Esta semana se conocerá el resolutivo de la CNDH

Actores emergentes y damnificados de la Ley Bala

Chalchihuapan es sin duda el parteaguas del sexenio morenovallista.

Independiente de las acciones que vaya a tomar el gobernador Rafael Moreno Valle después de que esta semana se conozca la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es evidente que este conflicto ha modificado la percepción de la ciudadanía de Puebla hacia el gobierno del estado y también la actuación de las autoridades.

La aplicación de la llamada Ley Bala, el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y de otras juntas auxiliares del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo constituyen algo más que una crisis de coyuntura para el grupo gobernante.

Antes de Chalchihuapan el morenovallismo parecía invencible, se veía avasallador y con escasísimos opositores de peso al frente, ya sea porque sus críticos habían sido vencidos, cooptados u optado –ante el riesgo de ser exterminados por completo– de replegarse y ceder la plaza en espera de mejores tiempos.

A dos meses del operativo y 50 días de la muerte del menor de Chalchihuapan, como consecuencia de un proyectil disparado por los granaderos que participaron en el desalojo, la percepción política y social del gobierno de Moreno Valle es diferente.

De entrada, en las redes sociales el juicio hacia el mandatario estatal es adverso, no sólo por el dinero que se gastó primero para ocultar el hecho y luego para contrarrestar la percepción de soberbia, autoritarismo e insensibilidad que proyectó, después de las imágenes y testimonios que dieron cuenta del uso excesivo de fuerza y del empleo de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en la criminalización de la protesta social, sino por evadir su responsabilidad en el conflicto, culpar a los pobladores de la violencia y jamás condolerse de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

En el terreno político y electoral, Moreno Valle ha sufrido el mayor deterioro tanto en lo que respecta a su proyecto presidencial rumbo al 2018, como en la intención de dejar sucesor en la persona de su secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, y consolidar un político transexenal de aquí al 2024.

El desgaste del morenovallismo es de tal magnitud que el mandatario estatal ha tenido que incorporar o ceder posiciones a políticos ajenos a su grupo compacto (Juan Pablo Piña Kurczyn y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz); planear el reemplazo de algunos secretarios del gabinete, aunque no inmediatamente después de que se conozca la resolución de la CNDH (Facundo Rosas Rosas y Luis Maldonado Venegas); y perfilar a nuevos secretarios para engordar la lista de aspirantes a la sucesión gubernamental de 2016 (Mario Rincón González).

Pero no sólo eso. Como resultado de la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, es probable que la coalición amplia que el gobernador Moreno Valle construyó con el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, así como con Pacto Social de Integración, por la vía de las candidaturas comunes, no vuelva repetirse, al menos con todos los partidos mencionados; y que la Constitución política del estado tenga que volver a modificarse para que el próximo gobernador no sea de 22 meses sino de 4 años ocho meses, en aras de que el delfín del grupo gobernante sea el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad.

Otra consecuencia del caso Chalchihuapan es el resurgimiento del marinismo, con todo lo que ello implica, el rompimiento de algunos grupos y actores priístas que antes fueron aliados del morenovallismo, como el diputado federal Enrique Doger Guerrero, y el activismo de otros que quieren aprovechar la coyuntura y posicionarse en el ánimo de los votantes, léase la senadora Blanca Alcalá Ruiz o el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri.

A pesar de lo anterior no creo, a diferencia de otros colegas, que el proyecto presidencial de Moreno Valle y la continuidad de su grupo después del 2016 deban descartarse o desdeñarse.

Creo que ambos se complicaron, mas no que sean inviables.

Para reencausarlos, el gobernador debe cambiar de rumbo, preocuparse más por los asuntos domésticos que por la sucesión presidencial; acercarse a la ciudadanía, a sus dirigentes y organizaciones, haya o no elecciones; dejar su actitud arrogante, intolerante y hasta autoritaria hacia los medios de comunicación y actores que no comparten su política, métodos y forma de gobierno; y entender que su futuro no depende de los millones que invierta en imagen y en el duopolio televisivo, sino de la percepción y aprobación de la población que gobierna y de la transparencia de sus obras y acciones.

