Blanca Alcalá Ruiz sigue deshojando la margarita sobre el sustituto de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Muchos son los nombres que a la presidenta municipal de Puebla le han propuesto, sin que ninguno termine de convencerla.

Su proveedor de equipo y cámaras de seguridad pública, Víctor Díaz Palacios, primero trató de sostener a Hidalgo Vigueras y luego, cuando se percató de que la alcaldesa estaba decidida a cambiarlo, le propuso a Isidro González Blanco, ex secretario de Seguridad Pública de Pachuca, Hidalgo, de quien se cuentan macabras historias vinculadas con la protección de bandas del crimen organizado.

Otro personaje recomendado por Díaz Palacios ––y también por el regidor Humberto Vázquez Arroyo y el ex director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán–– es Fernando Fierro Aldana, exjefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Fierro Aldana fue acusado, en su paso por la AFI, de filtrar información privilegiada a los cabecillas del comercio y la producción de piratería en la zona de la CAPU y “La Cuchilla”, para evitar que éstos fueran detenidos o sufrieran decomisos millonarios de mercancía ilegal.

El actual director de Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, es otro de los prospectos para quedarse en el lugar de Hidalgo Vigueras.

Su principal detractor, como es de suponerse, es el propio Hidalgo Vigueras.

Alonso García tiene el apoyo del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y de los regidores priístas Enrique “Kío” Chávez Estudillo y Humberto Vázquez Arroyo.

Un cuarto candidato para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es Ludivino Mora Tejeda, quien ya ocupó esa cartera en la gestión de Enrique Doger Guerrero.

La opción de Ludivino fue llevada al escritorio de la presidenta municipal de Puebla por su secretario de Desarrollo Social, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, y por el coordinador de los regidores priístas, Jorge René Sánchez Juárez.

En contra de Ludivino juega su cercanía con personajes nos gratos al marinismo, como el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Una quinta alternativa, que también es promovida por el ex secretario de Seguridad Pública Municipal y actual regidor del ayuntamiento Humberto Vázquez, es Wilfrido Robledo Madrid, excomisionado de la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México.

Robledo dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto en febrero de 2007, enmedio de acusaciones de abusos policíacos en contra de campesinos de San Salvador Atenco en mayo de 2006, y de nepotismo al emplear a su hijo Mario Robledo Segura como subdirector de los cuerpos auxiliares del Estado de México.

Su llegada al gobierno del Edomex tampoco fue tersa, pues estuvo precedida de cuestionamientos por una inhabilitación que le hizo la Secretaría de la Función Pública por la adquisición irregular de helicópteros en la Policía Federal Preventiva, de la cual fue titular en el gobierno de Vicente Fox Quezada.

A lista de candidatos hay que agregar el nombre de Carlos Briones Pérez, ex director de Vialidad Municipal en la gestión de Mario Marín Torres.

Briones es impulsado por el exsecretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto.

Sus posibilidades parecen remotas por la fama que lo precede entre los agentes de tránsito del municipio de Puebla y el estado, quienes lo llaman “El Cocodrilo”, en alusión a las “mordidotas” que suele propinar a sus víctimas.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez, cantante estadounidense.

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¿Sabían o no sabían los funcionarios dogeristas cuánto costaban los lotes de autos, muebles de oficina y equipo de cómputo y comunicación, donados a la Fundación Cáritas?

La respuesta es sí.

Sí lo sabían y con detalle.

Y es que antes de que fueran desincorporados del patrimonio del ayuntamiento 163 vehículos y 4 mil 56 bienes, entre artículos y muebles de oficina, equipo de cómputo y aparatos de comunicación, la Secretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó un avalúo de cada una de las piezas que serían donadas.

Dichos avalúos constan en las copias certificadas que el secretario general de la gestión dogerista, Ignacio Mier Velasco, envió al gobernador Mario Marín Torres y al presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Othón Bailleres Carriles, en enero de 2008. 

En ambos oficios remitidos por Ignacio Mier claramente se lee “… envío copia certificada DICTAMEN Y ACTA DE CABILDO, POR EL QUE SE DESINCORPORAN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL LOTES INTEGRADOS POR “EQUIPO DE CÓMPUTO”, “MOBILIARIO DE OFICINA”, “EQUIPO DE COMUNICACIÓN” Y “VEHÍCULOS AUTOMOTORES” DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PUEBLA, DESCRITOS EN LOS AVALÚOS ORDENADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES… ”

Dos cuestiones llaman la atención de estos oficios, una relativa a los avalúos y, otra, a la dependencia que los realizó: la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sobre los primeros, hay que decir que sólo el lote de 163 vehículos automotores donado a Cáritas valía más de 3 millones 430 mil pesos.

