Cuentan que la primera opción para sustituir a Armando Guerrero Ramírez como presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) no fue la doctora en antropología Alicia Olga Lazcano Ponce sino el consejero Paul Monterrosas Román, pero que éste declinó el ofrecimiento para no hacerse cargo del proceso de entrega-recepción del organismo y de solventar los pendientes que dejó aquél tras su intempestiva renuncia.

Según esta versión los consejeros habían decidido dos cosas: una, no proponer como sustituto a alguno de los consejeros que llegaron a la etapa final del proceso de selección de consejeros para el Organismo Público Local Electoral (OPLE) –Fidencio Aguilar Víquez, Dalhel Lara Gómez y José Luis Martínez López– y, dos, que el sucesor de Armando Guerrero saliera por amplio consenso.

Fue así que los consejeros salientes del IEE eligieron a Paul Monterrosas como presidente, tras lo cual éste declinó el nombramiento, sin explicar públicamente las causas de su negativa. Y digo públicamente porque se sabe que éste llegó a comentar con algunos empleados y funcionarios del Instituto que su decisión obedeció a que no quería estar sujeto a ningún proceso administrativo por el desorden que dejó Armando Guerrero tras renunciar el pasado domingo 26 de julio.

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Si ya se sabe que desde la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado se controla el presupuesto, los salarios y prestaciones de los funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial de Puebla, al menos estos deberían guardar las formas y no ventilarlo en documentos como el signado por el secretario de Acuerdos del pleno del Tribunal Superior de Justicia, Álvaro Bernardo Villar Osorio, y que apareció en el portal electrónico de esta instancia gubernamental.

Según este documento fue la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas la que mediante oficio SFA/SA/0001/2015 le hizo saber al pleno del Poder Judicial del estado los días inhábiles correspondiente del 1 de enero al 31 de julio, y las fechas en que los empleados y funcionarios adscritos al Tribunal Superior de Justicia tendrían su primer periodo vacacional del año 2015.

 

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Tómelo con reserva pero una fuente confiable me asegura que el escándalo de los policías chupa ductos, que ya le costó la cabeza al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, aún podría escalar y afectar a mandos medios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, coludidos con las bandas dedicadas al robo de combustible en la entidad.

Según esta fuente, que dice tener información privilegiada de la PGR, uno de los funcionarios de la PGJ involucrados en la protección del robo y la venta ilegal de combustible de Pemex sería el comandante de la Policía Ministerial, José Luis Briones.

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Aunque la senadora Blanca Alcalá Ruiz ha dicho que ella preferiría ser gobernadora de seis años y no de un año ocho meses, también ha dejado en claro a la dirigencia nacional de su partido que está puesta para la elección del 2016 si es que se le requiere.

En ese sentido valdría la pena no descartarla como una de las posibles contendientes en los comicios locales del próximo año, considerando que hoy por hoy es la mejor carta del PRI, según diversas encuestas electorales.

Blanca Alcalá fue entrevistada este martes en la Cámara Alta y ahí precisó que lo importante es la unidad del PRI y que ella hará lo necesario para construirla, ya sea sumándose al candidato o candidata que elijan los priístas o aceptando la postulación si es que fuera la nominada para contender por la gubernatura de Puebla en el 2016.

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