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La versión de que el Ejecutivo estatal prepara una reforma constitucional en materia electoral que echaría abajo la elección de un minigobernador de 22 meses, en julio de 2016, es cada vez más frecuente en los corrillos políticos.

De la mentada reforma se dice que incluso tiene dedicatoria política a favor del presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, quien sería nominado por el PAN, el PRD y otros partidos políticos como candidato a gobernador. Pero ya no por un periodo de 22 meses, sino por cuatro años 10 meses.

De esta manera, la elección del gobernador de Puebla ya no sería concurrente con la elección presidencial, como se establece en el artículo 71 de la Constitución Política del estado, sino que se desfasaría tres años.

Las elecciones que sí se realizarían el mismo día y año de la elección de presidente de la República serían las de diputados al Congreso del estado y las de regidores y síndico en los 217 municipios de la entidad.

¿Qué hay detrás de esta hipotética reforma?

Hasta ahora, lo que más hay son puras especulaciones.

La especulación de que la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala afectaron de tal manera la imagen y credibilidad del grupo gobernante que difícilmente un candidato como el secretario de Infraestructura del estado, José Cabalán Macari Álvaro, podría ganar los comicios en julio de 2016.

La especulación de que la mejor carta del gobernador Moreno Valle para esas elecciones locales sería el presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali, pero que su postulación sería muy arriesgada y mal recibida por los votantes, considerando que éste fue electo por un periodo extraordinario de 4 años ocho meses.

La especulación de que al gobernador Moreno Valle y el PAN ya no les conviene empatar las elecciones de gobernador con las presidenciales, a partir de julio de 2018, sino desfasarlas.

¿Qué problemas tendría el Ejecutivo para volver a modificar la Constitución del estado, con el propósito de eliminar la figura del minigobernador, y prolongar el periodo de su sucesor de 22 meses a 4 años 10 meses?

La verdad es que muy pocos, pues para empezar tiene mayoría calificada, considerando que los partidos del frente morenovallista en el Congreso local (PAN, PRD, PANAL y PSI) suman 27 diputados de los 41 que integran la LIX Legislatura.

Otra cuestión que le sería favorable al Ejecutivo estatal es que los priístas seguramente apoyarían la reforma, considerando que varios de ellos, con intenciones de gobernar el estado, se han mostrado renuentes a ser electos por un periodo de apenas 22 meses y 12 días.

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Ahora que ya sabemos por el periódico Reforma que la senadora poblana Blanca Alcalá Ruiz, es de las que más turismo parlamentario han hecho en la Cámara Alta, con 14 viajes al extranjero, a países como Panamá, Aruba, Colombia, Bélgica, Suiza, España y Brasil, vale la pena echarle una revisada a nuestros demás legisladores en el Congreso de la Unión.

A Blanca Alcalá le seguiría en periplos al extranjero su compañera de escaño, la senadora Lucero Saldaña Pérez, con 11 viajes a países como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Bélgica y Suiza.

En la tercera posición están empatados con cuatro viajes la futura presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Ana Isabel Allende Cano y el senador panista Javier Lozano Alarcón.

La legisladora del tricolor ha disfrutado de cuatro salidas: dos a Argentina, una a Cuba y otra más a Panamá. El senador del PAN ha viajado, a su vez, dos veces a Francia, una a Venezuela y otra más a España.

A estos le siguen en la lista los diputados federales Javier Filiberto Guevara González y Laura Guadalupe Vargas Vargas con dos viajes cada uno. El diputado de Izúcar a Estados Unidos y Panamá, y la hija del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, a Surinam y a España.

