Mucho dinero invertido y tirado en la fallida alianza PAN-PRD

Aurora Aguilar, operadora de tiempo completo de RMV

La designación de Roxana Luna Porquillo como candidata del PRD a la gubernatura de Puebla, no sólo es una derrota para el morenovallismo y un descalabro para el candidato de la coalición Sigamos adelante, José Antonio Gali Fayad, sino la confirmación de que el dinero ayuda a sumar voluntades, pero a veces es insuficiente para cooptar a críticos y detractores.

En términos de inversión electoral, los recursos destinados por el grupo en el poder para sumar al PRD a una alianza con el PAN, y luego para que el partido del sol azteca se abstuviera de postular candidato o para que en todo caso el nominado fuera un títere del morenovallismo como el ex regidor Arturo Loyola González o el diputado Julián Rendón Tapia, fueron enormes y no sirvieron para nada.

Al final el PRD no sólo rechazó la coalición con el PAN, sino que designó como candidata a la minigubernatura a la principal crítica del gobernador Moreno Valle, desde que éste ordenó encarcelar a los mototaxistas que se rehusaron a entregar los permisos que les vendieron en la pasada administración estatal y retirar el registro civil a los presidentes de las juntas auxiliares, lo que más tarde provocaría el desalojo violento de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo.

Lo más probable es que todavía esta semana los operadores del mandatario estatal al seno del PRD traten de impugnar la candidatura de la ex diputada federal y dirigente del movimiento Los de abajo con el prurito de que su nombramiento no cumplió a cabalidad con la resolución que el jueves pasado dictó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, lo más seguro es que vuelvan a toparse con pared y quedar en ridículo, pues aunque Agustín Basave Benítez no estuvo en la sesión del viernes, él ya firmó el acuerdo donde el CEN del PRD da cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF derivada del juicio SUP/JDC/570/2016 y acumulados.

Dicha sesión será motivo de cuestionamientos, pues la designación de Roxana Luna sólo fue votada por 12 de los 25 miembros presentes del CEN del PRD, ya que varios secretarios se ausentaron, entre ellos la secretaria general Beatriz Mojica Morga, para tratar de impedir el nombramiento de aquélla como candidata a la gubernatura de Puebla.

Ese viernes estaban presentes otros secretarios identificados con Nueva Izquierda o Los Chuchos y también dos de los aspirantes que apoyaban a la gubernatura de Puebla —Julián Rendón y Miguel Ángel de la Rosa Esparza—, pero no quisieron hacerse presentes en la sesión.

Su objetivo —cada vez más remoto— es evitar que el PRD postule candidato a la gubernatura de Puebla o que Roxana Luna no se registre como tal ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

EN CORTO

La ex diputada federal Aurora Aguilar Rodríguez renunció hace unos días a la Dirección Administrativa y Recursos Materiales del Tribunal Fiscal de la Federación para convertirse en una de las principales operadoras electorales del gobernador Rafael Moreno Valle en la región de San Martín Texmelucan.

Se sabe que en ese distrito el gobernador Moreno Valle tenía como operadores a Rubén Garrido Muñoz y Víctor León Castañeda, pero que estos en lugar de trabajar y promover a José Antonio Gali Fayad como candidato a la gubernatura estaban llevando agua a su molino con miras a las elecciones del 2018.

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Este lunes en la Feria Nacional del Libro del Complejo Cultural Universitario de la BUAP se presenta el último libro de Xavier Gutiérrez Téllez “Dichos y refranes disfrazados”, en el que el autor ilustra —con dibujos y cartones humorísticos suyos­— y modifica con un lenguaje más actualizado o a veces más barroco cerca de 200 máximas de sabiduría popular.

La presentación tendrá lugar en el auditorio del CCU de la BUAP en punto de las 17 horas y estará a cargo de su autor, con comentarios del periodista Ociel Mora, el historiador Alfonso Yáñez Delgado y el lingüista Víctor Bacre Parra.

El libro de Xavier Gutiérrez puede adquirirse en las librerías de la BUAP y en el puesto de periódicos de Doña Mago, en contraesquina del Salón de Protocolos de Palacio de Gobierno.

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Tome esta hipótesis con reserva, pero se la transmito en virtud de la creciente violencia en varias entidades del país, como consecuencia de los vínculos y complicidades de autoridades municipales, estatales y federales con la delincuencia organizada, y que ha puesto a México en la mira internacional tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el descubrimiento de una decena de tumbas con cuerpos que no corresponden a los de los estudiantes secuestrados por el narco en Iguala, Guerrero.

Debo aclarar que este análisis se lo escuché a un experto en temas de geopolítica y seguridad nacional que por razones profesionales está vinculado con algunas agencias y despachos de inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocidos think tanks (tanques pensantes).

Desde su perspectiva, algunas acciones del gobernador Rafael Moreno Valle encaminadas a sacar adelante diversas obras y proyectos tanto energéticos como de infraestructura y a contener la oposición de ciertos activistas y grupos opositores locales que han manifestado su rechazo a la construcción de hidroeléctricas y gasoductos, así como a la perforación de minas o yacimientos en la Sierra Norte de Puebla, han tenido el propósito de llamar la atención de políticos e inversionistas de los Estados Unidos.

