Aunque el PRI formalmente no participó en los plebiscitos del pasado domingo para elegir presidentes en las juntas auxiliares de la entidad, lo cierto es que tampoco le fue mal.

De hecho, según una evaluación interna del Comité Directivo Estatal, el PRI ganó más juntas auxiliares que las comprendidas en los 85 municipios que gobierna.

De las 656 juntas auxiliares que hay en la entidad, militantes o simpatizantes suyos pudieron salieron victoriosos en 321, es decir, en el 48.9 por ciento.

Este porcentaje podría todavía incrementarse, considerando que en 37 juntas auxiliares los plebiscitos se suspendieron, por lo que tendrán que repetirse en los próximos días o semanas.

De las 321 juntas auxiliares ganadas por militantes del partido tricolor, 177 (que representan el 76 por ciento) se ubican en municipios que actualmente son gobernados por alcaldes priístas y 144, que equivalen al 34 por ciento, en municipios donde son oposición.

Como el lector podrá ver, en los plebiscitos del domingo ni los priístas fueron arrollados, ni las planillas apoyadas por el grupo político en el poder obtuvieron una victoria aplastante, lo que explica por qué el morenovallismo guardó sus actitudes triunfalistas para una mejor ocasión.

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Dos datos desconocidos para la mayoría de los poblanos se ventilaron este miércoles en la comida con motivo del 70 aniversario del periódico El Sol de Puebla, que encabezó en el Centro Mexicano Libanés, el presidente y director general de Organización Editorial Mexicana, Mario Vázquez Raña.

El primero es que el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, es propietario de una residencia en la misma calle en la que Mario Vázquez Raña tiene la suya, en el fraccionamiento El Pedregal del Distrito Federal.

Y el segundo, también revelado por Don Mario, es que en Puebla se lleva mejor con el exgobernador Melquiades Morales Flores que con el actual mandatario Rafael Moreno Valle, cuya ausencia en la comida fue motivo de un sutil reclamo del anfitrión con las siguientes palabras dirigidas a Luis Maldonado: Por qué corrió. Dígale que no nos tenga miedo.

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El viernes de la próxima semana estará de regreso en Puebla el diputado federal Ricardo Monreal Ávila para encabezar un acto de solidaridad con el activista Abraham Cordero Calderón, actualmente preso en el penal de San Pedro Cholula, acusado de diversos delitos consecuencia de su oposición al Gasoducto que la Comisión Federal de Electricidad planea construir cruzando los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Ricardo Monreal se desempeña actualmente como coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Este miércoles estuvo, por cierto, en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y aprovechó su estancia para reunirse con el rector de la institución, Luis Ernesto Derbez Bautista, e intercambiar algunas opiniones sobre la situación política nacional y local.

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A propósito. Me adelantan que este viernes el gobernador Rafael Moreno Valle será anfitrión de una reunión que encabezarán el director de la Comisión Federal de Electricidad y el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Miranda, en la que explicarán todo lo relacionado al Gasoducto Morelos.

A la reunión han sido convocados todos los diputados y senadores de la entidad, así como representantes de otros sectores.

La intención del encuentro es dar a todos los convocados la oportunidad de despejar las dudas o inquietudes que pudieran tener acerca de este megaproyecto de la CFE, y que tanto el gobierno peñista como el Moreno Valle salgan al paso de las críticas hechas por organizaciones opositoras tras la detención de tres activistas ligados al movimiento Los de Abajo.

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Así como las circunstancias la favorecieron en 2007, primero para lograr la nominación del PRI a la presidencia municipal, y luego para ganar las elecciones y convertirse en la primera alcaldesa de Puebla, hoy Blanca Alcalá Ruiz es víctima de las circunstancias de la sucesión gubernamental.

Trataré de explicarme:

Blanca Alcalá enfrenta el recelo del gobernador Mario Marín Torres y de algunos miembros de su burbuja, que creen ––y con sobrada razón–– que la presidenta municipal podría colarse a la puja por Casa Puebla en los comicios de noviembre de 2010, dado su posicionamiento electoral.

