia arrancará este lunes a las 11 horas en el Salón Barroco de la UAP con la participación de Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI y Benjamín Guillermo Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

En la ceremonia de inauguración también harán uso de la palabra el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

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El pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la UPAEP aprobó el arribo de nuevos personajes a la institución. Se trata de Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, ex secretario de Educación Pública de Guanajuato durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks y de Heliodoro Fraile García, ex director de Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno foxista.

Ambos personajes serán claves en el futuro de la UPAEP, pues serán los encargados de reencauzar a esta institución a sus orígenes católicos y yunquistas, lo que seguramente los meterá en algunas confrontaciones con el grupo que hoy controla la rectoría y los principales cargos directivos de la Universidad: entiéndase Alfredo Miranda López, Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Agustín Landa García Téllez, Gonzalo Gómez Collado y Pablo Nuño de la Parra, conocidos como “Los Divinos”.

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El ex secretario de Administración Urbana en la administración municipal de Luis Paredes Moctezuma, Agustín Flores Cuadra, acaba de ganar un juicio de casi cuatro años, por la inhabilitación y sanciones que le impusieron por el famoso árbol de navidad que se construyó en lo que fue la Torre del Milenio.

Trascendió que Flores Cuadra llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue ahí donde le dieron la razón, por lo que ahora las autoridades que lo sancionaron tendrán que limpiarle su expediente como servidor público y restituirle la suma con la que fue sancionado.

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La corriente perredista denominada Nueva Izquierda cobrará un nuevo impulso en Puebla con el arribo al Congreso de la Unión de Jesús Morales Manzo, quien ocupará la curul que dejó vacante un diputado federal por Guerrero.

Morales Manzo ocupará, además, el lugar que tenía su compañero de partido en la Comisión de Hacienda que, por cierto, preside otro poblano: Jorge Estefan Chidiac.

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Y hasta la próxima.

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“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, y eso es precisamente lo que pasa con el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien ayer, para variar, desestimó las denuncias que hizo el secretario de Salud Roberto Morales Flores, y las que se han hecho en contra de éste, atribuyéndolas a diferencias personales y no a cuestiones de corrupción.

En la Secretaría de Salud claro que hay corrupción, y claro que hay auditorías en proceso, aunque no para sancionar a los responsables, sino para encubrir los abusos y desvíos de quienes los han cometido.

Si el contralor dice que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, sería bueno que explicara entonces por qué hay desabasto de medicinas en las jurisdicciones sanitarias, y al mismo tiempo se sacan de ahí 52 toneladas de medicamentos y material de curación caducados, contaminados o echados a perder.

Por qué la Tesorería de la Federación está exigiendo a la Secretaría de Salud la devolución de 47 millones de pesos de recursos no ejercidos en 2007 más 1 millón 102 mil pesos por concepto de intereses.

O cómo van las auditorías que lleva a cabo su dependencia sobre los pedidos y pagos que se hicieron a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., y José Arturo Cedeño Díaz, por los contratos GESFAC-192/2007 y GESFAC 158/2007 sobre el suministro de papelería y ropa desechable por montos de 21 millones 187 mil pesos y 29 millones 509 mil pesos, respectivamente.

Y por qué su coordinador de delegados, Vicente Gil Díaz, acepta invitaciones a comer, en horas de oficina, con los principales proveedores de la Secretaría de Salud como Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez.

¿No será que la corrupción también lo salpica?

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Aunque finalmente Luis Paredes Moctezuma ya no se presentó el martes a denunciar ante la Procuraduría General de la República al ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por traición, sedición, rebelión, sabotaje, terrorismo y conspiración en perjuicio del Estado mexicano, de buena fuente le puedo confiar que el ex alcalde de Puebla está siendo alentado por la actual dirigencia nacional panista –entiéndase Germán Martínez Cázares– para golpear a Espino y sus aliados yunquistas.

Y en ese contexto no le extrañe que el mismo Paredes sea el medio para terminar con el vergonzoso amasiato que mantienen el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Mario Marín Torres, ahora que se acercan las elecciones federales y la sucesión gubernamental.

