Si en los próximos días observa que el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, aparece con más frecuencia de lo acostumbrado en columnas periodísticas o en entrevistas de prensa, radio o televisión, no será por simple casualidad.
Para nada. Si eso ocurre puedo adelantarle que tal exposición mediática estará encaminada a posicionarlo en dos posibles cargos dentro de la administración pública.
El primero sería como titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), en lugar de Luis Maldonado Venegas, y el segundo como alcalde sustituto de Puebla, en relevo de José Antonio Gali Fayad.
El auditor general de la ASE es un político conciliador, de buen trato, con buenas relaciones a nivel federal y estatal, y con mucha información sensible de la clase política poblana. Por él han pasado las cuentas públicas de presidentes municipales y secretarios de gabinete en las administraciones de Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle.
David Villanueva es yerno del ex gobernador Melquiades Morales Flores y ese parentesco le ha permitido acrecentar sus ya de por sí amplias relaciones.
Quienes lo conocen aseguran que su perfil es el idóneo para acercar o reconciliar al morenovallismo, en la recta final del sexenio, con distintos actores y organizaciones con los cuales se ha distanciado o enemistado.
Tiene fama de contar con buena mano izquierda para concertar acuerdos o distender conflictos, pero también de saber usar la derecha para apretar o forzar alguna situación, sin llegar al rompimiento o a la humillación del contrario.
Por todo eso es que David Villanueva ha comenzado a ser evaluado como posible relevo de Luis Maldonado en la SGG.
Pero también como posible sucesor de Gali Fayad en la presidencia municipal de Puebla, una vez que este pida licencia para participar en las elecciones de gobernador de 2016.
El propio Gali Fayad ve con simpatía la propuesta del yerno de Melquiades Morales, en caso de que su suplente Gerardo Maldonado Balvanera decidiera no aceptar el cargo y el Congreso del estado tuviera que designar un presidente municipal sustituto en la capital del estado.
Entre el auditor David Villanueva y los diputados locales Jorge Aguilar Chedraui e Irma Patricia Leal Islas, puedo asegurarle –sin temor a equivocarme– que Gali, sus regidores y secretarios se sentirían más cómodos con el primero que con cualquiera de los otros dos.
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Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com
La semana pasada el gobernador Rafael Moreno Vallereunió a sus más cercanos colaboradores y secretarios de gabinete para dejarles claro que el candidato a sucederlo en el cargo sólo es uno y se llama José Antonio Gali Fayad.
O en otras palabras: que no hay Plan B, ni Plan C, sino sólo Plan A.
El mandatario les pidió redoblar esfuerzos, mantener la unidad y la cohesión, y sumarse al proyecto del presidente municipal de Puebla, como la única alternativa del morenovallismo para la gubernatura del 2016.
A la reunión acudieron los miembros del grupo compacto, entre ellos el ex titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y el coordinador de la fracción del PAN en el Congreso Local, Jorge Aguilar Chedraui.
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En el transcurso de los próximos días u horas se anunciará el nombramiento de Juan Roberto Moya Clemente como nuevo jefe de la Oficina del Gobernador del estado, en sustitución de Antonio Gali López.
Gali López dejará la administración pública estatal, pero no la actividad política, ya que ahora se convertirá en la avanzada de su papá, el presidente municipal de Puebla, en la ruta por la minigubernatura del 2016.
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Hace unos doce días lancé la pregunta de si Luis Maldonado Venegas regresaría o no al gabinete del gobernador Moreno Valle, una vez que rindiera protesta como diputado federal.
En esa ocasión le dije que Luis Maldonado ya incluso había sido visto en Casa Aguayo atendiendo algunas encomiendas del Ejecutivo estatal.
Hoy le puedo corroborar que Maldonado ya está de regreso en Puebla y que algunas veces despacha en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno y otras en la Secretaría de Educación Pública.
Sin embargo esto no significa que el diputado federal electo del PRD vaya a regresar a despachar a Casa Aguayo, una vez que rinda protesta como integrante del Congreso de la Unión.
Luis Maldonado regresará sólo si en el reparto parlamentario no logra la presidencia de una de las comisiones que anda buscando: la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación o la de Educación.
Si consigue su propósito, con la ayuda de Los Chuchos del PRD, le apuesto doble contra sencillo que Luis Maldonado ya no regresa.
Mañana le platico, por cierto, quién podría sustituirlo.
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¿Qué pasará con Luis Maldonado Venegas después de que tome posesión como diputado federal del PRD? ¿Pedirá licencia para regresar a ocupar la Secretaría General de Gobierno (SGG) hasta que concluya la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle o se quedará en San Lázaro para allanarle el camino al mandatario en la construcción de una alianza PAN-PRD rumbo al 2018?
Dos son las versiones sobre Maldonado. Una es que después de rendir protesta pedirá licencia para retomar la SGG como jefe del gabinete morenovallista, con el propósito de conducir la administración estatal en lo que resta del sexenio, en lo que su jefe atiende su proyecto presidencial; distender conflictos con grupos o personajes locales o nacionales que se han distanciado o confrontado con el gobernador; y preparar políticamente la sucesión de Moreno Valle en el 2016.