Aunque la alcaldesa se ha descartado una y otra vez para tal cargo, la verdad es que entre la clase política no son pocas las voces que sostienen que Blanca Alcalá podría ser una buena opción, en caso de un escenario complicado para el PRI, que hoy ––dicho sea con toda claridad–– no se vislumbra.

¿Qué tendría que ocurrir para que al PRI se le complicará la sucesión gubernamental?

Un escenario posible es que el gobernador Mario Marín se entercará en imponer a su secretario de Desarrollo Social, sin conseguir el consenso de los demás aspirantes priístas; que Javier López Zavala no lograra revertir algunas tendencias negativas, como el voto de rechazo de ciertos sectores; y que la contienda por la gubernatura se apretara por la nominación de Rafael Moreno Valle como candidato del PAN.

En esas circunstancias, que tampoco pueden descartarse, Blanca Alcalá podría colarse a la sucesión gubernamental, dado el nivel de conocimiento, confianza y potencial de voto que le conceden diversas encuestas, que la ubican como la aspirante de más confianza y como la tercera con mayor potencial de voto, por abajo de Moreno Valle y López Zavala.

Esta realidad no es desconocida por el gobernador Marín y tampoco por algunos de sus operadores. De ahí el recelo.

A manera de anécdota, le cuento que hacia finales del año pasado Blanca Alcalá y el gobernador Mario Marín realizaron una gira por la capital del estado, y en el evento ––una ceremonia donde se entregaron recursos a productores––, el maestro de ceremonias anunció la intervención de la presidenta municipal. Cuando ésta se levantó del presidium para dirigirse al micrófono, el gobernador se acercó al secretario de despacho, cuya dependencia había organizado el acto, para decirle en tono de reclamo: “para qué la invitan a hablar … la gente va a pensar que le estoy dando juego”.

Pero la evidencia más elocuente de que Alcalá no está en el ánimo del gobernador, y de que Marín quiere dejarla fuera de la contienda priísta por la sucesión está en los recursos que su gobierno ha canalizado al ayuntamiento de Puebla para obra pública.

De los 609 millones que la gestión de Blanca Alcalá aplicó en su primer año para pública, 450 millones corresponden a fondos federales y a recursos propios, 125 millones a recursos extraordinarios de la Federación, por gestiones directas de la presidenta municipal, y el resto, es decir, alrededor de 30 millones, a recursos del gobierno del estado.

En otras palabras: de los 2 mil millones de pesos que, según el gobernador su administración invierte de manera coordinada con el ayuntamiento de Puebla en obras como el Centro de Convenciones, la ampliación del Periférico, la vía Atlixcáyotl, y otras vialidades en juntas auxiliares como la carretera a Canoa, La Resurrección y la Puebla-Valsequillo, sólo 30 millones de pesos son ejercidos directamente por Blanca Alcalá.

EN CORTO
Este sábado el presidente municipal de Xicotepec de Juárez, el panista Juan Carlos Valderrábano Vázquez, se dio el lujo de reunir en su primer informe de labores, al senador Rafael Moreno Valle Rosas, y al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala. Este último acudió no sólo con la representación del gobernador Mario Marín Torres, sino también con su helicóptero.

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Entre los prospectos que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ha comenzado a analizar como probables sustitutos de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal figuran Isidro González Blanco y Fernando Fierro Aldana.

Isidro González fue secretario de Seguridad Pública en Pachuca, Hidalgo, dependencia en la cual también se desempeñó como director de la Unidad de Inteligencia para la Prevención del Delito. Es licenciado en Derecho por la UNAM, y ha laborado como asesor de seguridad de Pemex, como director de Seguridad y Protección Civil en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y como agente de inteligencia en el CISEN. También ha prestado sus servicios para la PGR y ha recibido cursos del Servicio de Inteligencia Israelí y el gobierno de los Estados Unidos.

