Indagará vínculos con jefes políciacos y constructoras
¿De veras el estado está blindado contra el narcotráfico?

La detención de Edgar Enrique Bayardo del Villar como presunto cómplice de la estructura criminal del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada ha puesto a Puebla, y a sus jefes y ex jefes policíacos, en la mira de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

De hecho, puedo adelantarle que esta semana, agentes de la PGR adscritos a la SIEDO iniciarán una investigación sobre los nexos de Edgar Bayardo en Puebla a partir de dos líneas: protección a narcotraficantes y lavado de dinero a través de constructoras.

La SIEDO no partirá de cero, pues además de tener información previa sobre los vínculos del ex subprocurador de Justicia de Tlaxcala con ex jefes policíacos de Puebla —como Adolfo Karam Beltrán, Humberto Vázquez Arroyo, Omar Álvarez Arronte y Rolando López Villaseñor— tampoco ignora que en la entidad han establecido su residencia, aunque sea de manera temporal, narcotraficantes como Benjamín Arellano Félix, Jesús Amezcua Contreras o Cirilo Vázquez Lagunes.

Benjamín Arellano, del cártel de Tijuana, fue detenido el 9 de marzo de 2002 en el fraccionamiento La Escondida ubicado en los límites de Puebla con Cholula; Jesús Amezcua, del cártel de Colima, vivió —según información confidencial— en una casa de San Manuel, y el ganadero Cirilo Vázquez —asesinado el 19 de noviembre de 2006 en Acayucan, Veracruz— tuvo hasta un rancho en Puebla.

La SIEDO también posee información sobre Jesús Zambada “El Rey Zambada” como vecino de Lomas de Angelópolis o Valle Real, y del frustrado operativo que la tarde del domingo 1 de junio efectuaron tres decenas de policías federales en ese fraccionamiento para capturarlo.

Una cuestión que los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada tratarán de indagar sobre los nexos de Edgar Bayardo con algunos jefes policíacos de la entidad son las reuniones que los jueves de cada semana se llevaban a cabo en una propiedad de Omar Álvarez Arronte allá por la ex fábrica de El León, en el Camino a Metepec, entre años de 2005 y 2008.

Y es que se sabe que a esas comidas —que invariblemente terminaban en prolongadas partidas de dominó— solía asistir Edgar Bayardo como invitado del entonces director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam.

¿De cúantas cosas no se enteraría el hoy cómplice del cártel de Sinaloa en esas reuniones?

Una segunda línea de investigación sobre los nexos del efímero director de la DIEDO en la PGJ de Puebla, está relacionada con algunas constructoras, en las que aparecía como socio o que éste utilizaba, presuntamente, para lavar dinero.

Un dato que llama la atención de la SIEDO sobre la declaración patrimonial de Edgar Bayardo es que buena parte de sus vehículos, casas y demás bienes —que en conjunto suman 28 millones de pesos— no sólo fueron adquiridos de contado, sino durante los años en que vino a Puebla, después de concluir el sexenio del gobernador perredista de Tlaxcala Alfonso Sánchez Anaya.

El ex sub procurador tlaxcalteca y ex director de la DIEDO de Puebla posee un Mercedes Benz modelo 2005 con un valor de 800 mil pesos; una Cherokee Limited modelo 2006, con un valor de un millón de pesos, ambos blindados, además de un BMW con valor de 700 mil pesos.

EN CORTO
Ahora que el escándalo de Edgar Bayardo tiene muy nerviosos a ciertos políticos, empresarios y ex funcionarios de Puebla, valdría que alguien se acordara de la ex procuradora Blanca Laura Villeda Martínez y le agradeciera no haberlo aceptado en la nómina de la PGJ, ni como subprocurador, ni como director de la DIEDO, a pesar de las presiones y conflictos que por ese y otros casos tuvo con Adolfo Karam.

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Otro personaje que hoy también puede estar tranquilo por no haber contratado a Edgar Bayardo como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, y eso que mucho se lo recomendaron después de que Humberto Vázquez Arroyo dejó esa dependencia del ayuntamiento de Puebla para irse como dirigente del Comité Muncipal del PRI.

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Aunque el ex director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam, ha declarado que después de su fallido intento por colocar a Edgar Bayardo en la Procuraduría General de Justicia de Puebla perdió todo contacto con él, la verdad es que eso no es cierto.

Adolfo Karam debe recordar que siendo delegado de la PGR en Tlaxcala tuvo al ex procurador de esa entidad como asesor, y en que su fiesta de cumpleaños efectuada el sábado 1 de diciembre de 2007 en el Salón Tres Marías —a la que incluso logró llevar al gobernador Mario Marín Torres— Edgar Bayardo fue uno de sus selectos invitados.

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Y hasta la próxima. Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx 

La versión que ayer publicó Enrique Núñez en el periódico Intolerancia sobre compras ficticias en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero no es descabellada.