Quienes coinciden con esta hipótesis afirman que Luis Maldonado ya incluso anda en Puebla o ha sido visto en Casa Aguayo atendiendo algunas encomiendas del gobernador del estado.
La otra versión es que Luis Maldonado ya no regresa, ni quiere regresar al gabinete, pues anda buscando con el apoyo de Los Chuchos del PRD la presidencia de una comisión en la Cámara de Diputados en la que pueda brillar, mantener sus nexos con algunos personajes de la capital del país y colocar a los integrantes de su equipo de colaboradores que, seguramente, se quedarán sin chamba si deja el gobierno de Puebla.
Los enterados apuntan que el ex titular de la SGG estaría buscando la presidencia de las comisiones de Educación, Puntos Constitucionales y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
En lo personal, creo que lasegunda versión es la más acertada, a pesar de que el gobernador no cuenta hoy con personajes que reúnan el perfil ideal para hacerse cargo de la Secretaría General de Gobierno, pues no creo que en esta dependencia vaya a continuar Jorge Benito Cruz Bermúdez como encargado de despacho, que Fernando Morales Martínez vaya a ser promovido de subsecretario a secretario, o que el desempleado Cabalán Macari o el financiero Roberto Moya Clemente vayan a ser designados en tal puesto.
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Otro del que también poco o nada se sabe sobre su futuro político es Cabalán Macari, quien renunció a la Secretaría de Infraestructura, para ir como suplente de Ángel Trauwitz Echeguren en el distrito 12 con cabecera en la capital del estado.
Antes del descalabro electoral, Cabalán era percibido como uno de los posibles sustitutos de José Antonio Gali Fayad en la presidencia municipal de Puebla, pero ahora sus opciones parecen limitadas, a no ser que fuera reintegrado al gabinete en su anterior cartera, la Secretaría de Infraestructura, y Luis Banck Serrato fuera enviado a la Secretaría General de Gobierno, en sustitución de Luis Maldonado, o fuese nombrado jefe de la oficina del gobernador, cargo que tenía Juan Pablo Piña Kurczyn antes de ser postulado candidato a diputado federal del PAN por el distrito 3, y en el que ahora despacha Antonio Gali López.
Lo que sí se parece imposible, considerando las nuevas circunstancias políticas producto de los resultados electorales del 7 de junio, es que Cabalán Macari se convierta en diputado federal, dado que es el suplente de Eukid Castañón Herrera.
Si esa posibilidad existía, hoy es totalmente remota, por las relaciones que Eukid Castañón ha logrado tejer con diferentes actores del CEN panista y con un grupo de cerca de 60 diputados federales del PAN y de otros partidos políticos con los cuales ya se trabaja en la conformación de un bloque de legisladores morenovallistas.
Por esta situación y por el compromiso que hay con Gustavo Madero de que un diputado poblano sea quien presida la Comisión de Hacienda, el cambio de Cabalán Macari por Eukid Castañón se vislumbra francamente imposible.
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A propósito del Tony Gali Jr.
Cuentan que la semana pasada el jefe de la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle fue visto en el Draft del fútbol mexicano que tuvo lugar en Cancún, en compañía de los directivos del Club Puebla, los hermanos López Chargoy, interviniendo en el régimen de trasferencias de jugadores.
La duda mata: en calidad de qué asistió Antonio Gali López al Draft, como parte de los socios de La Franja, como representante del gobierno del estado que ya tiene el control del equipo o como ex jugador profesional de futbol.
Ahora que el gobernador Rafael Moreno Valle reprochó a dirigentes y militantes del PAN y el PRD no haber sido capaces de concretar una alianza que les hubiera dado mejores resultados en las elecciones del 7 de junio, vale la pena rememorar por qué dicha coalición fracasó.
Para empezar habría que decir que la alianza PAN-PRD había sido un asunto polémico y poco aceptado, por no decir rechazado, por los militantes y consejeros de ambos partidos en sus respectivos Consejos Nacionales celebrados en 2014.
Sin embargo eso no fue un obstáculo para que el gobernador Moreno Valle, junto con Los Chuchos del PRD y algunos consejeros nacionales del PAN integrantes del Comité Estratégico de Elecciones, cejara en su empeño de empujar una coalición entre ambos partidos.
A finales de noviembre de 2014, la Comisión Permanente del PAN aceptó ir alianza con partidos de izquierda en algunos estados donde habría elecciones para gobernador, y el Comité Estratégico de Elecciones —del que forma parte Eukid Castañón Herrera— empujó el tema para llevarlo a las elecciones de diputados federales.
Sin embargo, todo quedó en intento pues el 10 de diciembre que vencía plazo para registrar ante el Instituto Nacional Electoral los convenios de coalición entre dos o más partidos, la Comisión Política Nacional del PRD no pudo sesionar por falta de quórum.
