Será a mediados de la próxima semana cuando Josefina Buxadé Castelán y sus abogados –entre los que no figura Fernando Urbano Castillo Pacheco— promuevan un amparo contra la decisión del Congreso del estado de nombrar a Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Dicho amparo, a decir de la propia Josefina Buxadé, no tiene el propósito de echar abajo la designación de la ex titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, para que ella ocupe su lugar, sino sentar un precedente para que el Poder Legislativo se abstenga de elegir a comisionados que legalmente están impedidos para ocupar el cargo.

La ex comisionada fundadora de la CAIP dijo que por tal razón no pedirá en su amparo la suspensión del nombramiento de Blanca Lilia Ibarra, sino que se revise el procedimiento y se emita una nueva convocatoria, ya que tanto aquella como su suplente Alexandra Herrera Corona incumplen con los requisitos establecidos en la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

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Otro que también ya prepara su amparo contra la decisión unánime del Congreso del estado de revolcarle el nombramiento y destituirlo como presidente de CAIP, es Antonio Juárez Acevedo.

Este, a diferencia de Buxadé, sí solicitará antes de que concluya el año la suspensión del resolutivo aprobado el lunes pasado por la LVII Legislatura local.

Si esta solicitud procediera, los diputados locales estarían metidos en brete, pues por un lado tendrían como presidente de la CAIP a un personaje deslegitimado y sin autoridad moral, y a una comisionada impugnada por incumplir a cabalidad los requisitos que se exigen a los aspirantes a formar parte del órgano garante de la transparencia en la administración pública estatal.

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El teziuteco Jorge Carlos Juraidini Rumilla, quien se desempeñaba como director de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, fue separado del puesto y está sujeto a investigación, junto con otros funcionarios a su cargo y de la dependencia, por el accidente aéreo en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pasado 4 de noviembre.

Carlos Juraidini es hijo del empresario y ex presidente municipal de Teziutlán, Miguel Juraidini Kuri y de la señora Petruca Rumilla Fayad.

Antes de incorporarse a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, Carlos Juraidini trabajó en Canadá como miembro del Servicio Exterior y más tarde como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde conoció a Elba Esther Gordillo, quien lo recomendó para trabajar en el gobierno calderonista.

En las investigaciones que se realizan en torno al accidente del Lear Jet 45 en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, el titular de la Dirección de Adquisiciones de Gobernación aparece como uno de los responsables de la compra de la aeronave de segunda mano, y de la contratación de los pilotos sin experiencia, así como de su deficiente capacitación y entrenamiento para pilotear la nave del ex número 2 del gobierno federal.

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Apunte usted el nombre del director de Planeación de la Coordinación de Políticas Públicas del ayuntamiento de Puebla, Octavio Castilla Kuri, como uno de los prospectos con más posibilidades para suceder el año entrante a Isidro Honorio Ojeda Lara en la presidencia del Colegio de Economistas de Puebla.

Octavio Castilla fue secretario particular del ex presidente del Colegio de Economistas, José Alarcón Hernández, en la dirigencia del PRI, y subdirector de la Promotora Universitaria de la BUAP en el rectorado de Enrique Agüera Ibáñez.

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El burocrático procedimiento encaminado a la remoción de Antonio Juárez Acevedo como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), sigue su curso.

Ayer los dos peritos que analizan las firmas que son, pero no son de Juárez Acevedo, a decir de él mismo, entregaron sus conclusiones, y serán convocados para el jueves 30 de octubre para que los ratifiquen.

Una vez que esto ocurra, la Comisión de Gobernación abrirá un nuevo plazo de 10 días para alegatos finales, tras los cuales elaborará su dictamen que someterá al pleno del Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre proponiendo la destitución del presidente de la CAIP.

La idea es empatar su salida con la de Josefina Buxadé Castelán, que fue nombrada como comisionada de la CAIP para un periodo de cuatro años que concluye en diciembre próximo.

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que las relaciones de Ana Teresa Aranda Orozco con su jefe, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourino Terrazo, no son precisamente las mejores, y que esta situación podría llevar a la ex candidata a la gubernatura de Puebla a ser nominada como candidata a una diputación federal en las elecciones de julio de 2009.

De acuerdo con esta misma versión, la Doña podría ir como propuesta del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, lo que le garantizaría uno de los primeros lugares en la lista de plurinominales por la cuarta circunscripción del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

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Este martes a las 17:30 horas se estrenará por el canal 26 de televisión la serie Micrópolis, que es una producción del SICOM dirigida al público infantil, con el propósito de fomentar valores y rescatar el uso de los tradicionales juguetes mexicanos.

La idea y producción original es de Maytee Enciso Vargas y Raúl Velázquez García, aunque en el desarrollo de cada uno de los 16 capítulos de la primera temporada intervienen más de 20 personas, entre actores, voces, escenógrafos, técnicos y realizadores.

