Improvisada la nueva directora de Epidemiología de la dependencia
Mario Montero Jr, se cuela como suplente en las plurinominales del PRI

¿Está Puebla preparada para enfrentar una epidemia como la influenza porcina?

La pregunta viene a colocación por el riesgo de que la influenza porcina se convierta en una pandemia a nivel nacional y por los problemas administrativos, de organización y presupuestales que persisten en la Secretaría de Salud de Puebla, a siete meses del arribo del arribo de Antonio Marín y López a esta dependencia, en sustitución de Roberto Morales Flores.

La desorganización y falta de coordinación que prevalece en la Secretaría de Salud tiene causas multifactoriales.

Van desde la incompetencia de algunos de los nuevos funcionarios nombrados por Antonio Marín, como la coordinadora y el director de Administración y Finanzas, María de la Cruz Aguilar Corona e Ignacio Torres Azamar; los constantes cambios en áreas estratégicas de la Secretaría, y las grillas internas entre los directores nuevos, los desplazados y los que aun quedan de Roberto Morales; hasta los frecuentes enfrentamientos del secretario de Salud con algunos subordinados, a quienes ––por cierto–– no ha logrado remover, como Sandra González de Yta, directora de Protección Social en Salud (Seguro Popular), y Leopoldo Eusa Dobbie, director de Operación e Infraestructura.

Otra cuestión que nos lleva a preguntar si Puebla está preparada para encarar una epidemia como la influenza porcina, es la reciente remoción de Diana Celia Carpio Ríos como subdirectora de Epidemiología y Atención Preventiva.

La doctora Carpio fue sustituida en el cargo por Arcelia Sorcia, una recomendada del líder sindical Malcom Ramírez Martínez, de la que poco o nada se sabe, salvo que hasta antes de su nombramiento estaba adscrita a la Jurisdicción Sanitaria número 6, de la que es coordinadora Sonia Esther Aguirre Sandoval.

Arcelia Sorcia asumió la Subdirección de Epidemiolgía no por méritos profesionales, sino por un acuerdo político entre el doctor Antonio Marín y el secretario general de la Sección 25 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Malcom Ramírez.

Pero la cuestión realmente preocupante, frente a la alerta nacional e internacional que hay por la epidemia de la influenza porcina, es la descoordinación y el desorden administrativo que priva en la Secretaría de Salud de Puebla.

Antonio Marín y su director de Administración, Ignacio Torres, firmaron hace unos días un oficio comprometiéndose ante la Federación pagar 250 millones de pesos por concepto de diferentes homologaciones. El problema es que ese dinero no existe, ni está considerado en el presupuesto de egresos del gobierno del estado, y que nadie en la Secretaría de Finanzas sabe de dónde saldrá esa partida.

Y por si eso fuera poco, hay que destacar que existe una minuta firmada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría del estado, donde no sólo se advierte la incapacidad e inexperiencia de algunos de los nuevos funcionarios nombrados por Antonio Marín, sino sobre la falta de planeación y normatividad de muchas de las acciones que éstos llevan a cabo, sin sustento financiero y presupuestal.

De ahí la recurrente pregunta: ¿Con estos funcionarios Puebla podrá encarar la crisis epidemiológica nacional por la irrupción de la influenza?

EN CORTO
Mario Alberto Montero Rosano, hijo del secretario de Gobernación del estado, logró colocarse como suplente en la lista de candidatos plurinominales del PRI por la cuarta circunscripción electoral del país.

Va como suplente de la excandidata priísta a la gubernatura de Morelos, Marisela Sánchez Cortés, quien ocupa la posición número 8 de la cuarta circunscripción, que compre al Distrito Federal y a los estados de Puebla, Tlaxcala, Guerrero y el ya citado Morelos.

En esa misma lista, se confirma la inclusión del hermano del exgobernador Melquiades Morales Flores, el cenecista Jesús Morales, en la posición número 13, y de la tlaxcalteca Linda Marina Munive Temoltzin, quien es licenciada en Ciencias Políticas por la UPAEP, en el lugar 10.

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El presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, se tardó casi 50 días en remitir al Tribunal Electoral el recurso que le presentó el representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, por negarle su participación en la sesión del pasado 27 de febrero.