Esa noche la Comisión perredista fue convocada con carácter de urgente para discutir y, en su caso, aprobar el convenio en el que tanto habían trabajado Los Chuchos de Nueva Izquierda, y los operadores del gobernador Moreno Valle comisionados para el tema: Eukid Castañón y Luis Maldonado Venegas.
Todo estaba listo, pero descuidaron un pequeño pero significativo detalle: cerciorarse de que los aliados de Los Chuchos en la Comisión Política Nacional, los integrantes de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), se sumarían a la iniciativa.
No lo hicieron, y en el pecado llevaron la penitencia, pues los representantes de ADN simplemente se ausentaron rompiendo el quórum, lo que impidió que el convenio pudiera aprobarse esa noche.
Su desaparición no fue casual, sino calculada y premeditada, para desquitarse del gobernador Moreno Valle por la andada de críticas que alentó en contra de la diputada federal Roxana Luna Porquillo, y el dirigente nacional de ADN, Héctor Bautista López, en el marco de las protestas y movilizaciones de los pobladores de Chalchihuapan.
Entre ellasla filtración de un audio en el que ambos personajes se ponen de acuerdo sobre una marcha de protesta a la Ciudad de México para exigir la liberación de presos políticos, justicia por la muerte del menor José Luis Tehuatlie de Chalchihuapan y el cese de los hostigamientos en contra de movimientos y líderes sociales.
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Con la novedad de que el fallo de la licitación de prendas de protección personal que este miércoles se iba adjudicar en las oficinas de la Delegación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a favor de Tejital SA de CV se pospuso para este jueves.
Pero con varios ajustes para cuadrar las cosas, entre ellos que el techo financiero se modificó a la alza, con la complicidad del subdelegado de Administración, Alberto Alvarado Jiménez.
Tras lo aquí publicado el representante legal de Tejital, Luca Balletti, ya amagó con demandar al que esto escribe, pues según él mi fuente me malinformó sobre las anomalías de la licitación LA-009J0U022-N10-2015.
De qué tamaño serán los agravios o la magnitud de los conflictos al seno del grupo morenovallista que uno de los bandos ha comenzado a circular una denuncia penal —que ya por cierto se encuentra archivada por el perdón otorgado por el ofendido— en contra del ex titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.
Según los enterados, el expediente del caso es toda una bomba no sólo por los delitos que se denuncian, sino por los personajes que en la querella son mencionados, algunos de los cuales ocupan cargos muy relevantes en el gabinete estatal.
De acuerdo con las mismas fuentes, la escandalosa querella promovida por un ex secretario particular de Luis Maldonado en los años en que éste se desempeñó como subsecretario en la Sedesol, presidente de la Fundación Academia Metropolitana y diputado federal de Convergencia, no busca descarrilar su arribo a San Lázaro por la vía del PRD, sino inhabilitarlo de la sucesión gubernamental poblana.
Y no porque el ex titular de la SGG se perfile como posible sucesor del gobernador Moreno Valle, sino por las maniobras y alianzas que éste pudiera construir a favor de uno de los bandos del grupo gobernante en la sucesión del 2016 y en las elecciones del 2018.
Luis Maldonado ya tiene identificados a sus detractores, y sus aliados en la sucesión por Casa Puebla también.
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Los resultados arrojados por algunas encuestas han generado preocupación de más en algunos políticos y candidatos al grado que están echando mano de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial para reforzar algunas campañas en los distritos 1 de Huauchinango y 7 de Tepeaca.
En ambas demarcaciones la intención es apuntalar a los candidatos panistas José Esquitín Lastiri y Mario Rincón González.
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Cuentan que una de las mayores preocupaciones de los candidatos y operadores del PRI en algunos distritos de la entidad está en evitar el fraude electoral, a través de la falsificación de boletas, actas foliadas de escrutinio y paquetes electorales, por lo que han puesto especial atención en algunas empresas de impresión ubicadas en el parque industrial Puebla 2000 o por el rumbo del aeropuerto Hermanos Serdán, esta última, por cierto, de un primo de un influyente morenovallista.
Tal preocupación no es gratuita, pues se sabe que en las elecciones federales del 2012 esta estrategia se utilizó para darle la vuelta a ciertos resultados que favorecían a los candidatos de la coalición de la izquierda en la capital poblana.
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La candidata a diputada federal del PAN, Angélica Ramírez Luna, ha podido constatar en carne propia el desencanto que existe entre los electores de su distrito, el 11 que comprende el sur poniente de la capital del estado, que en algún tiempo llegó a ser el máspanista del país.
Ante el rechazo que sus promotores han encontrado de automovilistas y ciudadanos para aceptar su propaganda, algunos de estos han optado por pegar calcomanías con su fotografía en las fachadas de varias casas de las colonias Huexotitla, El Carmen y Gabriel Pastor, lo que ha generado un creciente rechazo hacia su candidatura.
En primera instancia porque dichos stickers de 20 por 20 centímetros se pegaron sin su consentimiento y porque su retiro además de complicado levanta o daña la pintura de sus casas.