Para el mandatario estatal es importante demostrar de cara a la próxima sucesión presidencial que es un gobernante confiable, abierto a la inversión extranjera, dispuesto a que las reformas del presidente Peña Nieto en materia energética y de telecomunicaciones se traduzcan en proyectos concretos y al que no le temblaría la mano para aplacar a los grupos de presión que se opusieran a ellos o intentaran impedirlos.

De ahí, según el experto, la decisión de Moreno Valle de encarcelar a los activistas que se han opuesto al Gasoducto Morelos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las obras carreteras del Arco Poniente, a las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales los presidentes auxiliares perdieron los ingresos del Registro Civil y a los que han bloqueado carreteras o quemado patrullas de la policía.

De ahí su actitud y posición, poco o nada sensible y hasta impopular, frente a los hechos violentos del Chalchihuapan del pasado 9 de julio, la muerte del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, los reclamos de su madre Elia Tamayo Montes, y las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su decisión de mantener al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y a otros funcionarios de su gabinete que actuaron con negligencia o fueron parte del montaje de la teoría del cohetón y la onda expansiva.

Frente a la debilidad que ha mostrado el presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios ante los acontecimientos violentos de Iguala y Chilpancingo, Guerrero; y Tlatlaya, Estado de México; la beligerancia del narco, las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad; así como de las crecientes movilizaciones estudiantiles y de organizaciones y movimientos sociales en varios estados del país, la mano dura y talante de Moreno Valle no han pasado inadvertidos para ciertos observadores y analistas de Estados Unidos, preocupados por la inestabilidad de su vecino de la frontera sur.

Y eso, de acuerdo con nuestro especialista, también lo sabe el propio gobernador y sus consultores estadounidenses, de los que en una futura entrega ya nos ocuparemos.

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Cumple recomendaciones violando derechos humanos

Su supuesto cumplimiento raya en el cinismo y la desfachatez

Si las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador Rafael Moreno Valle sobre el caso Chalchihuapan resultaron tibias y anodinas respecto a la dimensión del conflicto y al montaje creado por el propio gobierno estatal para responsabilizar a los habitantes de esta junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, su supuesto cumplimiento raya en los límites del cinismo y la desfachatez.

El ombusdman nacional, Raúl Villanueva Plascencia, instruyó al mandatario estatal no sólo a ofrecer una disculpa institucional a las víctimas y familiares de Chalchihuapan que padecieron los excesos y atropellos policiacos que se cometieron durante el enfrentamiento del pasado 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, sino garantías de que estos abusos jamás volverían a repetirse.

Sin embargo, el gobierno de Moreno Valle se limitó a enviar el viernes por la noche a su consejero jurídico, José Montiel Rodríguez, al salón Oriental 1 del Centro de Convenciones de Puebla, para leer un comunicado de disculpa pública “a todas las víctimas que vieron vulnerados sus derechos humanos”, en la más absoluta opacidad. Al acto ni siquiera fueron convocados los medios supeditados al gobierno estatal.

Del hecho sólo se supo por un insulso comunicado de prensa emitido la mañana del sábado, después que por la madrugada del mismo sábado fueron detenidos, con lujo de violencia en sus domicilios, cinco vecinos de Chalchihuapan: Florentino Tamayo Ponce, 39 años; Raúl Contreras Montes, 36 años; Fausto Montiel García, 31 años; Vicente Juárez Varela, 57 años, y Álvaro García Xelhua, 32 años.

Los uniformados se presentaron a las 4 de la madrugada, armados y con la cara cubierta con pasamontañas para ejecutar las órdenes de aprehensión y cateo —obsequiadas por el Juzgado Tercero de lo Penal de Puebla—, rompieron puertas, chapas y cristales en las casas de los detenidos, quienes fueron recluidos en el penal de San Miguel.

Paradójicamente, el gobierno del estado únicamente multó y amonestó —sin que se revelara el monto de la sanción, ni los términos de la amonestación— al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, señalado por la CNDH como el principal responsable del fallido operativo y para quien la Comisión instruyó abrir un procedimiento de responsabilidad “con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos” observadas en la recomendación número 2VG/2014.

Este doble rasero está lejos de atender el fondo del resolutivo de la CNDH. Más bien parece una burla a los agraviados, a las organizaciones, partidos y actores políticos que han exigido el cumplimiento cabal de las 11 recomendaciones.

Cómo puede el gobierno de Moreno Valle decir que ya cumplió lo que instruyó el ombusdman nacional el pasado 11 de septiembre, si la Fiscalía Especial creada para investigar el caso —dependiente de la Procuraduría General de Justicia— ni siquiera ha revelado el alcance de sus pesquisas.

Si su titular, José Antonio Pérez Bravo, aún no explica quién de los policías que participaron en el operativo —o de los que el viernes por la noche fueron aprehendidos— fue el que disparó el proyectil que causó la muerte del niño José Luis Tehuatlie; quién o quiénes fueron los autores intelectuales de la teoría del cohetón y/o la onda expansiva a la que recurrió la gestión morenovallista para evadir su responsabilidad; y qué responsabilidad tienen quienes montaron y financiaron las maniobras para inculpar a los vecinos y detenidos del fallecimiento del hijo menor de Elia Tamayo Montes.

