Uno de los logros que más ha presumido la actual administración estatal se refiere a la mecanización del campo.

Este compromiso que fue incluso publicitado como uno de los siete que el gobernador Rafael Moreno Valle prometió en campaña, firmó ante notario público, y cumplió al llegar a la mitad de su sexenio, hoy está siendo severamente cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de Resultados de la Fiscalización 2012.

Y no porque el mandatario estatal hubiera mentido o maquillado las cifras sobre las cuatro posiciones que avanzó en el Índice de Mecanización del Campo elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, sino por la manera en que lo logró.

Según el informe de la ASF los 1,690 motocultores o mototractores comprados por su gobierno en 2012 además de adquirirse a sobreprecio a dos proveedores del mismo grupo empresarial y sin que los campesinos y agricultores beneficiados los eligieran, no son los que avaló el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA).

Además, de acuerdo con el mismo “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012”  los referidos motocultores se entregaron sin que se respetaran las Reglas de Operación que regulan el programa y, lo peor, falsificando las firmas de los beneficiarios en 168 expedientes.

Aquí lo que textualmente dice el documento de la ASF en sus páginas 69 y 70:

“Del total de recursos por 115,585.6 miles de pesos operados en el Componente Agrícola, por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla, 107,893.1 miles de pesos, es decir, el 93.3%, se destinaron para apoyar la compra de 1,690 motocultores que fueron adquiridos con dos proveedores de un mismo grupo, y se entregaron de manera gratuita a los beneficiarios aun cuando las Reglas de Operación que regulan el programa establecen como una obligación de éstos la de aportar una parte del costo de los bienes; además de que los beneficiarios no eligieron las características, la marca, ni los proveedores, lo cual era su derecho.

“Los precios a los que se adquirieron los motocultores fueron superiores a los de otros equipos con características similares. Mediante los informes de un perito en grafoscopía adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que las firmas de la credencial para votar de 168 expedientes no provienen del mismo origen gráfico que las de algunos documentos contenidos en los expedientes de los apoyos.

“Los proveedores de los equipos presentaron como vigente en 2012, un certificado del Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), el cual había sido cancelado en 2011; además, el modelo del motocultor entregado a los beneficiarios no corresponde al que en su momento ostentaba la certificación del referido organismo”.

¿Por qué estas irregularidades nunca fueron detectadas por la Contraloría del estado o la Auditoría Superior del Estado que, se supone, revisaron y aprobaron la cuenta pública 2012 del Ejecutivo y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado?

¿A cuánto se pagaron los mototractores adquiridos por el gobierno del estado el año antepasado, para cumplir el cuarto de los siete compromisos de la propuesta de gobierno firmada por Moreno Valle aquel 31 de mayo de 2010 ante el notario público René Meza Cabrera?

Ya sabemos que los 1,690 motocultores comprados en 2012 estuvieron sobrefacturados, pero ¿qué pasa con los restantes 3,102 equipos mecanizados que fueron adquiridos en los tres primeros años del sexenio? ¿También se compraron a sólo dos proveedores del mismo grupo?

¿Estos mototractores se concursaron en una licitación pública internacional o sólo se adjudicaron en una licitación por invitación?

¿Quién fue el funcionario o los funcionarios que adquirieron estos equipos a sobreprecio? ¿Ya fueron sancionados, inhabilitados o suspendidos del servicio público?

¿La Secretaría de la Contraloría o la Auditoría Superior del Estado ya tendrán esta información o esperan el próximo Informe de la ASF para enterarse de lo que sus auditores encubrieron o no quisieron ver, ni investigar?

Conste que son preguntas.

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Ayer le decía que José Felipe Velázquez Gutiérrez tramitó ante la Secretaría de la Contraloría del estado una constancia de no inhabilitación, y que ésta le fue otorgada, a pesar del oficio enviado por la Contraloría Municipal de San Andrés Cholula informando que éste fue inhabilitado por 12 años y multado con 4 millones 45 mil pesos.

Tal contradicción, supuse, tenía que estar relacionada con una disparidad en las fechas, entre el oficio de inhabilitación enviado por la Contraloría de San Andrés Cholula a la Contraloría del estado, y la constancia expedida por esta dependencia estatal.

Hoy veo con sorpresa que no es así: que el oficio enviado por la Contraloría de San Andrés Cholula fue recibido y sellado por la Contraloría del estado el 14 de febrero de 2014 y que la constancia de no inhabilitación expedida por esta dependencia a favor de José Felipe Velázquez  tiene fecha del 19 de febrero de 2014.

¿A cuál de estos documentos oficiales creerle?

¿Al suscrito por el contralor saliente de San Andrés Cholula, Álvaro Fuentes Morales, o al expedido por la Contraloría del estado?

El asunto debe aclararse y rápido, pues lo más probable es que José Felipe Velázquez, pronto reaparezca en algún cargo público de relevancia, amparado en la constancia que este miércoles le extendió la Contraloría del estado.

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Inhabilitan en San Andrés a José Felipe Velázquez Gutiérrez

Cuatro lecturas de la toma de posesión de Antonio Gali Fayad

No pasarán muchos días para que el presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, nos demuestre qué tanto de lo ofrecido en su discurso de toma de posesión —ante el gobernador Rafael Moreno Valle y el dirigente nacional de su partido, Gustavo Madero Muñoz—está dispuesto a cumplirlo, aun cuando tenga que sacrificar a funcionarios recién designados en su administración.