Lo que sí le ha funcionado a sus promotores son los lentes con graduación que han obsequiado en algunas colonias como La Paz, en la cual habitan cientos de adultos mayores o personas de la tercera edad.
La diputada Socorro Quezada Tiempo podría ser la última presidenta estatal del PRD que responde a los intereses del grupo del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, luego de más de 20 años de hegemonía.
En los 26 años de vida del partido del sol azteca seis personas han ocupado la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal y de esas sólo una, Eduardo Fuentes de la Fuente, ha estado fuera de la órbita de control de Luis Miguel Barbosa.
Fuentes de la Fuente fue el primer dirigente estatal perredista, le siguió Luis Miguel Barbosa, María Elena Cruz Gutiérrez, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, Eric Cotoñeto Carmona y la actual presidenta Socorro Quezada.
La legisladora local logró la presidencia y la mayoría de las carteras del Comité Ejecutivo Estatal por la victoria que tuvo su corriente –Frente de Izquierda Progresista (FIP)– en las elecciones internas del año pasado, sin embargo en la práctica la corriente dominante es la de Los Chuchos o Nueva Izquierda (NI) que ahora tiene como representante al ex titular de la Secretaria General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.
Y para muestra un botón: los candidatos a diputados federales de mayoría relativa y la lista de candidatos de representación proporcional por la cuarta circunscripción que comprende al estado de Puebla.
En ambas listas los cuadros del FIP o que representan los intereses del senador Luis Miguel Barbosa fueran marginados; en cambio, los impulsados por Nueva Izquierda –en alianza con el mandatario estatal– se quedaron con las principales candidaturas, incluyendo la tercera posición de la lista de plurinominales de la cuarta circunscripción que se asignó al enlace del gobernador Moreno Valle con Los Chuchos: Luis Maldonado.
Tres factores han contribuido al debilitamiento del grupo del senador Luis Miguel Barbosa: uno es el desgaste natural que ha significado mantener el control de la dirigencia del partido por más de dos décadas; dos, el bajo perfil y la pobrísima formación política e ideológica de sus cuadros; y tres, el haber puesto la conducción del partido en Puebla a los servicios del gobernador Moreno Valle.
Este último factor, aunado al rompimiento de Barbosa con la corriente Nueva Izquierda ha sido el más perjudicial para el FIP, pues el PRD en Puebla y su dirigencia estatal se han desdibujado como opción de izquierda o progresista, para convertirse en un instrumento al servicio del Ejecutivo poblano para fracturar al PRI en algunas regiones y distritos o en el palero del PAN en otras demarcaciones.
Y eso que no escapa a los votantes y simpatizantes de izquierda no sólo ha restado competitividad al PRD frente a otros partidos como Morena, sino deslegitimado a su actual dirigencia estatal encabezada por Socorro Quezada.
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El ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sigue siendo mejor aprovechado fuera de Puebla que en la entidad, a juzgar por su nombramiento como presidente del Consejo Consultivo de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) que reúne a las tres asociaciones nacionales de presidentes municipales del PRI, PAN y PRD y otros partidos de izquierda que existen en el país.
La presidencia del Consejo Consultivo de la CONAMM es colegiada y en ella participan además del panista Eduardo Rivera, en representación de la ANAC; el priísta y ex alcalde de Pachuca Omar Fayad Meneses, a nombre de la FENAM; y la perredista Leticia Quezada, ex delegada de la Magdalena Contreras, en representación de la AALMAC.
A la toma de posesión de los presidentes del Consejo Consultivo de la CONAMM acudió el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien los ex alcaldes mantendrán una comunicación permanente para afinar una agenda municipalista a implementar en los próximos tres años.
Cabe señalar que en el encuentro el presidente municipal de San Pedro Cholula,José Juan Espinosa Torres, fue nombrado vicepresidentede la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM).
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Sustituyó a la Secretaría de Cultura con magros resultados
Cuando la gestión morenovallista decidió desaparecer la Secretaría de Cultura para dar paso a un Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) siempre se dijo que el cambio sería para mejorar, pero sobre todo para fortalecer la capacidad de gestión de quienes estarían al frente de este organismo público descentralizado en beneficio de los creadores y promotores de las diferentes expresiones artísticas, culturales y científicas de las regiones y municipios de la entidad.
Sin embargo en la práctica ha ocurrido lo contrario; el Consejo no sólo ha venido a menos desde su creación en febrero de 2011, al grado que el 50% del personal que tenía la Secretaría de Cultura fue despedido, sino que la supuesta independencia que tendría para aplicar y ejecutar sus recursos en aras de la difusión y proyección nacional e internacional de los artistas y creadores poblanos, quedó circunscrita al capricho de funcionarios de medio pelo, fuereños y carentes de título profesional.