Cómo puede el gobierno presumir el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH si las víctimas y familiares a quienes les fueron violados sus derechos humanos aún no reciben la reparación de los daños que sufrieron en los términos más amplios posibles y conforme a los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas.

Una cosa es que la administración estatal haya creado un Fideicomiso para hacer frente a esos compromisos e indemnizar a las víctimas que perdieron un hijo, un ojo, el habla, los dedos de la mano o resultaron gravemente lesionados, y otra muy diferente que estos daños se hayan solventado.

Con qué autoridad el gobierno morenovallista puede decir que ya ofreció una disculpa pública a las víctimas de sus excesos de San Bernardino Chalchihuapan, si estos fueron citados con todo sigilo a una reunión la noche del viernes en el Centro de Convenciones de Puebla, y horas más tarde sus familiares fueron detenidos con lujo de violencia y llevados al Cereso de Puebla acusados de diversos delitos.

¿Es así como se da cumplimiento a la cuarta y quinta recomendaciones de la CNDH en el sentido de que el gobierno estatal debe implementar mecanismos efectivos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, y eviten la criminalización de la protesta social?

La CNDH está en condiciones de rechazar este falso cumplimiento y exhibir a las autoridades y al fiscal especial del caso, José Antonio Pérez Bravo, por esta simulación que sólo polariza los ánimos de los agraviados, ridiculiza al ombusdman nacional, y deja a los poblanos en estado de indefensión frente a los abusos y excesos del Ejecutivo estatal.

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Tómelo con reserva, pero lo más probable es que el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, no concluya su periodo de tres años en diciembre de 2015, sino que le adelanten su salida.

En Casa Puebla, donde en realidad se toman las decisiones del PAN, ya decidieron que su sustituto sea un antiguo mapache electoral del PRI que hoy despacha como secretario de Elecciones de la dirigencia estatal panista.

En efecto, me refiero al diputado federal Néstor Octavio Gordillo Castillo, quien fue coordinador general campaña de Rafael Moreno Valle Rosas en su candidatura al Senado de la República, en 2006, y luego su coordinador de Promoción y Movilización en la campaña por la gubernatura, en 2010.

Las causas de su salida son variadas, aunque la principal es que —en realidad— nunca ha gozado de la confianza, ni ha sido parte del grupo compacto morenovallista, a diferencia de Néstor Gordillo, quien desde hace 14 años comenzó a laborar para el hoy gobernador en la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social con el cargo de asesor.

Rafael Micalco tenía planes no sólo de continuar en la dirigencia estatal, sino de reelegirse y buscar con el apoyo de las estructuras estatal y municipales del PAN la candidatura al Senado de la República y, en un descuido, hasta la minigubernatura.

Sin embargo, en Casa Puebla hay malestar por la actitud que asumió durante todo el conflicto por la llamada Ley Bala y la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, al no defender al gobernador Moreno Valle de las críticas y ataques de otros legisladores federales en el Congreso de la Unión, ni manifestar su abierto respaldo al mandatario estatal en plena crisis de Chalchihuapan, así como por sus cuestionamientos a futuras alianzas y coaliciones electorales del PAN con otros partidos.

El ejecutivo estatal y algunos de los más cercanos operadores están convencidos que Rafael Micalco no trabaja para el proyecto político del gobernador, sino en construir su propia plataforma para hacerse de la candidatura al Senado de la República en 2018, y que su permanencia podría resultar peligrosa o ser utilizada por otros actores panistas ajenos a los intereses del morenovallismo.

De ahí la decisión de removerlo de la presidencia del Comité Directivo Estatal y de preparar su salida, quitándole en principio el control sobre la mayoría de la centena de integrantes del Consejo Estatal, que a finales de este año se renovará, y en el que participan algunos de los panistas más críticos del gobernador como Ana Teresa Aranda Orozco, Pedro Barojas de Rosas, Augusta Valentina Díaz de Rivera, Juan Carlos Espina von Roehrich, Francisco Fraile García, Hilario Gallegos Gómez, Eduardo Rivera Pérez, y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, entre otros.

EN CORTO

La Universidad Iberoamericana de Puebla fue seleccionada para organizar en la capital del estado un foro regional sobre los derechos humanos en el ámbito universitario para capacitar a los profesores que imparten esta materia sobre los alcances de la reforma constitucional aprobada en junio de 2011.

El foro es auspiciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión de Derechos Humanos del DF.

En Puebla el foro regional se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre, en las instalaciones de la Ibero Puebla, a partir de las 9:30 horas, y constará de tres talleres prácticos, en la que los asistentes podrán capacitarse sobre cuestiones de litigio y estudio de casos relevantes.