El resto de los diputados federales que sólo han efectuado un viaje al extranjero son: María del Carmen García de la Cadena Romero, María del Rocío García Olmedo, Víctor Díaz Palacios, José Luis Márquez Martínez y Josefina García Hernández, todos ellos del PRI, así como las panistas Blanca Jiménez Castillo y María Isabel Ortiz Mantilla.

Los legisladores que no reportan salidas al extranjero en representación de la Cámara Baja son los panistas: Rafael Micalco Méndez, Julio Lorenzini Rangel y Néstor Gordillo Castillo; los priístas Carlos Sánchez Romero, Enrique Doger Guerrero, Jesús Morales Flores, Lisandro Campos Córdova y Soraya Córdova Morán; y la perredista Roxana Luna Porquillo.

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El grupo gobernante pierde cohesión a mitad del sexenio

Isabel Allende y Pepe Chedraui los ungidos del PRI

Una cosa de la que poco o nada se ha dicho en torno a la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala es la falta de cohesión al interior del equipo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en el contexto de la ya cercana sucesión gubernamental.

En la práctica el gabinete estatal se ha fragmentado en diferentes grupos o bandos; los secretarios y principales operadores políticos del Ejecutivo ya no actúan en equipo, sino en función de sus intereses políticos y económicos, con miras a ganar terreno en las elecciones federales de 2015, y en las locales de 2016 y 2018.

Uno de estos grupos gira en torno al desgastado secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; otro sobre la figura del secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, proyecto político transexenal del morenovallismo; y otro más alrededor del cada vez más influyuente secretario de Finanzas y Administración, Roberto Juan Moya Clemente.

Un cuarto grupo tiene como cabeza al exsecretario de Infraestructura y actual presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, quien como consecuencia de la crisis de Chalchihuapan, podría convertirse en la carta del fuerte del grupo gobernante para suceder a Moreno Valle, ya no por 22 meses, sino por un periodo de cuatro años y medio.

Aunque algunas desavenencias entre secretarios y operadores políticos del mandatario estatal vienen de tiempo atrás, lo cierto es que en el marco del escándalo que desencadenó el desalojo violento de pobladores de Chalchihuapan y la posterior muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, ciertos enfrentamientos se han potenciado o recrudecido.

Para nadie del primer círculo del Ejecutivo estatal escapan las diferencias entre su secretario de Gobierno, Luis Maldonado, y su principal operador en asuntos electorales y de espionaje político, Eukid Castañón Herrera. O entre estos y el recién nombrado jefe de la oficina del gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn.

O las discrepancias entre su secretario de Finanzas Roberto Moya, con su secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, en temas de obra pública, licitaciones y costos.

O entre el mismo Roberto Moya con el secretario de Gobierno o con el entenado de éste último en la Secretaría de Educación Pública, Jorge Benito Cruz Bermúdez, por transferencias y asignaciones presupuestales.

Dentro y fuera del gabinete ya también trascienden los insultos que han intercambiado secretarios y operadores políticos del gobernador con ciertos dirigentes partidistas del bloque amplio morenovallista, en la definición de algunas candidaturas a puestos de elección popular en las elecciones extraordinarias de Acajete y Cuapiaxtla de Madero.

Así como las grillas y golpes bajos entre los integrantes del equipo de comunicación social, imagen y marketing político del gobierno del estado (Fernando Alberto Crisanto Campos, Héctor Antonio Alcudia Goya y Marcelo García Almaguer) por el control y el reparto de dinero destinado a publicidad oficial y compra de conciencias.

En el grupo compacto del gobernador Moreno Valle es también conocida la inconformidad de Eukid Castañón por el nombramiento de un nuevo contralor, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, y su decisión de desplazar a toda su gente, y de que éste no haya sido recomendado por él, sino por el secretario de Finanzas, Roberto Moya.

Si así están las cosas a dos años cinco meses de que concluya el sexenio morenovallista, se imagina cómo se pondrán en el quinto y sexto año, cuando el poder del gobernador esté en picada y el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI comiencen a operar para desacarrilar no sólo su aspiración presidencial, sino su proyecto transexenal en Puebla.