Con la última reingeniería gubernamental, producto de la austeridad y los recortes presupuestales, la estructura del CECA quedó reducida a una simple Dirección de Área, de la que sólo dependen los museos y algunos proyectos de restauración, pues las bibliotecas —con excepción de la Palafoxiana— fueron transferidas a los ayuntamientos, y la organización de los festivales quedó en manos de la Secretaría General de Gobierno (SGG) cuando Luis Maldonado Venegas dejó la Secretaría de Educación para llegar a esta dependencia.
Tan limitado y apocado quedó el CECA que ahora hay funcionarios que atienden dos, tres, cuatro y hasta cinco áreas con el mismo sueldo. Gabriela del Carmen Flores Arriola es subdirectora de Escenarios y jefa de los departamentos de Logística, Festejos y Tradiciones; Ernesto Cortés García es director de Museos, jefe del Departamento de Museografía, pero además subdirector de Exposiciones y jefe de los departamentos de Arte Contemporáneo y del Museo Erasto Cortés.
María Aurora Asomoza Palacios es subdirectora de Bibliotecas y jefa de Coordinación Editorial; María Asunción Selma Galindo López es subdirectora de Fomento Literario, directora de Planeación, subdirectora de Evaluación y Seguimiento, y titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información; Celeste Guadalupe Cabrera Arenas es jefa de Redes y Telefonía y jefa de Recursos Materiales; Ernesto García Flores es subdirector de Armonización Contable Gubernamental y jefe de Control Presupuestal.
David Servando Rodríguez Sánchez es otro de los que tienen cuatro cargos: director jurídico, subdirector de Contratos, jefe de Contratos y subdirector de lo Contencioso.
En la mayoría los casos, los servidores mencionados pueden atender todos sus puestos, por la inactividad y casi parálisis en que se encuentra el Consejo a cuatro años de su creación, periodo en el cual ha tenido también cuatro secretarios ejecutivos: Fernando Viveros Castañeda, su fundador que duró sólo unos días; Saúl Juárez Vega, que renunció para irse al Conaculta como secretario Artístico y Cultural; Moisés Alfonso Rosas Silva, quien fue director del Museo Amparo y del Museo del Estanquillo en la Ciudad de México y sólo estuvo 13 meses; y el actual Jorge Alberto Lozoya Legorreta, quien llegó al Consejo —en febrero de 2014— como premio de consolación tras su efímero paso por la SEP estatal.
El embajador Lozoya, quien vino a Puebla por recomendación de Luis Maldonado, es una figura decorativa dentro del Consejo, pues la operación del organismo en realidad está a cargo de otro recomendado de Maldonado: José Octavio Ferrer Burgos, quien formalmente se desempeña como coordinador general de Divulgación y Desarrollo Cultural.
Sin título profesional, al igual que la mayoría de los funcionarios traídos por este, Octavio Ferrer ha sido el encargado de hacer trabajo sucio en el Consejo, y de desmantelarlo, despidiendo y recortando personal, y de decidir quiénes se quedan, con qué funciones y con qué sueldo.
Del CECA han salido o se han ido los funcionarios con mejor currículum o trayectoria profesional como la directora del Museo Bello, Ana Martha Hernández Castillo, en cuya gestión se ganó el premio nacional al mejor libro de arte; la directora de la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez, Miriam Ramírez Alonso; el director del Museo Taller Erasto Cortés, Gustavo Ramírez; el restaurador Omar Gutiérrez Huerta; y la experta en restauración de libros antiguos y la Biblioteca Palafoxiana Teresita Bernarda Díaz Villanueva.
El taller creado por esta última con fondos de la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI) para la conservación y mantenimiento del acervo de la Biblioteca Palafoxiana ya también desapareció.
En la actualidad lo único que funciona del Consejo son los museos Casa de los Hermanos Serdán, cuyo director Patricio Eufracio Solano es al mismo tiempo subdirector de Investigación Histórica del CECA; José Luis Bello y Zetina, San Pedro de Arte Virreinal; la Casa de la Cultura, la Biblioteca Palafoxiana y el Museo Taller Erasto Cortés.
Los festivales, como ya lo indiqué, pasaron a ser organizados por la SGG, tras el despedido de Omar Lezama y de Luz María Huitzil Carvajal, quien fue removida de la Dirección de Festivales, ante la fundada sospecha de malos manejos en la contratación de grupos y artistas de lo que originalmente fue el Festival Internacional de Puebla, que luego se llamó Festival Palafoxiano de Puebla y ahora se denomina Festival Internacional 5 de Mayo.
Tan mermado está el Consejo que lo más probable es que termine en el olvido o reducido a una Dirección de Área, sin que ninguno de los que fueron titulares de la Secretaría de Cultura del estado como Pedro Ángel Palou Pérez y Pedro Ángel Palou García, Efraín Castro Morales y Alejandro Montiel Bonilla se atrevan a realizar la más mínima crítica.
EN CORTO
El otrora poderoso secretario particular del alcalde José Antonio Gali Fayad, Erich Ziehl Loera, pronto podría tener más problemas e incluso verse implicado en procesos penales de malversación de recursos, y no por la mafia que creó en la Dirección de Tránsito y en otras del ayuntamiento de Puebla, sino por un programa que vendió en una cifra de seis ceros a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Se sabe que Román Lazcano, de la Delegación en Puebla de la SEDATU encontró graves deficiencias en el programa, por lo que le pidió devolver el monto del apoyo recibido. Cuentan que ese dinero fue gastado en su totalidad.
