Que Marco Antonio Cervantes Márquez, de la empresa Labotarios Lacocs, será el próximo presidente de la delegación Puebla de la Cámara Nacional Empresas de Consultoría, en sustitución de José Mariano Romero Beristáin, dueño del despacho M Consultores y Constructores SA de CV, que el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del estado, Javier García Ramírez, ha favorecido con la asignación de contratos de supervisión de obra.

Este miércoles los expresidentes de la delegación estatal de la CNEC le ofrecieron, en el restaurante La Silla de la Avenida Juárez, su respaldo para postularse como candidato de unidad, al tiempo de exhortarlo a no acaparar los contratos del gobierno del estado, como ha ocurrido con el presidente saliente del organismo.

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Que la reunión del gobernador Mario Marín Torres con los diputados de la Comisión de Presupuesto de Presupuesto y Cuenta Pública, de la que por cierto es miembro Fernando Morales Martínez, se pospuso para el viernes 6 de noviembre.

Marín, como otros gobernadores, acudirá a esa comisión de la Cámara de Diputados para cabildear con los diputados que la integran y con otros legisladores, recursos para obras y proyectos con cargo al presupuesto federal del próximo año.

El propósito del Ejecutivo estatal es conseguir al menos 5 mil millones de pesos.

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Que antes de que concluya el año se darán una serie de cambios y remociones en mandos medios y directivos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que incluirán a Luis Antonio González Salazar, director de Recursos Humanos; Margarita Campos Vázquez, directora de Educación Superior; Rosalba Henao Castillo, directora de Servicio Social y a Honorio Isidro Ojeda Lara, director de Regionalización.

Otros que también podrían salir de la administración central de la Benemérita son: Pedro Hugo Hernández Tejeda, vicerrector de Investigación y Estudios de Postgrado; Hugo Eloy Meléndez Aguilar, director del Complejo Cultural Universitario; Lilia Cedillo Ramírez, vicerrectora de Investigación y Estudios de Postgrado y Cecilio Palacios Flores, director del Hospital Universitario.

Hay que aclarar que varios de los mencionados dejarán la dorada burocracia universitaria por jubilación, entre ellos: Margarita Campos, Rosalba Henao y Pedro Hugo Hernández.

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Que la exdirectora de la facultad de Administración de la BUAP, Sara Amalia Vélez Mejía, ya también dejó la institución, al gestionar y obtener a mediados de esta semana su jubilación.

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Que el director de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, Guillermo Nares Rodríguez, podría traerse de Nuevo León un convenio con la universidad de aquella entidad para ofrecer aquí la Maestría en Medios Alternativos de Justicia y Mediación.

El éxito o fracaso de las negociaciones de Nares dependerá de la entrevista que este viernes sostenga en la capital regia con el rector de la Universidad de Nuevo León, Jesús Ancer Rodríguez.

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Que el próximo 24 de noviembre se presentará el consejo directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Puebla, del cual formarán parte como miembros fundadores Ana Lidya Flores Marín, Lilia Vélez Iglesias, Josefina Buxadé Castelán, Jorge Machuca Luna, María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, Ernesto Aroche Aguilar, Roberto Alonso Muñoz, Noé Castillo Alarcón, Claudia Magallanes Blanco, Jorge Calles Santillana, Patricia Estrada y Rafael Hernández García Cano.

Al acto de presentación del Capítulo Puebla de la AMEDI asistirá el presidente de esta asociación, Raúl Trejo Delarbre y Aleida Elsi Callejas, en representación del Consejo Consultivo.

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Simón dice:
“La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda”.

Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés.

* Creció más la nómina que la inversión pública

* Se atoran los trabajos del Centro Expositor

¿Cómo se han comportado las finanzas públicas en los primeros cuatro años de la administración marinista?

¿A qué áreas estratégicas se han canalizado los recursos de la Federación por concepto de ingresos extraordinarios?

¿Son las obras, los servicios básicos y la infraestructura, cuestiones prioritarias en la política de gasto?

¿Cuáles son los capítulos, en materia de egresos, que más han crecido de 2005 —año en que arrancó la gestión de Mario Marín Torres— a diciembre de 2008?

Para responder estas y otras interrogantes echemos un ojo a las cifras estatales.

Los ingresos de la hacienda pública estatal han registrado un notable crecimiento en los últimos cuatro años, al pasar de 28 mil 919 millones de pesos en 2005, a 47 mil 485 millones en 2008. En términos nominales, dicho crecimiento es del 64.2 %.

Un rubro importante en materia de ingresos, son los recursos extraordinarios que el gobierno del estado ha recibido por parte de la federación, y que de 2005 a 2008 también se incrementaron como consecuencia del alza en los precios internacionales del petróleo.

Estos ingresos extraordinarios fueron en 2005 de 17 mil 782 millones de pesos, y en 2008 de 26 mil 917 millones de pesos, lo que en términos nominales representa un aumento del 28.2 %.