No cabe duda que lo mejor está por venir.

EN CORTO

Aunque diferentes grupos internos del PRI han comenzado una guerra sucia en contra de la diputada federal Ana Isabel Allende Cano para impedir su nombramiento como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, no hay la menor duda que ésta y el empresario José Chedraui Budib se convertirán en los nuevos baluartes del priísmo poblano antes de que concluya agosto o en los primeros días de septiembre.

Por lo pronto ya fueron citados para este miércoles en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI los senadores, legisladores federales y locales de este partido, así como los dirigentes de los sectores campesino, obrero y popular, para anunciarles que la diputada federal por el distrito 8 con cabecera en  Ciudad Serdán y el empresario Pepe Chedraui son los ungidos para encabezar la dirigencia estatal y municipal del tricolor en los próximos cuatro años.

Al desayuno, que está convocado para las 8:30 del miércoles 20 de agosto, acudirán el presidente y la secretaria general del CEN del PRI, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, respectivamente.

Para los jerarcas del tricolor ha resultado sintomático el rechazo de algunos grupos priístas hacia Isabel Allende, por supuestamente obedecer a un acuerdo político con el gobernador Moreno Valle, y la aceptación que estos mismos grupos han expresado hacia Pepe Chedraui, aun a sabiendas que su nombramiento lo proyectará como un potencial candidato a la alcaldía de Puebla en el 2018.

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El gobernador Rafael Moreno Valle inaugurará este lunes el nuevo ciclo lectivo en el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz de la ciudad de Puebla, pero en medio de estrictas medidas de seguridad, por lo que los niños y adolecentes del plantel tendrán que llegar antes de las 7:30 horas, sino quieren perderse la ceremonia y el primer día de clases.

En un oficio dirigido a la directora del Centro Escolar, Pilar Cote López, se le indica que los accesos al plantel deberán cerrarse a las 7:30 horas y que no se permitirá que maestros, padres de familia o alumnos se acerquen al mandatario estatal para entregarle alguna petición u oficio, o hacerle llegar alguna queja o reclamo.

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A partir de este fin de semana e-consulta ofrece un nuevo diseño a sus lectores y lanzó sus Apps para dispositivos móviles como smartphones y tabletas, que ya pueden descargarse de manera gratuita en las tiendas virtuales de iOS y Android.

Ojalá estas aplicaciones y modificaciones en el diseño del periódico digital que tienen a la vista sean de su agrado.

Fueron pensadas en usted, considerando las nuevas tecnologías, la manera de hacerle más sencilla y fácil la navegación en el portal, la lectura de sus contenidos informativos y el creciente mercado de los dispositivos móviles.

Actualmente el 35% de las visitas de e-consulta se hacen a través de smartphones y tablets, tendencia que en 2015 podría llegar e incluso superar el 50%.

De ahí la importancia de poner a su servicio estas nuevas aplicaciones.

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Carta aclaratoria

Puebla, Pue., 18 de agosto de 2014

Rodolfo Ruiz Rodríguez

Director General e-Consulta

Con respecto a la columna “La Corte de los Milagros”, publicada este día, me permito aclararle que es totalmente falso que se haya enviado un oficio condicionando la hora de entrada de los alumnos del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz con motivo de la ceremonia de inicio de cursos.

Por lo tanto, tampoco se emitió ninguna prohibición respecto a posibles acercamientos entre los padres de familia y las autoridades del Gobierno del Estado durante el desarrollo del evento.

Sin más por el momento, y con base en la normatividad vigente, solicito de la manera más atenta se haga pertinente esta aclaración en favor de sus lectores.

Cristina Martínez Larenas

Enlace de Comunicación

Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla

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No fue megamarcha, pero tampoco una protesta cualquiera

La crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala ya cumplió un mes

¿Fue un éxito o fracaso la marcha de este domingo en contra del gobernador Rafael Moreno Valle por las principales calles del centro de la ciudad?

