LA CORTE DE LOS MILAGROS

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En ciernes, la venta del Puebla de la Franja

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Podría la Corte apresurar reforma electoral
Va José Juan Espinosa a debate nacional

Esta semana Francisco Bernat Cid comenzará un largo y tortuoso proceso para recuperar sus acciones del Puebla de la Franja y para vender el equipo de fútbol de primera división a Ricardo Henaine Mezher u otros inversionistas locales o nacionales.

Salvo sorpresa de última hora, Bernat acudirá antes del viernes, con su nuevo abogado Fernando Castillo Pacheco, a solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el levantamiento de la providencia precautoria sobre sus bienes y acciones, ordenada por el Juzgado Noveno de lo Civil.

Previo a eso, pondrá a disposición de la Oficialía de Partes del Poder Judicial la suma de 9 millones 700 mil pesos, que el administrador provisional del equipo, Ricardo Henaine, le reclama.

Antes de hacer ese pago en el Tribunal, Bernat firmará un contrato de promesa de venta de acciones en beneficio de un futuro inversionista del club Puebla, contrato al que anexará como garantía de cumplimiento la agencia automotriz Chrysler de Plaza Loreto.

Sobre ambas operaciones el gobernador Mario Marín Torres está ampliamente informado, así como sobre los inversionistas locales y nacionales que estarían interesados en adquirir al Puebla de La Franja, entre los que sobresalen Julián Ventosa Aguilera y Olegario Vázquez Raña.

El monto de la operación aún no se ha definido, en buena medida por las demandas y conflictos que aún persisten entre los miembros de la directiva del club camotero.

Francisco Bernat pretende resolver sus diferencias legales con Ricardo Henaine antes de que concluya julio, mes en el que debe celebrarse la asamblea anual ordinaria de accionistas, donde se aprueban los estados financieros de la empresa y el monto de utilidad a recibir por cada socio o si éstas (las utilidades) se reinvierten en el equipo.

La tirada de Bernat, una vez que resuelva estos escollos, es vender sus acciones de las empresas Futbol Soccer —propietaria de las cartas de los jugadores del Puebla y de los derechos ante la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut)— y Futbol Total, en 11 millones de dólares.

Sin embargo, la transacción final —prevista hacia finales de octubre— podría andar por los 7 ó los 8 millones de dólares.

INTRAMUROS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolver en cualquier momento la controversia impulsada por las dirigencias del PAN, PRD y Convergencia sobre la reforma constitucional aprobada por el Congreso del estado, que mantuvo como fecha de las próximas elecciones locales para gobernador el segundo domingo de noviembre de 2010.

El pasado 8 de junio, el máximo tribunal del país cerró el periodo de instrucción, es decir el plazo que los actores involucrados tuvieron para presentar argumentos y pruebas a favor o en contra de la referida reforma.

Lo más probable es que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma aprobada por la LVII Legislatura local, lo que meterá al Congreso del estado en un apuro, pues ahora tendrá que cambiar la Constitución del estado y el Código Electoral, así como publicar en el Periódico Oficial del estado las nuevas modificaciones, en estricto apego a la reforma constitucional federal, antes de que concluya el mes de agosto de 2009.

EN CORTO
Este lunes vence el plazo para que los partidos políticos acrediten ante el Consejo Local del IFE y los Consejos Distritales a sus representantes de casillas.

Hasta ayer domingo, el PAN tenía problemas en algunos distritos de Puebla y en el 1 de Huauchinango, donde no cubría el 100% de las casillas con un representante. Por lo que hace al segundo representante y a los suplentes de éstos, la situación era aún peor, pues la cobertura fluctuaba en niveles que iban del 50 al 70%.

Uno de los problemas que el PAN enfrenta en este proceso electoral es que no pocos de sus representantes quieren que el día de la jornada comicial les paguen entre 200 y 300 pesos.

Éstos arguyen dos situaciones: una es que el PRI sí paga este servicio a sus representantes de casilla y, dos, que en las elecciones federales de 2006, el hoy senador Rafael Moreno Valle Rosas ya también lo hizo en algunos distritos de la entidad.

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El dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, protagonizará este lunes un debate por televisión con César Nava Vázquez del PAN, Guillermo Lerdo de Tejada del PRI, entre otros.

El debate tendrá lugar en las instalaciones del Ajusto de TV Azteca, y se transmitirá por cadena nacional de 15 a 16 horas por el canal 40.

La polémica girará en torno a la participación de los jóvenes en política.

La decisión de incluir a José Juan Espinosa en ese debate partió del dirigente nacional de Convergencia, Luis Maldonado Venegas.

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Este domingo se celebró en el estadio Azteca de la ciudad de México, que lució a reventar, el 35 aniversario de Antorcha Campesina. El acto fue encabezado por el dirigente nacional de esta organización, el poblano Aquiles Córdova Morán, quien tuvo como invitados especiales a los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, así como a la senadora María de los Ángeles Moreno.

Entre los políticos locales invitados a la celebración antorchista estuvieron el diputado federal Alberto Amador Leal; el secretario adjunto del CEN del PRI, Jaime Alcántara Silva, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

Al arribar al presidium, Peña Nieto saludó a Doger Guerrero con un cálido: “¡Quiúbole tocayo, cómo estas!

