Un fracaso el nuevo sistema de justicia adversarial

Vicente Pacheco deja la Upaep; Elyser Tato, al DIF Municipal

En el transcurso de los próximos días u horas se sabrá la fecha en que Roberto Flores Toledano rendirá su primer informe de labores como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y si éste marcará su despedida al frente del Poder Judicial del estado, ante los magros resultados de su gestión, caracterizada por el abandono de los proyectos de su antecesor, el cese de varios jueces del nuevo sistema de justicia adversarial, el encarcelamiento de otros y el fracaso de los llamados juicios orales.

Entre los proyectos iniciados por el anterior presidente del TSJ, David López Muñoz, y que Flores Toledano suspendió destaca la creación de Juzgados Municipales en las principales cabeceras de la entidad. La mayoría de los convenios que desde hace dos años se firmaron con diferentes alcaldes para la instalación y funcionamiento de juzgados no se han aterrizado y, por lo visto, ya ni se construirán. Como botón de muestra están los casos de Acatlán, Teziutlán, Izúcar de Matamoros y Esperanza.

Sobre el nuevo sistema de justicia adversarial llama la atención que dos de los jueces nombrados en la gestión de Flores Toledano han sido corridos por supuestos actos de corrupción o delitos contra la administración de justicia. Uno es el juez oral de control de Ciudad Serdán, José Luis Ramírez Santos, y otro el juez de ejecución de sentencias itinerante Iván Roberto Vargas Carmona.

José Luis Ramírez fue removido del Juzgado Penal de Ciudad Serdán, por supuestos actos de corrupción en que habría incurrido en complicidad con el agente del Ministerio Público Especializado en Juicios Orales, Servando Ochoa Sebastián, y el jefe de Causas de ese Juzgado, Jorge González Sánchez, hijo del exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado Puebla (TEEP), Gabriel González Alegría, hoy juez civil de Tepeaca.

Iván Roberto Vargas, juez itinerante de ejecución de sentencias también salió del Poder Judicial del estado —a menos de tres años de haber sido nombrado— entre  acusaciones de corrupción vinculadas con preliberaciones de algunos sentenciados.

Quien también fue destituida como juez civil de Tecamachalco es Araceli Díaz Carcaño, quien regresó a su anterior plaza como secretaria de Juzgado, por diferencias con el presidente del TSJ.

En la gestión de Flores Toledano varios jueces han sido procesados por delitos contra la administración de justicia: Maritza Flores Hernández, del Juzgado Civil de Teziutlán, por extravío de expedientes; Jesús Sánchez Jiménez, juez mixto del distrito de Chiautla de Tapia, por enviar a prisión a militantes panistas que en marzo del año pasado tomaron la presidencia municipal de Teotlalco; y Alejandro Ramírez Cante, juez penal de Huejotzingo, por dejar en libertad a dos presuntos homicidas vinculados con el crimen organizado.

Sin embargo, la discrecionalidad con que se actuó inconformó a ciertos funcionarios del Poder Judicial del estado, como Blanca Laura Villeda, que cuestionaron el doble rasero del presidente del TSJ en cuanto al procesamiento de jueces, pues a unos —como Ramírez Cante— eran enviados a prisión y otros, que habían incurrido en las mismas irregularidades —como el juez José Luis Arenas Juárez, del Juzgado Penal de Tepeaca— sólo eran cambiados de Juzgado.

El rezago en la apertura y funcionamiento de salas orales, en la Sierra Norte de Puebla y otras regiones de la entidad, es otro de los pendientes de Flores Toledano. Por falta de recursos la construcción de estos juzgados se atrasó, lo que no impidió que decenas de delincuentes obtuvieran su liberación anticipada.

En el 80% de los juicios orales efectuados el año pasado, las sentencias fueron favorables para los acusados, y no porque en realidad fueran inocentes, sino por la falta de preparación de los jueces orales y la incapacidad de los ministerios públicos para acreditar los delitos por los que aquellos fueron enviados a prisión.

Por lo anterior es que en los pasillos del Poder Judicial se especula con el relevo de Flores Toledano después de su informe, y la llegada del magistrado Amador Coutiño Chavarría como su sucesor en la presidencia del TSJ, aprovechando su experiencia en el Poder Judicial de la Federación y en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud.

Otra especulación entre magistrados y jueces es el nombramiento del hijo del diputado federal Jesús Morales Flores —Guillermo Morales Rodríguez, quien actualmente se desempeña como secretario adjunto del magistrado presidente del TSJ— como titular de un juzgado en la capital del estado.

EN CORTO

Después de más de casi 40 años de fungir como secretario general de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) Vicente Pacheco Ceballos, fue relevado del cargo por José Antonio Llergo Victoria, quien fungía como director del Departamento de Ciencias Sociales.

Vicente Pacheco se mantendrá en la institución pero ahora como secretario general emérito.