Los profesores de la asignatura de derechos humanos interesados en participar pueden hacer llegar su solicitud a la licenciatura de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

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Anodinas las once recomendaciones de la CNDH

La tibia y anodina resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan está en trance de convertirse en causa de frustración para quienes la promovieron, y en trofeo de impunidad para los responsables de las graves violaciones que se cometieron durante el desalojo y el posterior proceso de criminalización de los manifestantes y detenidos en ese fallido operativo del 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Es absurdo, por no decir ridículo, que el ombudsman nacional recomiende al gobernador Rafael Moreno Valle cree una Fiscalía Especial que investigue lo que —se supone— la CNDH ya investigó y para que garantice que no quedarán en la impunidad los abusos en que incurrieron jefes y elementos de seguridad pública durante el operativo y los funcionarios encargados de procurar justicia con las averiguaciones y procesos de criminalización que iniciaron en contra cuatro pobladores detenidos de Chalchihuapan.

La incoherencia de esta recomendación —la segunda de once que giró al mandatario estatal el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva— radica en dos puntos básicos: Uno, que la mentada Fiscalía Especial será creada y auspiciada por una autoridad que ideó y propagó la versión oficial que un cohetón o su onda expansiva habían provocado la muerte del menor de José Luis Tehuatlie Tamayo y no un proyectil disparado por la Policía.

Y dos, que el fiscal especial designado para el caso, José Antonio Pérez Bravo, tendrá como jefe inmediato al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a quien se supone también tendría que investigar por ser parte fundamental del montaje construido por el gobierno estatal para ocultar y encubrir a los verdaderos homicidas del menor de Chalchihuapan.

Tan es su jefe que el propio procurador Víctor Carranca fue quien el viernes le tomó la protesta de ley, como se puede observar en esta imagen difundida por la oficina de prensa del gobierno del estado, junto con comunicado que textualmente dice: “Con la toma de protesta de José Antonio Pérez Bravo, Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan, el Gobierno del Estado de Puebla, refrenda su compromiso de actuar con objetividad, legalidad y transparencia en la investigación que se lleva a cabo”.

¿Qué imparcialidad puede tener una Fiscalía Especial creada y auspiciada por un gobierno que mintió sobre el origen de las lesiones que llevaron a la muerte a José Luis Tehuatlie y ocultó los diagnósticos de los médicos y especialistas que lo atendieron, sino que además distorsionó los hechos y contaminó el sitio donde se produjeron para criminalizar a los manifestantes y detenidos durante el desalojo?

¿Qué tanta libertad y margen de acción puede tener un fiscal como José Antonio Pérez Bravo para investigar lo ocurrido el 9 de julio, y garantizar que no gozarán de impunidad los responsables del montaje oficial que se construyó en torno al cohetón y la onda expansiva, si éste en realidad es un subordinado de uno de los que tendrían que ser investigados por el caso?

El gobernador debe ir más allá de las recomendaciones de la CNDH y refrendar en los hechos tres cuestiones fundamentales, para recuperar la credibilidad y confianza ciudadanas, y garantizar que no quedarán en la impunidad los abusos cometidos en el caso Chalchihuapan:

1. Ofrecer personalmente una disculpa institucional a las víctimas, en especial a la madre del menor muerto por un proyectil de la Policía, Elia Tamayo Montes; y asegurar, en la medida de lo posible, la reparación de los daños y la indemnización de las víctimas que resultaron con lesiones permanentes.

2. Comprometerse a no aplicar la llamada Ley Bala, para evitar sucesos como los de Chalchihuapan, hasta que los encargados de la seguridad  pública y la procuración se capaciten en materia de derechos humanos,  y se le adicionen artículos que impidan a los jefes de las instituciones policiacas el uso indebido o excesivo de la fuerza pública en contra manifestantes.

3. Garantizar que el fiscal especial José Antonio Pérez Bravo gozará de autonomía y amplios márgenes de acción incluso para investigar a su jefe jerárquico inmediato, el procurador Carrancá por la criminalización de los manifestantes y los cuatro detenidos de Chalchihuapan —Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero— que inicialmente fueron acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales terminaron desvaneciéndose.

EN CORTO

Pronto podrían ponerse al descubierto nuevas anomalías en el Centro de Capacitación y Entrenamiento de la empresa Audi que se construye en el municipio de San José Chiapa que alcanzarían al subsecretario de Planeación, Evaluación e Innovación Educativa, Máximo Romero Jiménez, por su favoritismo hacia algunos proveedores, entre ellos Gerardo Reinking, quien a través de su empresa y otras ha vendido computadoras, software, y consumibles al gobierno del estado, y con el que tendría algunas alianzas en negocios como el restaurante bar Salomé.

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Cuentan que el ex gobernador Guillermo Jiménez Morales anda con la moral baja, no sólo por algunos conflictos familiares, sino porque algunos dirigentes de su propio partido lo tachan de traidor, luego de haber aceptado un nombramiento del gobernador Rafael Moreno Valle como presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del estado de Puebla.

Los enterados aseguran que su decisión de renunciar a la presidencia de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia la tomó luego de que la ex secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Silvia Elena del Valle Balbuena, le mandó a decir traidor a través de Raúl Castillo Ramírez.

Jiménez Morales había sido invitado a recibir un reconocimiento, junto con otros distinguidos priístas poblanos el pasado 3 de agosto, pero no pudo ir por lo que envío en su representación a Raúl Castillo.

La ceremonia terminó y Raúl Castillo se acercó a preguntar por qué habían omitido el nombre del ex gobernador, y la respuesta que le dieron lo dejó destemplado: los traidores no son bien vistos en el partido.