Como todo, la respuesta a esta interrogante depende de la óptica desde la cual quiera ser analizada.

Si la valoramos desde la perspectiva cuantitativa, y considerando que sus organizadores y publicistas la anunciaron como una megamarcha, creo que el nombre le quedó grande, a juzgar por el número de quienes en ella participaron.

Sin embargo tampoco es para minimizarla, considerando que la marcha reunió entre 3,000 y 4,000 personas y que en ella confluyeron no sólo dirigentes y activistas de distintas organizaciones, partidos e ideologías incluso antagónicas, sino ciudadanos, académicos y empresarios inconformes con la gestión y el estilo de gobernar de Moreno Valle.

De los dos contingentes que participaron en la manifestación, el más nutrido fue el que partió de la plaza comercial Las Ánimas, integrado en su mayoría por telefonistas y sindicalistas de la Unión Nacional de Trabajadores, y que más tarde alcanzó al otro que se concentró en torno a la Fuente de los Frailes, en el que había perredistas, panistas, militantes de Morena y el PT, así como empresarios, académicos de la Ibero y la BUAP, campesinos de Chalchihuapan, empresarios y familias de clase media.

Más allá del número y diversidad ideológica de quienes marcharon por la Avenida Juárez y luego por la Avenida Reforma hasta llegar al zócalo de la ciudad, llama la atención la coincidencia de unos y otros de protestar por una demanda común: el autoritarismo del Ejecutivo del estado.

Algo que fue evidente en la caminata antimorenovallista fue la ausencia de grupos priístas o de  panistas marginados o excluidos en la administración estatal y municipal; así como de ex empleados del gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla. Estos no se sumaron, al menos de manera visible, tampoco los directivos y socios de las cámaras, asociaciones y agrupaciones civiles vinculadas  a la derecha orgánica, y tampoco las organizaciones estudiantiles o los profesores que en la década de los setenta y ochenta estuvieron ligadas al PCM o el PSUM.

En contraste habría que argumentar que el escándalo por la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala ya rebasó el mes, y que éste todavía continuará unos días, en tanto se conocen las investigaciones y el resolutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el desalojo violento de pobladores en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y que en las redes sociales, sobre todo en Twitter, las críticas al gobernador de Puebla y sus estrategias para desacreditar a sus opositores y desvirtuar los acontecimientos de Chalchihuapan continúan siendo demoledoras para su imagen y credibilidad. Este domingo el hashtag #PuebladeLuto fue trending topic todo el día.

EN CORTO

Será el 20 de agosto cuando los miembros del Consejo Técnico Consultivo del Consejo Político Estatal del PRI sean convocados para definir el método y la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI.

En otras palabras: para que sus miembros oficialmente sepan que Pablo Fernández del Campo Espinosa dejará la dirigencia estatal del partido tricolor y que su sucesora por un periodo de cuatro años será la diputada federal Ana Isabel Allende Cano.

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Historia errática y hundimiento del mundo. Con Heidegger y contra Heidegger es el último libro del filósofo y crítico de artes Jorge Juanes que el próximo 22 de agosto será presentado en la Librería del Complejo Cultural Universitario a las 18 horas.

En la presentación participarán el autor, el director de la maestría en Filosofía de la BUAP, Ángel Xolocotzi, el antropólogo Julio Glockner y el director de la revista Caja Negra, Miguel Ángel Rodríguez.

El libro, que es un largo ensayo, pretende castellanizar el pensamiento del filósofo Martin Heidegger y polemiza con la historia de la verdad del ser y con la participación del pensador alemán en la filas del Nacional Socialismo.

La obra fue editada por Conaculta y Magenta.

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El doctor César Cansino Ortiz dejó la semana pasada la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sin que hasta el momento se haya designado a quien lo sucederá en el cargo, que sería el tercero en la gestión del director de esta unidad académica, Carlos Antonio Moreno Sánchez.

