El arribo de Juan Pablo Piña Kurczyn a la oficina de la Gubernatura hay que contextualizarlo en la urgente necesidad que tiene el gobernador Rafael Moreno Valle de habilitar nuevos operadores políticos ante el evidente desgaste que enfrenta su administración por la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

En lugar de sacrificar a su secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas o entregar la cabeza de su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, el mandatario optó por habilitar a un tercero como interlocutor de su gestión ante diferentes grupos e instancias oficiales de carácter nacional o federal.

En la lógica del poder de Moreno Valle, remover a Luis Maldonado, Facundo Rosas o a los dos secretarios, tras la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie, habría significado una señal de debilitamiento. De ahí su decisión de nombrar a Juan Pablo Piña como jefe de la oficina de la Gubernatura.

Moreno Valle lo sabe mejor que nadie: si la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala dejó un damnificado, ese es Luis Maldonado Venegas, quien a pesar de mantenerse en el gabinete perdió los amplísimos márgenes de maniobra y operación que tenía hasta antes del fallido y fatal desalojo en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

En la práctica Juan Pablo Piña asumirá desde la jefatura de la Oficina del Gobernador muchas de la funciones y atribuciones que tenía el titular de la SGG como jefe de gabinete.

De acuerdo con el escueto comunicado que este domingo se emitió de su nombramiento, el hijo del exgobernador Mariano Piña y la comisionada del IFAI Patricia Kurczyn se encargará de supervisar proyectos estratégicos, dar seguimiento a compromisos hechos por el gobierno del estado y a privilegiar la coordinación interinstitucional.

¿Qué esas tareas no corresponden a un jefe de gabinete?

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El regreso del hijo pródigo

Juan Pablo Piña ya fue miembro del gabinete del gobernador Moreno Valle en el arranque de su gestión. Se desempeñó como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública.

Sin embargo optó por irse cuando lo invitaron a ser visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su situación en el gobierno de Puebla se volvió muy complicada por sus frecuentes roces con el entonces secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y por la grilla que entre ellos metía el subsecretario jurídico, Enrique Quiroz Acosta.

Juan Pablo Piña dejó la administración estatal, aunque estrechó su relación con el gobernador de Puebla pero ahora como consultor o asesor externo en temas jurídicos.

Por encargo del Ejecutivo estatal, el joven abogado siguió desde su despacho los litigios para quitarle a Ricardo Henaine el predio de Valle Fantástico en la zona de Angelópolis; para echar abajo la concesión que el gobierno de Mario Marín otorgó a OHL para construir una autopista paralela a la México-Puebla, de la caseta de Amozoc a San Lorenzo Almecatla; y para monitorear el proceso de concesión de los servicios del Soapap a la empresa Concesiones Integrales.

Sin Fernando Manzanilla en la SGG y sin la estorbosa presencia de Enrique Quiroz en la Subsecretaria Jurídica, Juan Pablo Piña se convirtió en un visitante asiduo a Casa Puebla, lo mismo para asuntos jurídicos que para temas electorales, de transparencia y derechos humanos.

En pleno escándalo por la muerte del menor de Chalchihuapan y la Ley Bala, su presencia para el gobernador Moreno Valle se hizo indispensable, sobre todo cuando en las maratónicas sesiones del comité de crisis Luis Maldonado quedó inhabilitado como interlocutor o negociador, hundido por sus “piedras de gran calibre”.

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El fracaso de los duros

El arribo de Juan Pablo Piña como jefe de la Oficina del Gobernador debe analizarse también como una derrota de los duros del gabinete, reacios a dialogar y mantener negociaciones con los grupos opositores a la administración estatal, que en la crisis de Chalchihuapan salieron a flote.

Si Moreno Valle optó por un perfil conciliador como el de Juan Pablo Piña en vez de un cuadro cien por ciento suyo pero con fama de duro, es porque esta crisis ya demostró que la política del garrote no es una buena política.

Lo deseable en lo que resta del sexenio morenovallista es que haya una recomposición en el gabinete y que en la toma de decisiones prevalezcan las opiniones de personajes como Luis Banck Serrato, Juan Pablo Piña, Roberto Rivero Trewartha, Jorge Aguilar Chedraui, David Villlanueva Lomelí y José Antonio Gali Fayad, en vez de los criterios de fuereños como Roberto Moya Clemente, Marcelo García Almaguer, Héctor Alcudia Goya y Facundo Rosas, entre otros, quienes visto está que en situaciones de crisis en poco o nada ayudan.

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Gali Fayad aún no supera la aduana legal del PAN

Juan Pablo Piña, a la Fundación Colosio del PRI

Cierran diputados oficinas de atención ciudadana

El empresario Ricardo Henaine Mezher ha iniciado, en tribunales del Distrito Federal, un nuevo juicio en contra del gobierno de Rafael Moreno Valle para que cumpla con la carta de intención que supuestamente le firmó la gestión de Melquiades Morales Flores para venderle el predio donde hoy se localiza el Centro Integral de Servicios (CIS), en la zona de Angelópolis.

De acuerdo con la demanda que hace un par de semanas promovió Ricardo Henaine, en el Juzgado Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la carta de intención sobre el predio identificado como UDU-SB-2 se la firmó el director del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl, Omar Vergara Valderrábano.

En su querella, el empresario sostiene que el terreno en cuestión tiene una superficie de 79 mil 328 metros cuadrados, e iba a pagar por él una suma superior a 63 millones 462 mil pesos, a razón de 800 pesos el metro cuadrado.