El recurso, presentado por Rafael Guzmán, el 4 de marzo, fue reenviado al Tribunal Electoral incompleto y con alteraciones —o manipulaciones en las intervenciones de los consejeros y representantes partidistas asentadas en el acta de aquella sesión— hasta el jueves 23 de abril.

De ahí las acusaciones de la dirigencia estatal del PAN en el sentido de que el presidente del IEE, Jorge Sánchez, es responsable de retardar la impartición de justicia electoral en Puebla.

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José Antonio Díaz García fue relevado de la coordinación de los diputados federales del PAN de Puebla, y en su lugar fue designado Alfonso Bello Pérez, quien este mes regresó a ocupar su curul luego de su fallido intento por hacerse de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, le dará a Díaz García un nuevo encargo en los próximos días, el cual estará relacionada con algunas tareas electorales en algunos distritos de la entidad.

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Muy criticado fue el delegado de la Secretaría de Gobernación en la Sierra Norte de Puebla, Iván Santos Valderrábano, tras su participación en el noticiario “Así es”, que se transmite por el canal 11 de la televisión de paga de la región de Huauchinango y Xicotepec.

El conductor del programa Benito Ánimas Arellano le preguntó sobre las acciones que emprendería el gobierno estatal para prevenir posibles brotes de influenza porcina en la Sierra Norte de Puebla.

Iván Santos, muy seguro de sí, le respondió que el gobierno estaba preparado para enfrentar la influencia, palabra —esta última— que repitió en dos o tres ocasiones, lo que provocó que la gente se comunicara llamándolo ignorante.

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Simón dice:

“Si comienza uno con certezas, terminará con dudas; mas si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas”.
Sir Francis Bacon (1561-1626). Filósofo y estadista británico.

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Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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* Nadie entiende por qué no renuncia, ni lo renuncian
* Palafox Krayesvky… y la Durango blanca 2007, apá?

Nadie en la Secretaría de Salud entiende por qué el gobernador Mario Marín Torres mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores, cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, y por qué el hermano del ex gobernador Melquiades Morales tampoco renuncia, si en la Secretaría no es más que una figura decorativa.

Roberto Morales perdió desde hace meses el control de las dos principales áreas en que operativamente se divide la Secretaría de Salud: la Coordinación General de Servicios de Salud y la Coordinación General de Administración y Finanzas.

En la primera le clavaron, en agosto de 2007, al hermano del poderoso subsecretario de Egresos del estado, Ricardo Villa Issa, y éste a su vez, nombró como subordinados suyos a gente que se trajo del ISSSTEP. A Martha Vargas González la hizo jefa de Enlace y Seguimiento Operativo, y a Román de Ita, subdirector de Servicios Médicos, en sustitución de Armando Acevedo Méndez.

Paralelamente, Carlos Martínez Valeriano, brazo derecho del secretario al frente del Seguro Popular, se fue de la dependencia, lo mismo que su segundo de a bordo, Eduardo Hernández Martínez, quien fue reemplazado por Francisco Cajica.

Del área médica, el único funcionario de confianza que le dejaron al hermano del ex gobernador Mequiades Morales es Jorge George Sánchez, director de Atención a la Salud.

En la Coordinación de Administración y Finanzas, actualmente acéfala tras la remoción de Alejandro del Castillo Ávila, el panorama para Roberto Morales es aún más desolador.

Los directores adscritos a ella nunca han estado bajo las órdenes del secretario. Y de ello pueden dar constancia el ex director de Operación a Infraestructura, Marco Antonio Rivera Martínez, el recién removido director de Administración y Finanzas,  José Luis Palafox Krayevsky, y su sustituto en el cargo Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, así como el actual director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie.

En estas circunstancias, es obligado preguntar: ¿Quién es responsable de lo que pasa en la Secretaría de la Salud? ¿El secretario? ¿Los funcionarios que le fueron impuestos como cuña? ¿O el responsable de mantener a Roberto Morales como secretario de Salud, pero quitándole todo margen de maniobra?

EN CORTO

Hasta el jueves de la semana pasada el destituido director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, José Luis Palafox Krayevsky, seguía sin entregar la oficina que por casi dos años ocupó, al igual que la camioneta Durango 2007, color blanco, que tenía asignada como funcionario de la dependencia, mientras su sustituto en el cargo, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, anda como alma en pena por los pasillos de la Secretaría. Y eso, dicen, que se trata de un recomendado del contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz.