Tal situación, dicen, llevó al exgobernador a renunciar a la presidencia de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia una semana después.

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A la luz de las conclusiones e investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y el enfrentamiento entre policías y manifestantes en el operativo del pasado 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, las recomendaciones giradas al gobernador Rafael Moreno Valle parecen insignificantes.

El ombudsman nacional es omiso en un punto central del conflicto, al no señalar a un autor intelectual de la fallida estrategia para ocultar y distorsionar la refriega; para inculpar y criminalizar a los pobladores de Chalchihuapan de la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, que exigían la restitución de los servicios del registro civil a la presidencia auxiliar; y para construir un montaje basado en una mentira oficial: la onda expansiva como causa del fallecimiento del menor.

O es que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ignora que los policías que participaron en el operativo fueron aleccionados para acusar ante el Ministerio Público a los manifestantes del homicidio del hijo de Elia Tamayo; que el gobierno de Puebla manipuló y editó a su antojo los videos y el escenario del enfrentamiento, y que hasta mandó a traer cabezas de cochino para demostrar que había sido un cohetón, y no un cilindro de gas, lo que mató al niño de Chalchihuapan.

No deja de resultar extraño que en ninguna de las once recomendaciones emitidas por el ombudsman al gobernador Moreno Valle se haga alusión al autor intelectual de las evidentes transgresiones a la verdad; al artífice de la publicitada versión oficial financiada con recursos públicos; y al orquestador del malogrado montaje instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el aparato de comunicación social del morenovallismo.

¿Qué funcionario de los involucrados en el caso tuvo o tiene la influencia no sólo para justificar el uso indebido y excesivo de la fuerza pública, para criminalizar a los cuatro detenidos de Chalchihuapan e inculparlos del homicidio de José Luis Tehuatlie, aunque el proyectil que provocó su fatal desenlace se haya disparado después, o para manosear los diagnósticos y peritajes médicos de los especialistas que atendieron al menor?

¿Qué autoridad pudo ser capaz de ocultar los peritajes de los neurólogos y cirujanos que no encontraron en la fractura craneal de Tehuatlie Tamayo heridas que tuvieran un aspecto desgarrado o estrellado por la acción de gases, quemaduras por una llama, cabellos quemados o granos de pólvora incrustados en la epidermis, o para mandar al procurador Víctor Carrancá a los noticiarios de la capital del país a insistir en la versión del cohetón o la onda expansiva como los causantes de la muerte del menor de Chalchihuapan?

¿A poco no hubo una estrategia y una serie de acciones concertadas para apuntalar la hipótesis de que los propios pobladores habían asesinado a José Luis Tehuatlie?

¿O es el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, tan ingenuo que cree que en Puebla los secretarios, el procurador y los voceros del gobierno se mandan solos o actúan motu proprio?

¿O que Moreno Valle es totalmente ajeno a los hechos de Chalchihuapan y que tras sus once recomendaciones —que hoy mismo fueron aceptadas por la administración estatal— se creará una fiscalía especial que investigará a fondo y de manera transparente e imparcial lo ocurrido aquel 9 de julio, y que los verdaderos responsables de la muerte de José Luis Tehuatlie y de otras víctimas del violento desalojo serán llevados a juicio y castigados por sus abusos, mentiras y excesos?

¡Por favor!

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El grupo gobernante pierde cohesión a mitad del sexenio

Isabel Allende y Pepe Chedraui los ungidos del PRI

Una cosa de la que poco o nada se ha dicho en torno a la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala es la falta de cohesión al interior del equipo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en el contexto de la ya cercana sucesión gubernamental.

En la práctica el gabinete estatal se ha fragmentado en diferentes grupos o bandos; los secretarios y principales operadores políticos del Ejecutivo ya no actúan en equipo, sino en función de sus intereses políticos y económicos, con miras a ganar terreno en las elecciones federales de 2015, y en las locales de 2016 y 2018.

Uno de estos grupos gira en torno al desgastado secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; otro sobre la figura del secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, proyecto político transexenal del morenovallismo; y otro más alrededor del cada vez más influyuente secretario de Finanzas y Administración, Roberto Juan Moya Clemente.

Un cuarto grupo tiene como cabeza al exsecretario de Infraestructura y actual presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, quien como consecuencia de la crisis de Chalchihuapan, podría convertirse en la carta del fuerte del grupo gobernante para suceder a Moreno Valle, ya no por 22 meses, sino por un periodo de cuatro años y medio.

Aunque algunas desavenencias entre secretarios y operadores políticos del mandatario estatal vienen de tiempo atrás, lo cierto es que en el marco del escándalo que desencadenó el desalojo violento de pobladores de Chalchihuapan y la posterior muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, ciertos enfrentamientos se han potenciado o recrudecido.

Para nadie del primer círculo del Ejecutivo estatal escapan las diferencias entre su secretario de Gobierno, Luis Maldonado, y su principal operador en asuntos electorales y de espionaje político, Eukid Castañón Herrera. O entre estos y el recién nombrado jefe de la oficina del gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn.