Micrópolis nace de la imaginación de un niño, que transforma su cuarto en una ciudad y a sus juguetes en héroes y villanos de diferentes aventuras que un día desarrollan un arma secreta; otro, reflexionan sobre el perdón y los fenómenos paranormales, y en otros, sobre la importancia del medio ambiente y la reforestación o la elaboración de los dulces típicos de Puebla.

El primer programa se transmitirá este martes por el canal 26 de televisión abierta, por el 225 de Megacable digital, por el 35 de Megacable básico y por el 26 de Ultravisión digital.

Cada capítulo tiene una duración de 30 minutos.

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Que Juan Carlos Espina von Roehrich no llegó a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla porque el gobernador Mario Marín Torres no quiso y ejerció su derecho de veto con el mismísimo secretario de Gobernación federal, Juan Camilo Mouriño Terrazo, para impedir ese nombramiento.

Por lo que Juan Carlos Espina seguirá como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la vecina entidad tlaxcalteca, y el Grupo Tehuacán fortaleciéndose dentro del PAN y las estructuras del gobierno federal.

Sobre este último punto vale la pena destacar el número de ex munícipes y ex diputados tehuacaneros emanados del PAN y que hoy ocupan posiciones relevantes, a saber:

René Lezama Aradillas, ex presidente municipal de Tehuacán y diputado federal con licencia, quien hace apenas unos días fue nombrado delegado federal de la Sedesol;

Felipe Mojarro Arroyo, ex presidente municipal y actual delegado del Infonavit;

Fernando Herrero Arandia, ex presidente municipal, ex senador de la República y actual director regional de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca);

Manuel Beristáin Gómez, ex diputado local, ex diputado federal y actual director local de la Comisión Nacional del Agua; y

José Manuel Bulas Montoro, secretario particular del secretario de Agricultura y Ganadería a nivel federal, Alberto Cárdenas Jiménez.

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Que el próximo lunes dejarán de prestar sus servicios en el ayuntamiento de Puebla los tres subdirectores dependientes del director de Gestión y Desarrollo Urbano Sustentable, José Rafael Herrera Vélez. Me refiero a José Chútale González, de Gestión Urbana, a José Luis Zeus Moreno Muñoz, de Planeación y a María del Carmen Tajonar Méndez, de Ecología y Medio Ambiente.

Herrera Vélez nunca se entendió con sus subdirectores, y tuvo que recurrir a la presidenta del Colegio de Arquitectos de Puebla, Elodia Márquez Cabrera, para que le hiciera el trabajo sucio con la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, para poder deshacerse de sus subordinados.

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Que de los dos o tres vicepresidentes que se mencionan como posibles sucesores de Charles Mtanous Abboud en la presidencia de la delegación estatal de Canacintra, el ingeniero Jesús Rascón Celma es el que se perfila como favorito.

Rascón, quien es socio y director de la empresa Unicar Plastics, se desempeña actualmente como vicepresidente de Sectores Industriales de Canacintra Puebla.

Charles Mtanous, por cierto, anda promoviéndose como candidato a diputado federal, aspiración que parece remota, sobre todo porque su cuñado Antonio Galy Fayad anda tras la misma posición, pero por el lado del blanquiazul con la bendición de su concuño, el diputado federal Jorge Estefan Chidiac y su padrino político dentro del PAN, el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

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Por la comparecencia de tres secretarios del gabinete calderonista —Juan Camilo Mouriño Terrazo, de Gobernación; Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora Icaza, procurador General de la República—, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la reunión que este martes sostendrá el gobernador Mario Marín Torres con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, seguramente registrará ausencias importantes.

Para colmo de males, la comparecencia de los miembros del gabinete presidencial, con motivo de la glosa del segundo informe de labores de Felipe Calderón Hinojosa, se efectuará al medio día, es decir, 90 minutos antes de la cita que el gobernador Marín tiene con los legisladores de la Comisión de Presupuesto, en el salón 3 del edificio I de San Lázaro.

Mario Marín será el primer gobernador que exponga ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto —que preside el panista Raúl Alejandro Padilla Orozco— las obras y proyectos que desea sean incluidos por los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009.

Se sabe que en la reunión, los legisladores panistas de Puebla le exigirán al ejecutivo estatal un informe detallado del uso y destino que han tenido las partidas y fondos federales canalizados a la entidad en los últimos dos años, y también una explicación de las 15 observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre el ejercicio presupuestal de 2006.

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Y ya que los diputados panistas se pondrán a exigir cuentas, no estaría mal que éstos explicaran por qué en el Proyecto de Presupuesto enviado por el presidente Felipe Calderón al Congreso, la entidad poblana tiene un recorte de 1 mil 780.4 millones de pesos, cifra que representa una reducción real de 7.8 % con respecto al 2008.

