Pérez Salazar, ¿el contrapeso para Moreno Valle en la capital?

Un asunto del que hasta ahora poco o nada se ha comentado, es la lista de aspirantes del PRI a la presidencia municipal de Puebla, que el propio gobernador Mario Marín Torres dio a conocer en aquel polémico desayuno del miércoles en Casa Puebla.

Lo primero que habría que decir es que en esa relación hay nombres que no resistirán el mínimo análisis, a la luz de sus fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas. Bastaría un simple análisis FODA para eliminar a personajes como Javier García Ramírez, titular de la SEDUOP estatal, por su estela de corrupción y magros resultados en materia de obra pública; y Carlos Meza Viveros, dirigente municipal del PRI, por su altanería y belicosidad.

En la lista hay nombres que automáticamente quedarían fuera, si el candidato del PRI a la gubernatura fuera Javier López Zavala o Alejandro Armenta Mier, marinistas químicamente puros.

Hace unos días, en su columna Serpientes y Escaleras el periodista Ricardo Morales puso en entredicho la conveniencia de que Valentín Meneses Rojas, secretario de Comunicaciones y Transportes del gabinete marinista, pudiera ser el candidato a la presidencia, recordándole aquella máxima que dice que en política no es posible tener perritos y gatitos al mismo tiempo.

Personalmente comparto esa opinión, y en ese sentido creo que si los marinistas se hicieran de la candidatura del PRI al gobierno del estado, lo más conveniente para ellos sería compartir el resto del pastel con otros grupos priístas.

En tal virtud, me parece que el “Proyecto Z” o el “Proyecto A” eliminarían por default a otros personajes de la burbuja marinista como el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, y el ya citado Valentín Meneses.

Otros aspirantes mencionados por el gobernador Mario Marín fueron los diputados locales Pablo Fernández del Campo y Luis Alberto Arriaga Lila, el primero integrante de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, y el segundo presidente del Comité de Comunicación Social y vocero del grupo parlamentario del PRI.

Con ninguno de los dos, el gobernador tiene compromiso o facturas pendientes, lo que no significa que no le interesen. A ambos Marín los necesita, pero en la LVII Legislatura, para mantener el control de la bancada del PRI ante los desvaríos del presidente de la Gran Comisión, José Othón Baillleres, los berrinches de la presidenta de la Comisión Inspectora, Rocío García Olmedo, y para sacar adelante la cuenta pública de su sexto año de gobierno.

Los últimos de la lista son José Antonio López Malo Capellini, secretario de Desarrollo Económico, y Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas y Administración.

Más allá de sus buenas relaciones con distintos grupos dentro y fuera del PRI, las expectativas que López Malo podría generar como compañero de fórmula de Javier López Zavala parecen pobres.

Y es que el secretario de Desarrollo Económico no es percibido como un factor de poder, ni como un interlocutor de peso, sino como un funcionario de medio pelo cuya mejor carta de presentación es su buen trato.

Con Pérez Salazar la situación podría ser diferente. El secretario de Finanzas no sólo podría ser un buen contrapeso en la capital del estado del eventual candidato del PAN a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, sino el complemento que cubriría los sectores de clase media y alta que no encajan con el “Proyecto Z”.

Si bien Pérez Salazar forma parte de la actual administración estatal, lo cierto es que no se le percibe como un marinista de hueso colorado, pese a que en los hechos el gobernador le ha delegado la interlocución del gobierno con algunos inversionistas y grupos de la iniciativa privada.

Su participación el sábado como orador en la ceremonia cívica luctuosa de Benito Juárez es apenas el comienzo de su iniciación como precandidato priísta a la alcaldía poblana.

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Simón dice:

“Ocurra lo que ocurra, aún en el día más borrascoso las horas y el tiempo pasan”.
William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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