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La noche del sábado fue hallado muerto en el almacén de armas del Cereso de Pueblao penal de San Miguel un custodio. La versión oficial es que el policía se suicidó, pero los enterados aseguran que en realidad ocurrió otra cosa, pero el jefe de Seguridad y Custodia, Hugo Rosales, que era el que estaba al mando, entró y alteró la escena, pues retiró varias armas del lugar.
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La versión de que Francisco Javier Zúñiga Rosales dejará la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del ayuntamiento de Puebla, para integrarse a la Secretaría de Infraestructura y Transportes del gobierno del estado con Luis Banck Serrato no tienen ningún fundamento, al menos en el corto plazo.
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Mucho de qué hablar dará sin duda la declaración de la esposa del gobernador de Puebla, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, en el sentido de que el presidente Enrique Peña Nieto es un presidente guapo, pero con un gobierno no ha dado resultados a los mexicanos, no sólo por la connotación de sus palabras, sino porque las hizo en un acto proselitista favor del candidato suplente del PAN en el distrito 12 de Puebla, José Cabalán Macari Álvaro.
La presidenta del Sistema estatal DIF y consejera nacional del PAN dijo que a diferencia de Peña Nieto su esposo, Rafael Moreno Valle, que también es guapo, sí ha dado resultados a la población.
El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Juan Manuel Celis Aguirre, es uno de esos personajes que comenzaron el sexenio morenovallista como enemigos y lo terminarán como aliados del mandatario estatal.
Al inicio de la actual administración, el mandatario estatal instruyó a su secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y éste a su grupo de control de riesgos, para que investigara el destino de 120 millones de pesos que el gobierno marinista entregó, en diversos cheques, a Juan Manuel Celis.
Ya con la información y un voluminoso expediente, la Secretaría General de Gobierno entró en contacto con el dirigente estatal antorchista, haciéndole saber la existencia un conjunto de anomalías en que éste y su organización habían incurrido con los recursos púbicos recibidos.
La encargada de contactar al ingeniero Celis fue la entonces directora general de Gobierno, Laura Escobar Juárez, quien, fiel a la costumbre de la casa, le mostró el expediente y le advirtió de una averiguación previa en su contra por la no comprobación, ni justificación de millones de pesos recibidos por el gobierno marinista.
Laura Escobar le dijo que ese asunto podría resolverse si Antorcha Campesina cooperaba con el gobierno del estado sacando las manos del tianguis de San Martín Texmelucan y desactivando las protestas de los integrantes del movimiento magisterial antorchista en algunos municipios de laSierra Norte y la Mixteca poblana.
También le pidió que las protestas de la organización se enfocarán en la capital poblana, exigiendo al ayuntamiento capitalino encabezado por Eduardo Rivera Pérez la regularización y escrituración de las colonias del sur, y que las grúas Unión fueran las únicas en prestar el servicio de arrastre de vehículos a los corralones del gobierno estatal y municipal.
De más está decir que Celis Aguirre no sólo aceptó la negociación, sino que hasta firmó un convenio comprometiéndose a desactivar las protestas del movimiento magisterial antorchista y a resolver el conflicto entre tianguistas de San Martín Texmelucan.
Convenio que incluso fue motivo de posteriores diferendos entre el subsecretario Mario Rincón González y el entonces operador de Fernando Manzanilla en la SGG, Eukid Castañón Herrera.
Del expediente integrado en contra de Juan Manuel Celis poco o nada se sabe, sólo que este desapareció –casi con la misma rapidez que se armó– cuando Luis Maldonado Venegas sustituyó Fernando Manzanilla en la SGG.
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La decisión del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, de hacer pública su declaración de bienes, junto con la de su esposa Nancy de la Sierra Arámburo, tiene varias motivaciones.
La primera — y más importante— es adelantarse a una investigación que, supuestamente, la presidenta del Colegio de Notarios, Verónica Morales Alfaro, había comenzado a realizar con la colaboración de otros colegas suyos para rastrear todos los bienes y propiedades del alcalde cholulteca y su esposa, la candidata del PRI a diputada federal por el distrito 3 de Teziutlán.
Y la segunda, vacunarse contra posibles críticas y descalificaciones de Juan Pablo Piña Kurczyn, candidato del PAN a diputado federal por el distrito 3, en contra de su contrincante, la priísta Nancy de la Sierra y su esposo, José Juan Espinosa, integrante del partido Movimiento Ciudadano.
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Este fin de semana hubo cambios en la Coordinación de Derecho y el Bufete Jurídico del campus Tehuacán de la BUAP. El viernes el secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval, removió de sus cargos a José Lorenzo Dávalos Moreno y a Jesymar Castillo Arangute, al primero por diversas irregularidades que van desde la contratación de docentes sin autorización y la venta de tesis, y al segundo por usar el Bufete para llevarse asuntos a su despacho particular.