Si bien es cierto que en la iniciativa del presidente Calderón hay también aumentos en algunos fondos para la entidad, como el 28 y el 33, lo real es que en términos generales los recursos de la Federación a Puebla registran una disminución, sobre todo en materia de programas y proyectos de inversión.

El recorte de 1 mil 780.4 millones de pesos equivale a los recursos que este año recibirá la Secretaría de Salud del estado de la Federación —1,850 millones— o a los que en conjunto obtendrán del gobierno federal la Secretaría de Desarrollo Social —757 millones— y la Secretaría de Seguridad Pública —1,045 millones—.

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Aun cuando el presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, Pablo Fernández del Campo Espinosa, trata de convencer al presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, para que este jueves comparezca personalmente para aclarar las dudas y acusaciones que pesan en su contra, por haber ocultado al Poder Legislativo su cargo directivo dentro de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, lo más seguro es que no se presente.

De hecho, Juárez Acevedo ya dejó constancia de que no lo hará, al solicitar a través de sus abogados que se posponga la comparecencia, que inicialmente se realizaría el viernes de la semana pasada.

Una vez que el presidente de la CAIP presente a los diputados de la Comisión de Gobernación sus alegatos, en el proceso que le inició para removerlo del cargo, la mayoría priísta del Congreso del estado tendrá todavía un largo mes para decidir si procede o no su remoción.

La idea de los priístas es alargar lo más posible el caso para que la salida de Juárez Acevedo se empate con la de la comisionada Josefina Buxadé Castelán, que concluye su gestión de cuatro años en diciembre.

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Aunque usted no lo crea, como diría Jack Palance en su célebre programa Ripley’s Believe It or Not!, entre el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, y el gobernador Mario Marín Torres, ha habido más de un pacto político electoral.

Uno, ya lo confesó el propio Manuel Espino la semana pasada, cuando a un grupo de periodistas de la ciudad de México le confió que después del segundo debate presidencial, se reunió con 10 gobernadores priístas, entre ellos Mario Marín Torres, para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006.

Hay que añadir, como información complementaria, que antes de que Manuel Espino hiciera públicos esos arreglos poco ortodoxos, dos personajes cercanísimos al entonces candidato presidencial del PAN, Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava Vázquez, ya habían dado el primer paso en las concertacesiones electorales con los gobernadores priístas.

El actual secretario de Gobernación, junto con el hoy secretario particular de Felipe Calderón tuvieron su primer acuerdo con los gobernadores priístas Nuevo León, Natividad González Parás, y del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Pero no nos distraigamos, y menos cuando del primer arreglo entre Manuel Espino y Mario Marín ya nos ocupamos el pasado 3 de julio, en este mismo blog.

Ahora vayamos al segundo pacto.

Éste tuvo lugar el 5 de mayo de 2007. Sí, el mismo día del desfile cívico militar, con motivo del 145 aniversario de la gesta heroica de Puebla.

Ese sábado Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, no fueron los únicos que volaron a Puebla.

También lo hicieron, aunque por separado, Manuel Espino y Carlos Salomón Cámara, éste último en su rol de publirrelacionista. Ambos se entrevistaron con el gobernador, y el acuerdo que selló el primero y del que fue testigo privilegiado el segundo, fue también electoral.

Los priístas, en la persona de Marín, se comprometieron a no hacer escarnio de la figura presidencial en la campaña de diputados al Congreso del estado y de presidentes municipales, y los panistas, a su vez, a olvidarse del caso del góber precioso y la periodista Lydia Cacho.

De ahí que al inicio de la campaña electoral del 2007, Manuel Espino aprovechó el seminario de capacitación que el PAN ofreció a sus candidatos en el cristiano Colegio Intercanadiense de San Pedro Cholula para tirar línea a sus candidatos: “No necesitamos del escándalo Marín-Cacho para ganar las elecciones”.

Las declaraciones de Manuel Espino se produjeron el domingo 19 de agosto de 2007, y fueron seguidas al pie de la letra por el dirigente estatal panista, Rafael Micalco Méndez, quien ese día no se cansó de repetir que su partido no recurriría al caso Marín-Cacho como estrategia electoral, pues sus candidatos harían campañas de altura y con propuestas reales.

Y así les fue a los panistas.

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Si quiere consultar más información sobre el tema, revise la siguiente nota bajo la firma de Ignacio Juárez Galindo o la crónica publicada ese mismo día por Mario Martell en Intolerancia.

– Ni “guerra sucia” ni excesiva confianza, insta Manuel Espino a panistas
– Desconoce Espino su origen político

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