O las discrepancias entre su secretario de Finanzas Roberto Moya, con su secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, en temas de obra pública, licitaciones y costos.

O entre el mismo Roberto Moya con el secretario de Gobierno o con el entenado de éste último en la Secretaría de Educación Pública, Jorge Benito Cruz Bermúdez, por transferencias y asignaciones presupuestales.

Dentro y fuera del gabinete ya también trascienden los insultos que han intercambiado secretarios y operadores políticos del gobernador con ciertos dirigentes partidistas del bloque amplio morenovallista, en la definición de algunas candidaturas a puestos de elección popular en las elecciones extraordinarias de Acajete y Cuapiaxtla de Madero.

Así como las grillas y golpes bajos entre los integrantes del equipo de comunicación social, imagen y marketing político del gobierno del estado (Fernando Alberto Crisanto Campos, Héctor Antonio Alcudia Goya y Marcelo García Almaguer) por el control y el reparto de dinero destinado a publicidad oficial y compra de conciencias.

En el grupo compacto del gobernador Moreno Valle es también conocida la inconformidad de Eukid Castañón por el nombramiento de un nuevo contralor, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, y su decisión de desplazar a toda su gente, y de que éste no haya sido recomendado por él, sino por el secretario de Finanzas, Roberto Moya.

Si así están las cosas a dos años cinco meses de que concluya el sexenio morenovallista, se imagina cómo se pondrán en el quinto y sexto año, cuando el poder del gobernador esté en picada y el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI comiencen a operar para desacarrilar no sólo su aspiración presidencial, sino su proyecto transexenal en Puebla.

No cabe duda que lo mejor está por venir.

EN CORTO

Aunque diferentes grupos internos del PRI han comenzado una guerra sucia en contra de la diputada federal Ana Isabel Allende Cano para impedir su nombramiento como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, no hay la menor duda que ésta y el empresario José Chedraui Budib se convertirán en los nuevos baluartes del priísmo poblano antes de que concluya agosto o en los primeros días de septiembre.

Por lo pronto ya fueron citados para este miércoles en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI los senadores, legisladores federales y locales de este partido, así como los dirigentes de los sectores campesino, obrero y popular, para anunciarles que la diputada federal por el distrito 8 con cabecera en  Ciudad Serdán y el empresario Pepe Chedraui son los ungidos para encabezar la dirigencia estatal y municipal del tricolor en los próximos cuatro años.

Al desayuno, que está convocado para las 8:30 del miércoles 20 de agosto, acudirán el presidente y la secretaria general del CEN del PRI, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, respectivamente.

Para los jerarcas del tricolor ha resultado sintomático el rechazo de algunos grupos priístas hacia Isabel Allende, por supuestamente obedecer a un acuerdo político con el gobernador Moreno Valle, y la aceptación que estos mismos grupos han expresado hacia Pepe Chedraui, aun a sabiendas que su nombramiento lo proyectará como un potencial candidato a la alcaldía de Puebla en el 2018.

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El gobernador Rafael Moreno Valle inaugurará este lunes el nuevo ciclo lectivo en el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz de la ciudad de Puebla, pero en medio de estrictas medidas de seguridad, por lo que los niños y adolecentes del plantel tendrán que llegar antes de las 7:30 horas, sino quieren perderse la ceremonia y el primer día de clases.

En un oficio dirigido a la directora del Centro Escolar, Pilar Cote López, se le indica que los accesos al plantel deberán cerrarse a las 7:30 horas y que no se permitirá que maestros, padres de familia o alumnos se acerquen al mandatario estatal para entregarle alguna petición u oficio, o hacerle llegar alguna queja o reclamo.

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A partir de este fin de semana e-consulta ofrece un nuevo diseño a sus lectores y lanzó sus Apps para dispositivos móviles como smartphones y tabletas, que ya pueden descargarse de manera gratuita en las tiendas virtuales de iOS y Android.

Ojalá estas aplicaciones y modificaciones en el diseño del periódico digital que tienen a la vista sean de su agrado.

Fueron pensadas en usted, considerando las nuevas tecnologías, la manera de hacerle más sencilla y fácil la navegación en el portal, la lectura de sus contenidos informativos y el creciente mercado de los dispositivos móviles.

Actualmente el 35% de las visitas de e-consulta se hacen a través de smartphones y tablets, tendencia que en 2015 podría llegar e incluso superar el 50%.

De ahí la importancia de poner a su servicio estas nuevas aplicaciones.

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Carta aclaratoria

Puebla, Pue., 18 de agosto de 2014

Rodolfo Ruiz Rodríguez

Director General e-Consulta

Con respecto a la columna “La Corte de los Milagros”, publicada este día, me permito aclararle que es totalmente falso que se haya enviado un oficio condicionando la hora de entrada de los alumnos del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz con motivo de la ceremonia de inicio de cursos.

Por lo tanto, tampoco se emitió ninguna prohibición respecto a posibles acercamientos entre los padres de familia y las autoridades del Gobierno del Estado durante el desarrollo del evento.

Sin más por el momento, y con base en la normatividad vigente, solicito de la manera más atenta se haga pertinente esta aclaración en favor de sus lectores.

