Diputados federales, los responsables electorales del PRI en sus distritos

Aunque serán los poblanos los que con su voto definirán el domingo 5 de junio al futuro gobernador de Puebla, hay factores podrían influir en el resultado de los comicios de manera perjudicial para José Antonio Gali Fayad, quien hoy encabeza las preferencias electorales.

Esos factores están conectados y podrían cobrar relevancia en un escenario de conflicto poselectoral derivado de una apretada diferencia entre el primero y el segundo lugar, y la inminente judicialización del proceso.

Si Gali Fayad gana las elecciones pero no por 11 o 13 puntos que anticipan algunas encuestas, si no por un margen mucho más apretado, y el PRI no obtuviera 9 de las 12 gubernaturas que estarán en juego en la jornada electoral del primer domingo de junio, puedo anticiparle que el proceso no sólo se alargará sino que terminará resolviéndose en instancias jurisdiccionales federales.

Además de los numerosos juicios que ya existen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se sabe que en los próximos días se acumularán otros en los que se buscará demostrar la inequidad de la contienda y que Gali Fayad y los partidos que lo apoyan —en la coalición Sigamos Adelante— ya rebasaron el tope de gastos de campaña.

Para documentar el excesivo gasto publicitario, algunos priístas vienen integrando un voluminoso expediente con fotos georeferenciadas y actas certificadas de notarios públicos que dan cuenta de anuncios espectaculares, vallas y bardas en las que se promociona la imagen de Antonio Gali a lo largo y ancho del territorio poblano.

A la par se sabe que el equipo jurídico de la candidata independiente Ana Teresa Aranda —encabezado por Víctor León Rueda— también pretende demostrar que tanto el abanderado de la coalición morenovallista como la candidata del PRI ya se gastaron más de 35.8 millones de pesos, que es el tope de gastos de campaña autorizado por el Instituto Electoral del Estado.

Una cuestión que no hay que perder de vista sobre los competidos comicios locales es que Puebla es el estado con más denuncias y juicios ante el Tribunal Electoral.

¿Se imagina qué pasaría si en la jornada electoral del 5 de junio el PRI perdiera no sólo la gubernatura de Puebla, sino las de Aguascalientes, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; es decir, que sólo ganara 6 de las 12 gubernaturas que estarán en juego?

¿Usted cree que el presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se quedaría tan tranquilo con ese resultado cuando él ofreció ganar al menos nueve gubernaturas o que el presidente Enrique Peña Nieto asumiría como todo un demócrata esas derrotas de su partido de cara a su sucesión presidencial?

Ahora suponga que en la elección para gobernador de Puebla la ventaja de José Antonio Gali sobre la candidata del PRI, PVEM y PES, Blanca Alcalá Ruiz, fuera menor de cinco puntos, y que ésta y su equipo de campaña impugnaran el triunfo de aquel.

Usted cree que en ese hipotético escenario, el triunfo de Gali Fayad estaría firme y que ningún actor nacional buscaría la manera de anular el proceso ante el cúmulo denuncias y juicios que han puesto en duda la equidad de la contienda, la imparcialidad del Instituto y el Tribunal Electoral de Puebla, y el rebase de los topes de campaña.

¿Verdad que no?

EN CORTO

Después de la conferencia de prensa que el martes pasado ofrecieron el presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, en el salón Los Girasoles, para expresar su respaldo a la candidata Blanca Alcalá Ruiz, éstos se pasaron al hotel Posada Señorial, localizado prácticamente en frente, donde ya los esperaban los presidentes municipales emanados del tricolor.

En ese acto, Beltrones elogió el trabajo de los alcaldes, les garantizó el apoyo del PRI en caso de represalias por parte del gobierno del estado y los hizo responsables de los resultados electorales que Blanca Alcalá obtenga en sus municipios.

Sin embargo, se sabe que los verdaderos responsables de la victoria o derrota de Blanca Alcalá en las diferentes regiones del estado son los diputados federales. A ellos se les asignó desde el comienzo de la campaña la responsabilidad de coordinar las giras de la candidata y la organización de las estructuras electorales y de movilización para el día de la jornada electoral, por encima de los alcaldes y dirigentes municipales del partido.

Eso significa, en pocas palabras, que los diputados federales priístas Carlos Barragán Amador, Lorenzo Rivera Sosa, Xitalic Ceja García, Alejandro Armenta Mier, Graciela Palomares García, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Juan Manuel Celis Aguirre, Jorge Estefan Chidiac y Edith Villa Trujillo, serán los artífices de la victoria o la derrota de Blanca Alcalá el domingo 5 de junio en sus respectivos distritos.

