Dos poblanos figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres plazas de consejeros generales del Instituto Federal Electoral (IFE), que quedarán vacantes el próximo 15 de agosto: Alfredo Figueroa Fernández y Maurcio García León.

Ambos, por cierto, serán entrevistados por los diputados que integran la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el mismo día, jueves 28 de mayo, aunque en distintas horas.

Figueroa funge actualmente como consejero local del IFE y en la anterior convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, de la que salieron como nuevos consejeros Leonardo Valdés, Benito Nacif y Marco Baños, fue uno de los finalistas con la segunda mejor calificación de los 35 que se colaron a la última ronda.

Maurcio García León, el segundo de los poblanos, fue secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, en la gestión de León Dumit Espinal, director Jurídico del Instituto Electoral del Estado, y secretario general del ayuntamiento de San Pedro Cholula en la pasada administración municipal. Es hijo del ex procurador y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando García Rosas.

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Trivia facilona.

¿Quien es el diputado federal poblano que ya incursionó en el vecino estado de Tlaxcala como concesionario de un expendio de Pemex, dedicado a la venta de gasolina y diesel?

Tres tips.

Es priísta y uno de los más influyentes por la Comisión que preside en San Lázaro.

Su inversión se ubica en el municipio de Apizaco.

Tuvo que desembolsar 200 mil pesos en mordidas para la apertura de su establecimiento.

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Ayer rindió protesta como nuevo director de Finanzas y Administración de la Secretaría de Salud Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, en sustitución de José Luis Palafox Krayevsky, quien desde hace meses había perdido la confianza del gobernador Mario Marín Torres, que lo puso ahí.

Al darle posesión de su cargo, el secretario de Salud Roberto Morales Flores exhortó a los funcionarios de la dependencia a trabajar con unidad y armonía, haciendo de lado los chismes e intrigas que afectan la imagen del gobierno y la institución.

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Desde el miércoles 7 de mayo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) es objeto de una auditoría que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El motivo, según trascendió, son diversas omisiones en el pago de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios en la institución universitaria por un monto de 14 millones de pesos.

Como responsables de esta irregularidad aparecen Alejandro Fernández, Urbano Ponce, Clara Elena Torres, María de los Ángeles Sánchez, Gonzalo Gómez, Alfredo Miranda y Javier Cabanas.

Se sabe que como parte de la auditoría el IMSS también investiga la existencia de algunas empresas “fantasma” utilizadas para evadir o eludir impuestos y el pago de seguridad social.

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La supuesta rebeldía de cinco grupos de vendedores ambulantes que se niegan a ser reubicados en uno de los dos mercados expropiados por la gestión de Blanca Alcalá Ruiz no es casual. Por abajo del agua están siendo alentados por operadores cercanísimos al ex presidente municipal Enrique Doger Guerrero, como el actual regidor priísta Enrique Chávez Estudillo, mejor conocido como “Kío”.

El propósito de “Kío” es reventar, por un lado, la reubicación de ambulantes en el mercado de la 11 Norte y la 18 Poniente conocido como Plaza Comercial Puebla, e insistir en que el mejor sitio para ello es el predio que la administración dogerista expropió a la familia Matanzo en la 11 Norte y 4 Poniente.

Intentaré explicar por qué.

Si los ambulantes fueran reubicados en el terreno enajenado a los Matanzo, el héroe de esta película (papá), sería sin duda el ex alcalde Enrique Doger, quien en su faceta de aspirante a la gubernatura podría presumir esa acción como un logro suyo.

La segunda razón tiene como móvil la venganza, por la pérdida de un millonario negocio en la frustada compra del mercado de la 11 Norte por parte de la gestión dogerista.

Y es que dicha Plaza Comercial —edificada durante el gobierno de Luis Paredes Moctezuma por parte de los socios del Solid Gold— intentó ser adquirida por la anterior administración municipal, pero a un precio mucho mayor del que hoy se pagará.

En efecto, en la gestión de Enrique Doger hubo tres intentos para que ese inmueble fuera adquirido por el ayuntamiento. Uno, promovido por los propios constructores que querían venderlo en 12 millones; otro, impulsado por el que fuera secretario de Gobernación, Omar Álvarez Arronte, quien quería comprarlo en 16 millones y, un tercero, alentado por el entonces secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo.

De buena fuente se sabe que el pago que en realidad recibirían los accionistas del Solid Gold sería mucho menor.

Y si no cómo explica usted que el ayuntamiento de Blanca Alcalá haya negociado la compra del inmueble en 9.5 millones de pesos.

A poco me van decir que el secretario de Gobernación Municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez, es tan buen negociador que logró un descuento de 2.5 ó 6.5 millones de pesos. ¡Por favor!

El acuerdo a un tris

Si Chávez Estudillo no se sale con la suya, la reubicación de los ambulantes que hoy invaden las calles del Centro Histórico se realizará en la última semana de mayo o en la primera de junio.

En el mercado de la 11 Norte y 18 Poniente, el cual cuenta con 305 locales o jaulas ya construidos, serán ubicados 105 ambulantes dirigidos por Alicia Cervantes “La Comadre”, 18 de Gustavo Sánchez, 14 de Ana María Vázquez, y 35 de Germán Cervantes.

Originalmente también habían aceptado ubicarse en esa Plaza Comercial las cinco organizaciones rebeldes encabezadas por Carlos Ramírez Serna, Javier Martínez Monterde, Martín Juárez, Josefina Gómez y Alejandra Ipiña Leyva, para las que se habían dispuesto 85 u 86 locales.

Otras organizaciones marginales que también han aceptado ir a vender a ese lugar son las lidereadas por Juan Rosas “El Moles”, Sofía Montes, María Luisa Pérez, Marcos Morales e Irene Tejeda.

Por lo que hace al otro mercado expropiado por el ayuntamiento de Blanca Alcalá, localizado en la 8 Poniente y 13 Norte, trascendió que ahí serán establecidos 139 ambulantes dedicados a la venta de perecederos.

Estos vendedores pertenecen a cuatro organizaciones, representadas por Carmela García Rivera “La Otra Comadre”, Alfredo Hernández “El Pollo”, Ana María Fernández y una más cuyo nombre no fue proporcionado.

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Ayer recibí un sobre manila con información por demás interesante de los negocios que al amparo de la salud de los poblanos se realizan en una dependencia del gobierno del estado. El sobre, rotulado a mi nombre y con la dirección de e-consulta, fue entregado por una persona de 35 ó 40 años, que no quiso identificarse, y que se retiró de inmediato en un vehículo Jetta de color oscuro. Mañana, una vez que corrobore algunos datos, le daré los detalles.

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Enrique Romero Razo ha pasado de héroe a villano dentro del Poder Judicial poblano.

Como allegado del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, el ex juez penal de Cholula era promovido como candidato a magistrado; en cambio ahora, con León Dumit Espinal, no sólo fue cambiado a Puebla como juez civil, sino que está siendo objeto de auditorías y presiones con el único fin de que renuncie.

Y lo mismo sucede, dicen, con otros jueces y funcionarios del Poder Judicial identificados con Pacheco Pulido.

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