La segunda cuestión es aún más reveladora, pues el director de Recursos Materiales y Servicios Generales que efectuó tales avalúos fue Luciano Javier Martínez, el mismo que días después firmaría junto con el tesorero José María Esquivel Silva y la jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos, el acta de entrega-recepción de los bienes transferidos a Cáritas.

Y el mismo también del que hace unos días se deslindó el ex secretario particular y ex secretario de Administración del ayuntamiento dogerista, Enrique Chávez Estudillo “Kío”, afirmando que si bien lo conocía, no metía las manos al fuego por él.

Si Luciano Javier Martínez fue quien realizó los avalúos de los bienes desincorporados y el que firmó el acta de entrega-recepción de esa transferencia a Cáritas, ¿por qué no le informó al presidente de la fundación, Mariano Saavedra Burgos, el costo estimado de los lotes transferidos?

¿Acaso no se trataba de una donación de buena fe,  como dice Enrique Doger Guerrero?

Si no lo hizo, creo que no había tan buena fe, y si lo hizo, entonces creo que don Mariano Saavedra fue más corrupto que ingenuo al aceptar por todos los bienes donados una suma de 200 mil pesos.

¿O no?

Aunque hasta ahora Enrique Doger Guerrero se ha negado a reconocer lo que todo mundo sospecha, que funcionarios de su administración están implicados en el fraude (¿o peculado?) de la donación de la supuesta chatarra municipal a Cáritas, la verdad es que tarde o temprano tendrá que admitirlo.

Por lo pronto hay evidencias documentales de que la empresa que se benefició con la compra de la supuesta “chatarra” –Prestadora  de Servicios Independientes o Generales– no era del todo ajena a personajes muy cercanos a él, como su ex secretario particular y ex secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

Un dato que llama la atención, por ejemplo, es que el accionista y administrador único de esta compañía, Edgar David Reyes Rojas, es cuñado de la que fuera directora de Recursos Humanos en la gestión dogerista, Concepción Caraza Alemán.

Sí, la misma funcionaria que “Kío” promovía como su sucesora en la Secretaría de Administración cuando éste dejó el gobierno municipal para irse como candidato a regidor en la planilla de Blanca Alcalá Ruiz.

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Por cierto.

Otra evidencia de que la polémica donación a Cáritas fue una transa urdida con premeditación, alevosía y ventaja por funcionarios de la administración dogerista, es la prontitud con que la Prestadora de Servicios Independientes y Generales revendió la misma mercancía cinco veces más cara.

De hecho, según información que hoy publicará El Heraldo de Puebla, se sabe que el mismo día que el renunciado presidente de Cáritas, Mariano Saavedra Burgos, recibió sus 200 mil pesotes de la empresa de Edgar David Reyes Rojas, éste firmó un contrató con Francisco Gómez Cisneros para revenderle la supuesta chatarra un millón 100 mil pesos.

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En las diferentes reuniones que los diputados de las comisiones de Transparencia y Gobernación han sostenido con secretarios y consultores del gabinete marinista para analizar los ajustes que tendrán que hacerse antes del 20 de julio a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado, resulta que los más reacios a la rendición de cuentas son la consejera jurídica, Claudia Rivadeneyra Torija, y el secretario de Finanzas y Administración, José María Pérez Salazar.

Incluso la primera ha llegado a proponer en varias de esas reuniones artículos y conceptos contrarios al artículo sexto constitucional, asunto que le ha merecido airadas críticas hasta de los diputados del PRI, que no conciben cómo la consejera jurídica del gobierno puede ser tan retrógrada en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Chávez Estudillo auspició la prostitución gay
Enrique Agüera y Mario Marín se hacen compadres

A propósito de la marcha que anteayer sábado realizó la comunidad lésbico-gay, y la demanda de algunos de sus dirigentes para que en Puebla cesen los operativos y redadas en contra de aquellos que se dedican al oficio más antiguo del mundo, una pregunta flota en el ambiente: ¿cuál es la posición de la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz frente a la proliferación de zonas de tolerancia en distintos puntos de la capital del estado?

