El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Juan Manuel Celis Aguirre, es uno de esos personajes que comenzaron el sexenio morenovallista como enemigos y lo terminarán como aliados del mandatario estatal.

Al inicio de la actual administración, el mandatario estatal instruyó a su secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y éste a su grupo de control de riesgos, para que investigara el destino de 120 millones de pesos que el gobierno marinista entregó, en diversos cheques, a Juan Manuel Celis.

Ya con la información y un voluminoso expediente, la Secretaría General de Gobierno entró en contacto con el dirigente estatal antorchista, haciéndole saber la existencia un conjunto de anomalías en que éste y su organización habían incurrido con los recursos púbicos recibidos.

La encargada de contactar al ingeniero Celis fue la entonces directora general de Gobierno, Laura Escobar Juárez, quien, fiel a la costumbre de la casa, le mostró el expediente y le advirtió de una averiguación previa en su contra por la no comprobación, ni justificación de millones de pesos recibidos por el gobierno marinista.

Laura Escobar le dijo que ese asunto podría resolverse si Antorcha Campesina cooperaba con el gobierno del estado sacando las manos del tianguis de San Martín Texmelucan y desactivando las protestas de los integrantes del movimiento magisterial antorchista en algunos municipios de la Sierra Norte y la Mixteca poblana.

También le pidió que las protestas de la organización se enfocarán en la capital poblana, exigiendo al ayuntamiento capitalino encabezado por Eduardo Rivera Pérez la regularización y escrituración de las colonias del sur, y que las grúas Unión fueran las únicas en prestar el servicio de arrastre de vehículos a los corralones del gobierno estatal y municipal.

De más está decir que Celis Aguirre no sólo aceptó la negociación, sino que hasta firmó un convenio comprometiéndose a desactivar las protestas del movimiento magisterial antorchista y a resolver el conflicto entre tianguistas de San Martín Texmelucan.

Convenio que incluso fue motivo de posteriores diferendos entre el subsecretario Mario Rincón González y el entonces operador de Fernando Manzanilla en la SGG, Eukid Castañón Herrera.

Del expediente integrado en contra de Juan Manuel Celis poco o nada se sabe, sólo que este desapareció –casi con la misma rapidez que se armó– cuando Luis Maldonado Venegas sustituyó Fernando Manzanilla en la SGG.

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La decisión del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, de hacer pública su declaración de bienes, junto con la de su esposa Nancy de la Sierra Arámburo, tiene varias motivaciones.

La primera — y más importante— es adelantarse a una investigación que, supuestamente, la presidenta del Colegio de Notarios, Verónica Morales Alfaro, había comenzado a realizar con la colaboración de otros colegas suyos para rastrear todos los bienes y propiedades del alcalde cholulteca y su esposa, la candidata del PRI a diputada federal por el distrito 3 de Teziutlán.

Y la segunda, vacunarse contra posibles críticas y descalificaciones de Juan Pablo Piña Kurczyn, candidato del PAN a diputado federal por el distrito 3, en contra de su contrincante, la priísta Nancy de la Sierra y su esposo, José Juan Espinosa, integrante del partido Movimiento Ciudadano.

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Este fin de semana hubo cambios en la Coordinación de Derecho y el Bufete Jurídico del campus Tehuacán de la BUAP. El viernes el secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval, removió de sus cargos a José Lorenzo Dávalos Moreno y a Jesymar Castillo Arangute, al primero por diversas irregularidades que van desde la contratación de docentes sin autorización y la venta de tesis, y al segundo por usar el Bufete para llevarse asuntos a su despacho particular.

Dos días después, el domingo, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, acudió a Tehuacán a tomar la protesta de ley a los sustitutos de aquellos: Sagy Rosalba Díaz Pimentel y Raymundo Pérez Osorio, respectivamente.

Sin embargo, ambos nombramientos no fueron bien recibidos por la planta docente y no porque estuviera de acuerdo con el desempeño del coordinador de Derecho, José Lorenzo Dávalos y del coordinador del Bufete Jurídico, Jesymar Castillo, sino porque no fue consultada sobre quiénes debían reemplazarlos.