Un dato que me permite arribar a esta conclusión es la demanda que, finalmente, ya no presentó Luis Paredes en contra Manuel Espino, en la que también incluía al gobernador Mario Marín como cómplice del ex dirigente nacional del PAN, en las elecciones del 2006, y como aliado de algunos jefes locales de El Yunque, que pretendían enviarlo a la cárcel por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde de la capital poblana.

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Para denunciar y hacer del conocimiento de las autoridades federales la forma en que la Dirección Regional del INEGI, a cargo de Jorge Valdovinos Espinosa, viene contratando a personal directivo de este Instituto, la semana pasada se hizo llegar a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Función Pública esta queja, que ya se investiga:

“Con el pretexto de la autonomía del INEGI, la Dirección Regional con sede en Puebla, ha empezado a realizar nombramientos de funcionarios en puestos que de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tendrían que haber  sido concursados y fueron realizados por designación de las autoridades del INEGI.

“La semana pasada el M.V.Z. Jorge Valdovinos Espinosa, Director Regional (Calle Italia 75 Centro Comercial Plaza San Pedro, Puebla, Puebla, tel  01 22 23 00 41,  e-Mail jorge.valdovinos@inego.org.mx), presentó como la nueva Directora de Estadística (nivel directora de área) a la Mtra. Margarita Romero Centeno ( margarita romero@ inegi.org.mx), y a la Subdirectora  María Agustina Costa Genazzi ( maria.costa@ inegi,org.mx) y a un nuevo Jefe de Departamento, nombramientos que de acuerdo a lo mencionado en la Ley arriba mencionada, deben ser concursados.

“De acuerdo a la Ley que establece la autonomía al INEGI, menciona que debe nombrarse una Junta de Gobierno, misma que establecerá la normatividad interna, entre otras, la de recursos humanos, a no haberse nombrado esta Junta, la Casta Dorada de la burocracia del INEGI, realiza el acomodo de sus piezas, para seguir manteniéndose con el control del INEGI.

“Uno de los principales cuestionamientos del personal del INEGI, ante estos nombramientos es el de que la nueva Subdirectora no pasa un examen de capacidad mínimo para ocupar este puesto, ya que, del manejo de la computadora solo sabe el de los juegos especialmente el del solitario”.

La denuncia en cuestión no sólo quedó registrada bajo el folio 36422, sino que su autora recibió, con fecha viernes 25 de julio, el acuse correspondiente por parte de la Oficina del Presidente Calderón.

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Para mayor información sobre el tema principal de hoy, le recomiendo se remita a las siguientes columnas:

Roberto Morales Flores, acotado, pero sigue en Salud

Dudas metódicas

Salud, mafia de proveedores

¡Ay Dionisio!

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Hace unos días la presidenta de Puebla Verde, Verónica Mastretta Guzmán, cuestionaba en un artículo aparecido en la sección Punto de Vista de e-consulta qué sentido tenía que un gobierno emitiera decretos de protección sobre ciertas reservas ecológicas, si el siguiente llegaba y modificaba todo, sin hacer pública esa información.

La crítica de Verónica Mastretta tiene mucho de fondo y de actualidad, pues varias de las áreas que en el sexenio de Manuel Bartlett fueron declaradas como de preservación ecológica, hoy están a punto de perderse por culpa de gobiernos y funcionarios abusivos, que han encontrado en los cambios de uso de suelo y en los desarrollos inmobiliarios un filón para enriquecerse a costa del medio ambiente.

En el Periódico Oficial del estado, fechado el 8 de abril de 1994, se publicó un decreto firmado por el entonces gobernador que declaraba como áreas protegidas algunas zonas boscosas de la periferia de la ciudad de Puebla, entre ellas el Parque Ixta-Popo, la zona arbolada del cerro de Amalucan y el Parque Flor del Bosque.