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A propósito.
Cuentan que en la auditoría que se le practica a José Luis Palafox le han descubierto una docena de cuentas bancarias y de inversión, pero cuyos fondos provienen de la Secretaría de Salud. En los próximos días le tendré más detalles.

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Un funcionario que en la Secretaría del Trabajo y Competitividad practica justamente lo contrario de lo que se supone debe combatir esta dependencia es Gabriel Herrera Cinto, subcoordinador del Programa Capacitación en la Práctica Laboral.

El servidor público en cuestión no sólo se vale de su cargo para hostigar –incluso sexualmente– a los instructores bajo su mando,  sino que los obliga, so pena de reportalos con malas notas, a que lo provean de refrescos, cigarros, botanas y hasta de alimentos después de los horarios de oficina.

Entre los inspectores hartos de esta situación y sus abusos figuran María del Carmen Lázaro Alarcón, Norma Patricia Corro Vázquez, Eda García Díaz y Marco Antonio Pérez.

Correos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

Ayer le comentaba que se recibió en mi oficina un sobre color manila, de parte de una persona de entre 35 y 40 años que no quiso identificarse, con información interesante sobre proveedores y funcionarios de la Secretaría de Salud involucrados en pingües negocios.

En las 10 hojas tamaño carta contenidas dentro del sobre se describen de manera cronológica algunos cambios y nombramientos al seno de la Secretaría de Salud, y el rol que han jugado algunos proveedores con esos funcionarios, ya sea en su ascenso o en su caída.

A grosso modo, el informe se centra en tres funcionarios, que en distintos momentos, fueron designados como contrapeso del secretario Roberto Morales Flores. Ellos son Marco Antonio Rivera Martínez, quien fue separado de la Dirección de Operación e Infraestructura; Alejandro del Castillo Ávila, quien por unos cuantos meses fue nombrado coordinador de Administración y Finanzas; y Leopoldo Eusa Dobbie, quien actualmente despacha como director de Operación e Infraestructura.

Y en tres proveedores que, todavía hoy, siguen haciendo millonarios negocios con la venta y renta de equipo médico, hospitalario y de oficina, con contratos y pólizas de servicios de mantenimiento y con suministro de todo tipo de bienes a la Secretaría de Salud: Rafael Zabalza Veraza, Dionisio Rodríguez y Genaro Castillo Gómez.

El documento dedica especial atención en el último de los proveedores y su intrincada red de corrupción, tejida en más de un sexenio y que involucra, según esta denuncia anónima, a una docena de funcionarios de la Secretaría, entre los que figuran el secretario, jefes de departamento, almacenistas y recepcionistas.

Además se acompaña de un mensaje a este reportero y de una presunta carta enviada en enero de 2006 a Fortino Morales Pacheco, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, en la que se advierte sobre la existencia de un video que registra una conversación de negocios entre Genaro Castillo y el entonces diputado local Fernando Morales Martínez.

El anónimo, cuya información aún corroboro con funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Salud, es rico en detalles sobre los padrinos políticos de los proveedores y su modus operandi.

Según estas mismas fuentes, Rafael Zabalza se mete al año entre 250 y 300 millones de pesos por la venta y renta de equipos médicos y hospitalarios por conducto de distintas empresas en las que no siempre aparece como socio, pues se vale de diferentes prestanombres.

Lo curioso es que las empresas de Zabalza únicamente le trabajan al sector salud en Puebla.

Lo mismo sucede con el compadre de Roberto Morales, Dionisio Rodríguez, que opera a través de dos compañías: D R Sagitario y Comercializadora Sevilla, y con Genaro Castillo que tiene operando a más de diez empresas como proveedoras de la Secretaría de Salud, que lo mismo arreglan un refrigerador o dan mantenimiento a computadoras y aparatos de oficina, que surten de equipo e instrumental médico a las clínicas y hospitales de las jurisdicciones sanitarias.

Conservadoramente, Dionisio Rodríguez y Genaro Castillo se embolsan cada año, sólo como proveedores del sector salud, no menos de 50 millones de pesos, descontando por supuesto lo que salpican hacia arriba, hacia abajo y a los lados.

Pronto le tendré más información.

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