En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN está pendiente desde hace dos sesiones la discusión del Reglamento de Afiliación, asunto que posiblemente se aborde el lunes de la semana entrante, en medio de la polémica que existe en Puebla por la afiliación corporativa de más de 14 mil ciudadanos a las filas del blanquiazul.

Se sabe que desde el viernes de hace ocho días cuando el coordinador jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN, Jorge Jiménez Calderón, fue desalojado de las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) —con el pretexto de una amenaza de bomba, pero con la intención de que no pudiera interponer más de 14 mil juicios de revisión constitucional contra esas afiliaciones—, el tema se conoció en el CEN.

Rafael Micalco Méndez, dirigente estatal del PAN, se entrevistó desde día con algunos miembros de la dirigencia nacional, y otros personajes lo han buscado para pedirle informes sobre cómo se dieron estas afiliaciones, ya que lo ocurrido en Puebla se ha repetido en otras entidades del país.

Uno de estos personajes es el senador por Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien podría tomar el caso Puebla como una bandera nacional para echar abajo los registros masivos de militantes en varias entidades del país.

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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, pronto se dará cuenta que el apoyo que algunos prominentes panistas le prometieron —entre ellos el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle— para asegurar su reelección, se quedará corto o será insuficiente para mantenerse como ombusdman nacional.

De los 38 senadores panistas, los que podrían respaldar la reelección de Raúl Plascencia no llegan ni a diez, entre ellos el poblano Javier Lozano Alarcón, la comadre de Plascencia Mariana Gómez del Campo, Roberto Gil Zuarth y Francisco García Cabeza de Vaca.

En el PRD los números para Plascencia Villanueva son aún peores, no sólo porque Los Chuchos –es decir, los pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda— son minoría, sino porque la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Angélica de la Peña Gómez, lo tiene vetado.

Y eso que Angélica de la Peña es esposa del líder moral de Los Chuchos, Jesús Ortega Martínez, y que algunos senadores de esta corriente, en la que se supone tiene influencias el gobernador Moreno Valle, supuestamente lo apoyarían.

Visto está que no.

De los cincuenta y tantos senadores del PRI ya mejor ni hablamos, pues es obvio que no lo apoyarán, después de los escándalos internacionales de violencia y violación de derechos humanos en que México está envuelto por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, y de un menor de 13 años en Chalchihuapan, Puebla.

¡Lástima Margarito, ya será para la otra!

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Este sábado 18 de octubre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. ofrecerán un taller gratuito a periodistas, reporteros gráficos y caricaturistas de la zona metropolitana de Puebla, en el salón Luis Cabrera de la Casa de la Cultura.

El taller es totalmente gratuito, comenzará las 9 de la mañana y concluirá ocho horas después, y tendrá como principales ponentes a Saúl Maldonado Espinoza, director de Comunicación Interna de la FEADLE, y Luis Alberto Jiménez Martínez, jefe de Departamento de Atención a Denuncias y Seguimientos al Sistema de Alerta Temprana de la misma Fiscalía.

Durante el taller los participantes serán capacitados sobre los alcances y límites de la libertad de  expresión, las diferentes maneras de prevenir los delitos en agravio de periodistas, los factores y zonas de riesgo, y las acciones a las que pueden recurrir los comunicadores para proteger su integridad y las de su familia en caso de amenazas u otras situaciones de mayor peligro.

Los interesados en participar en el taller pueden solicitar su inscripción al correo clausya007@hotmail.com o mediante una llamada a Claudia Martínez Sánchez, coordinadora en Puebla de la Casa de los Derechos de Periodistas, al celular 2221643804.

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Listo el nuevo Comité Directivo Estatal del PRI

Llegan David Espinoza, Rufo Juárez y Sánchez Barranco

El martes de la semana pasada le anticipé que el asunto de las afiliaciones corporativas en el Partido Acción Nacional podría escalar y poner en evidencia (por no decir en ridículo) a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que avalaron más de 14 mil registros en bloque de siete municipios de la entidad.