La administración de Moreno Valle ya respondió dicha demanda, y entre sus alegatos arguye que Omar Vergara nunca suscribió esa carta de intención y que los documentos que Henaine presentó como supuestas pruebas en realidad son falsos.

Los documentos presentados por el empresario fueron certificados por el notario público de Puebla, Juan Carlos Salazar Cajica, y entre ellos figura una copia del supuesto contrato de promesa de venta en papelería del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl que, a decir de Omar Vergara, es apócrifo no sólo porque la rúbrica que ahí aparece no es la suya, sino porque él jamás firmaba nada que antes no llevara la antefirma de su abogada, misma que brilla por ausencia en las hojas en cuestión.

Ricardo Henaine inició este juicio el año pasado, pero en agosto se desistió de él sin que hasta el momento se conozcan las causas, así como las motivaciones que lo llevaron a reactivarlo hace un par de semanas.

Otra cuestión que vale la pena mencionar es que el empresario ha perdido hasta ahora todos los litigios que ha promovido contra la administración de Moreno Valle, que le quitó el aeropuerto Hermanos Serdán, el predio de Valle Fantástico y el Mesón del Cristo, que había conseguido en los gobiernos de Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres.

INTRAMUROS

Una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) se presentó este sábado en contra de José Antonio Gali Fayad como candidato a la presidencia municipal de Puebla y el CEN del PAN, que lo ratificó como su abanderado a ese puesto de elección popular.

Este nuevo juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por el precandidato panista a la alcaldía, Francisco Javier Torres Sánchez, y su abogada Violeta Lagunes Viveros, pretende echar abajo el acuerdo número CEN/SG/064/2013 de la dirigencia del blanquiazul.

En su escrito, dirigido a la Cuarta Sala Regional con sede en el Distrito Federal, Lagunes Viveros pide que el Tribunal anule la designación de Gali Fayad y ordene al Comité Ejecutivo Nacional del PAN la reposición del proceso de selección de candidato a la alcaldía capitalina, con el propósito de que el perfil y la trayectoria de su representado sean valoradas.

Tal impugnación, que en el transcurso de esta semana será admitida o rechazada, confirma que Gali Fayad aún no libra la aduana del PAN, como se dijo este fin de semana cuando el Tribunal rechazó los tres juicios que se presentaron en contra el proceso interno panista y las designaciones de Gali Fayad como primer regidor del municipio de Puebla y Francisco Rodríguez Álvarez, como candidato a diputado local por el distrito 13 con cabecera en la capital del estado.

Los juicios, hay que decirlo, tienen inquieta a la dirigencia nacional y estatal del PAN, así como al equipo de abogados de la coalición Puebla Unida que, en el transcurso de los próximos días, tendrán que hacer frente a otras denuncias por desvío de recursos y actos anticipados de campaña presentadas ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR.

EN CORTO

El abogado Juan Pablo Piña Kurczyn, quien se desempeñó en Puebla como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública y ahora es titular de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), será nombrado en breve vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Fundación Colosio.

La invitación para integrarse a la directiva la Fundación Colosio se la hizo en persona el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quiroz, hace unos días.

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Será el próximo 3 de junio cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional sobre el tercer juicio de amparo —1734/2013— promovido por Enrique Romero Razo en contra el pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que lo destituyó el 16 de diciembre de 2010.

La audiencia se desahogará en el Juzgado Séptimo de Distrito, en el que ya no estará como titular Jesús Díaz Barber, quien se jubila el día último de mayo.

El caso resulta interesante, no sólo por tratarse de un conflicto interno en el Poder Judicial del estado, sino porque en el desenlace de este largo proceso ya no estarán presentes algunos de los magistrados que fraguaron y ratificaron la remoción de Romero Razo, como Alfredo Mendoza García y María de los Ángeles Juárez Hernández.

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Cómo andarán las cosas entre los diputados federales y senadores del PRI que las oficinas de atención que abrieron en la Vía Atlixcáyotl casi esquina con el boulevard Municipio Libre cerraron este fin de semana.

El último en recoger sus pertenencias fue el dizque coordinador de los diputados federales poblanos del PRI, Carlos Sánchez Romero, al que pronto sus compañeros podrían decirle adiós para nombrar en su lugar a Jesús Morales Flores.

Las versiones sobre el cierre de estas oficinas de atención ciudadana son dos: la oficial, es que los legisladores no querían pagar una cuota para su alquiler, mantenimiento y pago de personal, y la extraoficial es que estas instalaciones se cerraron cuando supieron que el bono por apoyo parlamentario que Sánchez Romero había supuestamente negociado con el gobernador Rafael Moreno Valle nunca llegaría.

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No cabe duda que los mejores tiempos del gobernador Rafael Moreno Valle se fueron para no volver, al menos en lo que hace a su relación con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Mientras con Felipe Calderón Hinojosa, el mandatario estatal siempre aparecía a su lado, con Peña Nieto no, según puede verse en estas imágenes que ayer circularon en las redes sociales.

En la galería de fotos que ayer subió la presidencia sobre Peña Nieto en los festejos conmemorativos de la batalla del 5 de Mayo, sólo en siete de 21 imágenes aparece el gobernador poblano y siempre en segundo plano.

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Ley 46 (de Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene)

NUNCA SE MUESTRE DEMASIADO PERFECTO

Siempre es peligroso mostrarse superior a los demás, pero lo más peligro de todo es parecer libre de toda falla o debilidad. La envidia genera enemigos silenciosos. Lo inteligente es poner de manifiesto, de vez en cuando, sus defectos y admitir vicios inofensivos, a fin de desviar la envidia y parecer más humano y accesible. Sólo los dioses y los muertos pueden parecer perfectos impunemente”.