Hete aquí un escenario sobre la sucesión gubernamental, que antes del penúltimo informe del gobernador Mario Marín Torres, podría concretarse con algunas ligeras variantes:

Antes del 15 de diciembre, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, de común acuerdo con el gobernador Mario Marín, nombrará a un delegado especial que se hará cargo de sacar adelante el proceso interno priísta.

Dicho delegado o delegada vendrá con la consigna de sacar candidato de unidad y, de evitar a toda costa un proceso abierto de consulta a la base, que sólo beneficiaría al aspirante del PAN a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas.

La metodología de María de las Heras y su encuestadora Demotecnia será desechada, lo que no significa que el PRI dejará de contratar estudios de opinión para medir y evaluar a sus principales aspirantes al gobierno del estado.

La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, será reincorporada en las nuevas encuestas, lo que provocará que la intención de voto de Enrique Doger disminuya, sobre todo en la zona metropolitana de Puebla y su periferia, y entre los electores volátiles o switcher.

Blanca Alcalá declinará a su aspiración y se sumará al “Proyecto Z”, previo acuerdo con el gobernador Marín, López Zavala y el nuevo o delegada del CEN del PRI, de que será candidata al Senado de la República en las elecciones del 2012.

Con esa promesa en la bolsa, Blanca Alcalá saldrá a decir que es una mujer de palabra y que cumplirá el compromiso que firmó ante notario público de concluir su gestión de tres años.

Con el expresidente municipal de Puebla también habrá acuerdos y promesas. A Enrique Doger se le pagará en efectivo lo invertido en su promoción como aspirante a la gubernatura y, se le concederán algunos espacios en la administración pública y el Congreso del estado.

Los beneficiados dogeristas de este arreglo político y económico serán Jorge Ruiz Romero, a quien se le ofrecerá una secretaría o un puesto relevante en el próximo gabinete, así como Ignacio Mier Velasco y el regidor Enrique Chávez Estudillo, quienes podrían convertirse en candidatos a diputados locales.

Javier López Zavala será nombrado el precandidato de unidad en la tercera o cuarta semana de enero.

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El diputado local Luis Alberto Arriaga Lila podría quedarse como el perro de las dos tortas, después de que se anunció su regreso a la contienda interna priísta por la presidencia municipal de Puebla.

Y aunque en sentido estricto, el legislador priísta nunca ha declarado que renuncia a la puja por la presidencia municipal de San Andrés Cholula, para reincorporarse a la contienda por la alcaldía poblana, su ambiguo discurso de que “estará donde más le convenga al PRI”, podría dejarlo fuera de las dos.

Por lo pronto se sabe que este jueves se comunicó vía telefónica con el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, para aclararle que él jamás declaró que volverá a Puebla para buscar la silla de la primera alcaldesa de la capital, Blanca Alcalá Ruiz, como se publicó en algunos medios de comunicación.

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Enrique Doger Guerrero ofrece la noche de este jueves una cena en el restaurante Floridita a los diputados del PRI y el PANAL que aprobaron la cuenta pública de sus últimos 45 días de gestión al frente del ayuntamiento de Puebla.

Las invitaciones corrieron a cargo del diputado priísta y extesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, vocal, por cierto, de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, y secretario de la Comisión de Hacienda, Patrimonio Estatal y Municipal de la LVII Legislatura.

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Este viernes, en el lobby del Teatro de la Ciudad se llevará a cabo una muestra gastronómica, organizada por Puebla Joven A.C., con la participación ocho diferentes instituciones de educación superior de la entidad que cuentan con carreras turísticas, de alta cocina y gastronómicas.

La entrada a la muestra será totalmente gratuita y en ella los asistentes podrán degustar diferentes platillos, desde los tradicionales y típicos de Puebla hasta comida de alta cocina francesa.

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Simón dice:

“Lo que hace falta es someter a las circunstancias, no someterse a ellas”.
Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC). Poeta latino.

Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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