Ahora que el gobernador Rafael Moreno Valle reprochó a dirigentes y militantes del PAN y el PRD no haber sido capaces de concretar una alianza que les hubiera dado mejores resultados en las elecciones del 7 de junio, vale la pena rememorar por qué dicha coalición fracasó.

Para empezar habría que decir que la alianza PAN-PRD había sido un asunto polémico y poco aceptado, por no decir rechazado, por los militantes y consejeros de ambos partidos en sus respectivos Consejos Nacionales celebrados en 2014.

Sin embargo eso no fue un obstáculo para que el gobernador Moreno Valle, junto con Los Chuchos del PRD y algunos consejeros nacionales del PAN integrantes del Comité Estratégico de Elecciones, cejara en su empeño de empujar una coalición entre ambos partidos.

A finales de noviembre de 2014, la Comisión Permanente del PAN aceptó ir alianza con partidos de izquierda en algunos estados donde habría elecciones para gobernador, y el Comité Estratégico de Elecciones —del que forma parte Eukid Castañón Herrera— empujó el tema para llevarlo a las elecciones de diputados federales.

Sin embargo, todo quedó en intento pues el 10 de diciembre que vencía plazo para registrar ante el Instituto Nacional Electoral los convenios de coalición entre dos o más partidos, la Comisión Política Nacional del PRD no pudo sesionar por falta de quórum.

Esa noche la Comisión perredista fue convocada con carácter de urgente para discutir y, en su caso, aprobar el convenio en el que tanto habían trabajado Los Chuchos de Nueva Izquierda, y los operadores del gobernador Moreno Valle comisionados para el tema: Eukid Castañón y Luis Maldonado Venegas.

Todo estaba listo, pero descuidaron un pequeño pero significativo detalle: cerciorarse de que los aliados de Los Chuchos en la Comisión Política Nacional, los integrantes de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), se sumarían a la iniciativa.

No lo hicieron, y en el pecado llevaron la penitencia, pues los representantes de ADN simplemente se ausentaron rompiendo el quórum, lo que impidió que el convenio pudiera aprobarse esa noche.

Su desaparición no fue casual, sino calculada y premeditada, para desquitarse del gobernador Moreno Valle por la andada de críticas que alentó en contra de la diputada federal Roxana Luna Porquillo, y el dirigente nacional de ADN, Héctor Bautista López, en el marco de las protestas y movilizaciones de los pobladores de Chalchihuapan.

Entre ellas la filtración de un audio en el que ambos personajes se ponen de acuerdo sobre una marcha de protesta a la Ciudad de México para exigir la liberación de presos políticos, justicia por la muerte del menor José Luis Tehuatlie de Chalchihuapan y el cese de los hostigamientos en contra de movimientos y líderes sociales.

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Con la novedad de que el fallo de la licitación de prendas de protección personal que este miércoles se iba adjudicar en las oficinas de la Delegación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a favor de Tejital SA de CV se pospuso para este jueves.

Pero con varios ajustes para cuadrar las cosas, entre ellos que el techo financiero se modificó a la alza, con la complicidad del subdelegado de Administración, Alberto Alvarado Jiménez.

Tras lo aquí publicado el representante legal de Tejital, Luca Balletti, ya amagó con demandar al que esto escribe, pues según él  mi fuente me malinformó sobre las anomalías de la licitación LA-009J0U022-N10-2015.

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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