Para dejar en claro quién manda en Puebla y que la división de poderes en la entidad es un mito genial, la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo asumió desde el comienzo de julio la administración de los recursos del Poder Judicial del estado.

La decisión ni siquiera fue consultada al pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino tomada por su magistrado presidente, Roberto Flores Toledano, en una clara y abierta violación al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que textualmente dice: “El Poder Judicial del Estado tendrá y administrará su patrimonio para el desempeño de sus funciones”.

La mayoría de los jueces y magistrados se enteraron de la decisión en la última quincena cuando su cheque ya no lo recibieron de la Tesorería del TSJ, sino de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobernador Rafael Moreno Valle.

Y cuándo preguntaron a qué obedecía el cambio supieron entonces lo peor: que el Poder Judicial no sólo había perdido el control y administración de su nómina, sino dos de sus principales fondos: el de recursos económicos propios, y el destinado al mejoramiento de la administración de justicia.

Pero además que las funciones y atribuciones de la Comisión de Administración, que es la encargada —según el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— de planear, presupuestar, organizar, asignar, aprovechar y vigilar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal y la beneficiaria de todas las fianzas que se otorguen a favor al Poder Judicial del estado, ahora las asumiría la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal.

Rebelión silenciosa

Paradójicamente los más inconformes con este acuerdo administrativo del sumiso magistrado presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, no son los magistrados en funciones del Poder Judicial del estado, que prácticamente se asumen como empleados del gobernador Moreno Valle, pasándose por el arco del triunfo la Constitución que juraron respetar y cumplir, sino los magistrados jubilados.

Y la razón principal es de orden económico, pues desde que la Secretaría de Finanzas y Administración tomó la administración del Poder Judicial sus pensiones y pagos por concepto de retiro no sólo han sufrido mermas o atrasos, sino que algunas podrían perderse.

El malestar de los magistrados retirados es tal que estos incluso están valorando ampararse y echar abajo este acuerdo administrativo de Flores Toledano, que vulnera el principio de división de poderes  sino demandar a éste por violar la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, al permitir que los recursos de éste sean administrados y controlados por una dependencia de otro poder.

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Encerrona ministerial

Los días jueves y viernes de la semana pasada, todos los agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección Metropolitana Sur, cargo de Jaime Huerta Ramos, tuvieron que hacer guardia permanente y dejar todas las averiguaciones previas que ese momento tenían pendientes para concentrarse en una sola: la del menor de Chalchihuapan, gravemente herido en la cabeza.

La razón: la inminente intervención de la PGR y la CNDH en el caso.

Así, la averiguación previa referente al desalojo y enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco se transformó de unas cuantas hojas a voluminosos volúmenes de “investigación”, en los que los ministerios públicos fueron instruidos sobre lo que tenían que describir en los videos tomados del enfrentamiento.

Quizás por esas sesudas investigaciones, el procurador Víctor Antonio Carrancá salió a decir esta semana que los pobladores pudieron planear la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie o que la herida mortal que recibió en la cabeza sino fue producto de un cohetón, lo fue de la ola expansiva que éste produjo.

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Aunque mucho se ha dicho y especulado sobre la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que eliminó el requisito de ser poblano como condición para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, la verdad es que ésta no tiene dedicatoria para el futuro presidente del máximo tribunal jurisdiccional de la entidad, sino para el próximo procurador de Justicia.

El artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que el Procurador General de Justicia debe reunir los mismos requisitos que un magistrado.

Hasta antes de la reforma aprobada por el Congreso del estado a la Ley Orgánica del Poder Judicial en diciembre pasado, uno de estos requisitos era ser poblano, condición que no cumplía el próximo procurador de Justicia de la entidad, Víctor Carrancá Bourguet.

Y es que el hijo del afamado abogado penalista Raúl Carrancá y Rivas no es oriundo de Puebla, sino de la ciudad de México, en donde incluso se ha desempeñado como funcionario público y abogado de controvertidos personajes como René Bejarano Martínez, Valentina de Albornoz y los escoltas del exsubprocurador de la PGR, Javier Coello Trejo acusados de violación.

Víctor Carrancá Bourguet es un abogado con experiencia en el servicio público, pues fue subprocurador de Averiguaciones Previas y de Procesos Penales en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en tiempos de Andrés Manuel López Obrador.

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A propósito.

Me cuentan que además de las reformas electoral, política y de Estado que los diputados de la coalición Compromiso por Puebla impulsarán junto con el gobernador Rafael Moreno Valle en la LVIII Legislatura del Congreso del estado, existe el interés de sacar una profunda reforma al sistema de administración y procuración de justicia.

Dicha reforma considera, entre otros aspectos, la creación de un Mando Único Policíaco, la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio, la instauración de los Juicios Orales y nuevas reglas para el nombramiento y remoción de Jueces y Magistrados.

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Simón dice:

«La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella.»

René de Chateaubriand (1768-1848) Diplomático y escritor francés.