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Este lunes el Consejo Local del Instituto Federal Electoral dejará sin efecto la sanción económica por 16 mil 440 pesos le que impuso al candidato del PRI a diputado federal por el distrito 1 de Huauchinango, Ardelio Vargas Fosado, por la colación anticipada e irregular de propaganda en muebles de equipamiento carretero.

Esta resolución podría sentar un precedente, y favorecer a otros candidatos del PAN y Convergencia que también han sido multados por colocar propaganda en lugares prohibidos o fuera de tiempo, como Eduardo Morales Garduño y José Juan Espinosa Torres.

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Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Chiltepeque, cochinero municipal

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Son tantas las contradicciones y dudas acerca del relleno sanitario de Chiltepeque; sobre los directivos del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en su rol de autoridades encargadas de la protección del ambiente, y sobre el estudio contratado a la empresa Incremi para diagnosticar la vida útil del depósito, que hoy el asunto es un auténtico cochinero.

De entrada por las inconsistencias de los dos estudios elaborados por Incremi sobre Chiltepeque. En el primero, que se pagó en la gestión de Enrique Doger Guerrero, se concluyó que la vida útil del relleno se agotaría en septiembre u octubre de 2008, y en el segundo —contratado por la administración de Blanca Alcalá Ruiz— ésta se prolongó hasta el año 2023.

En la primera evaluación, la empresa cuestionó el espesor de la tierra utilizada para cubrir la basura, y en la segunda —contradictoriamente— recomendó reducir a menos de 80 centímetros el grosor de dicha capa.

En sus conclusiones de junio de 2007, Incremi criticó la forma en que RESA llevaba a cabo la compactación de la basura para aumentar la capacidad del relleno, sin embargo en su valoración de enero de 2009 planteó, como la alternativa más viable para alargar la vida útil del depósito, el crecimiento y expansión horizontal de su zona A.

En el primero recomendó quitarle 12 metros a la corona de los taludes, y en el segundo propuso que «para aumentar la vida útil del relleno sanitario, éste se expandiera en forma horizontal y vertical, a través de la compactación de los deshechos, lo que duplicaría la capacidad del sitio».

La lista de incoherencias es todavía larga…

Otro aspecto no menos contradictorio es la postura del coordinador general del OOSL, Héctor Sulaimán Safi.

Este funcionario comenzó con una posición muy estricta. Le exigió a RESA el proyecto ejecutivo para la ampliación del relleno sanitario, y como esta concesionaria de José Abed Rouanett lo ignoró, decidió entonces iniciar un procedimiento de rescisión de contrato.

De la noche a la mañana la postura de Sulaimán se flexibilizó. Éste se olvidó del proyecto ejecutivo, de la intentona de quitarle a RESA la concesión, y de obligarla a participar en otra licitación para poder explotar el biogás y la energía eléctrica que produce y producirá Chiltepeque.

Las causas a ciencia cierta se desconocen, no así el viaje que junto con el subsecretario de Ecología del gobierno del estado, Juan Carlos Fernández Jasso, efectuó a Canadá, con el patrocinio de José Abed, para establecer contacto con la empresa SENES que, supuestamente, se encargará de transformar el biogás en energía eléctrica y de entregársela al ayuntamiento para iluminar la ciudad.

Pero el colmo del cochinero es que ahora Sulaimán Safi e Incremi nos salgan con el cuento de que el municipio tiende a generar menos toneladas de basura, que RESA es una empresa comprometida con la ecología y la protección del ambiente, y que los lixiviados que produce el relleno y que llegan hasta el lago de Valsequillo no contaminan, ni representan ningún riesgo para la salud.

A ese paso lo único que la ciudad puede esperar es que Blanca Alcalá herede el problema del relleno sanitario a la próxima administración, que Sulaimán siga enriqueciéndose a costa de la basura, que RESA logre en automático la concesión de la explotación del biogás —sin mediar licitación— y que Incremi se salga con la suya al asegurar un contrato de supervisión del relleno hasta el año 2023, en que supuestamente concluirá su vida útil.

Ojalá y esta visión escatológica, sea sólo eso, una visión, y no una triste realidad en el corto plazo.

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Tal como ayer se lo adelanté, Mario Marín García, hijo del gobernador Mario Marín Torres, inició el trámite para obtener su patente como notario público ante el Juzgado Noveno de lo Civil, a cargo de Enrique Romero Razo.

Este lunes tres testigos —que nunca quisieron identificarse— dieron constancia de que el primogénito del Ejecutivo estatal es una persona de buena conducta, carente de vicios como la embriaguez y el juego, y apta para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El juez Enrique Romero afirmó que el procedimiento del hijo del gobernador no tenía nada de anómalo o irregular, pero cuando se le pidió el nombre de los testigos dijo que debía guardar sigilo, al tiempo de instruir al personal del juzgado a evitar que éstos fueran entrevistados por la prensa.

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Simón dice:

«Para hacer negocios no se requiere ingenio, basta con no tener delicadeza».

Caballero de Bruix, escritor francés.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

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