Lamentablemente para los poblanos, este crecimiento en los ingresos totales y extraordinarios del gobierno del estado no se ha reflejado en obra pública.

La inversión pública ciertamente ha crecido, al pasar de 2 mil 313 millones de pesos a 7 mil 244 millones de pesos, en el periodo comprendido de 2005 a 2008, pero no en la proporción de los ingresos y gastos de la administración estatal.

Me explico:

Mientras la inversión en obra pública sólo creció 4 mil 931 millones de pesos en estos cuatro años, los ingresos extraordinarios del gobierno del estado crecieron en 9 mil 135 millones de pesos, y los ingresos totales en 18 mil 566 millones de pesos.

Dicho lo anterior, la duda mata: ¿Si la inversión pública no aumentó de manera sustancial, entonces a qué rubros o capítulos de gastos se canalizaron los ingresos obtenidos por la hacienda pública estatal en lo que va de la gestión marinista?

Una parte importante de estos ingresos se fue a gasto corriente, es decir al capítulo 1000, también denominado Servicios Personales.

El monto de los sueldos, salarios, prestaciones y compensaciones de la burocracia pasó de 10 mil 591 millones a 16 mil 802 millones de pesos, lo que representa un aumento de 6 mil 211 millones de pesos.

En otras palabras, mientras la inversión en obra pública creció de 2005 a 2008 en 4 mil 931 millones de pesos, el gasto corriente se incrementó en 6 mil 211 millones de pesos.

Otro capítulo de gasto que también creció es el llamado Servicios Generales, que cubre las erogaciones por concepto de viáticos, transportación y gastos de representación; asesorías, estudios e investigaciones; difusión, imagen, propaganda e impresiones; luz, teléfono, celulares, y renta de equipo y maquinaria, entre otros. Este gasto pasó de 1 mil 541 millones a 2 mil 77 millones de pesos.

El capítulo Materiales y Suministros, que comprende las partidas destinadas a la compra de combustible, refacciones y servicios de mantenimiento; materiales, útiles y equipos de cómputo, oficina, hospitales, penitenciarias e instalaciones deportivas; uniformes, materias primas, medicinas y artículos de limpieza y construcción. En éste el gasto subió de 286 millones a 475 millones.

En los subsidios y transferencias también se reporta un incremento significativo de 7 mil 898 millones de pesos; lo mismo que en la compra de bienes muebles e inmuebles, de 213 millones de pesos.

Tales cifras explican, en mi opinión, el rezago o la pérdida de competitividad que registra Puebla frente a otras entidades federativas, en cuales no sólo se percibe un mayor dinamismo de su economía, sino también un acelerado desarrollo en materia de obras e infraestructura.

¿O no?

EN CORTO

Las obras del Centro Expositor, que se realizan en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en lo que antes era el recinto ferial, podrían sufrir un nuevo y vergonzoso atraso.

El gobernador Mario Marín Torres tenía previsto efectuar ahí su quinto informe de gobierno, pero podría quedarse con las ganas, pues a la empresa a la cual se le asignaron las obras —Grupo Ticonsa, antes Unión Presforzadora— ya no tiene dinero para concluirlo en la fecha convenida.

Lo peor de todo es que el Centro Expositor tampoco terminará costando 1 mil 66 millones de pesos, como se prometió, sino 20% más, de acuerdo con estimaciones de los propios técnicos de la obra.

Los trabajos del Centro Expositor —que constará de una nave de exposición y un centro de convenciones sobre una superficie de 47 mil metros cuadrados— fueron adjudicados a una sociedad en participación que encabeza Grupo Ticonsa, representada por Álvaro Arce Flores y Jorge Toledo Mosqueira, pero en la que también son socios el Bufete de Construcciones Delta, la constructora Checa, la empresa Desarrollo Iberoamericano y la Supervisora Sahesa.

Un dato, por de más revelador, es que la supervisión de las obras fue asignada al presidente de la delegación Puebla de la Cámara de Empresas de Consultoría, José Mariano Romero Beristáin, a través de su despacho M Consultores y Constructores SA de CV, personaje que, dicho sea de paso, es un pelele del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez.

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Será en la sesión de este miércoles 21 de octubre cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre a la revisión de los amparos promovidos por Germán Alejandro López Brun en contra del Congreso local que decidió no ratificarlo como magistrado del Tribunal Electoral del Estado.

Tras la discusión y votación de ambos proyectos, elaborados por Margarita Beatriz Luna Ramos en su calidad de ministro ponente, se sabrá si López Brun regresará al Tribunal Electoral como magistrado o si, por el contrario, Antonio Oropeza Barbosa debe continuar como tal en dicha instancia jurídica, como lo decidió el Congreso del estado en noviembre de 2006.

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Simón dice:

«Uno debe saber vivir con el dinero que tiene».

José de San Martín (1778-1850) Militar y político argentino.