Antes de entrar en materia, quizás valga traer a la memoria un caso que se presentó en la pasada administración municipal, y que ejemplifica la doble moral de las autoridades en torno a la prostitución.

En los primeros días de junio de 2005, e-consulta publicó un oficio firmado por el entonces director de Comercialización, Abasto y Vía Pública del ayuntamiento de Puebla, Gilberto Rivera Rivera, en el que se autorizaba el ejercicio de la prostitución a 39 sexoservidores en diferentes zonas de la ciudad.

La difusión del permiso generó un escándalo mediático y una investigación por parte de la Sindicatura y la Contraloría municipales, que provocaron el cese de Gilberto Rivera al frente de la Dirección de Comercialización y una amonestación privada en contra de este funcionario, que fue reubicado en la Tesorería Municipal.

Sin embargo, los verdaderos responsables de este escándalo quedaron impunes, el lenón siguió con su actividad y los sexoservidores pertenecientes a la asociación “Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla” también continuaron prostituyéndose, pero ahora con el permiso de la autoridad municipal.

La historia que entonces no se contó y que hoy sale a relucir con la filtración de nuevos documentos, es que la autorización para que 39 sexoservidores pudieran seguir dedicándose a la prostitución callejera salió del secretario particular del presidente municipal, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

El hoy regidor priísta del ayuntamiento de Puebla no sólo se comunicó vía telefónica con el director de Comercial, Abasto y Vía Pública, instruyéndolo a que autorizara la petición del dirigente de Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla”, sino que mediante un memorandum fechado el 1 de marzo de 2005 recomendó la viabilidad de dicha solicitud.

Y cómo no, si el solicitante era ni más ni menos que un viejo conocido suyo, el profesor Manuel Lira García, quien en las elecciones locales de 2004 se desempeñó como su jefe de escoltas o guardaespaldas.

Hasta aquí el paréntesis.

A tres años de distancia de aquel escándalo, en la ciudad de Puebla siguen proliferando las zonas donde abierta o simuladamente se ejerce la prostitución masculina o femenina.

Aunque legalmente la prostitución es un delito, en la práctica sigue tolerándose tanto en la vía pública como en bares, centros nocturnos, table dance, casas de cita o casas de masaje, muchos de ellos sujetos a cuotas por parte de inspectores y funcionarios corruptos.

El tema, lamentablemente ausente en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011, se ha prestado a toda clase de componendas o acuerdos en lo oscurito, por la negativa de las autoridades de incluirlo en la agenda pública y de regularlo a través de normas específicas, claras y puntuales.

Si la prostitución en Puebla es una realidad que todos los días puede constatarse en las calles, parques y hoteles del Centro Histórico, así como en establecimientos clasificados como giros negros o rojos, ¿por qué no regularla de una vez o combatirla?

¿O es que el actual ayuntamiento también quiere hacerse de la vista gorda?

EN CORTO

El gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, ahora sí son compadres, y el motivo lo dio la hija menor del segundo, Brenda Agüera Vera, quien este sábado festejó sus 15 años de vida con una fiesta temática en una ex hacienda de Atlixco, a la que se dieron cerca de mil invitados, entre amigos de la festejada, funcionarios públicos y de la máxima casa de estudios, así como legisladores federales y locales de distintos partidos políticos, dirigentes empresariales y directivos de medios de comunicación.

El compadrazgo del gobernador Marín y su esposa Margarita García con el rector de la UAP se selló primero con una misa en el templo de Nuestra Señora del Camino, en la zona de Angelópolis, y luego en una animada cena en la que Brenda debutó como artista, al interpretar algunas canciones de su producción discrográfica que pronto saldrá al mercado.

Dos fueron los grandes ausentes de la velada: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y el ex presidente municipal de Puebla Enrique Doger Guerrero, aunque éste último ni siquiera fue invitado.

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Y hasta la próxima.

Correos periodistasoy@hotmail.com y
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La supuesta rebeldía de cinco grupos de vendedores ambulantes que se niegan a ser reubicados en uno de los dos mercados expropiados por la gestión de Blanca Alcalá Ruiz no es casual. Por abajo del agua están siendo alentados por operadores cercanísimos al ex presidente municipal Enrique Doger Guerrero, como el actual regidor priísta Enrique Chávez Estudillo, mejor conocido como “Kío”.