En ese mismo decreto también aparecían como áreas de preservación ecológica el Cerro Zapotecas, donde actualmente se construyen conjuntos residenciales de la familia Blanca García, el encinar del ex rancho La Calera, donde la empresa Alteq pretende levantar 7,720 viviendas de 3.70 metros de frente por 13 metros de fondo, y el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, sobre el que ya se talan ahuehuetes para dar paso a un fraccionamiento en el que estarían involucrados los empresarios Alfredo Miguel y Pedro Maccise.

La historia negra de cómo esos pulmones verdes de la zona metropolitana de Puebla están por perderse, es de lo más interesante.

En el caso de las 380 hectáreas del ex rancho La Calera, resulta que una parte de esas tierras de la familia Bautista O’Farril pasaron al Fobaproa, como dación en pago de un crédito bancario. Por tratarse de 165 hectáreas en breña y sin uso de suelo, que el banco en cuestión no pudo vender, el encinar llegó a manos del IPAB.

Y fue ahí donde se consumó un gran negocio, pues las tierras fueron adquiridas a precio de remate por Kamel Nacif Borge, y revendidas por éste –diez veces más caras– a la constructora Sare, para la edificación del complejo Galaxia La Calera.

Intermediario en esa fraudulenta operación fue el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, quien, con malas artes, obtuvo del alcalde Luis Paredes Moctezuma y su Cabildo, el 24 de diciembre de 2005, el cambio de uso y la autorización para construir vivienda intensiva.

Paredes Moctezuma había autorizado la construcción de 6 mil casas, sin embargo su sucesor, el priísta Enrique Doger Guerrero, sólo dio permiso para 3 mil.

Lo mismo sucedió con el predio de 5 hectáreas, conocido como el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, ubicado en la esquina que forman la avenida Zavaleta y el boulevard Forjadores de Puebla.

Dicho terreno también se entregó como dación en pago a un banco, que al no poder venderlo por tratarse de una reserva ecológica, lo entregó al Fobaproa (hoy IPAB).

En 1997 el ex vivero de Santa Cruz fue rematado a razón de 40 pesos el metro cuadrado, y hace un par de semanas sus propietarios, ya con permiso de uso de suelo, obtenido en la gestión de Enrique Doger Guerrero, y con autorización del delegado de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Beristáin Gómez, comenzaron a talar ahuehuetes y a trazar lo que sería un nuevo fraccionamiento.

En el pasado reciente hubo un intento del ayuntamiento capitalino por hacerse de ese predio, pero no pudo concretarse debido a que poseedor exige por él 80 millones de pesos o, si se prefiere, 1,600 pesos por metro cuadrado, no obstante que el mismo fue comprado, como ya se mencionó, en sólo 2 millones de pesos.

¿Hasta cuando las autoridades van a permitir estos abusos?

¿A poco el gobierno de Mario Marín y el ayuntamiento de Blanca Alcalá no pueden hacer algo para impedir la pérdida de estas reservas ecológicas?

¿No que la ciudad y la zona metropolitana de Puebla tienen un déficit terrible de áreas verdes?

¿O es que el discurso oficial sobre el cuidado y preservación del medio ambiente sólo es de dientes para fuera?

¡Ojalá y no!

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Ahora que si quiere mayor información sobre este tema, lo mejor es que revise las siguientes notas:

– Violaron Doger y Paredes decreto de preservación en La Calera

– Exigen vecinos expropiación del ex vivero de Santa Cruz por tala ilegal

– El encinar que se nos fue en el ex rancho La Calera: Verónica Mastretta

– Motosierras en el ex vivero de Santa Cruz

Su principal fortaleza: la alianza Gordillo-Calderón

¿Qué tantas posibilidades tiene Rafael Moreno Valle Rosas de lograr la nominación del Partido Acción Nacional a la gubernatura? ¿El grupo que hoy domina o controla las principales estructuras y órganos directivos dentro del PAN poblano lo dejará pasar? Son algunas de las preguntas que de manera recurrente se hacen en torno a la figura del senador poblano de cara a los comicios locales del 2010.