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De los diez partidos políticos que a nivel nacional y local participan en las elecciones federales, sólo dos están en la lógica de ganar alguna de las 16 demarcaciones en que se divide la entidad poblana: el PAN y el PRI.

Los demás partidos políticos están en otra dinámica.

El PRD, por ejemplo, está en la lógica de mantenerse como la tercera fuerza política de la entidad, tratando de conservar su clientela electoral, incluso valiéndose de algunos desprendimientos del PRI en distritos como Zacatlán, Teziutlán, San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán y Tehuacán, en los que optó por nominar a ex militantes priístas.

A su vez, el PVEM quiere aprovechar el proceso electoral y su alianza con el PRI (por los cinco u ocho puntos que puede sumarle) para hacer estructura e irse perfilando en la cuarta posición, aunque para ello tuviera que ceder sus candidaturas a priístas jóvenes como Graciela Palomares; light como Geraldine González Cervantes o sui géneris como el antorchista Juan Manuel Celis Aguirre, que difícilmente habrían sido postulados por su partido de origen.

Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, también está la línea de encumbrarse a la cuarta posición en esta jornada, cachando a los decepcionados del PAN y PRD, y sacando raja de la figura caudillista de su fundador y dos veces candidato presidencial en las elecciones de 2006 y 2012.

Los restantes cinco partidos podemos agruparlos en dos bloques.

En el primero estarían Nueva Alianza (NA), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT), cuyo objetivo no es ganar un solo distrito en Puebla, sino garantizar su permanencia en futuras contiendas electorales, para lo cual necesitan conseguir, cada uno, al menos un millón de votos.

Dicha cifra representa el 3% de la votación nacional, considerando una participación del alrededor del 40% sobre un listado nominal de 83.5 millones electores, con corte al 27 de marzo del año en curso.

Este porcentaje del 3% equivale en Puebla a 50 mil votos.

A la luz de los resultados de la última elección federal de 2012, la meta no parece imposible, pues Nueva Alianza obtuvo más de 180 mil sufragios; Movimiento Ciudadano 40 mil 902, y el PT más de 104 mil.

En la elección intermedia de 2009, donde la participación electoral fue del 38.14%, NA logró más de 66 mil votos, MC 31 mil 776; y el PT más de 58 mil.

Por lo que hace al segundo y último bloque compuesto por el Partido Humanista y el partido Encuentro Social, ambos de nueva creación, su mayor y único objetivo es conservar el registro que el Instituto Nacional Electoral les otorgó el año pasado.

Ambos partidos también requieren de un millón de votos a nivel nacional o de 50 mil al menos en el estado de Puebla.

Conseguirlos localmente será toda una hazaña, considerando la escasa por no decir nula presencia que tienen en la entidad tanto sus dirigentes como sus candidatos a diputados federales, y que hay partidos como Movimiento Ciudadano con mayor trabajo y trayectoria política que en Puebla jamás han obtenido 50 mil sufragios.

MC, como ya se dijo, estuvo en 2009 a 19 mil votos de la meta, en 2012 a 10 mil.

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Si barren al PRI, nada tendrá que hacer en el 2016

Carvajal Chartuni, cuentas pendientes en el OOSL

Al iniciar este domingo de Pascua o de Resurrección las campañas políticas de los distintos partidos políticos, varias son las conclusiones que pueden anticiparse sobre el proceso electoral en Puebla.