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Justy Elyser Tato se perfila como el próximo director general del Sistema Municipal DIF. Se trata de un consultor internacional que desde hace más de 20 años ha trabajado en México y en el mundo con diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), cuenta con diferentes maestrías y posgrados en el extranjero en áreas como Dirección de Fundaciones, Procuración de Fondos, Responsabilidad Social y Ayuda Humanitaria, y ha participado en organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Oxfam y la Cruz Roja. En Puebla fue el creador del programa Corazoles y el fundador del holding de comunicación publicitaria Alkimia Group.

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Jesús Ramón Rodríguez Guardado, excoordinador Jurídico del Ayuntamiento de Puebla en la saliente gestión de Eduardo Rivera Pérez, es el nuevo abogado general de la Upaep.

Sustituye en la institución universitaria a Gumercindo Bautista Gracida, quien hace unos días falleció.

Gumersindo Bautista fue además de abogado general, coordinador del Bufete Jurídico de la institución universitaria durante más de dos décadas.

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A diferencia de lo que muchos dábamos por supuesto —que Jorge Fouad Aguilar Chedraui  sería designado coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la próxima Legislatura local—, en Casa Puebla se hacen otro tipo de evaluaciones que podrían favorecer a una mujer que en su apellido lleva uno de los valores más ponderados por el inquilino de la residencia oficial de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Me refiero a la diputada electa Irma Patricia Leal Islas, quien podría convertirse en la líder de la fracción panista y, quizás, en la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LIX Legislatura del Congreso del estado.

Las razones de ese repentino cambio de señales se desconocen, pero los enterados aseguran que en el ánimo del primer panista de la entidad los bonos de la excontralora están a la alza por lo que su nombramiento sería un reconocimiento a su lealtad, disciplina y discreción.

Leal Islas aún no es militante del PAN, pero está en proceso de serlo, una vez que ya acudió al Comité Directivo Municipal a realizar su trámite de afiliación y a solicitar su inscripción para el siguiente curso-taller de introducción al partido, que le permitiría ser evaluada por el Registro Nacional de Miembros y la Secretaría de Formación del CEN del PAN, antes de obtener su credencial como militante activa.

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Entre los jueces y magistrados del Poder Judicial del estado no ha caído nada bien el doble rasero con que se les evalúa, en función de sus nexos políticos y familiares.

No entienden por qué el juez penal de Huejotzingo, José Alejandro Ramírez Cante, fue encarcelado por liberar a dos presuntos homicidas, pese a que el Ministerio Público adscrito no apeló esa resolución, ni la Sala del Tribunal Superior de Justicia revocó su sentencia.

Y por qué no se procedió de la misma manera con el juez penal de Tepeaca, José Luis Arenas Juárez, tras la liberación de un peligroso homicida con una boleta de libertad apócrifa que supuestamente falsificaron subordinados suyos.

El encarcelado Ramírez Cante es esposo de la juez Tercero de lo Civil, Alicia Ortiz Márquez, y ambos gozaron durante mucho de la protección del magistrado Alfredo Mendoza García, ya retirado.

En cambio el juez de Tepeaca, José Luis Arenas, es hijo de la magistrada en activo del Tribunal Superior de Justicia, María de los Ángeles Juárez Hernández.

¿A poco hay de jueces de primera y de segunda? ¿O jueces con padrino y sin padrino?

Hay que aclarar que el malestar no es sólo de jueces que en el sexenio marinista cobraron notoriedad como Blanca Laura Villeda Martínez, quien fue procuradora de Justicia en esa administración, sino de jueces que vienen incluso de años atrás y que creen que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, quiere sus puestos para meter a gente suya o recomendados del grupo político gobernante.

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Este martes se presentó a las instalaciones de e-consulta.com Aída Ramo Hernández, quien hace unos días fue despedida de la Secretaría de Transportes, tras revelarse los nexos de la directora de Planeación de la dependencia, Mónica Alicia Osorio Alarcón, con la empresa CEO Business Consulting S.C. 

Ramo Hernández aclaró a quien esto escribe que nunca fue asistente de la referida funcionaria, ya que su plaza estaba adscrita a la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Subsecretaría de Planeación y Desarrollo de la ST.

Apuntó que es totalmente ajena a cualquier filtración o infidencia vinculada con la directora de Planeación, de la que sólo recibió malos tratos a pesar de no ser su subordinada, por lo que lamentó que el subsecretario Víctor Mata Temoltzin la hubiera despedido sin explicarle siquiera los motivos de su fulminante cese, el pasado 15 de los corrientes.

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José Carlos Proal, subprocurador fantasma en la PGJ

Casi listo el nuevo decreto de límites entre Puebla y Cholula

Dudas que matan sobre jueces, hijos de magistrados

Aunque en la Procuraduría General de Justicia no han querido que trascienda, la verdad es que han tampoco han sabido guardar las formas para mantener el secreto sobre por qué José Carlos Proal Díez de Urdanivia despacha como subprocurador de la Policía Metropolitana, o como titular de la Fiscalía General Metropolitana, pero no firma como tal.