El propósito de “Kío” es reventar, por un lado, la reubicación de ambulantes en el mercado de la 11 Norte y la 18 Poniente conocido como Plaza Comercial Puebla, e insistir en que el mejor sitio para ello es el predio que la administración dogerista expropió a la familia Matanzo en la 11 Norte y 4 Poniente.

Intentaré explicar por qué.

Si los ambulantes fueran reubicados en el terreno enajenado a los Matanzo, el héroe de esta película (papá), sería sin duda el ex alcalde Enrique Doger, quien en su faceta de aspirante a la gubernatura podría presumir esa acción como un logro suyo.

La segunda razón tiene como móvil la venganza, por la pérdida de un millonario negocio en la frustada compra del mercado de la 11 Norte por parte de la gestión dogerista.

Y es que dicha Plaza Comercial —edificada durante el gobierno de Luis Paredes Moctezuma por parte de los socios del Solid Gold— intentó ser adquirida por la anterior administración municipal, pero a un precio mucho mayor del que hoy se pagará.

En efecto, en la gestión de Enrique Doger hubo tres intentos para que ese inmueble fuera adquirido por el ayuntamiento. Uno, promovido por los propios constructores que querían venderlo en 12 millones; otro, impulsado por el que fuera secretario de Gobernación, Omar Álvarez Arronte, quien quería comprarlo en 16 millones y, un tercero, alentado por el entonces secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo.

De buena fuente se sabe que el pago que en realidad recibirían los accionistas del Solid Gold sería mucho menor.

Y si no cómo explica usted que el ayuntamiento de Blanca Alcalá haya negociado la compra del inmueble en 9.5 millones de pesos.

A poco me van decir que el secretario de Gobernación Municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez, es tan buen negociador que logró un descuento de 2.5 ó 6.5 millones de pesos. ¡Por favor!

El acuerdo a un tris

Si Chávez Estudillo no se sale con la suya, la reubicación de los ambulantes que hoy invaden las calles del Centro Histórico se realizará en la última semana de mayo o en la primera de junio.

En el mercado de la 11 Norte y 18 Poniente, el cual cuenta con 305 locales o jaulas ya construidos, serán ubicados 105 ambulantes dirigidos por Alicia Cervantes “La Comadre”, 18 de Gustavo Sánchez, 14 de Ana María Vázquez, y 35 de Germán Cervantes.

Originalmente también habían aceptado ubicarse en esa Plaza Comercial las cinco organizaciones rebeldes encabezadas por Carlos Ramírez Serna, Javier Martínez Monterde, Martín Juárez, Josefina Gómez y Alejandra Ipiña Leyva, para las que se habían dispuesto 85 u 86 locales.

Otras organizaciones marginales que también han aceptado ir a vender a ese lugar son las lidereadas por Juan Rosas “El Moles”, Sofía Montes, María Luisa Pérez, Marcos Morales e Irene Tejeda.

Por lo que hace al otro mercado expropiado por el ayuntamiento de Blanca Alcalá, localizado en la 8 Poniente y 13 Norte, trascendió que ahí serán establecidos 139 ambulantes dedicados a la venta de perecederos.

Estos vendedores pertenecen a cuatro organizaciones, representadas por Carmela García Rivera “La Otra Comadre”, Alfredo Hernández “El Pollo”, Ana María Fernández y una más cuyo nombre no fue proporcionado.

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Ayer recibí un sobre manila con información por demás interesante de los negocios que al amparo de la salud de los poblanos se realizan en una dependencia del gobierno del estado. El sobre, rotulado a mi nombre y con la dirección de e-consulta, fue entregado por una persona de 35 ó 40 años, que no quiso identificarse, y que se retiró de inmediato en un vehículo Jetta de color oscuro. Mañana, una vez que corrobore algunos datos, le daré los detalles.

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Enrique Romero Razo ha pasado de héroe a villano dentro del Poder Judicial poblano.

Como allegado del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, el ex juez penal de Cholula era promovido como candidato a magistrado; en cambio ahora, con León Dumit Espinal, no sólo fue cambiado a Puebla como juez civil, sino que está siendo objeto de auditorías y presiones con el único fin de que renuncie.

Y lo mismo sucede, dicen, con otros jueces y funcionarios del Poder Judicial identificados con Pacheco Pulido.

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