Cristina Martínez Larenas

Enlace de Comunicación

Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla

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Un elemento que explica la actitud hasta cierto punto beligerante del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, frente al gobierno de Rafael Moreno Valle en el caso Chalchihuapan, es que en este se juega políticamente su reelección.

Si el gobierno estatal pensó que Raúl Plascencia sería un aliado amigable o una autoridad complaciente en las investigaciones que lleva a cabo el organismo para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan, y conocer de dónde finalmente salió el proyectil que mató al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, se equivocó.

Incluso para dejar su posición y evidenciar su imparcialidad, Raúl Plascencia manifestó a los perredistas, abogados y pobladores de Chalchihuapan que este martes lo visitaron en sus oficinas del Distrito Federal, encabezados por el senador Luis Sánchez Jiménez, que no mantiene ningún vínculo afectivo o de amistad con el gobernador Moreno Valle o con las autoridades de Puebla que el pasado 21 de mayo le entregaron la Cédula Real de la Ciudad, la Clavis Palafoxiana y su nombramiento como doctor Honoris Causa de la BUAP.

Nadie mejor que Raúl Plascencia sabe que su continuidad al frente de la CNDH por otros cinco años será complicada, y que la fracción mayoritaria del PRI cuenta incluso con otros aspirantes que estarían más en el ánimo del tricolor para sustituirlo, como Mauricio Farah Gebara, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Cámara de Diputados.

La CNDH ha enviado ya tres señales clarísimas de su posición frente al conflicto: la primera es el comunicado CGCP/212/14 por el cual da a conocer que el ombudsman ejerció su facultad constitucional de Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos en el caso del desalojo del pasado 9 de julio contra habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, por policías del gobierno estatal, en el que resultó asesinado un niño de 13 años y clasificó el caso como de “especial gravedad”.

La segunda fue su decisión de llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, para este miércoles 6 de agosto en las oficinas de la CNDH, a fin de que declare sobre los hechos ocurridos durante un enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, para que el viernes 8 de agosto informe de las actuaciones y peritajes llevados a cabo por el Ministerio Público a su cargo sobre el enfrentamiento entre policías y pobladores de Chalchihuapan.

Tales citatorios están lejos, muy lejos, de ser rutinarios. De hecho son los primeros que se giran en la gestión de casi cinco años de Raúl Plascencia.

Y la tercera señal fue su deslinde ante el senador Luis Sánchez y la diputada federal Roxana Luna Porquillo, ambos del PRD, en el sentido de que no es amigo, ni aliado del gobernador de Puebla y otras autoridades que dos días después de haberse aprobado en el Congreso del estado la Ley Bala lo condecoraron con un doctorado Honoris Causa, le entregaron la Clavis Palafoxiana y la Cédula Real de la ciudad de Puebla.

La continuidad del doctor Raúl Plascencia en la CNDH se determinará en los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, toda vez que su gestión como presidente del organismo concluye el 15 de noviembre de 2014.

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La crisis de Chalchihuapan lo evidencia como un político solitario

Un excolaborador de Luis Maldonado llega a la dirigencia de MC

Es difícil atisbar en qué terminará la crisis política, de imagen y credibilidad en que se encuentra metido el gobierno del estado por el caso Chalchihuapan, sobre todo después de la trágica muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo ocurrida este sábado por la tarde.

Algunas consecuencias están a la vista, entre ellas el repudio que la opinión pública —alentada por los comentócratas— ha mostrado hacia el gobernador Rafael Moreno Valle en la aplicación de la llamada Ley Bala y en la versión que tanto él como sus funcionarios han salido a dar sobre el desalojo, el uso excesivo de violencia y la herida que finalmente ocasionó el fallecimiento del hijo de Elia Tamayo.

Pero otras consecuencias no. ¿Qué pasará cuando se confirme que la lesión cerebral a José Luis Tehuatlie no la causó un cohetón, como ha dicho el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas? ¿O cuando las investigaciones corroboren que los granaderos que desalojaron a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras juntas auxiliares iban con algo más que cascos, escudos, tonfas o toletes? ¿Renunciará Luis Maldonado?

¿Cómo reaccionará Moreno Valle cuando se acredite el uso de armas y balas de goma en el operativo de la autopista Puebla-Atlixco, situación que su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, ha rechazado de manera reiterada? ¿O cuando se sepa que algunos jefes policiacos acudieron al desalojo con sus armas de cargo, como la mujer policía de apellido Sumiko que estuvo retenida por los pobladores en el centro de Chalchihuapan, y que perdió su pistola Pietro Beretta 9 milímetros? ¿Le pedirá su renuncia a Facundo Rosas?

¿Cómo parará el gobernador las voces críticas de las redes sociales que exigen su renuncia o juicio político, o de figuras nacionales que lo tachan de autoritario y represor? ¿Cederá a la presión política, social y mediática, sacrificando a uno o dos secretarios de su gabinete? ¿Tales remociones serán suficientes para contener la crisis? ¿Moreno Valle mantendrá su posición de culpar a los pobladores por llevar a niños como escudo? ¿O de responsabilizar a la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, al presidente  auxiliar de Chalchihuapan Javier Montes Bautista, y a otros dirigentes de la comunidad, de ser los causantes de la violencia y de estar involucrados en actos delictivos graves como el tráfico de personas y el narcotráfico?