De hecho, en este espacio espacio se publicaron –a comienzos y mediados del 2007– al menos tres columnas sobre el tema, con nombres, números de cuentas y detalles de estas operaciones fraudulentas, que bien podrían tipificarse bajo el delito de lavado de dinero.

Dos fueron los mecanismos utilizados por los operadores financieros del ayuntamiento dogerista para llevar a cabo estas transas.

Uno fue a través de empresas fantasma y personas físicas con actividad empresarial, aparentemente legales en términos fiscales e inscritas en el padrón de proveedores del ayuntamiento, a las cuales se les hicieron compras fraccionadas por cantidades millonarias durante el 2005 y 2006, por concepto de obra pública, fumigación, limpieza y pintura, suministro y acarreo de tierra y materiales de construcción, venta de consumibles y equipo de cómputo, así como cursos de capacitación.

Dichas empresas estaban vinculadas a un despacho externo, una especie de broker fiscal en la persona de Marcela Herrera, que operaba en estrecha coordinación con el ex tesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, el ex coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan y Arnoldo Ruiz Arreola, mejor conocido como “El Ate”.

Un segundo mecanismo, diseñado por los cerebros financieros del dogerismo, Alberto Ventosa y Jorge Ruiz, tenía como ruta distintas cuentas bancarias en Santander Serfín y otras instituciones bancarias.

Unas cuentas eran utilizadas para recibir las comisiones que constructores y proveedores debían pagar a cambio de la asignación de contratos u otros favores, y otras para lavar ese dinero sucio, producto de la corrupción.

Ejemplos de estas maniobras es la empresa Prestadora de Servicios Independiente o Generales SA de CV, encargada de lavar el dinero de los autos “chatarra” donados por el ayuntamiento de Puebla a la Fundación Cáritas.

Si la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el contralor del ayuntamiento Mauro Uzcanga Villalobos y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana, quisieran hallar en serio pruebas de la corrupción no tendrían más que pedir los estados bancarios a nombre de Omar Vázquez Flores, Abel Aguilar Pérez y Lauro Monterrosas Rivera, y cruzarlos con los de Alberto Ventosa Coghlan y algunos de sus socios como Arnoldo Ruiz.

Entre esas cuentas irregulares de los años 2005 y 2006 figuran las siguientes: la 11000196571, de la Sucursal 0112 de Las Ánimas, del Banco Santander Serfín, a nombre de Omar Vázquez Flores; la 4033621343, de la Sucursal 0221 de Loreto, a nombre de Abel Aguilar Pérez, y la cuenta a nombre de Alberto Ventosa, en la Sucursal 113 de Santander Serfín de Plaza Dorada.

Pero como no lo van a hacer, ahí se las dejo como evidencia de que la corrupción en la administración pública seguirá, mientras haya funcionarios dispuestos a encubrirla. ¿O no?

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El viernes se despidió del personal de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Anahí Romero Alonso, quien en los próximos días reaparecerá como funcionaria adscrita a la Comisión Nacional Indigenista.

Como encargado de despacho quedó el subdelegado de la Sedesol.

Anahí Romero deja la delegación por presiones políticas de sus mandos superiores y de funcionarios del gobierno del estado con quienes tuvo varios encontronazos, por el control de los programas sociales y el manejo de los fondos federales; el destino y los cambios de usos de suelo en la Reserva Territorial Atixcáyotl.

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Ayer recibí por correo electrónico y por escrito una carta aclaratoria del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, de la que mañana me ocuparé.

Lo único que hoy le puedo adelantar es que el tema se pondrá bueno.

Aquí su réplica:

Estimado Rodolfo:
 
Me es particularmente grato saludarlo y solicitarle aclarar tres aspectos respecto a sus últimas columnas:
 
1.- El doctor Roberto Morales Flores, secretario de Salud no es compadre del señor Dionisio Rodríguez como insiste en publicar. Si opina lo contrario lo invito a comprobarlo.
 
2.- El doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa. En reiteradas ocasiones lo ha manifestado. Le recuerdo que en los Servicios de Salud existe la Dirección de Operación e Infraestructura  que junto con el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas se encargan de comprar y adjudicar las obras. El secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho ni lo hará.
 
3.- Respecto a los cambios de funcionarios que se han realizado en la Secretaría de Salud no son responsabilidad del doctor Morales Flores, son por indicaciones del Ejecutivo del Estado, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz el trabajo en esta dependencia.
 
Por consiguiente las preguntas que usted hace en su columna como el por qué el Gobernador mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, permítame decirle, con el debido respeto, insisto, que son suposiciones personales con el propósito de lastimar la imagen y trayectoria del doctor Roberto Morales Flores. No le han podido comprobar hasta este momento que esté involucrado en actos de corrupción, por eso sigue en su puesto hasta que el Ejecutivo del Estado lo determine.
 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta aclaratoria, en el mismo espacio en que ha publicado sus columnas, le agradezco de antemano la atención.

Atentamente
 
El Jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social
Lic. Fortino Morales Pacheco.