Dos días después, el domingo, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, acudió a Tehuacán a tomar la protesta de ley a los sustitutos de aquellos: Sagy Rosalba Díaz Pimentel y Raymundo Pérez Osorio, respectivamente.
Sin embargo, ambos nombramientosno fueron bien recibidos por la planta docente y no porque estuviera de acuerdo con el desempeño del coordinador de Derecho, José Lorenzo Dávalos y del coordinador del Bufete Jurídico, Jesymar Castillo, sino porque no fue consultada sobre quiénes debían reemplazarlos.
De Sagy Rosalba Díaz se dice que su designación como coordinadora de Derecho del campus Tehuacán no obedece a una cuestión de méritos académicos o profesionales, sino a su cercanía con el secretario seccional del Aspabuap en Tehuacán, y del segundo, Raymundo Pérez Osorio, a su poca o nula experiencia en el acompañamiento de estudiantes y en el litigio en tribunales, más allá de la Junta Local de Conciliación de Tehuacán, de la que fue presidente.
El malestar de los profesores y alumnos se hizo patente con algunas pancartas y mensajes de protesta dirigidos al rector Alfonso Esparza, en los que se exigía que los coordinadores de Derechoy del Bufete Jurídico de la BUAP fueran electos democráticamente por voto universal, libre y secreto.
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En efecto, el secretario de Infraestructura del estado, José Cabalán Macari Álvaro, ya no irá como compañero del aún secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Alberto Rincón González, en la candidatura a diputado federal del PAN por el distrito 7 con cabecera en Tepeaca.
De acuerdo con versiones confiables, el primer panista de la entidad resolvió que Cabalán Macari sí sea candidato a diputado federal suplente pero en el distrito 12 de Puebla, donde el candidato propietario será Ángel Francisco Javier Trauwitz Echeguren.
En los análisis del búnker morenovallista, el PAN tiene mayores posibilidades de ganar el distrito 12 que el distrito 7, amén de que en esta demarcación Mario Rincón podría llevar como suplente a un priísta de la región de Acatzingo para que le reste votos al ex director del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, Alejandro Armenta Mier.
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Un candidato a diputado federal del PRD que podría caerse, como consecuencia de las impugnaciones que militantes y dirigentes de diferentes corrientes han promovido en su contra, es Carlos Talavera Pérez, calificado por la diputada local Socorro Quezada Tiempo como un segundo José Luis Abarca en las filas del sol azteca.
Este viernes, en sesión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional Electiva, se podría tomar la decisión de reemplazarlo y nombrar un nuevo candidato en el distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan.
Antes de Carlos Talavera, los miembros de la dirigencia estatal perredista habían propuesto en esa demarcación a Abigail Caselín Cabrera, perteneciente a Izquierda Democrática Nacional.
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Trivia:
¿A qué presidente municipal en funciones le dijeron que se registrara como candidato a diputado federal, si no quería complicaciones en el Congreso del estado con la cuenta pública del primer año de su gestión?
Varios tips:
Es perredista y gobierna uno de los principales municipios cabecera de distrito de la entidad.
Pertenece a la corriente Nueva Izquierda y antes de que su nombre apareciera en la lista de candidatos a diputados federales de su partido era uno de los promotores del dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, en la región mixteca.
La noticia de su posible nominación se la adelantó el mismísimo secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, el jueves 12 de febrero cuando con la representación del gobernador Rafael Moreno Valle acudió a su primer informe de labores como presidente municipal.
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Aquí un extracto del texto de mi participación en el Foro Justicia Social en México, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y la Coordinación de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
¿Hay justicia social en México? ¿La hay en Puebla?
Si nos apegamos al concepto de justicia social, definido por el Papa Pío XI, «como el límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados», diría que no.
Tanto a nivel nacional como local es evidente que no se están cumpliendo los propósitos «de igualar a todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad«, de garantizar una justa y equitativa distribución de la renta nacional y de igualar las oportunidades para una convivencia pacífica y próspera en sociedad.
En el mundo real las diferencias entre ricos y necesitados no sólo persisten —y aquí hay expertos en el tema que podrían documentarlo mejor—, sino que se han ampliado. Los millonarios pasaron a ser multimillonarios y los pobres a miserables hambrientos, con la complacencia y complicidad de Estado y sus instituciones.
En México y en Puebla el cáncer de la justicia social es la creciente corrupción, que está estrechamente vinculada a la impunidad de que gozan políticos que mutuamente se encubren en sus corruptelas, de instituciones públicas que no funcionan ni cumplen con los objetivos para los cuales fueron creadas, y a la ausencia de ciudadanía o de una sociedad civil organizada capaz de poner un hasta aquí a las transas de la burocracia dorada y la partidocracia que mal gobierna el país.