En el directorio oficial de la PGJ su nombre ni siquiera aparece. No obstante, despachar al lado de su jefe, Víctor Antonio Carrancá Bourget, en el mismo cuarto piso y cuenta con la segunda mejor oficina del edificio marcado con el número 47 de la calle Tlaxcala, en la colonia San Rafael Oriente.

Quien formalmente despacha como encargado de la Fiscalía General Metropolitana es el abogado Octaviano Escandón Báez, pero en una oficina muy modesta comparada con la del procurador Víctor Carrancá y la de José Carlos Proal.

Sin embargo, los directores generales, directores de área, ministerios públicos y comandantes de la Policía Ministerial saben que el verdadero Fiscal es José Carlos Proal y no Octaviano Escandón, quien sólo es útil para cuestiones de firma, pero no para el día a día y los asuntos operativos.

¿A qué obedece esta simulación?

La respuesta es simple: a que el hombre fuerte y de confianza del procurador Víctor Carrancá no acreditó el examen de control de confianza que presentó en abril del año pasado, lo que le impide figurar como subprocurador o fiscal general de la PGJ de la entidad, o como funcionario en cualquier otra institución de seguridad pública en el país.

De ahí también que José Carlos Proal —que fue secretario particular del procurador Héctor Maldonado Villagómez en el sexenio melquiadista— tampoco aparezca en la nómina oficial, aun cuando use vehículos y patrullas oficiales y tenga asignados para su seguridad a policías ministeriales de la dependencia.

¿No que nadie por encima de la ley?

INTRAMUROS

Aunque será antes de que concluya el año cuando el Congreso del estado resuelva, por fin, el añejo conflicto territorial entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, trascendió que el decreto de 1962 será derogado y que el polígono de 8.5 kilómetros cuadrados en disputa no se repartirá en partes iguales.

De acuerdo con fuentes confiables, San Andrés Cholula se quedará con una mayor superficie y con un mayor número de colonias y fraccionamientos, a fin de que pueda mejorar su recaudación por concepto de impuesto predial; y el municipio de Puebla, con el Centro Comercial Angelópolis y las Universidades y Colegios asentados sobre la Vía Atlixcáyotl y el bulevar del Niño Poblano.

Para el nuevo decreto que fijará los linderos entre Puebla y Cholula, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Mario Riestra Piña, ha solicitado la asesoría de especialistas de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la UNAM, la BUAP y la UDLAP.

A la par, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ha venido reuniéndose con los alcaldes salientes y electos de Puebla y San Andrés Cholula para que avalen el nuevo decreto, que pondrá fin a más de una década de disputas entre las autoridades de ambos municipios.

EN CORTO

¿Qué poderoso personaje influyó para que el Primer Juzgado Penal de Puebla no emitiera una orden de aprehensión en contra del juez de Tepeaca, José Luis Arenas Juárez, por la liberación del reo Román Omar Ramos Luna mediante una boleta de libertad apócrifa?

¿Quién se comunicó a la Dirección de Averiguaciones Previas zona Poniente de la PGJ para pedir que el hijo de la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández no fuera involucrado como cómplice en la liberación de un delincuente sentenciado a 15 años de prisión, por el delito de homicidio calificado?

¿Qué relación guarda el diligenciario del Juzgado Penal de Tepeaca, Luis Antonio Ibarra Pérez, con el juez José Luis Arenas, y el abogado del reo que dejó el Cereso de Tepeaca con una boleta falsa de liberación, Máximo Valencia?

¿A poco los 300 mil pesos que pagó el defensor del sentenciado únicamente salpicaron al Oficial Mayor y al secretario de Acuerdos del Juzgado de Tepeaca, Alfredo Morón Macehuatl y Huberto Roblero Godínez, respectivamente?

¿Qué tan ciertas son las versiones de que existen otras liberaciones irregulares en Tepeaca, ordenadas por el mismo juez José Luis Arenas, pero que en estas estarían inmiscuidos personajes como Luz María Díez de Urdanivia, hermana del ex precandidato del PRI a la alcaldía de San Andrés Cholula y prima hermana del subprocurador José Carlos Proal Díez de Urdanivia?

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¿Qué juez civil acaba de ser denunciado ante la Agencia especializada en delitos cometidos por servidores públicos por su supuesta parcialidad en un juicio multimillonario en un Juzgado de Huejotzingo?

¿Esta denuncia es ajena a la queja administrativa que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, recibió hace unos días en contra de un juez civil, hijo del ex magistrado Alfredo Mendoza García, recientemente jubilado?

¿Flores Toledano seguirá creyendo, como lo declaró al ser nombrado presidente del Tribunal, en sustitución de David López Muñoz, que los familiares y herederos de los magistrados en funciones o recientemente jubilados no son un fardo para el Poder Judicial del estado?

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