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A partir de este día comenzará a circular en la red una nueva revista digital Om Shanti Magazine www.omshanti.mx, en la que se abordarán temas relacionados con el desarrollo humano, la vida saludable y otras cuestiones alternativas para lograr el bienestar integral de las personas.

La revista es editada por Dhyan Ekanta (Blanca Patricia Galindo), Prem Abhaya (Isabel Tobón) e Ivonne Caballero, quienes además de hacer los contenidos noticiosos de este portal electrónico decidieron abrir un centro para práctica de esta disciplina y distintas actividades holísticas.

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El arribo de Juan Pablo Piña Kurczyn a la oficina de la Gubernatura hay que contextualizarlo en la urgente necesidad que tiene el gobernador Rafael Moreno Valle de habilitar nuevos operadores políticos ante el evidente desgaste que enfrenta su administración por la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

En lugar de sacrificar a su secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas o entregar la cabeza de su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, el mandatario optó por habilitar a un tercero como interlocutor de su gestión ante diferentes grupos e instancias oficiales de carácter nacional o federal.

En la lógica del poder de Moreno Valle, remover a Luis Maldonado, Facundo Rosas o a los dos secretarios, tras la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie, habría significado una señal de debilitamiento. De ahí su decisión de nombrar a Juan Pablo Piña como jefe de la oficina de la Gubernatura.

Moreno Valle lo sabe mejor que nadie: si la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala dejó un damnificado, ese es Luis Maldonado Venegas, quien a pesar de mantenerse en el gabinete perdió los amplísimos márgenes de maniobra y operación que tenía hasta antes del fallido y fatal desalojo en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

En la práctica Juan Pablo Piña asumirá desde la jefatura de la Oficina del Gobernador muchas de la funciones y atribuciones que tenía el titular de la SGG como jefe de gabinete.

De acuerdo con el escueto comunicado que este domingo se emitió de su nombramiento, el hijo del exgobernador Mariano Piña y la comisionada del IFAI Patricia Kurczyn se encargará de supervisar proyectos estratégicos, dar seguimiento a compromisos hechos por el gobierno del estado y a privilegiar la coordinación interinstitucional.

¿Qué esas tareas no corresponden a un jefe de gabinete?

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El regreso del hijo pródigo

Juan Pablo Piña ya fue miembro del gabinete del gobernador Moreno Valle en el arranque de su gestión. Se desempeñó como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública.

Sin embargo optó por irse cuando lo invitaron a ser visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su situación en el gobierno de Puebla se volvió muy complicada por sus frecuentes roces con el entonces secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y por la grilla que entre ellos metía el subsecretario jurídico, Enrique Quiroz Acosta.

Juan Pablo Piña dejó la administración estatal, aunque estrechó su relación con el gobernador de Puebla pero ahora como consultor o asesor externo en temas jurídicos.

Por encargo del Ejecutivo estatal, el joven abogado siguió desde su despacho los litigios para quitarle a Ricardo Henaine el predio de Valle Fantástico en la zona de Angelópolis; para echar abajo la concesión que el gobierno de Mario Marín otorgó a OHL para construir una autopista paralela a la México-Puebla, de la caseta de Amozoc a San Lorenzo Almecatla; y para monitorear el proceso de concesión de los servicios del Soapap a la empresa Concesiones Integrales.

Sin Fernando Manzanilla en la SGG y sin la estorbosa presencia de Enrique Quiroz en la Subsecretaria Jurídica, Juan Pablo Piña se convirtió en un visitante asiduo a Casa Puebla, lo mismo para asuntos jurídicos que para temas electorales, de transparencia y derechos humanos.

En pleno escándalo por la muerte del menor de Chalchihuapan y la Ley Bala, su presencia para el gobernador Moreno Valle se hizo indispensable, sobre todo cuando en las maratónicas sesiones del comité de crisis Luis Maldonado quedó inhabilitado como interlocutor o negociador, hundido por sus “piedras de gran calibre”.