Si vamos al origen de los problemas que enfrentamos como nación —la inseguridad y la violencia por la disputas de los distintos carteles del narco; la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa cuyos restos nadie encuentra; los cientos o miles de mexicanos muertos, secuestrados o explotados por las mafias del crimen organizado; las fallidas reformas estructurales que sólo nos ilusionaron con el publicitado Mexican Moment; y el descrédito y la desconfianza de la población hacia nuestras autoridades, instituciones y partidos—, descubriremos sin profundizar demasiado que todos parten de la misma raíz: la corrupción.
¿O quiénes son los grandes aliados o protectores de los señores del narco? ¿A poco esa protección no es retribuida con generosos moches? ¿Cómo es que los Abarca pudieron edificar en Iguala Plaza Tamarindos con decenas de joyerías para lavar dinero en un predio donado por la Secretaría de la Defensa Nacional para un supuesto centro recreativo? ¿Quién puede creer que un gobernador como Ángel Aguirre Rivero es ajeno a la desaparición de 43 normalistas y a los delitos de lavado de dinero en que están implicados su hermano, su sobrino y otros familiares por 287 millones de pesos? ¿Por qué si todo mundo sabía de sus relaciones y hasta amoríos con la jefa de Los Abarca y sus nexos con Los Beltrán Leyva, nadie hizo nada para removerlo antes de la tragedia de Ayotzinapa?
En el ámbito local la corrupción, que insisto es el cáncer de la justicia social, se manifiesta de otras maneras: Con licitaciones amañadas o dirigidas para favorecer a contratistas foráneos, ligados a Grupo Higa y los Hinojosa; con sobrecostos en las obras dizque por trabajos adicionales; con la opacidad de los millonarios contratos vía Proyectos de Prestaciones de Servicios (los famosos PPS); con oscuras concesiones como la que se hizo con el Soapap a una de las empresa de los Hank González.
Con peleles en la Comisión de Derechos Humanos y en la CAIP; con diputados que aprueban sin objeciones todo lo que les mandan de Casa Puebla; con un Poder Judicial subordinado; con medios de comunicación supeditados al tripack o dependientes de la publicidad oficial, que se usa más como instrumento de cooptación, control y compra de lealtades, que para comunicar o publicitar las políticas, programas y servicios que ofrece el gobierno.
En Puebla no podemos aspirar a una justicia social si las grandes obras, proyectos y programas de desarrollo social no están encaminados a combatir la pobreza, ni a reducir la brecha entre ricos y necesitados, o a procurar la igualdad social y la igualdad de oportunidades, sino a maquillar indicadores, a simular un Estado de Bienestar, una Ciudad de Progreso y a construir una candidatura presidencial.
En el transcurso de los próximos días los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tendrán que aprobar una cesión de acciones que los hermanos Zorrilla Ibarra (Patricio, Arturo, Verónica y otros dos más) hicieron a favor del presidente y representante legal de Ultra Telecom, Arturo Zorrilla Martínez, en agosto del año pasado.
Aunque los motivos de esta cesión de acciones se desconocen, trascendió que lo más probable es que Ultravisión —que tiene presencia con televisión digital en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, así como en Aguascalientes, el Distrito Federal y Michoacán— sea vendida a Televisa o a Megacable.
Hay que aclarar que la familia Zorrilla sólo estaría evaluando vender sus empresas de televisión, más no las estaciones de radio Ultra que además tiene en las ciudades de Aguascalientes, Morelia, Toluca y Tulancingo.
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Cuando en la primera semana de marzo el gobernador Rafael Moreno Valle anuncie los nombres de quienes relevarán a cuatro de los secretarios de su gabinete que irán en busca de una diputación federal como propietarios o suplentes —Luis Maldonado Venegas, Roberto Juan Moya Clemente, José Cabalán Macari Álvaro y Mario Alberto Rincón González— también dará a conocer una reingeniería administrativa en su gobierno.
Dicha reingeniería prevé, entre otras cosas la desaparición de algunos organismos públicos descentralizados (OPDs) que ahora pasarán a formar parte de la administración pública estatal centralizada, en calidad de subsecretarías, coordinaciones o direcciones de área.
Entre los OPDs que podrían desaparecer anote a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del estado de Puebla (Ceaspue), al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), al Instituto Estatal de Educación para Adultos, al Consejo de Ciencia y Tecnología, al Instituto de Capacitación para el Trabajo y al Instituto Poblano de las Mujeres.
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Será hasta el 22 de febrero, en el marco del Consejo Nacional Electivo del PRD, cuando se definan las candidaturas a diputados federales que este partido dejó pendientes por los distritos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 12 de la entidad.
Lo más probable es que en varias de estas demarcaciones los nominados nada que tengan que ver con elegidos por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD la semana pasada ya sea por consenso o mayoría de votos.
Dada la subordinación de Nueva Izquierda o Los Chuchos al gobernador Moreno Valle, lo más seguro es que varios de los designados resulten ser ex militantes del PRI o priístas inconformes, cuya misión en esta esta elección federal sea la de dividir el voto del tricolor para favorecer a los candidatos del PAN.
