El secretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración, está por consumar un abuso más en detrimento de las finanzas públicas de la entidad, al asignar a empresas de nueva creación y que acaban de incorporarse al padrón de proveedores del gobierno del estado contratos de mantenimiento preventivo y correctivo por 94 millones 621 mil 920 pesos.

Las empresas que este martes se verán favorecidas por Arango —con las requisiciones 59 y 520 destinadas a mantenimiento de equipo médico y electromecánico de hospitales generales— se constituyeron como sociedades anónimas de capital variable a finales del año pasado o mediados de 2010.

Y fueron dadas de alta en el padrón del gobierno del estado apenas en julio y en agosto de este año, lo que revela que fueron creadas ex profeso para quedarse con los millonarios contratos de mantenimiento que sin licitación de por medio está asignando el secretario de Salud del estado en el año de Hidalgo.

No está de más aclarar que la información anterior consta en el Sistema de Requisiciones de la Secretaría de Finanzas y en el padrón de proveedores de la misma dependencia que, por cierto, no están al alcance de cualquier mortal sino sólo de unos cuantos privilegiados allegados a los subsecretarios de Administración, Jorge Mendoza Velarde, y de Egresos, David Villa Issa.

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A propósito.

Una fuente muy digna de crédito me hace saber que en la Secretaría de Finanzas andan retepreocupados desde que el subdelegado de Auditoría Fiscal Federal se apersonó en la dependencia para advertirles de irregularidades en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de 2005 a la fecha, respecto a los salarios y compensaciones de más de 40,000 servidores públicos y más de 70,000 maestros y trabajadores de la educación del estado.

Desde entonces, el subsecretario de Ingresos Juan Alberto Armendariz Martínez ha sido comisionado para negociar con distintos directivos el SAT un convenio que libere al gobierno del estado de multas, recargos y actualizaciones por cerca de 3,000 millones de pesos.

Otro funcionario que también anda muy atareado con el tema y preocupado de que se le vayan a fincar responsabilidades por el delito de evasión fiscal, pues su oficina es la encargada de autorizar y liberar los bonos trimestrales destinados a la alta burocracia estatal es el subsecretario de Egresos.

Por cierto. Esta semana le cuento con quién se peleó hace un año David Villa Issa cuando el gobierno federal quiso firmar con Puebla un convenio de regularización del Impuesto Sobre la Renta, y cuál es la posición que hoy tiene ese funcionario federal que, ofendido por el tono del subsecretario, se retiró de la reunión.

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Del 17 al 19 de noviembre se efectuará en el vecino estado de Tlaxcala el XI Congreso Nacional y el Sexto Internacional de Derecho de la información, que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la participación de connotados especialistas de América y Europa.

Uno de los paneles del Congreso estará dedicado a los medios de comunicación por internet «Los Medios Digitales y la Agenda de la Transparencia: Casos de Éxito«, en el que participarán como ponentes Arturo Sánchez, periodista de El Faro.NET, diario digital del Salvador; Eleael Acevedo, representante de Proacceso- Morelos; Claudia Gray, investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLAP, y el autor de esta columna como director de e-consulta.

Alberto Borbolla, investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de las Américas Puebla, será el moderador del panel, que tendrá lugar el día 19 de noviembre a las 12:00 horas en la Biblioteca de la Universidad del Altiplano de la ciudad de Tlaxcala.

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El empresario y exsecretario de Desarrollo Económico del municipio de Puebla, Fernando Ariza de la Fuente, se fue este fin de semana a Nueva York a correr el famoso y turístico maratón de la Gran Manzana, en lo que prepara su regreso a la política al lado del todavía gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien se perfila para sustituir el próximo año a Beatriz Paredes Rangel en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

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Trabajadores sindicalizados de El Sol de Puebla solicitaron este lunes en asamblea la renuncia de su secretario general, Joel Árcega Escalante, debido a su nula gestión y trabajo para sus representados.

La petición fue hecha por escrito por la anterior secretaria general, Martha Benítez Quintero, y se sumaron de manera verbal el resto de los empleados presentes en la reunión, quienes además exigieron que a más tardar en 15 días sean cubiertas las carteras de Prensa y Propaganda, Infonavit y secretario del Interior, que están acéfalas.

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Simón dice:

«Quien cambia felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por felicidad».

José Narosky (1930-?) Escritor argentino.

Ayer la decía que la única posibilidad de que la coalición opositora Compromiso por Puebla postulara a Amy Camacho Wardle como candidata a la alcaldía capitalina sería que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN la designara por dedazo, ahorrándose la elección interna y dejando colgados de la brocha al senador Humberto Aguilar Coronado y al diputado local con licencia Eduardo Rivera Pérez.

Pues este escenario —que ayer le pronosticaba como imposible, dado el malestar que hay entre la militancia panista de Puebla—, podría hacerse realidad si entre este miércoles y jueves la dirigencia nacional del PAN no emite la convocatoria respectiva para el proceso interno.

Y es que de acuerdo con los tiempos previstos en el Código de Instituciones y Procesos Electorales, el plazo para las precampañas se agota el 21 de marzo, lo que significa que si antes de esta semana no hay convocatoria, el proceso interno del PAN para elegir candidato a la presidencia municipal de Puebla quedaría suspendido.

Sí, suspendido. Porque no habría tiempo para organizar una elección en el municipio de Puebla con centros de votación sólo para miembros activos, ni tampoco para que los aspirantes panistas a suceder a Blanca Alcalá Ruiz —los ya citados Humberto Aguilar y Eduardo Rivera— tuvieran al menos tres semanas de precampaña.