1. En la entidad sólo los candidatos de dos partidos políticos tienen posibilidades de ganar alguna de las 16 diputaciones de mayoría: el PAN, aun sin candidatos con arraigo en la militancia panista, y el PRI, a pesar de la notable ausencia de su lideresa estatal que en las últimas semanas ha desaparecido del escenario público.
2. Aunque se trata de un proceso federal, los resultados electorales serán un referéndum o un plebiscito sobre los dos primeros tercios de la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle, así como sobre el apoyo o rechazo que despierta entre los poblanos su aspiración presidencial con miras al 2018.
3. Estas elecciones permitirán evaluar, dependiendo de los resultados, hasta qué punto los morenovallistas pueden prescindir ya de los militantes y dirigentes históricos del PAN para ganar elecciones en distritos urbanos, y qué tan efectivos son sus nuevos operadores reclutados del PRI (Fernando Morales Martínez, Mario Alberto Cruz González, Juan Pablo Piña Kurczyn y Hugo Alejo Domínguez, entre otros) para dividir el voto duro del tricolor y llevarlo al PAN, PRD o Nueva Alianza.
4. De igual manera servirán para evaluar el desempeño y capacidad electoral del presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali, en los cuatro distritos de la capital poblana; del subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, en los distritos 2 y 15 con cabecera en Zacatlán y Tehuacán, respectivamente; el respaldo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y su oficial mayor, Jorge Francisco Márquez Montes, para los candidatos del PRI en el distrito 3 de Teziutlán y 7 de Tepeaca; y del secretario de Hacienda, Luis Videragay Caso, para el candidato del PRI en el distrito 14 de Izúcar de Matamoros.
5. En los sesenta de 60 días de campaña se verá también qué tanto el PRI puede recuperar terreno de cara a los comicios locales de 2016, en los que se elegirá al sucesor de Rafael Moreno Valle. Si el PRI fuera barrido por el PAN en la capital y en los principales distritos urbanos de la entidad, sus posibilidades de recuperar la gubernatura serían casi nulas.
6. Aun cuando los demás partidos políticos que participan en este proceso no están en condiciones de ganar una sola demarcación, será importante saber si el PRD puede mantenerse como la tercera fuerza política de la entidad y obtener más del 10% de los votos que hoy le otorgan las encuestas; si el PVEM o Morena se convertirán en la cuarta fuerza, y cuáles de los partidos restantes captarán más del 3% de los sufragios para conservar su registro nacional.
7. El resultado electoral del domingo 7 de junio confirmará o echará por tierra la versión de que el gobernador Moreno Valle ha pactado con Antorcha Campesina la victoria del dirigente estatal de esta organización, Juan Manuel Celis Aguirre, en el distrito 13 con cabecera en el municipio de Atlixco.
8. Cuatro son los distritos en los que no sólo habrá una cerrada contienda electoral, sino que definirán si al final del proceso hubo acuerdo cupular entre el gobernador Moreno Valle y el presidente Peña Nieto, o entre el PAN y el PRI: el distrito 3 de Teziutlán, el 7 de Tepeaca, el 12 de Puebla y el 15 de Tehuacán.

EN CORTO

Cuentan que al candidato del PAN por el distrito 6 con cabecera en la ciudad de Puebla, el regidor con licencia Xabier Albizuri Morett, le pusieron un reto difícil de cumplir, pues no sólo le pidieron ganar las elecciones de manera abrumadora a la candidata del PRI por esa demarcación, Xitlalic Ceja García, sino obtener la friolera de 105 mil sufragios.

La meta parece imposible, pues en las elecciones de hace tres años el PAN obtuvo ese distrito 51 mil 413 votos, y hace seis 25 mil 786.

La meta de más de 100 mil votos equivale a casi un 30% del listado nominal del distrito 6 de Puebla.

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No lo cuente en voz alta, el síndico suplente Jesús Carvajal Chartuni podría correr la misma suerte que Eric Ziehl Loera, ex secretario particular del alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad, por una serie de demandas y pendientes que dejó en la Coordinación del Organismo Operador del Servicio de Limpia, al que pronto regresará para aclarar varios asuntos que en su momento le encontró la ex contralora y ahora secretaria particular del presidente municipal, Luz María Aguirre Barbosa.

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El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Juan Manuel Celis Aguirre, es uno de esos personajes que comenzaron el sexenio morenovallista como enemigos y lo terminarán como aliados del mandatario estatal.

Al inicio de la actual administración, el mandatario estatal instruyó a su secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y éste a su grupo de control de riesgos, para que investigara el destino de 120 millones de pesos que el gobierno marinista entregó, en diversos cheques, a Juan Manuel Celis.

Ya con la información y un voluminoso expediente, la Secretaría General de Gobierno entró en contacto con el dirigente estatal antorchista, haciéndole saber la existencia un conjunto de anomalías en que éste y su organización habían incurrido con los recursos púbicos recibidos.

La encargada de contactar al ingeniero Celis fue la entonces directora general de Gobierno, Laura Escobar Juárez, quien, fiel a la costumbre de la casa, le mostró el expediente y le advirtió de una averiguación previa en su contra por la no comprobación, ni justificación de millones de pesos recibidos por el gobierno marinista.

Laura Escobar le dijo que ese asunto podría resolverse si Antorcha Campesina cooperaba con el gobierno del estado sacando las manos del tianguis de San Martín Texmelucan y desactivando las protestas de los integrantes del movimiento magisterial antorchista en algunos municipios de la Sierra Norte y la Mixteca poblana.

También le pidió que las protestas de la organización se enfocarán en la capital poblana, exigiendo al ayuntamiento capitalino encabezado por Eduardo Rivera Pérez la regularización y escrituración de las colonias del sur, y que las grúas Unión fueran las únicas en prestar el servicio de arrastre de vehículos a los corralones del gobierno estatal y municipal.