De Sagy Rosalba Díaz se dice que su designación como coordinadora de Derecho del campus Tehuacán no obedece a una cuestión de méritos académicos o profesionales, sino a su cercanía con el secretario seccional del Aspabuap en Tehuacán, y del segundo, Raymundo Pérez Osorio, a su poca o nula experiencia en el acompañamiento de estudiantes y en el litigio en tribunales, más allá de la Junta Local de Conciliación de Tehuacán, de la que fue presidente.

El malestar de los profesores y alumnos se hizo patente con algunas pancartas y mensajes de protesta dirigidos al rector Alfonso Esparza, en los que se exigía que los coordinadores de Derecho y del Bufete Jurídico de la BUAP fueran electos democráticamente por voto universal, libre y secreto.

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Después de terminar su maestría en Administración Pública y graduarse en la Escuela de Gobierno “John F. Kennedy” de la Universidad de Harvard, el exdirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana continuará su formación académica pero ahora en la Universidad de Bristol, en Inglaterra.

En esa institución pública, una de las más prestigiadas desde la época victoriana, Mondragón hará el doctorado en Economía Política, a partir del próximo mes de septiembre.

El ex dirigente panista viajará a Inglaterra a mediados del mes entrante en compañía de su esposa, quien también cursará un postgrado, y sus dos menores hijos.

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Cuentan los enterados que por la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, las vacaciones de dos semanas que tomaría el gobernador Rafael Moreno Valle en estos días ya fueron suspendidas.

Y que la misma decisión han tomado otros secretarios del gabinete morenovallista que también habían programado, para la última semana se julio y la primera de agosto, sus vacaciones de verano.

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Cuando Fernando Manzanilla Prieto era el titular de la Secretaría General de Gobierno había un comité encargado del manejo de crisis, en el cual participaban el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado; el procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget; el subsecretario de Vinculación Institucional y Gobernanza, Sergio Medina González; el subsecretario Jurídico, Enrique Quiroz Acosta; el entonces director general de Delegaciones de la SGG, Juan Cesín Musi; la directora general de Gobierno, Laura Escobar Juárez; el director general de Análisis Político, José Ventura Rodríguez Verdín; el secretario técnico de la SGG, Óscar Gómez Cruz; el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Mauricio Tornero Salinas; y el director de la Policía Auxiliar, Ludivino Mora Tejeda.

Con la llegada de Luis Maldonado Venegas  este comité de crisis no sólo dejó de funcionar, sino que se desintegró. Ahora los asuntos delicados de la política interior del estado son atendidos por funcionarios fuereños, como los subsecretarios Luis Arturo Cornejo Alatorre, de Asuntos Políticos y Protección Civil, y Guillermo Vicente Fernández De la Maza, de Vinculación Institucional y Gobernanza, que poco o nulo conocimiento tiene de los actores y grupos políticos de la entidad.

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Si el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, no renunció o fue removido del cargo después de los errores de planeación, tácticos y estratégicos del operativo de desalojo de pobladores de Chalchihuapan el pasado 9 de julio, y en el que un menor resultó fatalmente herido en la cabeza, el gobernador Rafael Moreno Valle tendría haberlo cesado ya, ante las evidencias de que entre los granaderos participó un policía que fue detenido y encarcelado por delitos graves como prostitución de menores.

Se trata del policía Mario Tomás González Ricaño, quien el 8 de noviembre de 2011 fue presentado por el actual procurador Víctor Carrancá como miembro de una peligrosa banda dedicada a la trata de personas.

¿Cómo y quién recontrató a este policía? ¿A poco tenía aprobado su examen de control de confianza? ¿Cómo le hizo para burlar todos los despidos y desaparecer de su expediente los graves delitos que el mismo procurador le imputó? ¿Quién lo protege en la Secretaría de Seguridad al grado de que en menos de dos años pasó de delincuente a víctima, según lo documentó el periodista Valentín Varillas?

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