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El fracaso de los duros

El arribo de Juan Pablo Piña como jefe de la Oficina del Gobernador debe analizarse también como una derrota de los duros del gabinete, reacios a dialogar y mantener negociaciones con los grupos opositores a la administración estatal, que en la crisis de Chalchihuapan salieron a flote.

Si Moreno Valle optó por un perfil conciliador como el de Juan Pablo Piña en vez de un cuadro cien por ciento suyo pero con fama de duro, es porque esta crisis ya demostró que la política del garrote no es una buena política.

Lo deseable en lo que resta del sexenio morenovallista es que haya una recomposición en el gabinete y que en la toma de decisiones prevalezcan las opiniones de personajes como Luis Banck Serrato, Juan Pablo Piña, Roberto Rivero Trewartha, Jorge Aguilar Chedraui, David Villlanueva Lomelí y José Antonio Gali Fayad, en vez de los criterios de fuereños como Roberto Moya Clemente, Marcelo García Almaguer, Héctor Alcudia Goya y Facundo Rosas, entre otros, quienes visto está que en situaciones de crisis en poco o nada ayudan.

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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Antes de que el Congreso del estado decida abrogar la Ley Bala —que oficialmente se denomina Ley para proteger los derechos humanos  y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla— por petición del mismo gobernador Rafael Moreno Valle, bien valdría la pena revisar qué tanto se cumplió en el desalojo de pobladores de Chalchichuapan, el pasado 9 de julio.

Hay que decir que la legislación enviada al Congreso del estado el pasado 7 de mayo, tenía el propósito de regular el uso legítimo de la fuerza para restaurar la estabilidad social y el orden colectivo, una vez agotados otros mecanismos como el diálogo, la persuasión o la advertencia.

Para su aplicación, el Congreso dispuso que las policías y sus mandos se apegaran a los principios de legalidad; racionalidad  (La fuerza será empleada atendiendo a los elementos lógico-objetivos en relación con el evento); necesidad (El uso de la fuerza resulta la última alternativa para evitar la lesión de bienes jurídicamente protegidos, al haberse empleado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor); proporcionalidad (El nivel de uso de la fuerza debe ser acorde con la amenaza, las características personales del agresor, sus antecedentes, armamento y la resistencia u oposición que presenta); congruencia (Implica que haya relación de equilibrio entre el nivel de uso de fuerza y el detrimento o daño que se cause al agresor); oportunidad; eficiencia; profesionalismo (Los elementos policiales deben estar capacitados para el correcto desempeño de su función); y honradez.

¿Cuántos de estos principios del artículo 3 de la Ley Bala se aplicaron de manera correcta en el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, el miércoles 9 de julio?

Lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 8 de la legislación tampoco parece haberse respetado, aquella azarosa tarde.

Artículo 5.- Los elementos policiales cumplirán en todo momento con los deberes que les impone la presente Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, preservando la vida, la integridad física y la libertad, evitando conductas que importen la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias o desproporcionadas, tortura, penas o tratos crueles, las cuales se sancionarán en términos de las leyes penales y administrativas aplicables.

Artículo 6.- El uso legítimo de la fuerza por parte del elemento policial se realizará siempre como última medida en los siguientes casos:

I.- Para lograr el sometimiento de una persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haber infringido alguna ley o reglamento…

Artículo 8.- El uso de la fuerza por parte de los elementos policiales deberá ser gradual, atendiendo a los niveles en el uso de la fuerza y al amparo de los principios de legalidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en los términos establecidos en la presente Ley.

En los videos que el propio gobierno ha elaborado y patrocinado para inculpar a los pobladores nunca se aprecia que las acciones del gobierno hayan ido de menos a más, que se hubiera garantizado la protección de los menores que participaban en el bloqueo —si así hubiera sido seguramente José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo aún seguiría vivo— que los detenidos opusieran gran resistencia o que antes del empleo de bombas y granadas lacrimógenas los inconformes hubieran lanzado bombas molotov.

