¿Sabían o no sabían los funcionarios dogeristas cuánto costaban los lotes de autos, muebles de oficina y equipo de cómputo y comunicación, donados a la Fundación Cáritas?

La respuesta es sí.

Sí lo sabían y con detalle.

Y es que antes de que fueran desincorporados del patrimonio del ayuntamiento 163 vehículos y 4 mil 56 bienes, entre artículos y muebles de oficina, equipo de cómputo y aparatos de comunicación, la Secretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó un avalúo de cada una de las piezas que serían donadas.

Dichos avalúos constan en las copias certificadas que el secretario general de la gestión dogerista, Ignacio Mier Velasco, envió al gobernador Mario Marín Torres y al presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Othón Bailleres Carriles, en enero de 2008. 

En ambos oficios remitidos por Ignacio Mier claramente se lee “… envío copia certificada DICTAMEN Y ACTA DE CABILDO, POR EL QUE SE DESINCORPORAN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL LOTES INTEGRADOS POR “EQUIPO DE CÓMPUTO”, “MOBILIARIO DE OFICINA”, “EQUIPO DE COMUNICACIÓN” Y “VEHÍCULOS AUTOMOTORES” DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PUEBLA, DESCRITOS EN LOS AVALÚOS ORDENADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES… ”

Dos cuestiones llaman la atención de estos oficios, una relativa a los avalúos y, otra, a la dependencia que los realizó: la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sobre los primeros, hay que decir que sólo el lote de 163 vehículos automotores donado a Cáritas valía más de 3 millones 430 mil pesos.

La segunda cuestión es aún más reveladora, pues el director de Recursos Materiales y Servicios Generales que efectuó tales avalúos fue Luciano Javier Martínez, el mismo que días después firmaría junto con el tesorero José María Esquivel Silva y la jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos, el acta de entrega-recepción de los bienes transferidos a Cáritas.

Y el mismo también del que hace unos días se deslindó el ex secretario particular y ex secretario de Administración del ayuntamiento dogerista, Enrique Chávez Estudillo “Kío”, afirmando que si bien lo conocía, no metía las manos al fuego por él.

Si Luciano Javier Martínez fue quien realizó los avalúos de los bienes desincorporados y el que firmó el acta de entrega-recepción de esa transferencia a Cáritas, ¿por qué no le informó al presidente de la fundación, Mariano Saavedra Burgos, el costo estimado de los lotes transferidos?

¿Acaso no se trataba de una donación de buena fe,  como dice Enrique Doger Guerrero?

Si no lo hizo, creo que no había tan buena fe, y si lo hizo, entonces creo que don Mariano Saavedra fue más corrupto que ingenuo al aceptar por todos los bienes donados una suma de 200 mil pesos.

¿O no?

Un velo de misterio envuelve la sorpresiva visita que hace un par de semanas realizaron auditores del Órgano Superior de Fiscalización al Instituto Electoral del Estado (IEE), pero sobre todo su decisión de llevarse de la Dirección de Administración 14 cajas con el soporte documental de las partidas destinadas a combustible y alimentación el año pasado.

De acuerdo con una fuente confiable, los auditores solicitaron a la encargada de la Dirección de Administración acceso a las pólizas, facturas, cheques y contratos de esas partidas presupuestales, como consecuencia de una serie de inconsistencias entre el informe financiero del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, el reporte del auditor externo —el despacho Freyssinier Morin— y el expediente entregado al Orfise con el estado de origen y aplicación de recursos del IEE durante el 2007.

La gran duda que existe sobre la decisión del Orfise de llevarse 14 cajas de documentos es si la intención en fincarle responsabilidades al presidente del Instituto, Jorge Sánchez, o a ayudarlo a cuadrar las cifras de la cuenta pública antes de que ésta sea revisada por los diputados integrantes de la Comisións Inspectora del Congreso del estado.

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Don José Yitani Maccise me hizo saber ayer que ni él, ni sus hermanos —Jorge, Antonio y Emilio— andan metidos en el proceso de sucesión gubernamental, por lo que no asistirán mañana sábado a la comida de apoyo a Jesús Morales Flores en el Centro Mexicano Libanés.

También me aclaró que su sobrino, Miguel Ángel Yitani, quien es el actual presidente del Centro Mexicano Libanés, tampoco se dejará ver en el evento.