Fernando Fierro fue jefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Puebla y Yucatán. Ha laborado para la PGR  y en  la Academia de Altos Mandos de San Luis Potosí. Durante su paso por Puebla, en la gestión de Rolando López Villaseñor como delegado de la PGR, estuvo involucrado en los pitazos a comerciantes de piratería en la zona de la CAPU y La Cuchilla.

Ambos, por cierto, son recomendados del ex diputado federal Víctor Díaz Palacios.

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Este lunes podrían darse una serie de paros y protestas en diferentes clínicas y centros hospitalarios, con el apoyo de personal de base y homologados, para reventar al secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López.

La inconformidad es alentada por el líder sindical Malcom Ramírez Martínez y Sandra González de Ita, directora o ex directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular.

La suspensión de actividades se extenderá también al interior del estado, con la complicidad de los coordinadores de las Jurisdicciones Sanitarias 4 de El Seco, 7 de Izúcar de Matamoros y 8 de Acatlán de Osorio, Óscar Antonio de la O, Alberto Gómez Orta y Lisseth Violeta Aguilar Rodríguez, respectivamente.

No está de más apuntar que tanto el líder sindical, Malcom Ramírez, como la ex directora del Seguro Popular y algunos de los coordinadores jurisdiccionales, tienen como padrinos políticos de este movimiento a secretarios de despacho del gabinete marinista.

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Simón dice:

“Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber buen gobierno, ni reinará la concordia”
Platón, filósofo griego.

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La iniciativa de reformas electorales que el Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado el pasado 16 de octubre contempla empatar las elecciones federales con las locales, pero hasta julio de 2015.

Ello significa que el futuro gobernador, es decir, el sucesor de Mario Marín Torres, no tendría un periodo de seis años, sino sólo de cuatro años ocho meses, y que los futuros diputados y presidentes municipales no durarían en su encargo tres años, sino cuatro años ocho meses.

La intención de esta iniciativa panista, que fue turnada a la Comisión de Gobernación de la LVII Legislatura ––sin  que hasta el momento exista una fecha para su estudio y dictamen––, es homologar los comicios locales con las federales, siguiendo el espíritu de la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.

El proyecto que, de entrada resulta polémico, parte de una realidad innegable: el hartazgo de los poblanos que año tras año estamos metidos en procesos electorales, caracterizados por grillas y enfrentamientos entre militantes y partidos, ausencia de propuestas viables y plausibles, y despilfarro económico y publicitario de los actores involucrados en cada elección.

El calendario político electoral de la última década ha sido el siguiente: En 1998 hubo comicios para gobernador, diputados locales y presidentes municipales; en 1999, plebiscitos para elegir autoridades en juntas auxiliares; en 2000 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2001 hubo otra vez comicios para diputados al Congreso del estado y autoridades municipales en los 217 ayuntamientos; en 2002 elecciones para presidente de Juntas Auxiliares; en 2003 elecciones para diputados federales; en 2004 elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos; en 2005 elecciones en 644 Juntas Auxiliares; en 2006 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2007 nuevamente elecciones para diputados locales y presidentes municipales, y en 2008 elecciones para renovar autoridades en las Juntas Auxiliares de la entidad.

Esta situación, en verdad absurda, ya no debe continuar, no sólo por el enorme derroche de recursos humanos y materiales que se destinan en cada proceso, sino por el irrecuperable tiempo que se invierte en estas elecciones.

La iniciativa del PAN contempla, además, que los comicios locales del 2010 se adelanten cuatro meses, del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, sin afectar el periodo de gobierno de Mario Marín, cuya gestión concluiría hasta el 31 de enero de 2011.

Los cambios de fondo serían para las autoridades locales entrantes. El más afectado sería el futuro gobernador, quien en lugar de durar seis años, sólo estaría en el puesto cuatro años ocho meses.

En cambio, resultarían beneficiados los próximos alcaldes y diputados al Congreso del estado cuya gestión, por única vez, se prolongaría de tres años a cuatro años ocho meses.

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