Estos, los inconformes, sí arrojaron bombas molotov, pero hasta media hora después de los primeros enfrentamientos y una vez que fueron gaseados.

Las autoridades tenían la obligación, en términos del artículo 12 fracción V, de dar parte a la Comisión de Derechos Humanos del desalojo que iban realizar, antes de ejecutarlo y no después de sucedido.

En los artículos 17  y 19 de la Ley Bala se dice que los elementos policiales antes de ser enviados a operativos como el efectuado en la autopista Puebla-Atlixco tuvieron que ser entrenados en el uso de armas no letales, y en técnicas de solución pacífica de conflictos, como la persuasión, el diálogo y la mediación.

¿Cuántos de los granaderos y jefes policíacos que fueron enviados a desalojar a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras juntas auxiliares recibieron esta capacitación?

Textualmente el artículo 24 de la legislación de marras establece que “en todo momento el elemento policial deberá evitar el uso excesivo o desproporcional de las armas no letales. La contravención a lo anterior será sancionada por las disposiciones penales y administrativas que correspondan”.

¿Sabe usted de algún efectivo o jefe policíaco que haya sido sancionado por disparar a quemarropa cilindros de gas lacrimógeno a los manifestantes? ¿A poco el gobierno, con los videos que ya tiene, ignora qué policías incurrieron esta práctica desproporcionada de armas no letales?

Pero si todo lo anterior no fuera suficiente para acreditar que en el desalojo violento de los vecinos de Chalchihuapan no se cumplió con el protocolo, ni existió coordinación interinstitucional, cheque lo que se especifica en los artículos 41 y 42 de la Ley Bala en el caso de manifestaciones o bloqueos carreteros.

Artículo 41.- En la planeación de los operativos en caso de manifestaciones se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias:

I.- Factores que impliquen riesgo en el desarrollo de la manifestación;

II.- Estrategias para repeler posibles agresiones o actos violentos en contra de los manifestantes;

III.- Estrategias para enfrentar posibles agresiones o acciones violentas por parte de los manifestantes;

IV.- Identificación de posibles agresores dentro del grupo, con el fin de aislar los hechos violentos que pudieran ocasionar; y

V.- Omitir acciones que pudieran ocasionar respuestas violentas por parte de los manifestantes o grupos contrarios.

Artículo 42.- De manera enunciativa, se consideran factores que deben ser tomados en cuenta en los operativos:

I.- El poder numérico de los manifestantes;

II.- Las circunstancias de tiempo y lugar en las que se lleven a cabo las manifestaciones;

III.- El fin que persigue la manifestación, ya sea de confrontación o mera manifestación de ideas;

IV.- Los aspectos políticos o socioeconómicos imperantes en el momento de la manifestación; y

V.- La cobertura a la manifestación.

¿Usted considera que si el operativo se hubiera estudiado y planeado como se especifica en la Ley Bala no se hubiera evitado que más de 40 de granaderos resultaran lesionados?

¿Qué el enfrentamiento entre pobladores y efectivos se prolongara por más de una hora?

¿Que hubieran tenido que llegar en auxilio de los granaderos otro número igual de efectivos que los que inicialmente participaron en el desalojo?

¿Que los granaderos se hubieran tenido que quedar sin parque (gas lacrimógeno) y el helicóptero de la policía ir al estado de Tlaxcala y al Distrito Federal por más bombas lacrimógenas?

¿Pues de qué tipo de planeación y estrategias estamos hablando?

Por eso insisto que antes que los diputados abroguen este martes la Ley Bala primero se evalúe su implementación y cumplimiento, pues no se vale que después del niño muerto ahora las autoridades quieran tapar el pozo y cubrir con manto de impunidad a los autores intelectuales y materiales de esta fatídica y autoritaria legislación.

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