De más está decir que Celis Aguirre no sólo aceptó la negociación, sino que hasta firmó un convenio comprometiéndose a desactivar las protestas del movimiento magisterial antorchista y a resolver el conflicto entre tianguistas de San Martín Texmelucan.

Convenio que incluso fue motivo de posteriores diferendos entre el subsecretario Mario Rincón González y el entonces operador de Fernando Manzanilla en la SGG, Eukid Castañón Herrera.

Del expediente integrado en contra de Juan Manuel Celis poco o nada se sabe, sólo que este desapareció –casi con la misma rapidez que se armó– cuando Luis Maldonado Venegas sustituyó Fernando Manzanilla en la SGG.

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La decisión del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, de hacer pública su declaración de bienes, junto con la de su esposa Nancy de la Sierra Arámburo, tiene varias motivaciones.

La primera — y más importante— es adelantarse a una investigación que, supuestamente, la presidenta del Colegio de Notarios, Verónica Morales Alfaro, había comenzado a realizar con la colaboración de otros colegas suyos para rastrear todos los bienes y propiedades del alcalde cholulteca y su esposa, la candidata del PRI a diputada federal por el distrito 3 de Teziutlán.

Y la segunda, vacunarse contra posibles críticas y descalificaciones de Juan Pablo Piña Kurczyn, candidato del PAN a diputado federal por el distrito 3, en contra de su contrincante, la priísta Nancy de la Sierra y su esposo, José Juan Espinosa, integrante del partido Movimiento Ciudadano.

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Este fin de semana hubo cambios en la Coordinación de Derecho y el Bufete Jurídico del campus Tehuacán de la BUAP. El viernes el secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval, removió de sus cargos a José Lorenzo Dávalos Moreno y a Jesymar Castillo Arangute, al primero por diversas irregularidades que van desde la contratación de docentes sin autorización y la venta de tesis, y al segundo por usar el Bufete para llevarse asuntos a su despacho particular.

Dos días después, el domingo, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, acudió a Tehuacán a tomar la protesta de ley a los sustitutos de aquellos: Sagy Rosalba Díaz Pimentel y Raymundo Pérez Osorio, respectivamente.

Sin embargo, ambos nombramientos no fueron bien recibidos por la planta docente y no porque estuviera de acuerdo con el desempeño del coordinador de Derecho, José Lorenzo Dávalos y del coordinador del Bufete Jurídico, Jesymar Castillo, sino porque no fue consultada sobre quiénes debían reemplazarlos.

De Sagy Rosalba Díaz se dice que su designación como coordinadora de Derecho del campus Tehuacán no obedece a una cuestión de méritos académicos o profesionales, sino a su cercanía con el secretario seccional del Aspabuap en Tehuacán, y del segundo, Raymundo Pérez Osorio, a su poca o nula experiencia en el acompañamiento de estudiantes y en el litigio en tribunales, más allá de la Junta Local de Conciliación de Tehuacán, de la que fue presidente.

El malestar de los profesores y alumnos se hizo patente con algunas pancartas y mensajes de protesta dirigidos al rector Alfonso Esparza, en los que se exigía que los coordinadores de Derecho y del Bufete Jurídico de la BUAP fueran electos democráticamente por voto universal, libre y secreto.

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Despedirán no al 30, sino al 40% del personal del IEE

José Antonio Quintana Gómez, futuro líder de Coparmex

Si algo revela la lista de plurinominales del PRI por la cuarta circunscripción que comprende al estado de Puebla, junto con el Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Tlaxcala, es el menosprecio de la dirigencia nacional hacia los priístas poblanos.

El hecho de que la Comisión Política Permanente del PRI haya otorgado a priístas poblanos las posiciones 6 (la única con posibilidades), 11, 16, 19, 29, 36 y 39, confirma lo que todo mundo sabe: el escaso o nulo peso político de los cuadros locales del tricolor en la toma de decisiones nacionales.

Con excepción de Antorcha Campesina, que amarró la posición 6, los demás grupos políticos del priísmo poblano fueron marginados, por no decir ninguneados. Y eso incluye a los últimos gobernadores emanados del tricolor: Mario Marín Torres y Melquiades Morales Flores, y a los aspirantes a la gubernatura de Puebla para el 2016: la senadora Blanca Alcalá Ruiz, cuyo yerno fue enviado a la posición 29; al diputado federal Enrique Doger Guerrero, y al subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, cuyo ahijado político ocupa el lugar 39 de la lista de plurinominales de la cuarta circunscripción.

Otra cuestión que también pone de manifiesto esa relación es el cobijo del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia el líder nacional de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán, quien otra vez volvió a privilegiar a los miembros de su amplia familia en la repartición de cargos de elección popular.