En lo personal, creo que Rafael Moreno Valle no sólo es hoy el aspirante panista mejor posicionado, aun con todos sus defectos, sino el personaje que más incómodo resultaría para el PRI en las elecciones previstas para dentro de dos años, por el riesgo de que su eventual candidatura fracture o divida algunas estructuras municipales priístas.

Sin embargo, me parece que la circunstancia que marcará en definitiva la postulación de Moreno Valle, más allá de estos factores, estará en función de la continuidad de la alianza política del presidente Felipe Calderón Hinojosa y la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.

Si esta alianza se mantiene hasta los comicios del 2010, no me queda la menor duda de que a nivel nacional y estatal el PAN se inclinará por el hoy senador de la República.

Ocho son los factores locales que hoy juegan a su favor:

1. El posicionamiento que le dan las encuestas electorales y otros estudios de opinión por encima de otros aspirantes del PAN como la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Ana Teresa Aranda Orozco, y el senador Humberto Aguilar Coronado.

2. Las alianza que en los últimos años y meses ha construido y afianzado con algunas figuras destacadas dentro del panismo poblano, como el diputado federal Francisco Fraile García; el presidente del Comité Directivo Estatal, Rafael Micalco Méndez; la diputada federal Violeta Lagunes Viveros, el presidente municipal de Tecamachalco, Saturnino López Ponce, el ex regidor y operador paredista Héctor Montiel García, y el consejero estatal Eduardo Louvier.

3. El arribo a la Secretaría de Organización del Comité Directivo Municipal del PAN de su ex particular, Jesús Alejandro Cortés Carrasco “El Chuy”, y la estrecha relación que mantiene con el secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal, Félix Hernández Hernández.

4. Su creciente influencia en ciertas delegaciones del gobierno federal, en algunos comités panistas de la Sierra Norte, y las regiones de Ciudad Serdán y Tecamachalco, así como en el recién renovado Consejo Estatal, al que se integraron caras nuevas, aparentemente desconocidas en la capital, pero que representan liderazgos emergentes dentro de las estructuras regionales y municipales del PAN.

5. El pacto de colaboracionismo que mantiene con algunas figuras priístas enfrentadas hoy con el marinismo o distanciadas de él, como el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, y el diputado federal Jorge Estefan Chidiac.

6. La eventualidad de generar en las filas del PRI rompimientos, no solo de cuadros y figuras destacadas, sino de dirigentes y ex dirigentes de comités municipales que, por apoyarlo en las postrimerías del sexenio melquiadista, cuando por primera vez buscó la candidatura del gobierno del estado, han sido maltratados o excluidos por la actual administración estatal.

7. Sus vínculos con algunos partidos diferentes al PAN, como el Partido Nueva Alianza o Convergencia, que en algún momento podrían sumarse a su candidatura en términos formales o informales.

8. La certidumbre de que la suya no será una campaña pobre o cuesta arriba por la falta de recursos o dinero para la contratación de despachos de marketing, medios de comunicación y propaganda.

Y eso lo sabe mejor que nadie el propio Moreno Valle, quien, a pesar de eso, muy en su estilo, sigue trabajando y sumando adeptos, y haciéndose de posiciones estratégicas dentro de la estructura panista.

La supuesta rebeldía de cinco grupos de vendedores ambulantes que se niegan a ser reubicados en uno de los dos mercados expropiados por la gestión de Blanca Alcalá Ruiz no es casual. Por abajo del agua están siendo alentados por operadores cercanísimos al ex presidente municipal Enrique Doger Guerrero, como el actual regidor priísta Enrique Chávez Estudillo, mejor conocido como “Kío”.

El propósito de “Kío” es reventar, por un lado, la reubicación de ambulantes en el mercado de la 11 Norte y la 18 Poniente conocido como Plaza Comercial Puebla, e insistir en que el mejor sitio para ello es el predio que la administración dogerista expropió a la familia Matanzo en la 11 Norte y 4 Poniente.

