Aunque al final fue imposible evitar el cuotismo en la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, tampoco puede afirmarse —so pena de incurrir en una ligereza irresponsable—que los integrantes del nuevo organismo encargado de la organización de los comicios federales sean una extensión de la partidocracia mexicana.

Por supuesto que no. Entre los once consejeros del INE —incluyendo a su presidente el jurista Lorenzo Córdova Vianello— hay expertos en materia electoral y académicos de reconocida solvencia, que no echarán por la borda su trayectoria y prestigio profesional por atender la línea o agenda política de los partidos que los propusieron.

Si así fuera, la designación de los consejeros se habría atorado en la Cámara de Diputados, en medio de fuertes discusiones y descalificaciones que habrían llegado hasta el 8 de abril, la fecha límite. La realidad fue diferente: los consejeros fueron nombrados mediante un acuerdo político, que involucró además de las tres principales fuerzas políticas, al Partido Nueva Alianza y al Partido Verde Ecologista de México, con 417 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones; es decir, por mayoría calificada, el jueves 3 de abril.

Ciertamente la sombra del cuotismo estuvo presente, al igual que algunos vetos en contra de determinados personajes que ni siquiera llegaron a registrarse, a sabiendas que no pasarían el filtro de Los Pinos, ni de algunas dirigencias partidistas. Las suspicacias, pues, fueron la constante del proceso.

Según diversas versiones periodísticas, en la integración del Consejo General del INE, el PRI llevó mano con cuatro consejeros, el PRD se quedó con tres y el PAN con otros tres. Las mismas versiones apuntan que el consejero presidente tuvo el aval de esas tres organizaciones partidistas.

Sin embargo, esta composición es insuficiente para que se ponga en entredicho la imparcialidad del nuevo organismo nacional electoral, la independencia partidista de los recién nombrados consejeros y la confianza de una naciente institución encargada de organizar nacionalmente las elecciones federales y locales, con la colaboración de los institutos electorales de las entidades federativas.

Antes de descalificar a priori a los integrantes del Consejo General del INE como correas de transmisión de los partidos que los propusieron y votaron en la Cámara de Diputados, hay que darles algún tiempo de actuación, y observar con detenimiento su desempeño.

En lo personal no estoy de acuerdo con la reforma política que se hizo, ni con el Frankenstein electoral que sustituyó al IFE y menos con la prisa con que aprobarán las reformas a las leyes secundarias en materia de elecciones y partidos, pero creo que los nuevos consejeros merecen un voto de confianza, en aras de los filtros que tuvieron que pasar y el prestigio académico y profesional con que llegaron al Congreso, antes de su nombramiento por mayoría calificada.

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Después de checar los nombres de las once quintetas de candidatos a consejeros y presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en las que predominan exconsejeros, exfuncionarios y directivos en funciones del IFE y del RFE, así como magistrados del TRIFE y de otros tribunales e institutos estatales, y de leer como algunos de estos se barajan como cuotas partidistas, me preguntó si la última reforma política-electoral habrá valido la pena.

No entiendo por qué el PAN y el PRD armaron tanto alboroto —y hasta condicionaron su apoyo a otras reformas estructurales en el marco de los acuerdos del Pacto por México—, a cambio de la desaparición del IFE y su sustitución por una nueva autoridad electoral de carácter nacional, si al final todo pinta para quedar igual —o peor— que antes.

Si los partidos que pugnaron por la extinción del IFE decían que los consejeros generales representaban cada vez más el cuoteo partidista que los intereses de la ciudadanía, ¿por qué ahora quieren volver a elegir a los que antes censuraban?

¿Qué extraño fenómeno político modificó en los últimos cuatro meses su percepción, que los llevó a revalorar la permanencia de los consejeros que aún no concluían su gestión en el IFE como Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello, María Marván Laborde y Benito Nacif Hernández?

¿No habría sido mejor mantener el IFE con algunas correcciones, más de forma que de fondo, en lugar del tortuoso procedimiento que se inició en la Cámara de Diputados con el nombramiento de un Comité Técnico de notables, el registro de cientos de aspirantes y su depuración mediante la revisión de sus documentos y el método de entrevistas, hasta llegar a una lista de 55 candidatos?

Si ya había cuatro consejeros, que hoy los partidos quieren rescatar en el INE, ¿por qué no mejor el Poder Legislativo se inclinó a nombrar a los cinco que faltaban en el IFE por mayoría calificada?

Ahora que si el problema de fondo eran en realidad los institutos estatales, por su subordinación a los gobernadores, ¿por qué no mejor se resolvió desaparecer estos, y dejar la organización de las elecciones estatales y municipales a consejeros locales nombrados a nivel central por el IFE, tal como sucederá hoy con el INE?

Esta situación habría contribuido, al menos, a eliminar la duplicidad electoral que hoy se presenta con un INE nacional, encargado de organizar los procesos electorales federales para presidente de la República, diputados y senadores, y 32 institutos estatales, a los que corresponde la organización de los comicios locales para gobernador, diputados y presidentes municipales.

¿Qué impedirá que al final del procedimiento los 10 consejeros y el consejero presidente del INE, que salgan de las 11 quintetas propuestas por el Comité Técnico, no se repartan en función de cuotas partidistas?

¿Qué candados políticos o legales evitarán que de los 11 consejeros del INE —incluido el presidente— el PRI lleve mano en los nombramientos, seguido por el PAN y el PRD?

¿Quién en su sano juicio cree que estos partidos no se pondrán de acuerdo antes del 8 de abril, ante lo cual los consejeros del INE tendrían que salir por el método de insaculación?

La verdad creo que nadie, pero ojalá y así ocurriera para terminar con esta simulación y este gatopardismo electoral, de cambiar algo para que nada cambie o de mover todo para que todo siga igual.

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El magistrado Carlos Loranca Muñoz, del Tribunal Unitario del Sexto Circuito, fue electo director regional de jueces y magistrados federales de los estados de Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz, por un periodo de dos años.

Su nombramiento se dio el viernes. El magistrado Carlos Loranca es oriundo de Acajete, Puebla.

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