Así hay que leer la inclusión de la profesora Hersilia Córdova Morán en la sexta posición de la lista de candidatos a diputados federales de representación proporcional por la cuarta circunscripción.

La dirigente del movimiento magisterial antorchista es hermana del líder nacional de esta organización y de la diputada federal saliente —también por la vía plurinominal— Frine Soraya Córdova Morán, así como tía del diputado federal saliente por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan, Lisandro Campos Córdova.

Originalmente la profesora Hersilia iba a ser candidata de mayoría por el distrito 13 de la entidad, con cabecera en Atlixco, pero ahora esa posición será para su cuñado, el dirigente estatal antorchista, Juan Manuel Celis Aguirre.

Juan Manuel Celis es esposo de la diputada federal Frine Soraya Córdova, y por tanto cuñado de Aquiles y Hersilia, y tío de Lisandro Campos Córdova.

¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

EN CORTO

Con tal de conservar a sus asistentes, que son los que muchas veces hacen su chamba, los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) no recortarán al 30%, sino al 40% del personal del organismo.

En reunión de trabajo celebrada el pasado miércoles 25 de febrero, los consejeros definieron los nombres de quiénes dejarán de laborar en el IEE, para dar cumplimiento a la exigencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

Durante la reunión el consejero José Luis Martínez López propuso que el ajuste incluya al funcionario electoral con más experiencia y conocimientos jurídicos en la materia: Noé Julián Corona Cabañas, quien hasta hoy funge como director técnico del Secretariado del IEE.

Trascendió que el recorte llegará al 40% del personal, debido a que el sueldo de un asistente de consejero equivale al doble de lo que gana un analista o un jefe de departamento en el Instituto.

De los ocho consejeros que aún quedan en el IEE, los únicos que regularmente asisten a trabajar y medio cumplen con el horario asignado son tres: el presidente Armando Guerrero Ramírez, Alicia Olga Lazcano Ponce y Fidencio Aguilar Víquez. Los otros cinco son una especie de ninis: ni van, ni trabajan.

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Esta semana se hará oficial el nombre del próximo presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), que a finales de marzo relevará a José Carlos Montiel Solana en la dirigencia de este sindicato patronal.

Se trata del constructor José Antonio Quintana Gómez, quien se desempeña como tesorero en el Consejo Directivo de la Coparmex Puebla.

Quintana Gómez es arquitecto egresado de la UPAEP de la generación 1992-1997, director de Proyectos de la constructora Quintana de Puebla, vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de Puebla (Implan) como representante de organismos sociales, e hijo del que fuera presidente del Patronato y Junta de Gobierno de la UPAEP, José Antonio Quintana Fernández.

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Como aquí se lo adelanté hace ocho días, Ana Teresa Aranda Orozco declinó ser candidata externa de la coalición PRI-PVEM por el distrito 11 de Puebla capital. En su lugar será nominada otra panista, muy lastimada y resentida con el morenovallismo, pero que además tiene sus raíces políticas en el partido verde: la ex diputada federal Violeta del Pilar Lagunes Viveros.

Violeta Lagunes es abogada, con maestría en derecho constitucional, y ha ocupado diversos cargos como secretaria de Estudio y Cuenta del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del estado de Puebla; coordinadora de Reglamentos y Dictámenes, y asesora jurídica del Ayuntamiento de Puebla; diputada federal en la LX Legislatura de 2006 a 2009; y delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El otro candidato de la coalición PRI-PVEM que aún estaba pendiente por el distrito 13 con cabecera en Atlixco será, como de lo comenté líneas arriba, Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente estatal de Antorcha Campesina.

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Entre algunos miembros del PRI no cayó nada bien la nominación de José Mario Conde Rodríguez, coordinador jurídico del Comité Directivo Estatal en la lista de candidatos a diputados federales de representación proporcional por la cuarta circunscripción.

Los inconformes aseguran que si bien no tiene ninguna posibilidad de ocupar una curul en la próxima legislatura, al aparecer en el lugar 19 de la lista, su nominación no deja de resultar controversial, pues al mismo tiempo que es coordinador jurídico del PRI es asesor legal de algunos candidatos de Morena.

Entre ellos el sobrino político del ex gobernador Manuel Bartlett Díaz, Rodrigo Abdala Dartigues, candidato a diputado federal de Morena por el distrito 12 de Puebla y candidato del mismo partido por la vía plurinominal en la posición 3 de la cuarta circunscripción, y con quien se reunió el pasado viernes en el Centro Mexicano Libanés de Puebla.

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