Intentaré explicar por qué.

Si los ambulantes fueran reubicados en el terreno enajenado a los Matanzo, el héroe de esta película (papá), sería sin duda el ex alcalde Enrique Doger, quien en su faceta de aspirante a la gubernatura podría presumir esa acción como un logro suyo.

La segunda razón tiene como móvil la venganza, por la pérdida de un millonario negocio en la frustada compra del mercado de la 11 Norte por parte de la gestión dogerista.

Y es que dicha Plaza Comercial —edificada durante el gobierno de Luis Paredes Moctezuma por parte de los socios del Solid Gold— intentó ser adquirida por la anterior administración municipal, pero a un precio mucho mayor del que hoy se pagará.

En efecto, en la gestión de Enrique Doger hubo tres intentos para que ese inmueble fuera adquirido por el ayuntamiento. Uno, promovido por los propios constructores que querían venderlo en 12 millones; otro, impulsado por el que fuera secretario de Gobernación, Omar Álvarez Arronte, quien quería comprarlo en 16 millones y, un tercero, alentado por el entonces secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo.

De buena fuente se sabe que el pago que en realidad recibirían los accionistas del Solid Gold sería mucho menor.

Y si no cómo explica usted que el ayuntamiento de Blanca Alcalá haya negociado la compra del inmueble en 9.5 millones de pesos.

A poco me van decir que el secretario de Gobernación Municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez, es tan buen negociador que logró un descuento de 2.5 ó 6.5 millones de pesos. ¡Por favor!

El acuerdo a un tris

Si Chávez Estudillo no se sale con la suya, la reubicación de los ambulantes que hoy invaden las calles del Centro Histórico se realizará en la última semana de mayo o en la primera de junio.

En el mercado de la 11 Norte y 18 Poniente, el cual cuenta con 305 locales o jaulas ya construidos, serán ubicados 105 ambulantes dirigidos por Alicia Cervantes “La Comadre”, 18 de Gustavo Sánchez, 14 de Ana María Vázquez, y 35 de Germán Cervantes.

Originalmente también habían aceptado ubicarse en esa Plaza Comercial las cinco organizaciones rebeldes encabezadas por Carlos Ramírez Serna, Javier Martínez Monterde, Martín Juárez, Josefina Gómez y Alejandra Ipiña Leyva, para las que se habían dispuesto 85 u 86 locales.

Otras organizaciones marginales que también han aceptado ir a vender a ese lugar son las lidereadas por Juan Rosas “El Moles”, Sofía Montes, María Luisa Pérez, Marcos Morales e Irene Tejeda.

Por lo que hace al otro mercado expropiado por el ayuntamiento de Blanca Alcalá, localizado en la 8 Poniente y 13 Norte, trascendió que ahí serán establecidos 139 ambulantes dedicados a la venta de perecederos.

Estos vendedores pertenecen a cuatro organizaciones, representadas por Carmela García Rivera “La Otra Comadre”, Alfredo Hernández “El Pollo”, Ana María Fernández y una más cuyo nombre no fue proporcionado.

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Ayer recibí un sobre manila con información por demás interesante de los negocios que al amparo de la salud de los poblanos se realizan en una dependencia del gobierno del estado. El sobre, rotulado a mi nombre y con la dirección de e-consulta, fue entregado por una persona de 35 ó 40 años, que no quiso identificarse, y que se retiró de inmediato en un vehículo Jetta de color oscuro. Mañana, una vez que corrobore algunos datos, le daré los detalles.

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Enrique Romero Razo ha pasado de héroe a villano dentro del Poder Judicial poblano.

Como allegado del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, el ex juez penal de Cholula era promovido como candidato a magistrado; en cambio ahora, con León Dumit Espinal, no sólo fue cambiado a Puebla como juez civil, sino que está siendo objeto de auditorías y presiones con el único fin de que renuncie.

Y lo mismo sucede, dicen, con otros jueces y funcionarios del Poder Judicial identificados con Pacheco Pulido.

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