Leo Paisano dijo en su discurso: “Prometo por Dios gobernar con los valores que me han inculcado mis padres: la honradez, la honestidad y la lealtad y que sólo aquellos que tengan esos valores formarán parte de mi equipo de trabajo”.

La prueba de fuego del alcalde sanandreseño estará relacionada con las inhabilitaciones hechas por la Contraloría Municipal en contra de cuatro secretarios de ese ayuntamiento en la gestión de David Cuautli Jiménez, entre los que figura José Héctor Huerta Calvario, quien se perfilaba para repetir en la Contraloría en la nueva administración municipal.

Los exfuncionarios inhabilitados son Carlos Cárdenas Ramírez, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad; José Felipe Velázquez Gutiérrez, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano; Miguel Ángel Macip Molina, quien fue secretario de Obras Públicas, y el ya referido José Héctor Huerta, quien se desempeñó en el periodo de 2008 a 2011 como director jurídico, director de Giros Comerciales y contralor municipal.

El primero fue inhabilitado por 11 años y multado con 442 mil pesos; José Felipe Velázquez, quien después de laborar en San Andrés Cholula trabajó en el ayuntamiento de Puebla como secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, fue inhabilitado por un periodo de 12 años y sancionado con 4 millones de pesos; y el exsecretario de Obras fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante 10 años.

José Héctor Huerta fue sancionado con dos inhabilitaciones, una por dos años seis meses y otra por 12 años, y multado con 546 mil pesos.

Este último personaje, al que inicialmente Leoncio Paisano había nombrado contralor, quiso negociar con el equipo del alcalde saliente Jesús Romero Toxqui sus inhabilitaciones, pero fracasó en su intento y en sus presiones.

En primer lugar porque los regidores del cabildo saliente no querían irse sin que la Contraloría Municipal concluyera los procesos de inicio de responsabilidades que el alcalde Miguel Ángel Huepa comenzó en 2011 y que durante casi dos años estuvieron parados, y porque el contralor saliente Álvaro Fuentes Morales no se dejó intimidar por quien sería su sucesor y que presionó para que esos expedientes se archivaran.

El malestar de los regidores salientes viene de tiempo atrás, pues además de las omisiones en que José Héctor Huerta incurrió como contralor de David Cuatli Jiménez al no sancionar diversas irregularidades en la condonación de multas y áreas de donación de fraccionamientos, el otorgamiento de licencias y la construcción de obras fuera de normatividad, éste se convirtió en abogado defensor de los exfuncionarios de aquella administración municipal, en franca violación al artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Enterado de que su contralor había sido doblemente inhabilitado, Leoncio Paisano tuvo que hacer un cambio de última hora y nombrar en lugar de aquel a la abogada Nadia Hernández Acosta.

Nombramiento que es un ardid del propio José Héctor Huerta, ya que Nadia Hernández Acosta además de ser su socia en un despacho ubicado en Residencial Esmeralda, funge y ha fungido como subordinada suya en otras responsabilidades públicas. La última, por cierto, en el ayuntamiento de San Pedro Cholula.

¿Cuál será la misión de Nadia Hernández en la Contraloría de San Andrés Cholula? ¿Cómo resolverá el recurso de revocación promovido por su exjefe y socio por la inhabilitación de dos años seis meses que dictó el contralor saliente de San Andrés, Álvaro Fuentes Morales? ¿Se excusará del asunto por el evidente conflicto de interés o le dará entrada para dejar sin efecto esta sanción?

¿A poco Leoncio Paisano, que juró por Dios gobernar con honradez, ignora los vínculos de José Héctor Huerta y su contralora municipal? ¿O que ambos laboraron en el ayuntamiento de Dolores Parra Jiménez? ¿O que José Héctor Huerta aparece en varios litigios como abogado defensor de exfuncionarios sanandreseños acusados de daño patrimonial?

EN CORTO

Cuatro son los aspectos que desde mi perspectiva habría que resaltar en el marco de la ceremonia de toma de posesión de José Antonio Gali Fayad como presidente municipal de Puebla.

La primera cuestión a destacar es la cara de satisfacción del gobernador Rafael Moreno Valle a lo largo de toda la ceremonia, y el torneo de halagos mutuos que se prodigaron él y José Antonio Gali en sus discursos.

Un segundo punto es la prisa por desaparecer cualquier huella pública del presidente municipal saliente, Eduardo Rivera Pérez, hecho que se reflejó en la repintada de tuvieron los aparatos de los gimnasios al aire libre construidos por su administración en diversos parques públicos. Los aparatos que originalmente eran de color morado amanecieron el día sábado 15 repintados —sin ninguna necesidad— en tonos azul y blanco.

Un tercer aspecto es el nombramiento de Félix Hernández Hernández como coordinador de los regidores del PAN. Originalmente esta posición estaba destinada a Juan Carlos Espina von Roerich, pero la cercanía de éste con el presidente municipal saliente, Eduardo Rivera, fue un factor que al final pesó en su contra y favoreció al secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN y uno de los operadores de mayor confianza del dirigente estatal panista Rafael Micalco Méndez.

Una cuarta y última cuestión es el compromiso del nuevo alcalde de hacer obras básicas en juntas auxiliares y colonias marginadas que contribuyan al combate a la pobreza, lo que significa dejar las obras de relumbrón que poco o nulo impacto tienen en los indicadores de desarrollo y los niveles de bienestar de la población en general.

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