El pronóstico se cumplió —y con creces— el viernes por la tarde noche, tras la burda maniobra a la que tuvo que recurrir el TEEP para impedir al coordinador jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN, Jorge Jiménez Calderón, la presentación de un Juicio de Revisión Constitucional en contra de ese órgano jurisdiccional en materia electoral. 

Usted cree que si la resolución de los tres magistrados del TEEP —Francisco Javier de Unanue y Bretón, Claudia Barbosa Rodríguez y Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo— hubiera estado apegada a derecho, habrían tenido necesidad de inventarse una amenaza de bomba para cerrar las oficinas del Tribunal y desalojar de sus instalaciones a Jorge Jiménez y a otros miembros del PAN que lo acompañaban.

Por supuesto que no.

Lo que en realidad sucede es que el gobierno morenovallista jamás se imaginó que el dirigente del PAN, Rafael Micalco Méndez, se rehusaría a admitir las más de 14 mil afiliaciones que en bloque le enviaron, y menos que éste se inconformaría contra la resolución del TEEP que dio por buenas esas incorporaciones en los municipios de Puebla, Tlatlauquitepec, Chalchicomula de Sesma, Tehuacán, Chiautla, Acajete y Tepeaca.

Desde que el Tribunal recibió los 14,276 recursos de apelación promovidos por ciudadanos a los que el presidente estatal del PAN negó su registro de afiliación, los magistrados guardaron total hermetismo, no obstante tratarse de una cuestión extraordinaria o fuera de lugar en la historia del órgano jurisdiccional que jamás recibido tantas impugnaciones juntas y en tan poco tiempo.

A diferencia de otras sesiones a las que siempre se convoca a los medios de comunicación, incluso con antelación, la sesión del 6 de octubre donde los magistrados resolvieron a favor de los quejosos los recursos de apelación interpuestos contra de Rafael Micalco se mantuvo en la opacidad.

De ella sólo se informó mediante un comunicado, publicado en el portal del Tribunal, al día siguiente de la sesión, pese a que con ese acto los magistrados integrantes del órgano jurisdiccional alcanzaron un récord histórico en cuanto a resoluciones. 

Resoluciones que podrían convertirse también en un descalabro histórico para el Tribunal local si, como parece, Micalco decide recurrir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo las afiliaciones masivas.

¿Se imagina usted el escándalo o un reportaje que más o menos diga: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le enmienda la plana a los magistrados de Puebla o de Moreno Valle casi en la totalidad de sus resoluciones en 2014?

De pena ajena, ¿no?

EN CORTO

El viernes por la tarde la presidenta y el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Isabel Allende Cano y Víctor Gabriel Chedraui, respectivamente, se reunieron con un grupo de militantes para anunciarles su integración a la dirigencia estatal.

Aquí los nombres y las carteras que ocuparán a mediados de la semana, una vez que sus designaciones se hagan oficiales:

El exdiputado local Felipe David Espinoza Rodríguez, de origen zavalista, será el secretario de Operación Política; y el dos veces presidente municipal de Oriental, Raúl Pérez Carreón, el secretario de Organización gracias a los buenos oficios del ex dirigente estatal del PRI y actual director general del Registro Nacional de Población (Renapo), Alejandro Armenta Mier.

Otro ex diputado de la LVIII Legislatura del Congreso del estado que también tendrá cabida en la dirigencia de Isabel Allende es Gerardo Mejía Ramírez, quien será el secretario de Acción Electoral.

El ex legislador local dogerista Jorge Alfonso Ruiz Romero sí será miembro del Comité Directivo Estatal, pero no se quedará con la Secretaría de Administración y Finanzas, sino con la Secretaría de Vinculación con la Sociedad.

Rufo Juárez Peñuela, marinista de pura cepa, asumirá la Secretaría Técnica, y Mario Conde Rodríguez repetirá en la Coordinación Jurídica.

A la Secretaría de Gestión Social llegará otro recomendado de Armenta Mier, el ex dirigente del Movimiento Territorial, Alberto Sánchez Barranco.

Aún están pendientes de designación los titulares de las secretarías de Deportes, Cultura, Migrantes y la Coordinación de Procesos Internos.

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