Esta situación no es desconocida para la dirigencia estatal del PAN, ni tampoco para los operadores de los aspirantes panistas a la presidencia municipal de Puebla, que temen un albazo por parte del Comité Ejecutivo Nacional a favor de la empresaria y directora del parque zoológico Africam Safari, Amy Camacho.

Y sus temores son fundados por las largas y evasivas del dirigente nacional panista, César Nava Vázquez; del presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, José Espina von Roehrich; y del secretario general adjunto de Fortalecimiento Interno del CEN, Alfredo Rivadeneira Hernández, quienes no atinan a darles una fecha de cuándo, por fin, se publicará la ansiada convocatoria.

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El diputado panista José Manuel Janeiro Fernández presentó este martes una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) en contra del secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, y tres de los subsecretarios de la dependencia: Juan Alberto Armendáriz Martínez, de Ingresos; David Villa Issa, de Egresos; y Jorge Luis Mendoza Velarde, de Administración.

En su denuncia, el legislador sostiene que los cuatro funcionarios violaron e incumplieron la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Puebla –que sustituyó la Ley para el Federalismo Hacendario, también conocida como Ley Bartlett— que los mismos diputados priístas propusieron y aprobaron en el Congreso local en marzo de 2009.

Dicha legislación establece que los funcionarios arriba citados tenían obligación de crear el Sistema de coordinación hacendaria del estado y sus municipios, y de constituir la Asamblea de funcionarios hacendarios del estado, con la participación de los presidentes y tesoreros de los 217 ayuntamientos de la entidad, con el propósito de fijar lineamientos y políticas encaminadas a optimizar y potenciar los recursos fiscales –federales y estatales— destinados a los municipios del territorio poblano.

Esta es la segunda denuncia que el diputado Janeiro Fernández promueve ante la Sedecap en contra del secretario de Finanzas y algunos subsecretarios de la dependencia.

En la primera, presentada en marzo de 2009, el legislador panista acusó a dichos funcionarios de ocultar información sobre los distintos fondos del ramo 28 asignados a los 217 municipios de la entidad, asunto que le generó una andanada de críticas, pero que finalmente logró su propósito, pues a partir del año pasado la Secretaría de Finanzas publica trimestralmente esos reportes en su página de internet.

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Simón dice:

«Humano es errar; pero sólo los estúpidos perseveran en el error».

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

Un bien informado reportero de la ciudad de México me comenta que off the record, el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, sí mencionó el nombre de Mario Marín Torres como uno de los 10 gobernadores priístas con los que se reunió para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales de julio de 2006.

En esa conversación de lunes por la tarde y fuera de grabadoras, Manuel Espino citó dos nombres más de gobernadores, los de Eduardo Bours Castelo, de Sonora, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz.

El ex dirigente nacional panista dijo que el pacto con los 10 gobernadores priístas se efectuó en distintos momentos, pero en todos los casos después del segundo debate presidencial, cuando ya era más que claro que el priísta Roberto Madrazo Pintado no tenía ninguna posibilidad de ganar en las elecciones del 2 de julio.

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¿Por qué el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, jura y perjura que sólo autorizó la construcción de 3,300 viviendas para el fraccionamiento Jardines de La Montaña, en el encinar del cerro de La Calera, y la empresa constructora Alteq, de la que son socios Vicente Bortoni y Federico Bautista, tiene un permiso para edificar 7,720 casas?

¿Si Enrique Doger no firmó, como dice esa autorización de enero de 2008, entonces quién lo hizo por él?

¿Acaso su fiel secretario en el ayuntamiento de Puebla, Ignacio Mier Velasco?

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¿Qué secretario de despacho del gabinete marinista, con fama de financiero, pretende malbaratar, perdón, concesionar, las autopistas Tlaxco-Tejocotal y la libre a Teziutlán, en menos de una cuarta parte de lo que costaron en el sexenio del gobernador Melquiades Morales Flores?

¿Será cierto, como dice, que esa es la mejor alternativa para financiar las obras de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan?

¿O será que quiere hacer su vaquita antes de salir del gabinete para buscar una diputación federal?

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¿A qué atribuir que la administración municipal de Enrique Doger Guerrero se haya gastado en el 2007 la friolera de 43 millones de pesos en pago de gasolina, y la gestión de Blanca Alcalá Ruiz sólo se gastará 30 millones de pesos por el mismo concepto?

¿A poco de veras la gestión de Blanca Alcalá es muy eficiente y ahorradora?

¿No será que los gastos de aquél estaban también muy inflados, o sobrefacturados como tantas otras cosas, como los arrendamientos de inmuebles, los celulares y los equipos de radiocomunicación?

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¿Qué ex dirigente empresarial metido de asesor de Enrique Doger Guerrero en el ayuntamiento de Puebla se encargaba de agendarle algunas entrevistas con columnistas y corresponsales extranjeros acreditados en México?

¿Cómo se ganó este ex presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) el apoyo de Dolly Mascareñas, corresponsal de la revista Times y presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en México?

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¿A cuánto ascienden los millonarios contratos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado ha cubierto a la firma IQUIA para la modernización de las oficinas recaudadoras, los equipos y el sistema de cobro electrónico de impuestos?

¿Qué relación guarda esta empresa consultora con el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y con el subsecretario del ramo, Juan Alberto Armendáriz Martínez?

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