No es fácil hacer un pronóstico sobre el desenlace de esta crisis, la peor en lo que va de su gestión. De lo que sí estamos seguros es que el deterioro de su imagen y la credibilidad de su gobierno son muy altos, y que la ola creciente de inconformidad social, por la insensibilidad que ha mostrado frente a la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo y el dolor de su madre, podrían arruinarle su proyecto político transexenal.

Lo más sintomático hasta el momento es que nadie fuera de su compacto grupo político ha salido a defenderlo o a reivindicarlo, ni siquiera los dirigentes locales o nacionales de sus partidos aliados. Tampoco los representantes de la Iniciativa Privada que supuestamente deberían estar contentos con las obras y proyectos que realiza su gestión. Y ya no digamos la comunidad académica o los líderes religiosos.

La respuesta a esta falta de solidaridad es significativa, y reveladora de que algo no está funcionando en su gobierno, pero también de que algunos de sus secretarios y colaboradores más cercanos no están siendo un canal de comunicación efectiva con la sociedad, ya sea porque se han encerrado en su propia burbuja o porque tampoco le informan de todo por temor a represalias.

Con Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno al menos había alguien que escuchaba y atendía a los inconformes, y hacía que estas quejas llegaran al gobernador, pero con su salida esta puerta se cerró y con ella la posibilidad de que los conflictos o desavenencias con la autoridad se resuelvan por la vía del diálogo y la negociación.

EN CORTO

A partir de este lunes Fernando Cortés Betanzos se integra a trabajar como coordinador de comunicación social de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) que preside el munícipe de Mérida, Yucatán, el panista Renán Alberto Barrera Concha.

Fernando Cortés se desempeñó como coordinador de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla, en el último tercio de la gestión de Eduardo Rivera Pérez, cuando éste también fue presidente nacional de esta organización de alcaldes panistas.

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José Manuel del Río Virgen fue electo este domingo presidente del Consejo Ciudadano Nacional del partido Movimiento Ciudadano.  Su nombramiento no deja de resultar interesante para Puebla, pues el político veracruzano se desempeñó al comienzo de la gestión morenovallista como director general del Colegio de Bachilleres, cargo al que renunció por diferencias con el entonces titular de la SEP en la entidad, Luis Maldonado Venegas.

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Ahora que la PGR decidió coadyuvar con la PGJ en las investigaciones acerca del desalojo en la autopista Puebla-Atlixco, para deslindar responsabilidades sobre el empleo de balas de goma y armas de fuego, y sobre quién en realidad lesionó al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, bien valdría que se concentrara en la policía que fue tomada como rehén por los pobladores la tarde-noche del miércoles 9 de julio.

La PGR debe interrogarla y hacerle tres preguntas básicas: qué tipo de arma usó en la refriega, que pasó con ella y quién la instruyó a presentarse con ella durante el operativo.

Aquí por lo pronto le puedo adelantar algunos datos. El primero es que acudió armada con algo más que un tolete, un casco y un escudo; que su pistola, una Pietro Beretta 9 milímetros se la quitaron los pobladores durante su cautiverio en la junta auxiliar de Chalchihuapan, y que la orden de acudir empistolada se la dio su superior Wilebaldo Ramón Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales.

¿Usted cree que si los policías del grupo antimotín llevaban armas de fuego, como una mortífera Pietro Beretta 9 mm, no también utilizaron balas de goma?

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Ya metido en el tema, creo que los investigadores de la PGR también deberían entrevistar a los uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) sobre la dirección y protocolos del operativo, y preguntar qué tanta coordinación había entre la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos; el coordinador de Despliegue Territorial, Yair Bibiano Sánchez, y el subdirector operativo de la Policía Estatal, Guillermo Palma Salazar.

A decir de algunos granaderos del grupo antomotín, lo que menos hubo en ese operativo fue coordinación, pues la subsecretaria decía una cosa, y Yair Bibiano otra diferente o contradictoria.

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Este viernes se renovará la dirigencia del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México en Puebla. Llegará como presidente Jesús Parra Tay, en sustitución del empresario Gabriel Casas Rodríguez.

Parra Tay es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, suplente del regidor Juan Pablo Kuri Carballo, fue militante del PRI y vicepresidente de la organización priísta Fuerza Joven.

Su designación es para un periodo de tres años. La protesta se la tomará su dirigente estatal Juan Pablo Kuri.

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A riesgo de parecer repetitivo, no quiero dejar de invitarlos este sábado a la conferencia que en la Casa de la Cultura ofrecerá el doctor en psicología educativa Antoni Zabala i Vidiela, experto en el enfoque de competencias y en procesos de reforma educativa en varios países latinoamericanos.

La conferencia del investigador español, que comenzará en punto de las 12, será abierta a todo el público en la Sala Luis Cabrera.

El presidente del Instituto de Recursos e Investigación para la Formación de Barcelona y director de la revista Aula de Innovación Educativa acude a Puebla como invitado de la Maestría en Evaluación Educativa del Colegio de Puebla y la Asociación de Consultores para la Investigación Educativa (ACIE).

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