El hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores se reunió la mañana de este martes con Enrique Doger Guerrero, en el café Punta del Cielo de la 31 Oriente y 12 Sur, para trasmitirle un mensaje de su jefe, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Fernando Morales Martínez, quien cobra como subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (SGG) le dijo al principal aspirante del PRI a la gubernatura de Puebla, que lo iban a hacer mierda en las próximas elecciones.

El encuentro fue breve, de unos 15 minutos. El subsecretario llegó a la cafetería a las 9:45 horas en una camioneta Suburban de color negro y el ex rector de la BUAP y ex alcalde de Puebla, en una camioneta Lincolnshire del mismo color. El primero quiso saber «cómo van las cosas en PRI», partido en el que se supone todavía es militante. Doger le respondió: «esto va muy bien».

Después de los saludos de rigor, el subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana transmitió el mensaje del que era portador, frente al cual Doger le expresó que no aceptaba las amenazas de su jefe, al que no le tenía miedo y que jamás admitiría los ataques personales y menos contra sus hijas menores de edad.

También le hizo saber que ya en el CEN del PRI y en otras oficinas del Distrito Federal habían registrado esas amenazas, que el gobernador había adelantado al periodista Javier López Díaz hace unos 15 días en una gira de trabajo, en el sentido de que le iban a romper la madre y hacerlo mierda.

Los protagonistas del encuentro se fueron como llegaron, cada cual en su camioneta y repitiendo la misma frase: nos vemos en las urnas.

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Más que inconformes se encuentran rectores y directores de diversas universidades particulares de la entidad que no saben qué hacer para que la Secretaría de Educación Pública del estado agilice la expedición de certificados legalizados, títulos y reconocimientos de validez oficial de estudios (rvoes).

Afirman que los trámites y la expedición de documentos en la Dirección General de Educación Superior y la Dirección de Control Escolar se han atrasado por cambios de funcionarios y personal en ambas oficinas de la SEP, por auditorías en proceso a sus anteriores titulares, José Antonio Fraga Valle y Alejandro Gómez García, respectivamente, y por la incapacidad de los actuales encargados de despacho o directores, Arturo Ordaz Merino y Petra Llamas García.

Sostienen que esta situación afecta a unas 140 instituciones privadas de educación superior y a unos 15 mil alumnos de licenciatura, maestría y doctorado que no pueden obtener sus certificados legalizados de estudios, ni tramitar su título o cédula profesional, ni titularse o inscribirse a un postgrado, ya que todos los trámites y procesos que tienen lugar en la Dirección General de Educación Superior están suspendidos hasta nuevo aviso.

La mayor problemática, concluyeron, se focaliza en la Dirección de Control Escolar, donde la nueva titular, Petra Llamas, no sólo despidió al personal que estaba a cargo de los archivos de las 206 instituciones particulares de educación superior, sino que mandó a digitalizar toda la documentación a una empresa regiomontana de la que es socio Antonio Argüelles Díaz González, quien fungió como encargado de despacho de la SEP a la salida de Jorge Benito Cruz Bermúdez, y ordenó la descentralización de los archivos a las 15 supervisiones de Educación Superior, pese a carecer de personal, oficinas y recursos para hacer esta labor.

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Vaya desde aquí un fuerte abrazo de felicitación a Felipe Ponce Mecinas y Carlos Pacheco Parra por haber obtenido el primer lugar del Premio al Periodismo en las categorías de Crónica y Fotografía.

Los trabajos ganadores de ambos versan, por cierto, sobre los acontecimientos ocurridos en Chalchihuapan el 7 de julio del año pasado.

Felipe Ponce, cuya crónica sobre la liberación del policía retenido como rehén en Chalchihuapan se publicó en e-consulta, fue editor del portal Municipios Puebla.

Las imágenes captadas por Carlos Pacheco, de la agencia Enfoque, también se publicaron en e-consulta y captan las secuelas de violencia sufridas por los vecinos de Chalchihuapan a manos de las fuerzas policíacas.

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A los supervisores escolares de la Secretaría de Educación Pública les cayó como una patada en los bajos, la circular que este jueves reenvío el director general de Educación Superior, José Antonio Fraga Valle, advirtiéndoles que la Secretaría de la Contraloría  podría sancionarlos si en estas fiestas decembrinas ellos o su personal aceptan obsequios cuyo monto rebase los diez salarios mínimos.

La circular en cuestión está suscrita por el contralor del estado Eukid Castañón Herrera y está dirigida a los titulares de dependencias y entidades de la administración pública estatal, a quienes se conmina a remitir a la Contraloría, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de su recepción, los regalos u obsequios que superen el monto autorizado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Insuficientes los activos del Soapap

Una de las razones que más pesó en la decisión de concesionar por 30 años  los servicios del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), es el monto que el gobierno del estado habría tenido que invertir en los próximos años para garantizar el suministro del vital líquido en la Angelópolis y en algunos municipios conurbados.

Se estima que esta inversión rondará los tres mil millones de pesos, cifra que la empresa ganadora de la licitación tendrá que desembolsar entre 2014 y 2017 para mantener los servicios de agua potable en la capital y comenzar a recuperar su inversión.

Dicha cantidad no podía salir de los activos del Soapap —que ascienden a más de 9 mil millones de pesos—, porque un alto porcentaje de la cartera vencida es incobrable y la mayoría de los bienes propiedad del organismo no son sujetos de enajenación por tratarse de pozos y la red de distribución del agua potable.

La cartera vencida del Soapap ascendía en diciembre de 2012 a 3 mil 43 millones de pesos, y los 447 inmuebles del organismo—de los cuales 266 no están regularizados— a 5 mil 686 millones 591 mil pesos.

Para cubrir esa inversión, el gobierno del estado o el Soapap habrían tenido que recurrir a un nuevo crédito. De ahí que se optó por la alternativa de mejor concesionar los servicios del Soapap con el propósito de que un particular inyectara los 3 mil millones de pesos que se requieren en el corto plazo para garantizar el suministro de agua potable en la capital del estado.

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Crece la oposición al líder charro Carlos Cassellis

La negativa de revisar en más de tres años los salarios de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación podría hacer crisis en los próximos días en Puebla y otras entidades del país.

En el estado el malestar de los trabajadores es aún mayor por la falta de democracia sindical, ya que su actual dirigente Carlos Cassellis Vázquez, quien se ha mantenido en la Secretaría General por ocho años ocho meses, pretende una reelección más.

La renovación de la dirigencia sindical debió llevarse a cabo en abril, pero se ha venido posponiendo  con la complicidad del dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Juan Bautista Reséndiz.

Tres son los aspirantes que podrían disputarle a Carlos Cassellis la representación sindical de los trabajadores de Puebla: Jaime Serrano Alva, del grupo del exdirigente Esteban Velázquez González; Antonio Pedraza Mayoral, quien ya ha participado en anteriores procesos; y el opositor Guadalupe González Vargas, de la planilla denominada Transformación y Transparencia Sindical.

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