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Una trivia: ¿Con quién de sus más cercanos colaboradores en el ayuntamiento de Puebla, Enrique Doger Guerrero, se molestó y discutió por el escándalo de corrupción en que se enuentra envuelto por la forma en que se operó la donación de autos, supuestamente chatarra, a la Fundación Cáritas?

Tres tips:

1.- Al susodicho le echó en cara el nombramiento del último tesorero de la gestión dogerista, José María Esquivel Silva, principal implicado en dicho fraude.

2.- El personaje en cuestión terminó peleado al final de la administración municipal con dos de sus principales operadores: Arnoldo Ruiz Arreola “El Ate”, y Miguel Quiroz Escalona.

3.- Gracias a él, Enrique Doger entró en contacto, primero en la UAP, y luego en el ayuntamiento de Puebla, con Gabino Carrandi, un personaje clave en sus negocios, propiedades e inversiones dentro y fuera del país.

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Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.

La verdad legal. Jurídicamente el ex alcalde de Puebla, Enrique Doger Guerrero, no tiene mucho de qué preocuparse sobre la donación de lotes de vehículos automotores, equipo de cómputo, mobiliario de oficina y equipo de comunicación a la Fundación Cáritas.

Y es que legalmente los funcionarios municipales que participaron en la desincorporación de la supuesta chatarra municipal están protegidos con actas, contratos, recibos y oficios, que demuestran que fue Cáritas, a través de su presidente Mariano Saavedra Burgos, la que recibió los bienes muebles donados, la que propuso a la empresa que los adquirió, la que aceptó el pago de 200 mil pesos, y la que firmó de conformidad.

Así consta en el contrato de compra-venta de chatarra celebrado entre Cáritas y Prestadora de Servicios Independientes o Generales, fechado el 23 de enero de 2008; en el oficio donde el presidente de la Fundación designa a dicha empresa para recoger los bienes “inservibles”, suscrito el 25 de enero; en el acta de entrega-recepción por parte del ayuntamiento de Puebla a la institución de beneficencia privada, del 29 de enero, y en el recibo de conformidad por la cantidad de 200 mil pesos que el mismísimo Mariano Saavedra firmó de su puño y letra el 29 de enero.

En suma: los funcionarios del ayuntamiento que participaron en esta transacción están protegidos, al menos legalmente.

La verdad moral. En la realidad, la desincorporación de bienes “inservibles” o “chatarra” fue un negocio de no menos de 3 millones de pesos, en el que estarían involucrados el ex tesorero José María Esquivel Silva; el ex director de Recursos Materiales, Luciano Javier Martínez, y la ex jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos.

En dicha transa tuvo una participación directa, con pleno conocimiento de causa o como tonto útil, el contador Mariano Saavedra, y subrayo lo de contador para enfatizar que el presidente de la Fundación no es un neófito en la materia o un profesionista poco familiarizado con el costo de los bienes donados.

Un detalle que revela la mala fe de principio a fin en el proceso de donación es que en todos los documentos suscritos por las partes hay omisión intencionada sobre el detalle de los bienes desincoporados del patrimonio municipal, es decir, no aparece por ningún lado un inventario o relación de los autos, computadoras, muebles de oficina y equipo de comunicación donados.

A poco a un contador público en activo se le pudo haber escapado ese detalle.

La verdad, es difícil creerlo.

Como también resulta increíble pensar que se trató de una omisión involuntaria, por parte de los funcionarios municipales, no haber incorporado al expediente de la donación el acta de Cabildo del 11 de diciembre de 2007 y el anexo 3 que supuestamente incluye una relación pormenorizada de los 105 vehículos chatarra, y de los lotes de muebles de oficina y equipo de cómputo inservible.

A poco al representante de la Contraloría municipal, Raúl Luis Tlatoa Tecuanhuehue, también se le pasó tan insignificante detalle.

La verdad es que todas esas omisiones lo único que confirman es que se trató de una transa cometida con premeditación, alevosía y ventaja.

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El próximo 14 de junio, el notario público Héctor Jiménez y Meneses celebrará en Atlixco sus 40 años de afiliación y militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional.

Y para el festejo ha organizado una comida, para lo cual ha girado singulares invitaciones, pues en el reverso de éstas aparece su credencial de afiliación como miembro activo del tricolor, fechada el 14 de junio de 1968 y firmada por Alfonso Martínez Domíguez y Enrique Olivares Santana, presidente y secretario general del CEN del PRI.

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